Astillero
Marchantes de escritorio
El poeta Salinas
Impunidad 2010
Migración protegida
Julio Hernández López
Felipe Calderón y Carlos
Salinas de Gortari forcejean por los réditos de la marcha dominical por la paz
que encabezó el poeta Javier Sicilia. El primero de los nombrados trata de
darle convenenciera dirección al sentido de la protesta, pretendiendo entenderla
como algo encaminado contra la delincuencia organizada (la de los cárteles y
los capos no oficiales) y no contra la desorganizada (la de los gobiernos);
además, en un lance de claro oportunismo, invitó a los líderes del naciente
movimiento por la paz a dialogar con él, pensando seguramente en los formatos
acartonados e intrascendentes en que encasilló y descafeinó anteriores asomos
de crítica.
El ex presidente con
pretensiones de volver al poder tras un copete de parapeto también ha asomado,
tan campante, al carrusel de oportunidades de negocio político en que ciertos
segmentos de las elites buscan transmutar la mencionada marcha. En Madrid,
adonde fue a dar a conocer otro de sus libros (que alcanzan más fama por las
presentaciones que le dan foro para declaraciones mediáticas que por el
contenido en sí, que muchas veces se suma a una variante de la clandestinidad
intelectual), el famoso licenciado Salinas se incorporó tardía pero alegremente
al marchismo discursivo. Casi insurrecto, dijo que es hoy la hora de los
ciudadanos y que la movilización del domingo 8 constituía un reclamo muy serio
y muy firme a toda la estructura política del país, obligando a reconsiderar
las respuestas, las propuestas de diálogo y, sobre todo, considerar que es la
manera como los ciudadanos exigen que se escuche su voz. A ese paso, nada más
falta que se declare poeta el famoso autor de éxitos de verso libre como No se
hagan bolas (delicada recreación sobre los misterios del dedazo y el
posterior jugueteo con dos cartas), Ni los veo ni los oigo (elaboración
metafísica referida a lo fantasmal y a otras formas de desvanecimiento de lo
adverso), Política ficción (un recuento sincero de su sexenio prosaico) y El
error de diciembre (dedicado a su rebelde criatura, el técnico Zedillo).
A las pretensiones
felipistas de apropiación del capital político de la marcha han contestado sus
dirigentes con ánimo público: no a las reuniones en lo oscurito sino
abiertamente, en el Palacio Nacional que así es reivindicado como centro
republicano del poder, en presencia indelegable del convocante y con
participación de representantes de casos notorios de injusticias cometidas
desde el poder. Hasta ahora, Felipe Calderón ha convertido en espectáculo
mediático bajo riguroso control protocolario sus escasas muestras de atención a
este tipo de problemas. En Ciudad Juárez, a pesar de los montajes y controles,
algunas madres de jóvenes victimados lograron expresarle de viva voz el
sentimiento de indignación que de entonces a la fecha se ha multiplicado y fortalecido.
Otras veces, con el empresario Martí en el centro de la atención, el
calderonismo convirtió las justas protestas de un padre de hijo asesinado en
malabares de oficialismo deseoso de emitir proclamas, compromisos
gubernamentales y otras variantes de la demagogia sabida.
No es, por otra parte,
desdeñable el condicionamiento del diálogo de esta ocasión a que se realice en
el lugar donde debería despachar quien ocupe la Presidencia de la República, el
simbólico, digno e histórico Palacio Nacional que ya solamente es utilizado de
vez en cuando, sometiendo el resto de los actos públicos a una especie de
avasallamiento doméstico al obligar a los participantes a trasladarse a la casa
oficial, denominada Los Pinos, para acomodarse a las necesidades, gustos e
instrucciones de esa residencia que como tal debería estrictamente funcionar.
Necesidades políticas
por satisfacer como las que han mostrado la maltrecha Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la triunfante Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de
algunos intentos de la CNDH por aparentar entereza y gallardía frente a los
múltiples abusos criminales cometidos por miembros de las fuerzas armadas
contra ciudadanos, y de que algunos de esos agravios alcanzaran incluso a
funcionarios de la así amedrentada comisión, ayer fue firmado un convenio de
buenas intenciones que pretende disimular con superficialidad las justas
desavenencias existentes.
