El desencuentro
Luis
Javier Garrido
La crisis política y moral del régimen calderonista
se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones
de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con el
crimen organizado, por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas
sociales y los panistas es prácticamente inviable.
1. El último y gravísimo escándalo que involucra al
gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el
lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional
de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los
despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras
denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver
que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática
estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines
políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los
cárteles de la droga.
2. Las políticas que Washington le impuso a
Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como
Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush,
supusieron seguridad en el discurso pero en los hechos la colombianización de
nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror
con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas
entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una
mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio
mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una
peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de
disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de
migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.
3. Las muertes de migrantes se fueron así
atribuyendo al crimen organizado, es decir a los cárteles del narco, supuestamente
para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes
latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el
rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de
esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios
desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los
demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin
explicación, que se han producido en territorio nacional.
4. El escándalo actual suscitado por atroces
evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la
connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a
quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos
mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo
plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen
organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para
utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos:
¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
5. El pueblo de México no se equivoca, de ahí que
la marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, que
culminó en la ciudad de México el 8 de mayo como una expresión colectiva de
dolor y de duelo, iba dirigida no a los cárteles (como al día siguiente
pretendieron la mayor parte de los medios), sino al gobierno de Felipe
Calderón, responsable de haber llevado al país a este baño de sangre: no por
equivocación ni por torpeza –como pretendían muchos de los coorganizadores de dicha
marcha-caminata, que buscaron coparla y desviarla de su sentido más profundo–,
sino por una decisión política amoral y criminal de los gobernantes actuales
que busca privilegiar los intereses de unos cuantos beneficiarios del régimen y
hacer viable la injerencia de Washington en los asuntos internos de México como
consecuencia de la colombianización impuesta, en la que la muerte de miles vale
por los intereses financieros, económicos y políticos en juego.
6. Y para que no haya dudas de nada, creyendo aprovechar
el barullo y la confusión por los acontecimientos derivados de la inexistente
“guerra contra el narco”, con un absoluto desprecio de la Constitución
mexicana y de las luchas históricas del pueblo, durante su enésima visita a
Washington, Felipe Calderón ofreció el martes 10 a los inversionistas
estadunidenses la venta de acciones de Pemex, a sabiendas de que esto es
contrario al marco jurídico de la nación, e indicando que prepara otra
contrarreforma para modernizar la paraestatal.
7. La pretensión de Javier Sicilia y de varios de
los organizadores del movimiento de ser oídos por Calderón, e incluso de
establecer con él un diálogo, se tornó como era de suponerse en un absoluto
desencuentro tras de que en su discurso del domingo 8 el poeta, intuyendo la
realidad de las cosas, demandó la renuncia de Genaro García Luna (titular de
Seguridad Pública), a lo que la cargada blanquiazul se opuso
rotundamente a sabiendas de que no se pedía que se fuera por inepto sino, como
se ha señalado un sinfín de veces, por ser el hombre de confianza de la
Iniciativa Mérida y parte de los intereses del crimen organizado.
8. Un pueblo no tiene nada que ver con un
gobernante de facto que está absolutamente en contra de los intereses
populares, y que en vez de asumir que la principal responsabilidad de quien
ocupa la titularidad del Ejecutivo es defender y preservar la vida de todos
aquellos que se encuentran en territorio nacional, sigue dispuesto, con lógica
genocida, a continuar sacrificando muchas vidas en aras de la plena imposición
en México del modelo neoliberal que es intrínsecamente perverso, defendiendo
intereses trasnacionales.
9. El plan de seis puntos contra la inseguridad
propuesto por las organizaciones que buscan copar a Sicilia está, por lo mismo,
fuera de la realidad, pues hace suyo el discurso de Calderón y de los partidos
políticos con modificacioncitas legales que a nada conducen. Lo fundamental en
estos momentos críticos es exigir el pleno respeto al marco constitucional,
oponerse por todos los medios a la nueva legislación sobre seguridad y pugnar
por el esclarecimiento de los crímenes del sexenio y el encausamiento de los
responsables.
10. La Iniciativa Mérida hará a nuestros socios
regionales más seguros, dijo en 2008 Condoleezza Rice, entonces secretaria de
Estado, al rubricar el documento, y eso mismo lo reitera cada vez que puede su
sucesora en el cargo, Hillary Clinton. Los hechos muestran empero otra cosa y
en particular que la militarización del país ha consolidado a los cárteles del
narco y reordenado el negocio en función de los intereses de Washington,
propiciando que las multinacionales avancen en su proyecto de saqueo del país,
pero también que la violencia estatal es cada vez más ciega y que en la
contabilidad oficial los muertos del pueblo no cuentan: porque es muy fácil
atribuírselos al crimen organizado. De ahí que el el pueblo no se canse una y
otra vez de espetarle a Calderón el ¡Ya basta!
