EXTORSIONES MILLONARIAS A GENTE POBRE

Extorsiones millonarias a gente pobre
Velia Jaramillo

CIUDAD DE GUATEMALA.- En Guatemala, más de 136 bandas se dedican al tráfico de indocumentados, señala un informe del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) y de la Comisión de Migrantes del Congreso de este país.

El documento afirma que las extorsiones de migrantes “ocurren principalmente contra familias de los departamentos Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, grandes expulsoras de migrantes con altos índices de pobreza”.

Estima que esas bandas, dedicadas también al secuestro, obtienen alrededor de 25 millones de dólares cada seis meses. Esta cifra se suma a los montos cobrados por los coyotes a los indocumentados para llevarlos a Estados Unidos: entre 4 mil y 5 mil dólares por persona.

Firmado por Alejandra Gordillo, secretaria de Conamigua, y por el diputado Mauro Guzmán –presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso–, el reporte indica que la transferencia de dinero hacia México producto de las extorsiones “es una práctica diaria, sin ningún control por parte de los países afectados”.

En entrevista con Radio Nederland el pasado 12 de enero, Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, informó que cada año más de 400 mil migrantes centroamericanos transitan por México en ruta hacia Estados Unidos, y afirmó que aproximadamente 10 mil de ellos fueron víctimas de secuestros y ataques en México entre abril y septiembre de 2010.

El citado informe sostiene que en el lado mexicano la mayor concentración de organizaciones dedicadas al tráfico de personas se ubica en Chiapas y Tabasco, y la integran mexicanos, guatemaltecos y hondureños.

Álvaro Caballeros, directivo de la Mesa Nacional de Migraciones de Guatemala (Menamig), critica la reacción de las autoridades mexicanas “de restarle importancia y credibilidad a denuncias de secuestros”.

Explica: “Tardaron muchísimo en reaccionar, y luego recriminaron a los Estados centroamericanos que los crímenes se originan en su región. La respuesta más coherente sería reconocer que efectivamente el manejo de las autoridades mexicanas ha generado resultados desafortunados para los migrantes centroamericanos que, al igual que los mexicanos, simplemente buscan oportunidades de vida en otro país”.

Caballeros sostiene que mientras crecen los abusos y la violencia contra migrantes de paso por México, el Instituto Nacional de Migración hace una gran labor de contención deportando a más de 80 mil centroamericanos cada año.

Según la Dirección General de Migración de Guatemala, las autoridades mexicanas deportaron a 78 mil 247 centroamericanos en 2008; a 83 mil 244 en 2009 y a 82 mil 811 en 2010.

A Caballeros le preocupan los vínculos entre agentes de migración y el crimen organizado, y la dificultad para desmantelar esas bandas porque, afirma, “hay infiltraciones de grupos de poder paralelos en instituciones de seguridad mexicanas”.

Advierte: “No hay que olvidar que la masacre de San Fernando, Tamaulipas, se ubica en un contexto de criminalización de la migración irregular”.

Y añade: “En la medida en que se van incrementando los controles migratorios, hay mayor riesgo y peligro para las personas que deciden emigrar de forma irregular. A mayor control, mayor riesgo, y a mayor riesgo, se registran cambios en rutas migratorias hacia aquellas de mayor peligro”. l