La
ultraderecha, contra el movimiento de Sicilia
Álvaro Delgado
El
activista Eduardo Gallo lanza una afirmación contundente: cuando alguna
organización civil destaca por sus críticas a las políticas y estrategias
federales, el gobierno ofrece recursos, prebendas o cargos públicos, y así
acalla a algunos descontentos. No todos se dejan comprar, aclara el expresidente
de México Unido Contra la Delincuencia, y agrega que grupos ultraderechistas ya
empezaron una ofensiva mediática contra el movimiento que encabeza Javier
Sicilia.
MÉXICO, DF., 10 de mayo (Proceso).- La cooptación, domesticación y
amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de
la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una
práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas
para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del
gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro
el clamor social de seguridad, justicia y paz.
“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras:
invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible
codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación
o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes
se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la
mayoría.”
A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de
transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear
independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan
mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y
candidaturas.
No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización
Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el
partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el
Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a
delegado y diputado local en la capital del país.
–¿De quién fue la invitación?
–Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien
aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió:
“¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué
parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”.
Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda
cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, ex presidenta de MUCD y quien ahora
encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa
organización.
“Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a
los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus
voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o
la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública.
Son formas que se siguen por todos lados.”
Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del
secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya
investigación asumió personalmente por la incompetencia de las autoridades–,
afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de
Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad
Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la
delincuencia del 27 de junio 2004.
Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano
para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear
un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que
no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión.
Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario
dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y
frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que
jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”.
Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el
anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que
puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la
comunidad”.
Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de
manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones
ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004)
ofreciéndoles dinero”.
El Yunque otra vez
En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del
gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión
Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el
Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega
Sánchez.
Son los mismos organismos bajo el control de la organización
ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional
por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará
a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo
hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes.
“Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes
pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento
sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército,
que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras
familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega
Sánchez.
“La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos
comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y
algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la
violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y
responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la
participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN).
“Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y
asesinatos, se suma a la ‘caravana por la paz’, para marchar tomado de las manos
con quienes claman ‘¡Basta de sangre!’ y le reclaman al presidente haber
molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia?
¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz,
no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario
afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan
Sandoval Íñiguez.
Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac,
presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan
decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente,
no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de
eso” (Proceso 1463).
Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició
Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la
vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil
asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de
persuasión.
Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los
ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo,
Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el
gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya
ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya
justicia”.
También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay
quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en
principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar,
pero es una debilidad humana a la que muchas personas
sucumben”.
Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones
ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su
independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le
interesa.
“Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los
gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se
lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías
certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está
certificados a todos, porque está atrasado ese programa.”
Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no
tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco
ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no
confrontarse”.
Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de
Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y
asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en
2008.
“Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la
sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano
precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle
un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces
te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza
a tiempo porque no has llegado y te esperan.”
“Ya no habrá donativos…”
Pone como ejemplo una reunión privada convocada por Calderón, en
julio del año pasado en Los Pinos, con Causa Común, encabezada por María Elena
Morera; México SOS, de Alejandro Martí, y MUCD, que entonces él presidía. Gallo
conoció a Calderón cuando era candidato presidencial, para saber su punto de
vista sobre su estrategia de combate al crimen organizado.
“Me dio la palabra primero como organización: ‘Le decimos
abiertamente que no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo
para combatir a la delincuencia y en esta guerra de las drogas, y no estamos de
acuerdo porque la estrategia no tiene parámetros que permitan
evaluarla’.”
Añadió: “Pero tampoco estamos de acuerdo porque detona la
violencia, porque creemos, y se lo dijimos desde aquella ocasión como candidato
a la Presidencia, que el ataque a la delincuencia debe ser a través de las
estructuras financieras. No lo decimos nosotros, la historia en el mundo de
combate a la delincuencia lo ha evidenciado. Ese es el flanco
débil”.
Como Martí no asistió, cuenta Gallo, el director de México SOS,
Alejandro Camacho, expuso lo que hace esa organización, y luego habló Morera.
“Su posición fue: ¿En qué podemos ayudar, presidente, en qué podemos ser útiles
para el país?”.
Sólo él asumió una posición crítica a la estrategia de Calderón,
quien para eso los convocó. “Desconozco si a ellos se les invitó para lo mismo.
Si les llegó así, respeto cómo respondieron”.
Por eso la estrategia de Calderón se mantiene, porque la mayoría de
las organizaciones guarda silencio, como ha ocurrido en los Diálogos por la
Seguridad Pública convocados por el gobierno. En el más reciente, en enero, sólo
cinco de al menos 30 pidieron cambiar la estrategia.
“Todos los demás no tocaron el tema de si están o no de acuerdo o
se fueron a otros temas que en consecuencia no permiten al Presidente recibir un
mensaje claro y contundente de que en la sociedad civil no estamos de acuerdo
con su estrategia.”
Su renuncia a la presidencia de MUCD obedeció, entre otras razones,
a esta conducta de aminorar la crítica al gobierno para no poner en riesgo las
transferencias de recursos públicos, vía donativos y
contratos.
El tema se abordó en febrero, en una reunión del Consejo de la
organización, fundada en 1997, en la que se discutió la posición que se debía
asumir sobre el debido proceso en casos como el de las tres indígenas acusadas
de secuestrar policías federales, el de Jorge Balderas Garza, supuesto agresor
del jugador Salvador Cabañas, y el de la francesa Florence
Cassez.
