Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 6 de mayo de 2011

EL FRENESI Y LA GOTA DE SANGRE QUE DERRAMO EL VASO

El frenesí
               Luis Javier Garrido

La contrarreforma oficial en materia de seguridad nacional de Felipe Calderón, tendiente a legitimar el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.
1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.
2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de ley de seguridad. Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.
4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya obnubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender dividir a los mexicanos, como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas
5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudo empresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.
6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco justificarían, según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.
7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un acuerdo con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.
8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.
9. Una legislación moderna en seguridad nacional –que no es la que quiere Calderón, empeñado en colombianizar a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.
10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: ¡Ya basta!

La gota de sangre que derra el vaso

Alonso Urrutia y Rubicela Morelos
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2011, p. 3

Autopista México-Cuernavaca, 5 de mayo. La mujer esboza una tímida sonrisa. Con un dejo de resignación mira a los centenares de personas que la acompañan. Creo que lo que nos une son las tragedias que nos han pasado, señala. Sobre el asfalto de la vía que conduce a la capital del país, la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad parece una procesión de dolientes que comparten penas, pero también la indignación que los ha unido contra una guerra que consideran perdida y a la que no le ven fin.
Convocada por el poeta Javier Sicilia, la marcha es a la vez una expresión de la geografía de la tragedia nacional, cruento parte de una guerra que nadie quiso, nadie quiere, pero todos la padecen.
Chihuahua, Morelos, estado de México, Distrito Federal, Colima… Todos están en la lista de eso que el gobierno resume en una estadística de recuento de asesinatos difundida en una fría página web, pero que en la realidad son decenas, centenas o miles de familias mutiladas por la violencia.
El país está hecho girones, resume Sicilia en el amanecer de una marcha que, anticipa, será silenciosa, porque nuestro dolor es tanto y tan indecible.
Extraña paradoja, porque ese silencio tuvo, al menos en la primera jornada, una enorme resonancia mediática, a juzgar por la numerosa presencia de medios de comunicación.
Rodean al poeta amigos cercanos que lo cobijan; muchos de ellos visten camisetas iguales con la leyenda: Todos somos Juan. Una especie de in memoriam para Juan Francisco, el hijo de Javier Sicilia cuyo homicidio detonó esta marcha. Fue la gota de sangre que derramó el vaso, define un manifestante.
Casi con el amanecer comienzan a reunirse en Cuernavaca, en la llamada Glorieta de la Paz. A esa hora, la presencia mediática supera la asistencia de manifestantes, que se irían incorporando al paso de la caravana con sus pancartas, sus mantas, sus dramas personales y su carga de indignación.
Una manta rosa del Colectivo de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, muestra una galería de defensores de derechos humanos asesinados en sus empeños infructuosos porque se impusiera la justicia. En su momento, algunos casos fueron impactantes, pero un nuevo hecho sangriento los ha relegado en la memoria colectiva; aunque permanecen ahí, en la impunidad, historia recurrente de casi todas las víctimas.
La foto de Marisela Escobedo hace recordar que la ultimaron a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua, fatal desenlace de su desesperada búsqueda de justicia por el asesinato de su hija. Junto a ella, la imagen de Josefina Reyes, activista del Valle de Juárez que denunció abusos del Ejército en el combate al narcotráfico, y el de la poeta Susana Chávez, ejecutada por su participación en la causa de los derechos humanos.
Esta es historia reciente. Hay otros casos de impunidad que en la agitada coyuntura nacional parecen ancestrales, como el que enarbola el Colectivo de Mujeres de Negro, en su interminable lucha por esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, que datan de mediados de los años noventa.
Hay otros casos, como el de Iván Monroy, quien sufrió el secuestro de su hija de meses, en el consultorio de su esposa, en Tecámac, estado de México, o el asesinato del joven Paris Baltazar, cuya madre, Soledad Marina Carreón, aún no tiene una explicación ni indicios de por qué lo mataron en Ixtapaluca. Y está el de Joaquín, estudiante de arquitectura, asesinado con apenas 20 años, a quien evoca su madre, Teresa, en un retrato que le recuerda momentos de felicidad que ahora lucen lejanos.
Otros más, como el de Patricia Duarte, cuyo hijo Andrés Alonso falleció en el incendio de la guardería ABC. Su indignación viene de otro lado: el encubrimiento oficial de los altos responsables del siniestro que le arrebató la vida a su hijo. Lucha contra la maraña burocrática que encubre a los políticos.
Nombres, rostros, vidas con el mismo trágico desenlace son narradas por quienes el paso del tiempo no les ha arrancado su deseo, su obsesión porque algún día se les haga justicia.

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