Nada frágil es, en
contraparte, la postura de Amnistía Internacional, que ha declarado que en 2010
la impunidad fue la norma del aparato institucional mexicano. AI enumera lo que
se ha sufrido en México desde que el Ejército fue sacado de los cuarteles para
participar en la guerra calderonista: homicidios, desapariciones forzadas,
torturas, detenciones arbitrarias, es decir, miles de casos de violaciones
graves a los derechos humanos, sin que hasta el momento ningún militar en
activo haya sido condenado por cometer esos abusos, con el fuero de guerra como
coartada y refugio para esos transgresores.
En otra muestra de
impunidad sustancial, apenas disfrazada de remociones administrativas, cual si
la máxima pena posible para un funcionario causante de crímenes fuera la
expulsión del organigrama y sus beneficios materiales, la Secretaría de
Gobernación anunció la destitución de ciertos delegados regionales del
Instituto Nacional de Migración. En el boletín informativo del caso se sugiere
que un par de ellos podrían tener nexos con el crimen organizado y que algo se
investigará al respecto. Pero a nadie se castiga de verdad por las matanzas de
indocumentados centroamericanos que se repiten en el país, y la estructura de
ese INM sigue siendo cómplice de la actuación de bandas de secuestradores y
asesinos. Mientras tanto, la anterior directora de ese instituto, Cecilia
Romero, que lo era cuando detonó el primer escándalo de sepulturas clandestinas
en San Fernando, Tamaulipas, disfruta de las emociones de la política
partidista y las intrigas futuristas como secretaria general del comité
nacional panista. Y el responsable histórico de ese criminal abandono
institucional recibe a Bono en Los Pinos, tan alegre como tiempo atrás atendió
a Joaquín Sabina. ¡Ah, la buena vida! ¡Feliz fin de semana!
Amnistía Internacional acusa a militares y policías de grave
violación de derechos
Al cumplir 50
años, el organismo presenta hoy informe sobre 2010
Hubo
homicidios, desaparición de personas y torturas; ningún condenado
La impunidad es
norma y persisten deficiencias en el sistema judicial
Sin castigo, agresiones a mujeres, indígenas y
periodistas
Víctor
Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 13 de mayo de 2011, p. 2
Viernes 13 de mayo de 2011, p. 2
Amnistía Internacional (AI), en su informe anual El estado de
los derechos humanos en el mundo 2011, afirma que en México el Ejército y
las policías desplegadas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico
fueron responsables el año pasado de violaciones graves de derechos humanos:
homicidios, desapariciones forzadas de personas, tortura y detenciones
arbitrarias, sin que hasta el momento ningún militar haya sido condenado por
perpetrar estos delitos.
En el informe 2011 de AI, que da cuenta de la situación de esas
garantías en 2010, se destaca que en México la impunidad fue la norma en los
casos de violaciones de derechos humanos y que persistieron deficiencias en el
sistema judicial.
Subraya que el sistema de justicia penal incumplió a menudo las
normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitó enjuiciamientos
por motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado del
arraigo.
Resalta que se sospechaba que la policía estaba ampliamente
implicada en bandas de delincuentes; la forma violenta como murieron transeúntes
y otros ciudadanos, obligó a que miles de personas huyeran de sus hogares. La
violencia se extendió a nuevas regiones, y rara vez se enjuició a los
responsables de estas muertes.
AI hará público su informe a escala mundial este viernes, y en el
capítulo dedicado a México señala: “Según informes del gobierno, hubo más de 15
mil muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en los
estados del norte. La mayoría se produjo en conflictos entre cárteles de
la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron
consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de
seguridad”.
Agrega que en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron 3 mil personas,
algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes, y en varios estados hubo
ataques contra centros de rehabilitación para drogadictos, que se saldaron con
la muerte de decenas de pacientes.
La organización internacional de defensa de los derechos humanos
refiere en el informe la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas,
ocurrida en agosto pasado, lo que reveló la escala y el carácter sistemático de
los abusos co metidos contra ellos.
Afirma que tampoco hubo avances en la lucha para poner fin a la
impunidad por violaciones de derechos humanos cometidos durante la “guerra
sucia (1964-1982)”.
AI asevera que “hubo nuevos informes de homicidios ilegítimos,
desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros
del Ejército, y como ejemplo cita que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas
armadas, y en noviembre informó que había investigaciones abiertas por más de un
centenar de quejas de homicidios cometidos por las fuerzas armadas contra
civiles en los últimos 18 meses.
