Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 13 de mayo de 2011

EL DESENCUENTRO- DENUNCIA PRD A GARCIA LUNA


El desencuentro

Luis Javier Garrido

La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con el crimen organizado, por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.

1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.

2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron seguridad en el discurso pero en los hechos la colombianización de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.

3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al crimen organizado, es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.

4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?

5. El pueblo de México no se equivoca, de ahí que la marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, que culminó en la ciudad de México el 8 de mayo como una expresión colectiva de dolor y de duelo, iba dirigida no a los cárteles (como al día siguiente pretendieron la mayor parte de los medios), sino al gobierno de Felipe Calderón, responsable de haber llevado al país a este baño de sangre: no por equivocación ni por torpeza –como pretendían muchos de los coorganizadores de dicha marcha-caminata, que buscaron coparla y desviarla de su sentido más profundo–, sino por una decisión política amoral y criminal de los gobernantes actuales que busca privilegiar los intereses de unos cuantos beneficiarios del régimen y hacer viable la injerencia de Washington en los asuntos internos de México como consecuencia de la colombianización impuesta, en la que la muerte de miles vale por los intereses financieros, económicos y políticos en juego.

6. Y para que no haya dudas de nada, creyendo aprovechar el barullo y la confusión por los acontecimientos derivados de la inexistente “guerra contra el narco”, con un absoluto desprecio de la Constitución mexicana y de las luchas históricas del pueblo, durante su enésima visita a Washington, Felipe Calderón ofreció el martes 10 a los inversionistas estadunidenses la venta de acciones de Pemex, a sabiendas de que esto es contrario al marco jurídico de la nación, e indicando que prepara otra contrarreforma para modernizar la paraestatal.

7. La pretensión de Javier Sicilia y de varios de los organizadores del movimiento de ser oídos por Calderón, e incluso de establecer con él un diálogo, se tornó como era de suponerse en un absoluto desencuentro tras de que en su discurso del domingo 8 el poeta, intuyendo la realidad de las cosas, demandó la renuncia de Genaro García Luna (titular de Seguridad Pública), a lo que la cargada blanquiazul se opuso rotundamente a sabiendas de que no se pedía que se fuera por inepto sino, como se ha señalado un sinfín de veces, por ser el hombre de confianza de la Iniciativa Mérida y parte de los intereses del crimen organizado.

8. Un pueblo no tiene nada que ver con un gobernante de facto que está absolutamente en contra de los intereses populares, y que en vez de asumir que la principal responsabilidad de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo es defender y preservar la vida de todos aquellos que se encuentran en territorio nacional, sigue dispuesto, con lógica genocida, a continuar sacrificando muchas vidas en aras de la plena imposición en México del modelo neoliberal que es intrínsecamente perverso, defendiendo intereses trasnacionales.

9. El plan de seis puntos contra la inseguridad propuesto por las organizaciones que buscan copar a Sicilia está, por lo mismo, fuera de la realidad, pues hace suyo el discurso de Calderón y de los partidos políticos con modificacioncitas legales que a nada conducen. Lo fundamental en estos momentos críticos es exigir el pleno respeto al marco constitucional, oponerse por todos los medios a la nueva legislación sobre seguridad y pugnar por el esclarecimiento de los crímenes del sexenio y el encausamiento de los responsables.

10. La Iniciativa Mérida hará a nuestros socios regionales más seguros, dijo en 2008 Condoleezza Rice, entonces secretaria de Estado, al rubricar el documento, y eso mismo lo reitera cada vez que puede su sucesora en el cargo, Hillary Clinton. Los hechos muestran empero otra cosa y en particular que la militarización del país ha consolidado a los cárteles del narco y reordenado el negocio en función de los intereses de Washington, propiciando que las multinacionales avancen en su proyecto de saqueo del país, pero también que la violencia estatal es cada vez más ciega y que en la contabilidad oficial los muertos del pueblo no cuentan: porque es muy fácil atribuírselos al crimen organizado. De ahí que el el pueblo no se canse una y otra vez de espetarle a Calderón el ¡Ya basta!

Pacto ciudadano: una respuesta campesina

Víctor M. Quintana S.

La sociedad mexicana ha sido muy generosa con los movimientos campesinos. Siempre los ha apoyado, pasando por alto limitaciones y divisiones de los campiranos en lucha. Por eso ahora que, desde el Zócalo, Javier Sicilia ha hecho un llamado nacional a un pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua manifiesta con convicción y reciprocidad su disposición a trabajar en y por ese pacto.

El FDCCH quiere formar parte de ese grupo amplio de ciudadanas, ciudadanos e instituciones que se definen ahora como la sociedad civil y que la integran todas y todos quienes se oponen a la guerra, a la muerte, a la sangre, a la concentración de los poderes económicos, políticos y mediáticos. Porque, más allá de las teorías, lo que ha sido la sociedad civil mexicana la definen las oposiciones sociales y políticas en los diferentes momentos históricos.

En los años 80, la sociedad civil fue todo el conjunto de actores que se opuso al autoritarismo, a la antidemocracia del partido de Estado. El frente se sumó a ellos para demandar la urgente transición a la democracia. Pero después, aunque hubo avances significativos, la democratización política se atoró. Del monopolio de un partido sobre el poder político se pasó al oligopolio de una clase política. Con muy honrosas excepciones, los organismos electorales y de transparencia se convirtieron en botín de los partidos y volvieron costosísimas democracia y rendición de cuentas. Escaparon al control de la gente.