Según Gallo, Josefina Ricaño, primera presidenta de MUCD y quien lo
sustituyó a su renuncia, rechazó incluir el caso Cassez en el posicionamiento
sobre el debido proceso. “Van a decir que estamos defendiendo secuestradores”,
dijo, y ante la preguntas de dónde estaban las evidencias sólo atinó a decir que
eso decían “los medios”.
Pero lo que irritó a Gallo fue el argumento que dio Pablo Girault
Ruiz, secretario del Consejo y actual tesorero de MUCD, para no hablar sobre el
asunto de Cassez: “Van a dejar de fluir recursos y contratos del
gobierno”.
Eso y la falta de claridad en el manejo de los recursos de la
administración previa, encabezada por Ana Franco –quien nunca hizo
entrega-recepción a su renuncia por motivos de salud– precipitaron un choque de
Gallo con el “grupo de poder” que controla MUCD, del que forman parte, entre
otros, Girault Ruiz, director general de Fundación Dondé, y Félix Gavito,
presidente de la Fundación Nemi.
Este último está implicado en dudosas transacciones de tres
millones de pesos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal para
un programa elaborado presuntamente por Nelia Tello Peón, hermana del asesor de
Calderón en seguridad nacional.
Harto de la opacidad, Gallo decidió renunciar porque no se cumplió
el compromiso de regresar a los principios fundacionales de México Unido Contra
la Delincuencia, por los que aceptó presidir la organización. “No estaba
dispuesto a cargar responsabilidades que no me competen, porque por algo había
opacidad”.
MUCD, dice, va a seguir: “En cultura de la legalidad puede haber
muchos contratos, mucho dinero y mucho desarrollo y van a poder ayudar, pero ya
no con el proyecto original, porque éste requiere de principios y valores que no
tienen”.
–¿Están auto amordazados?
–Así es, pero también están de alguna manera maniatados cuando
dicen que es una organización que está en el tema de seguridad y justicia,
cuando no es así. Es válido cambiar, pero que la gente sepa que cambiaste. Si no
le dices, la gente estará esperando algo que no recibirá nunca. Y en esa parte
hay que tener cuidado, porque las personas se pueden sentir
engañadas.
¡Un Pemex como Petrobras!… mejor un presidente como
Lula
Javier Jiménez
Espriú
En marzo, escribí en La Jornada un artículo que titulé “Otra
vez la burra al trigo… y los cuervos al petróleo”, a raíz de la propuesta de
algunos senadores del PAN de un decreto que modifique el artículo 28 de la
Constitución, para dejar como área de exclusividad del Estado, en lo referente a
la industria petrolera, sólo la exploración y la explotación de los
hidrocarburos, lo que por otro lado, a través de los contratos incentivados
recién anunciados piensan nulificar, sin necesidad de modificar la Constitución,
sino dándole sólo una violadita.
Me preguntaba sobre esta reincidencia en la discusión que con
amplitud nacional se dio en 2008, cuando el Presidente envió su propuesta, que
fue esencialmente rechazada, de reforma energética: ¿Será esta nueva andanada
contra la industria petrolera una de las monedas de cambio del presidente
Calderón para que le quitaran de enfrente al embajador Pascual? ¿Será la
intención de cumplir compromisos anteriores con el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y sus dueños? ¿Se trata de confirmar que este gobierno
es como el anterior: un gobierno para empresarios? o es simplemente asunto de
negocios –¡Pemex is Pemex, but business is business!– que quieren cerrar
antes de irse para cosechar las utilidades. Lo más probable –escribí– es que
todo sea un solo paquete.
Considero también que pudo ser un elemento de distracción para
encauzar la atención de quienes defendemos la causa de una industria petrolera
nacional hacia una nueva batalla y dejáramos de atender el atentado contra los
intereses de la nación que significan los contratos flexibles aprobados por el
consejo de Pemex, que son anticonstitucionales y sobre los cuales un buen número
de controversias constitucionales, finalmente, han sido aceptadas para análisis
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Traigo esto a cuento por las declaraciones del presidente Calderón
en su entrevista con Bloomberg Tv, hechas desde luego en Estados Unidos –en
donde está su fuente de inspiración– de que enviaría una nueva propuesta al
Congreso para modificar el régimen de Pemex.
Según los diarios del país, el Presidente dijo: “La gente y el
Congreso deben entender que la única manera de asegurar el futuro es modernizar
a Pemex a través de una nueva legislación (…) de una manera similar en la que lo
ha hecho Petrobras 10 años atrás”, además de agregar que los nuevos contratos
para explotar campos maduros dan la flexibilidad para que empresas privadas se
inserten en las obras de la paraestatal. ¡Más claro ni el agua! No acepta que
hay opciones distintas a las de su proclividad privatizadora y
extranjerizante.
Ya no es de extrañar la autoritaria actitud presidencial sobre que
“la gente y el Congreso deben entender…” lo que él considera que debe ser. Y su
tozudez, demostrada igualmente en el caso de Pemex, que en su estrategia en la
lucha –que según él ni es lucha, ni es guerra– contra el crimen organizado, pero
que ya tiene a muchos hasta la madre, o en su decisión de poner en los puestos
de alta responsabilidad no al más apto sino al más leal a él –que, sin
excepción, no ha resultado ni mínimamente apto–, es desde luego asunto de enorme
preocupación.
Un presidente obsesionado por sus tesis personales y por su
convicción de infalibilidad, que no escucha ni los argumentos de los debates, ni
las críticas de los especialistas, ni los gritos ni los silencios de las
manifestaciones públicas; arropado sólo por la corte de sus incondicionales,
poco podrá hacer por esta desgarrada República.
En lugar de un ¡Pemex como Petrobras… mejor un presidente como
Lula!
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