Indica que el sistema de justicia militar siguió reclamando la
jurisdicción sobre los casos en que se encontraban implicados militares en
violaciones graves de derechos humanos, mientras las autoridades judiciales
civiles se negaban a investigar. Durante el año (2010) no se supo de ningún
militar en activo condenado por esos delitos.
Sostiene que las propuestas del gobierno para introducir una
reforma legislativa limitada a la jurisdicción militar no garantiza que las
violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema
castrense.
En el informe de AI se citan los casos de los alumnos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Francisco Javier Arredondo y
Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes murieron el 19 de marzo de 2010 cuando
unos militares abrieron fuego contra presuntos miembros de una banda de
delincuentes.
Una investigación de la CNDH reveló que los militares colocaron
armas a los estudiantes para inculparlos y destruyeron pruebas del lugar del
crimen para acusarlos falsamente de pertenecer a la banda de delincuentes. Al
concluir el año no había noticias sobre avances en las investigaciones, destaca
AI.
También cita el caso de los hermanos Bryan y Martín Almanza, de
cinco y nueve años de edad. Según testigos, los niños iban en un automóvil con
sus papás. Las autoridades militares y civiles negaron la responsabilidad de los
militares, pero la CNDH demostró que se había alterado la escena del crimen y
que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. El caso seguía bajo
jurisdicción militar y no se tuvo conocimiento de algún avance en las
indagatorias.
AI también señala que continuó recibiendo informes de detenciones
arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza,
cometidas por policías federales, estatales y municipales. Advierte que la
reforma a la policía se vio debilitada por no establecer controles de
supervisión creíbles y no realizar investigaciones penales efectivas contra
abusos en derechos humanos.
En el caso de los migrantes, Amnistía Internacional reporta que de
las “decenas de miles que atraviesan México en dirección a Estados Unidos,
muchas mujeres fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de
delincuentes.
Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la
complicidad o aquiescencia de las policías federal, estatal y
municipal.
Además, en México continuaron las amenazas y ataques contra
periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron
asesinados. También defensores de derechos humanos fueron atacados y
acosados.
Acerca de las mujeres, sostiene que las medidas legislativas fueron
insuficientes para prevenir y castigar la violencia contra ellas, incluso
niñas.
Durante al año murieron violentamente 300 mujeres en el hogar y la
comunidad. Al menos 30 cadáveres presentaban lesiones que indicaban que habían
sufrido tortura y violencia sexual
El
presidente del abuso
Durante la campaña presidencial de México del año 2006 se dieron un
sinfín de promesas para obtener los votos de la población que fue a las urnas.
Muchas de ellas irracionales y algunas otras fáciles de alcanzar pero llenas de
complejidad a la hora de decidir su ejecución. Sin embargo, la gran mayoría de
ellas han quedado rezagadas en el baúl del olvido, no hay posibilidades de
cumplirlas por eso mejor dejarlas atrás.
Pero hubo una promesa que hasta la fecha sigue sin cumplirse y lo que es peor se han ejecutado acciones contrarias al objetivo de aquel ofrecimiento, tan simple pero complejo: empleo para la mayoría de los mexicanos. Exactamente estamos hablando del actual Jefe del Ejecutivo, del Presidente Felipe Calderón, que en sus épocas de candidato prometió que crearía miles de fuentes de trabajo para los connacionales y casi cinco años después lo único que ha hecho es ir en sentido contrario.
Han sido dos situaciones que han tenido impacto en el no cumplimiento de dicho compromiso de campaña: por un lado la guerra sin cuartel contra crimen organizado y por otro la destrucción de fuentes de empleo dignas, acción gubernamental que han golpeado a algunas familias mexicanas dejándolas en la miseria de un día para otro. Ya ni hablar de la devaluación del salario mínimo y de las demás prestaciones que son devengadas por la mayoría de los trabajadores que sostienen la economía nacional.
No puede ser el Presidente del empleo porque desde su llegada al poder se dedicó a proteger a los empresarios dadores de empleo a costa de las conquistas sindicales, del salario ofrecido o incluso, de la seguridad laboral de miles de habitantes. No se le puede considerar un benefactor al momento de otorgar fuentes de trabajo porque al contrario las ha disminuido al cerrar la mina de Cananea, de clausurar con policías una mina en lugar de rescatar a quién quedo enterrado después de la explosión y su logro mayor: desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza para entregársela a la iniciativa privada a través de la Comisión Federal de Electricidad.