Peor, a pesar de la alternancia, en el país se concentró el poder de quienes dominan la política, la economía y la comunicación. Como si esto fuera poco, mediante la corrupción, la complicidad y la impunidad, facilitada desde todos los órdenes de gobierno, la delincuencia organizada se convirtió en un flagelo más en la vida de las personas. En el medio rural, se fue apoderando del control de las comunidades de maquinaria, de tierra, de ranchos enteros, hasta de muchos jóvenes campesinos. Y la estrategia del gobierno para combatirla ha causado más muertos, más terror, más expropiación de los ya de por sí mermados bienes de las familias campesinas.

Ante todo eso la sociedad civil mexicana se define en este momento por todo este inmenso conjunto de ciudadanas, ciudadanos, grupos sociales, organizaciones que gritan con Sicilia Estamos hasta la madre de inseguridad pública, de inseguridad alimentaria, de inseguridad agraria, de inseguridad en el precio de la cosecha, de inseguridad en el presente de los jóvenes, de inseguridad en los recursos naturales.

Por esto, el FDCCH dice sí al llamado a constituir un pacto nacional ciudadano. En total acuerdo con muchas organizaciones insiste en que el pacto debe ser sólo entre ese nosotros amplio que constituyen todos quienes han sido objetos de violencia o de expropiaciones criminales o de Estado.

No es fácil construir este pacto. Además de preservar toda la diversidad ciudadana, organizativa y regional que confluyó en la marcha por la paz, es necesario convencer a participar a los miles que el miedo paraliza. Y el carisma, la fuerza expresiva y simbólica del dolor y la indignación deben traducirse en planes de acciones concretas y exigencias evaluables.

Hay que pensar en lo inmediato, en la urgencia por detener los ríos de sangre y de muerte que devastan la nación. Habría incluso que pensar cómo algunos protocolos e instrumentos de las Naciones Unidas para los casos de guerra pudieran ser útiles aquí.

Mas hay que tener cuidado; la experiencia del FDCCH señala que no deben aceptarse los tiempos gubernamentales para dialogar y negociar. Que la voluntad de diálogo debe manifestarla el gobierno en el cumplimiento de las precondiciones que la sociedad le señale. Que la fuerza de un movimiento puede diluirse en complicadas mesas de trabajo y en la redacción de documentos inacabables. Y que mucho estorba el hacerse bolas con celos de liderazgos, representaciones y protagonismos.

Al mismo tiempo no debe olvidarse el mediano plazo. Son necesarias las destituciones, no tanto las de los genaros, o de los felipes. Se requiere destituir el autoritarismo, la concentración de los poderes y de los saberes. Para eso hay que orientarse ya a la construcción de una nueva república, como dice John Ackerman, como piensan muchos por todos los rumbos de México. El camino inmediato es el pacto ciudadano. Pero teniendo como horizonte un nuevo pacto que refunde la nación desde el poder de la gente, un nuevo pacto constitucional que nos garantice la paz con justicia y dignidad, de poderes distribuidos y de contrapoderes ciudadanos reales.

En mayo de 1911 el pueblo mexicano en armas destituyó la dictadura porfirista en Ciudad Juárez. Cien años después, la sociedad civil en movimiento se da cita en esta misma heroica frontera. De su capacidad de acuerdo, de su conciencia histórica y de su acción conjunta dependerá que sea para el derrocamiento definitivo de las violencias y de los violentos.

Es lo que piensa el Frente Democrático Campesino.



Denuncia PRD a García Luna por la teleserie "El Equipo"
La redacción
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió hoy una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, por posible desvío de recursos.
La parte demandante es el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, cuya vocera, Leticia Quezada, explicó que en la querella se pide a las autoridades indagar si García Luna incurrió en irregularidades al facilitar a los productores de la teleserie El Equipo, que se transmite por Televisa, el uso de instalaciones consideradas estratégicas y de seguridad nacional, así como personal y vehículos y helicópteros oficiales.
"Se han utilizado efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública como extras, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal", se consigna en la denuncia.
Y agrega que también se ha hecho uso de indumentaria oficial de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terrestres e incluso helicópteros donados por Estados Unidos, todo ello propiedad del Estado mexicano.
Luego de solicitar que se investigue si hay un convenio firmado con Televisa, la vocera del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que García Luna podría estar incurriendo en un delito al consentir el uso de la infraestructura policial, por lo que exigió una investigación pronta para deslindar responsabilidades.
"Pedimos radicar el procedimiento disciplinario correspondiente por la utilización de recursos públicos en actividades privadas, por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal", dijo.
"El Equipo", cuya producción está a cargo de Pedro Torres, se filmó en el Centro de Mando de la PF, delegación Iztapalapa, así como el "búnker" subterráneo de su Centro de Inteligencia, ubicado en avenida Constituyentes, que concentra la base de datos criminal Plataforma México.
En la serie participan elementos de la PF, y usan uniformes e identificaciones reales, vehículos terrestres e incluso helicópteros Black Hawk donados por EU como parte de la Iniciativa Mérida.
En los créditos finales puede leerse: "Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta serie a la SSP".
La telenovela se estrenó el pasado lunes 9, justo un día después que decenas de miles de personas corearan en el Zócalo capitalino la renuncia de Genaro García Luna como titular de la SSP, a propuesta de Javier Sicilia, y dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia.
Inicialmente, la serie se iba a llamar El Grecco, pero cambio de nombre de última hora.
La estrella de la serie es el exintegrante del grupo RBD, Alfonso Herrera, quien interpreta a Fermín, un policía que se revela a su padre, un general retirado que desprecia a la Policía Federal. Fermín gracias a su constancia y heroísmo se convierte en un destacado agente de la PF.

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