Pacto ciudadano: una respuesta campesina
Víctor M.
Quintana S.
La sociedad mexicana ha sido muy generosa con los
movimientos campesinos. Siempre los ha apoyado, pasando por alto limitaciones y
divisiones de los campiranos en lucha. Por eso ahora que, desde el Zócalo,
Javier Sicilia ha hecho un llamado nacional a un pacto ciudadano por la paz con
justicia y dignidad, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua manifiesta
con convicción y reciprocidad su disposición a trabajar en y por ese pacto.
El FDCCH quiere formar parte de ese grupo amplio de
ciudadanas, ciudadanos e instituciones que se definen ahora como la sociedad
civil y que la integran todas y todos quienes se oponen a la guerra, a la
muerte, a la sangre, a la concentración de los poderes económicos, políticos y
mediáticos. Porque, más allá de las teorías, lo que ha sido la sociedad civil
mexicana la definen las oposiciones sociales y políticas en los diferentes
momentos históricos.
En los años 80, la sociedad civil fue todo el
conjunto de actores que se opuso al autoritarismo, a la antidemocracia del
partido de Estado. El frente se sumó a ellos para demandar la urgente
transición a la democracia. Pero después, aunque hubo avances significativos,
la democratización política se atoró. Del monopolio de un partido sobre el
poder político se pasó al oligopolio de una clase política. Con muy honrosas
excepciones, los organismos electorales y de transparencia se convirtieron en
botín de los partidos y volvieron costosísimas democracia y rendición de cuentas.
Escaparon al control de la gente.
Peor, a pesar de la alternancia, en el país se
concentró el poder de quienes dominan la política, la economía y la
comunicación. Como si esto fuera poco, mediante la corrupción, la complicidad y
la impunidad, facilitada desde todos los órdenes de gobierno, la delincuencia
organizada se convirtió en un flagelo más en la vida de las personas. En el
medio rural, se fue apoderando del control de las comunidades de maquinaria, de
tierra, de ranchos enteros, hasta de muchos jóvenes campesinos. Y la estrategia
del gobierno para combatirla ha causado más muertos, más terror, más
expropiación de los ya de por sí mermados bienes de las familias campesinas.
Ante todo eso la sociedad civil mexicana se define
en este momento por todo este inmenso conjunto de ciudadanas, ciudadanos,
grupos sociales, organizaciones que gritan con Sicilia Estamos hasta la madre
de inseguridad pública, de inseguridad alimentaria, de inseguridad agraria, de
inseguridad en el precio de la cosecha, de inseguridad en el presente de los
jóvenes, de inseguridad en los recursos naturales.
Por esto, el FDCCH dice sí al llamado a constituir
un pacto nacional ciudadano. En total acuerdo con muchas organizaciones insiste
en que el pacto debe ser sólo entre ese nosotros amplio que constituyen todos
quienes han sido objetos de violencia o de expropiaciones criminales o de
Estado.
No es fácil construir este pacto. Además de
preservar toda la diversidad ciudadana, organizativa y regional que confluyó en
la marcha por la paz, es necesario convencer a participar a los miles que el
miedo paraliza. Y el carisma, la fuerza expresiva y simbólica del dolor y la
indignación deben traducirse en planes de acciones concretas y exigencias
evaluables.
Hay que pensar en lo inmediato, en la urgencia por
detener los ríos de sangre y de muerte que devastan la nación. Habría incluso
que pensar cómo algunos protocolos e instrumentos de las Naciones Unidas para
los casos de guerra pudieran ser útiles aquí.
Mas hay que tener cuidado; la experiencia del FDCCH
señala que no deben aceptarse los tiempos gubernamentales para dialogar y
negociar. Que la voluntad de diálogo debe manifestarla el gobierno en el
cumplimiento de las precondiciones que la sociedad le señale. Que la fuerza de
un movimiento puede diluirse en complicadas mesas de trabajo y en la redacción
de documentos inacabables. Y que mucho estorba el hacerse bolas con celos de
liderazgos, representaciones y protagonismos.
Al mismo tiempo no debe olvidarse el mediano plazo.
Son necesarias las destituciones, no tanto las de los genaros, o de los
felipes. Se requiere destituir el autoritarismo, la concentración de los
poderes y de los saberes. Para eso hay que orientarse ya a la construcción de
una nueva república, como dice John Ackerman, como piensan muchos por todos los
rumbos de México. El camino inmediato es el pacto ciudadano. Pero teniendo como
horizonte un nuevo pacto que refunde la nación desde el poder de la gente, un
nuevo pacto constitucional que nos garantice la paz con justicia y dignidad, de
poderes distribuidos y de contrapoderes ciudadanos reales.
