INDIGNACION EN EL SUR

Indignación en el sur
Velia Jaramillo

Cansadas de denunciar infructuosamente los abusos que sufren migrantes centroamericanos e indignadas por las omisiones y complicidades de autoridades mexicanas en la comisión de delitos, como secuestros y extorsiones, organizaciones civiles de esa región se aglutinan en una red para coordinar acciones con el fin de presionar al gobierno de Felipe Calderón. Entre éstas, una eventual demanda contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CIUDAD DE GUATEMALA.- En febrero pasado, delegaciones de 11 países de Centroamérica y Norteamérica, integrantes de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) se reunieron en Tegucigalpa, Honduras, para definir una política regional de protección a los derechos humanos de los inmigrantes.

Buena parte del foro se enfocó en los secuestros y extorsiones que enfrentan muchos de los 400 mil migrantes centroamericanos que pasan anualmente por México rumbo a Estados Unidos.

Como resultado del encuentro, representantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana crearon una red de protección de migrantes. Acordaron que esta iniciativa sea llevada al Sistema de Integración Centroamericano (Sica) para presentarla como propuesta regional a México en una reunión de la CRM a realizarse en junio de 2011.

En el II Encuentro Regional de Migraciones realizado en agosto de 2010 en Tapachula, Chiapas, más de 33 organizaciones provenientes de México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia y Estados Unidos demandaron “emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano sea seguro”.

Esas organizaciones civiles señalaron que “las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral, así como a la permanencia de disposiciones y programas que promueven violencia y abusos hacia las ciudadanas y ciudadanos migrantes”.

Edith Zavala, secretaria ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), afirma que “la coordinación entre ministerios y cancillerías de la región no ha brindado acciones ni resultados contundentes para prevenir secuestros ni atender a víctimas”.

Desde finales de 2008, familias extorsionadas por secuestradores mexicanos acudieron a este foro para presentar sus casos. En 2009, hubo cinco por mes. Ni las autoridades mexicanas ni los gobiernos de Centroamérica prestaron atención a esos hechos. Todos los familiares aseguraban que los secuestradores eran Los Zetas y que les pedían de mil a mil 500 dólares por liberar a sus parientes, narra Zavala.

El Fonamih señala que el consulado de México en Honduras exigía que las denuncias de secuestro de migrantes se expusieran ante un órgano oficial en México, o que la familia acudiera al consulado con este propósito. Sin embargo, las personas se resistían a hacerlo y el camino se cerró.

En el Fonamih se pensó que sería adecuado seguir la huella de las extorsiones. “Pedimos a los familiares que habían pagado rescates el nombre del beneficiario, el número de cuenta y el lugar a donde habían enviado la remesa. Cuando mandamos todos estos datos a Interpol, sus funcionarios nos respondieron que el dinero ya había sido cobrado y no se podía hacer nada. No había ningún tipo de registro”, lamenta Zavala.

Y advierte: “Aquí hay una responsabilidad importante: la de esas compañías financieras y de remesas que se prestan a esas operaciones”. Los depósitos son enviados a través de firmas como Banco Azteca, Money Gram, Western Unión y Elektra.

“A través de casos que he conocido es evidente que hay una clara colusión del crimen organizado con estructuras estatales federales y locales de México”, dice Zavala.

Las autoridades mexicanas, acusa, no cuentan con mecanismos para dar seguimiento ni atención a migrantes víctimas de secuestros. “Su única respuesta es la deportación de esas personas y el delito queda en la impunidad”, expone.

Las familias de los migrantes que se enfrentan al secuestro de un pariente padecen la misma indefensión.

“Ellos no saben en dónde buscar ayuda. Ahí es donde aparecemos las organizaciones civiles y reportamos estas situaciones, pero nos encontramos con que no se puede hacer mucho. Entonces las familias no tienen más opción que pagar el rescate o resignarse a que su familiar corra con la suerte que le toca. Eso genera un sentimiento de impotencia por no poder ayudar a la gente de tu país que enfrenta una situación de secuestro”, enfatiza la activista.

El Fonamih da seguimiento al caso de las víctimas hondureñas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Zavala dice que ha pedido fotografías de esas víctimas a sus familiares. Comenta que “son familias rurales muy pobres que no se sacan fotos y las que tienen son muy viejas.”.

La organización analiza pedir al gobierno hondureño que indemnice a los familiares y considera que el gobierno mexicano también debería contribuir a la reparación del daño “porque tiene responsabilidad frente a las violaciones sistemáticas contra migrantes y la manera como opera el crimen organizado en su territorio”.

Zavala, quien participó en febrero pasado en el taller de la Conferencia Regional de Migración en Honduras, dice que hoy “el gran reto es que el tema de los secuestros y violaciones a los derechos humanos contra migrantes empiece a mover un marco de acción regional Centroamérica-México, en el que todos nos pongamos de acuerdo”. Destaca que este sistema debe sumar a las organizaciones de apoyo a migrantes, así como a los mismos migrantes y sus familias.

Y agrega que la masacre de San Fernando, Tamaulipas, no fue la primera ni será la última, “pero es un punto de partida para rescatar el tema de la población migrante, donde los gobiernos den respuestas y las organizaciones que trabajamos en la región tengamos un marco de vinculación y trabajo regional”.