El caso de Cananea fue patético, siempre en contra del derecho laboral, cuando jueces de diferentes niveles apoyaron a la compañía propietaria de la mina al declararla inservible, de no poder operar por la maquinaria vetusta con la que contaba. Aún así, los mineros echaron andar los equipos y comenzaron a trabajar de nuevo, pero la Policía Federal ya no les permitió el paso, cerrando una fuente de empleo que sostenía a un sector mayoritario de una población. No le importó la Presidente la suerte de los mineros, le importaba la suerte del Grupo México y de la familia Larrea quiénes son sus propietarios.
Luego vino el caso de la mina Pasta de Conchos donde 69 mineros fueron dejados a su suerte, sepultados bajo toneladas de tierra después de una explosión. El Gobierno nunca optó por el rescate “por ser muy costoso”, además de apoyar a los dueños a no pagar las indemnizaciones que por ley y justicia corresponden. Además, otra vez, la seguridad de la mina fue pasada por alto por funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al ser corrompido por los dueños: el Grupo México nuevamente. Otorgándoles el derecho de dejar sin empleo a todos los demás mineros sobrevivientes en lugar de apoyarlos, el Presidente sostuvo a las “fuerzas policiales que tomaron la mina pacíficamente”.
El decreto que desaparecía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue un acto anti constitucional desde su nacimiento, no solo al violar las garantías individuales (derecho al trabajo) sino de menosprecio a los demás Poderes de la Nación. Quién emitió la ley que garantizaba su existencia fue la Cámara de Diputados, la Constitución solo faculta a desaparecer una empresa del Estado es quién la funda, en este caso la misma Cámara baja. Aún así hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó ese decreto espurio, contrario a un sector de la población trabajadora, benéfico únicamente para los empresarios que lucraron con su desaparición
El despojo tenía como objetivo dos cosas, vender el activo principal de Luz y Fuerza del Centro: su red de “fibra óptica oscura” como le llaman y de paso desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas que tantos enojos le han hecho pasar a los Gobiernos del país. Entonces, por enésima vez, al Presidente no le importaron los miles de empleos que se perdieron sino que generó algunos otros al contratar empresas privadas para solventar los trabajos de la Compañía que desapareció. O sea beneficiar particulares con las propiedades de la nación, sin importar las afectaciones de todo tipo que puedan generar.
No conforme con eso, el día de ayer durante una entrevista en inglés para el canal de noticias Bloomberg Felipe Calderón declaró que estaba por presentar una “iniciativa” para poder vender acciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). También mencionó las “prácticas monopólicas” de las empresas de Carlos Slim, situación grave porque el Jefe del Ejecutivo no puede (debe) tomar partido a favor o en contra por nadie en particular. Sigue con una actitud belicosa contra todo aquel que no conforme su grupo, que no sea parte de la camarilla de empresarios que protege con la manta del Gobierno Federal.
Con su actitud de persecución contra los trabajadores no sería de dudarse una nueva acción de gran envergadura, ¿cómo venderá acciones de Pemex con el Sindicato de Trabajadores que tiene? Seguro intentará quitarles conquistas sindicales para agradar a los nuevos patrones, quizá los desaparezca como al SME junto a la complicidad de la SCJN que ya aprobó también la legalidad de los contratos paralelos de Pemex Internacional a favor de transnacionales petroleras como Halliburton, aún cuando la Constitución lo prohíbe. Vamos ante un intento privatizador no solo para perjudicar la clase trabajadora sino para enriquecerse antes de terminar el mandato.
La declaración sobre las prácticas monopólicas de Carlos Slim esta de dar miedo, independientemente si existes dichas acciones o no, un Presidente no puede tomar partido en pugnas entre particulares. Al hacerlo la pregunta es: ¿tiene intención de quitarle sus empresas al hombre más rico del mundo?, ¿de quitarles su trabajo a miles de mexicanos que dependen de ellas? Por su actuar en el pasado siento que esa es su verdadera intención de dejar en la calle a Slim y sus trabajadores para beneficiar a sus amigos empresarios a costa de lo que sea necesario hacer.