En mayo de 1911 el pueblo mexicano en armas
destituyó la dictadura porfirista en Ciudad Juárez. Cien años después, la
sociedad civil en movimiento se da cita en esta misma heroica frontera. De su
capacidad de acuerdo, de su conciencia histórica y de su acción conjunta
dependerá que sea para el derrocamiento definitivo de las violencias y de los
violentos.
Es lo que piensa el Frente Democrático Campesino.
Denuncia
PRD a García Luna por la teleserie "El Equipo"
La redacción
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió hoy una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, por posible desvío de recursos.
La parte demandante es el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, cuya vocera, Leticia Quezada, explicó que en la querella se pide a las autoridades indagar si García Luna incurrió en irregularidades al facilitar a los productores de la teleserie El Equipo, que se transmite por Televisa, el uso de instalaciones consideradas estratégicas y de seguridad nacional, así como personal y vehículos y helicópteros oficiales.
"Se han utilizado efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública como extras, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal", se consigna en la denuncia.
Y agrega que también se ha hecho uso de indumentaria oficial de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terrestres e incluso helicópteros donados por Estados Unidos, todo ello propiedad del Estado mexicano.
Luego de solicitar que se investigue si hay un convenio firmado con Televisa, la vocera del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que García Luna podría estar incurriendo en un delito al consentir el uso de la infraestructura policial, por lo que exigió una investigación pronta para deslindar responsabilidades.
"Pedimos radicar el procedimiento disciplinario correspondiente por la utilización de recursos públicos en actividades privadas, por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal", dijo.
"El Equipo", cuya producción está a cargo de Pedro Torres, se filmó en el Centro de Mando de la PF, delegación Iztapalapa, así como el "búnker" subterráneo de su Centro de Inteligencia, ubicado en avenida Constituyentes, que concentra la base de datos criminal Plataforma México.
En la serie participan elementos de la PF, y usan uniformes e identificaciones reales, vehículos terrestres e incluso helicópteros Black Hawk donados por EU como parte de la Iniciativa Mérida.
En los créditos finales puede leerse: "Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta serie a la SSP".
La telenovela se estrenó el pasado lunes 9, justo un día después que decenas de miles de personas corearan en el Zócalo capitalino la renuncia de Genaro García Luna como titular de la SSP, a propuesta de Javier Sicilia, y dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia.
Inicialmente, la serie se iba a llamar El Grecco, pero cambio de nombre de última hora.
La estrella de la serie es el exintegrante del grupo RBD, Alfonso Herrera, quien interpreta a Fermín, un policía que se revela a su padre, un general retirado que desprecia a la Policía Federal. Fermín gracias a su constancia y heroísmo se convierte en un destacado agente de la PF.
La redacción
MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió hoy una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, por posible desvío de recursos.
La parte demandante es el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, cuya vocera, Leticia Quezada, explicó que en la querella se pide a las autoridades indagar si García Luna incurrió en irregularidades al facilitar a los productores de la teleserie El Equipo, que se transmite por Televisa, el uso de instalaciones consideradas estratégicas y de seguridad nacional, así como personal y vehículos y helicópteros oficiales.
"Se han utilizado efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública como extras, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal", se consigna en la denuncia.
Y agrega que también se ha hecho uso de indumentaria oficial de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terrestres e incluso helicópteros donados por Estados Unidos, todo ello propiedad del Estado mexicano.
Luego de solicitar que se investigue si hay un convenio firmado con Televisa, la vocera del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que García Luna podría estar incurriendo en un delito al consentir el uso de la infraestructura policial, por lo que exigió una investigación pronta para deslindar responsabilidades.
"Pedimos radicar el procedimiento disciplinario correspondiente por la utilización de recursos públicos en actividades privadas, por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal", dijo.
"El Equipo", cuya producción está a cargo de Pedro Torres, se filmó en el Centro de Mando de la PF, delegación Iztapalapa, así como el "búnker" subterráneo de su Centro de Inteligencia, ubicado en avenida Constituyentes, que concentra la base de datos criminal Plataforma México.
En la serie participan elementos de la PF, y usan uniformes e identificaciones reales, vehículos terrestres e incluso helicópteros Black Hawk donados por EU como parte de la Iniciativa Mérida.
En los créditos finales puede leerse: "Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta serie a la SSP".
La telenovela se estrenó el pasado lunes 9, justo un día después que decenas de miles de personas corearan en el Zócalo capitalino la renuncia de Genaro García Luna como titular de la SSP, a propuesta de Javier Sicilia, y dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia.
Inicialmente, la serie se iba a llamar El Grecco, pero cambio de nombre de última hora.
La estrella de la serie es el exintegrante del grupo RBD, Alfonso Herrera, quien interpreta a Fermín, un policía que se revela a su padre, un general retirado que desprecia a la Policía Federal. Fermín gracias a su constancia y heroísmo se convierte en un destacado agente de la PF.
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