Demanda en ciernes

En 2009, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) comenzó a recibir testimonios de sobrevivientes salvadoreños secuestrados en México, dice Gilma Pérez, coordinadora del área de migrantes de esta organización.

Después vino San Fernando. “Fue “un parteaguas, que debería motivar un modo de trabajo distinto por parte de las autoridades frente al problema de la migración”, indica. Pero “notamos que la toma de decisiones y de acuerdos es más lenta de lo que deseamos”.

Cuando ocurrió la matanza de San Fernando, a finales de agosto de 2010, Idhuca solicitó al gobierno salvadoreño una declaración de aceptación de competencia del Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, México y Guatemala ya aceptaron esa competencia, que abriría el espacio para llevar a dicho comité denuncias sobre lo que ocurre con migrantes de paso por México.

“Si los Estados de la región habilitan la competencia del Comité de Trabajadores Migratorios, eso podría abrir la posibilidad de llevar estos casos ante el sistema interamericano y producir sentencias y resoluciones para garantizar el respeto de los migrantes”, detalla la activista.

Y es que si bien los gobiernos centroamericanos avanzan en la consolidación de convenios a nivel diplomático, “sabemos que esos acuerdos son débiles y además no están resolviendo la demanda de justicia que muy pocos sobrevivientes reclaman”.

Idhuca ya ha tenido conversaciones al respecto con organizaciones en México, principalmente con las que integran el Servicio Jesuita para Migrantes y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, redes regionales de las que forma parte.

“Queremos identificar en estas redes a socios que participen en el quehacer jurídico y encontrar a víctimas dispuestas a proseguir procesos”, indica Pérez.

La representante salvadoreña reconoce que abrir la puerta del sistema de justicia internacional no es tarea fácil, “pero estamos conscientes de que si no sumamos recursos y aprovechamos experiencias de trabajo de organizaciones que hemos atendido conflictos internos, más víctimas van a seguir cayendo en las redes del crimen organizado y la impunidad va a continuar. Es momento de que despertemos y procedamos de una manera más drástica para lograr una combinación de actores que hagan que estos hechos no se olviden ni se repitan”.

En lo que atañe a México, afirma que “tiene responsabilidad sobre estos hechos debido a que no ejerce control ni efectúa monitoreos ni acciones de prevención en contra de los secuestros de migrantes”.

Revela: “Uno se entera de que en las mismas instalaciones de casas del migrante se hacen operativos de inteligencia, o se infiltran elementos del crimen organizado para ubicar futuras víctimas”.

Llegar a la Corte Interamericana “es un esfuerzo que debe realizarse. México es un país que ha sabido jugar con las herramientas del sistema interamericano, pues ha acudido a estas instancias como víctima, no como victimario, y ahí es donde debemos cambiar la posición del Estado mexicano”, plantea Pérez.

Sin rastro

Lucy Contreras de Acevedo decidió sumarse a la búsqueda de migrantes salvadoreños a partir de la desaparición de su hermano José Salomón Contreras, quien fue torturado y posteriormente asesinado en julio de 2000 en Tapachula, Chiapas.

“Los medios dijeron que mi hermano fue asesinado por bandas de asaltantes, pero cuando hicimos la repatriación del cadáver, la autopsia confirmó que había sido atacado con armas de grueso calibre, como las que usan las autoridades. Estamos seguros de que los asesinos no fueron delincuentes comunes, sino una banda bien organizada, con la complicidad de las autoridades”, dice a la corresponsal.

La mujer se enfrentó a los mismos problemas de las familias que hoy apoya. “Nos decían que denunciáramos, pero somos de escasos recursos; había que poner la denuncia en México y darle seguimiento. No denunciamos, pero se me metió en cabeza que lucharía para que no siguieran ese tipo de crímenes”.

En 2006, Contreras de Acevedo fundó el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que trabaja en la búsqueda de migrantes desaparecidos en tránsito hacia Estados Unidos. Con ella colaboran madres, padres, hijos y esposos de migrantes desaparecidos.

En la actualidad esta organización da seguimiento a 206 casos de migrantes salvadoreños desaparecidos. Sus búsquedas han dado fruto: 49 familias lograron saber el destino del hijo, esposo o padre que había emigrado. En cuatro casos habían muerto; en otros, los migrantes regresaron mutilados debido a que cayeron del tren que los trasladaba, o bien estaban enfermos, víctimas de insolación en el desierto. Otros se encontraban presos, pero reportaron un nombre distinto por sugerencia del “coyote”.

Para sus indagatorias, Cofamide se apoya en una red que integra al Servicio Jesuita para Migrantes en México, y Casas de Migrantes en México.

Contreras de Acevedo refiere que muchos de los migrantes que se reencuentran con sus familiares cuentan que “el mismo agente que estaba en Migración había sido uno de los que nos asaltaron”.

La activista sostiene: “El gobierno mexicano nunca va a dar una respuesta completa a las desapariciones y masacres. No le conviene porque de una u otra manera está involucrado, participa del crimen. Sus agentes saben dónde están las rutas peligrosas, dónde violan mujeres, dónde secuestran o asaltan, y es muy poco lo que las autoridades hacen para resolver o para frenar estos ataques”.