No se le puede considerar un Presidente del empleo a Felipe Calderón Hinojosa, su actuar solo ha sido para beneficiar a empresarios con quienes es notorio que tiene deudas morales y quizá económicas, ellos se las cobraran cada que puedan. No es posible que use la fuerza del Estado para acallar a los trabajadores que quieren ganarse la vida justamente, bajo su derecho presidencial de usar la fuerza policial para atacar a empresarios que no son amigos de grupo social. Por todas sus acciones contrarias al beneficio de los trabajadores, de la libertad sindical. Incluyendo su política de apoyo a las fuerzas militares y policiales por su “guerra contra el narco” en lugar de generar fuentes de empleo dignas, bien remuneradas; Felipe Calderón es el Presidente del abuso no del empleo.
http://sdpnoticias.com/columna/2664/El_presidente_del_abuso
Pero hubo una promesa que hasta la fecha sigue sin cumplirse y lo que es peor se han ejecutado acciones contrarias al objetivo de aquel ofrecimiento, tan simple pero complejo: empleo para la mayoría de los mexicanos. Exactamente estamos hablando del actual Jefe del Ejecutivo, del Presidente Felipe Calderón, que en sus épocas de candidato prometió que crearía miles de fuentes de trabajo para los connacionales y casi cinco años después lo único que ha hecho es ir en sentido contrario.
Han sido dos situaciones que han tenido impacto en el no cumplimiento de dicho compromiso de campaña: por un lado la guerra sin cuartel contra crimen organizado y por otro la destrucción de fuentes de empleo dignas, acción gubernamental que han golpeado a algunas familias mexicanas dejándolas en la miseria de un día para otro. Ya ni hablar de la devaluación del salario mínimo y de las demás prestaciones que son devengadas por la mayoría de los trabajadores que sostienen la economía nacional.
No puede ser el Presidente del empleo porque desde su llegada al poder se dedicó a proteger a los empresarios dadores de empleo a costa de las conquistas sindicales, del salario ofrecido o incluso, de la seguridad laboral de miles de habitantes. No se le puede considerar un benefactor al momento de otorgar fuentes de trabajo porque al contrario las ha disminuido al cerrar la mina de Cananea, de clausurar con policías una mina en lugar de rescatar a quién quedo enterrado después de la explosión y su logro mayor: desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza para entregársela a la iniciativa privada a través de la Comisión Federal de Electricidad.
El caso de Cananea fue patético, siempre en contra del derecho laboral, cuando jueces de diferentes niveles apoyaron a la compañía propietaria de la mina al declararla inservible, de no poder operar por la maquinaria vetusta con la que contaba. Aún así, los mineros echaron andar los equipos y comenzaron a trabajar de nuevo, pero la Policía Federal ya no les permitió el paso, cerrando una fuente de empleo que sostenía a un sector mayoritario de una población. No le importó la Presidente la suerte de los mineros, le importaba la suerte del Grupo México y de la familia Larrea quiénes son sus propietarios.
Luego vino el caso de la mina Pasta de Conchos donde 69 mineros fueron dejados a su suerte, sepultados bajo toneladas de tierra después de una explosión. El Gobierno nunca optó por el rescate “por ser muy costoso”, además de apoyar a los dueños a no pagar las indemnizaciones que por ley y justicia corresponden. Además, otra vez, la seguridad de la mina fue pasada por alto por funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al ser corrompido por los dueños: el Grupo México nuevamente. Otorgándoles el derecho de dejar sin empleo a todos los demás mineros sobrevivientes en lugar de apoyarlos, el Presidente sostuvo a las “fuerzas policiales que tomaron la mina pacíficamente”.
El decreto que desaparecía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue un acto anti constitucional desde su nacimiento, no solo al violar las garantías individuales (derecho al trabajo) sino de menosprecio a los demás Poderes de la Nación. Quién emitió la ley que garantizaba su existencia fue la Cámara de Diputados, la Constitución solo faculta a desaparecer una empresa del Estado es quién la funda, en este caso la misma Cámara baja. Aún así hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó ese decreto espurio, contrario a un sector de la población trabajadora, benéfico únicamente para los empresarios que lucraron con su desaparición
El despojo tenía como objetivo dos cosas, vender el activo principal de Luz y Fuerza del Centro: su red de “fibra óptica oscura” como le llaman y de paso desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas que tantos enojos le han hecho pasar a los Gobiernos del país. Entonces, por enésima vez, al Presidente no le importaron los miles de empleos que se perdieron sino que generó algunos otros al contratar empresas privadas para solventar los trabajos de la Compañía que desapareció. O sea beneficiar particulares con las propiedades de la nación, sin importar las afectaciones de todo tipo que puedan generar.
No conforme con eso, el día de ayer durante una entrevista en inglés para el canal de noticias Bloomberg Felipe Calderón declaró que estaba por presentar una “iniciativa” para poder vender acciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). También mencionó las “prácticas monopólicas” de las empresas de Carlos Slim, situación grave porque el Jefe del Ejecutivo no puede (debe) tomar partido a favor o en contra por nadie en particular. Sigue con una actitud belicosa contra todo aquel que no conforme su grupo, que no sea parte de la camarilla de empresarios que protege con la manta del Gobierno Federal.
Con su actitud de persecución contra los trabajadores no sería de dudarse una nueva acción de gran envergadura, ¿cómo venderá acciones de Pemex con el Sindicato de Trabajadores que tiene? Seguro intentará quitarles conquistas sindicales para agradar a los nuevos patrones, quizá los desaparezca como al SME junto a la complicidad de la SCJN que ya aprobó también la legalidad de los contratos paralelos de Pemex Internacional a favor de transnacionales petroleras como Halliburton, aún cuando la Constitución lo prohíbe. Vamos ante un intento privatizador no solo para perjudicar la clase trabajadora sino para enriquecerse antes de terminar el mandato.
La declaración sobre las prácticas monopólicas de Carlos Slim esta de dar miedo, independientemente si existes dichas acciones o no, un Presidente no puede tomar partido en pugnas entre particulares. Al hacerlo la pregunta es: ¿tiene intención de quitarle sus empresas al hombre más rico del mundo?, ¿de quitarles su trabajo a miles de mexicanos que dependen de ellas? Por su actuar en el pasado siento que esa es su verdadera intención de dejar en la calle a Slim y sus trabajadores para beneficiar a sus amigos empresarios a costa de lo que sea necesario hacer.
No se le puede considerar un Presidente del empleo a Felipe Calderón Hinojosa, su actuar solo ha sido para beneficiar a empresarios con quienes es notorio que tiene deudas morales y quizá económicas, ellos se las cobraran cada que puedan. No es posible que use la fuerza del Estado para acallar a los trabajadores que quieren ganarse la vida justamente, bajo su derecho presidencial de usar la fuerza policial para atacar a empresarios que no son amigos de grupo social. Por todas sus acciones contrarias al beneficio de los trabajadores, de la libertad sindical. Incluyendo su política de apoyo a las fuerzas militares y policiales por su “guerra contra el narco” en lugar de generar fuentes de empleo dignas, bien remuneradas; Felipe Calderón es el Presidente del abuso no del empleo.
http://sdpnoticias.com/columna/2664/El_presidente_del_abuso
La descarga…
¿De verdad creen que Felipe Calderón le
va a abrir la puerta de Palacio Nacional a Javier Sicilia y víctimas de la
guerra contra la delincuencia?
Si cuando fue encarado en Ciudad Juárez por una sola madre a la
que le mataron a su hijo quería esfumarse.
Videos
que debes
ver…
En México ya debe
hablarse de guerra civil: socióloga
Debido
a la cantidad de muertos y los testimonios de al menos 70 víctimas de violencia,
secuestros, amenazas, desapariciones, torturas y otras violaciones a los
derechos humanos en diversas ciudades del país, en México ya no se puede hablar
de "guerra contra el narcotráfico" sino de "guerra civil", terminología que
están utilizando ya algunas fuentes confiables, afirmó la socióloga Miriam
Fracchia. Continuar otros siete años con este modelo, como afirman las
autoridades, significaría al menos 150 mil muertos más.
Telesur
Migrantes que cruzan
México víctimas de grupos criminales
En
México ONG s presentaron un documento (En Tierra de nadie. El laberinto de la
impunidad) que muestra como los migrantes indocumentados que cruzan el país son
víctimas de violaciones por parte de grupos criminales, con detalles, Laura
Simón. Telesur
El Fisgòn - Cómo se asentó el crimen organizado?
Sicilia deja atrás la "renuncia de García
Luna"
El
escritor destacó los seis puntos leídos después de la Marcha por la
Paz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario