Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 3 de mayo de 2011

mas de CALDE-RON

Con Calderón, salario
 Pierde la mitad de su valor

  En lo que va de este gobierno, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder adquisitivo. Pese a esta merma, más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana menos de tres salarios mínimos al día, insuficientes para pagar alimento, vestido, vivienda, educación y esparcimiento. Alentada por el gobierno y aprovechada por los empresarios, la supuesta “ventaja competitiva” de los bajos salarios no fomenta el crecimiento económico y sí perjudica a la clase trabajadora.
En casi cinco años de gobierno calderonista, el salario mínimo
ha perdido 42 por ciento de su poder de compra, lo que lo sitúa como el segundo mayor deterioro salarial de los últimos años, sólo superado por el del sexenio zedillista.
La mengua en el salario actual se traduce en la pérdida de casi la mitad del valor que tenía al inicio del sexenio y del 75 por ciento de lo que representaba en 1978, cuando tuvo su mayor poder adquisitivo, de acuerdo con cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a la merma progresiva que ha tenido el salario durante su administración, el pasado 29 de marzo Felipe Calderón Hinojosa presumió que los gobiernos panistas han sido los únicos en varias décadas en elevar el salario mínimo real. No mencionó, por supuesto, que este incremento ha sido apenas de 57.84 por ciento en términos nominales.

Se trata de un ínfimo crecimiento comparado con el que desde diciembre de 2006 han tenido los precios de productos básicos, como el frijol, que subió 219 por ciento; el aceite, que se incrementó 125 por ciento; o el huevo, cuyo valor es ahora 90 por ciento mayor que al inicio del gobierno calderonista.

En el marco de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Calderón Hinojosa también aseguró que en los últimos 10 años, “aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios”. La supuesta mejora salarial ha sido de sólo 22 pesos en una década de panismo.

Con todo y el marginal incremento, el valor del salario ha decaído, lo que significa que, con un salario mínimo, hoy se pueden comprar 4 kilos menos de tortilla, 1.5 litros menos de leche o 21 piezas menos de pan que en diciembre de 2000, cuando inició el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Para entonces, el salario mínimo (de 37.89 pesos) alcanzaba para 9.47 kilos de tortilla, mientras que hoy sólo se pueden comprar 5.42 kilos; también podían adquirirse 5.83 litros de leche; hoy alcanza para 4.27 litros. De las 61.13 piezas de pan que era posible obtener hace 10 años, ahora el salario mínimo solventa la compra de únicamente 40 piezas.

Ni para comer
El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos generales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Pero los 59.82 pesos del salario mínimo vigente (el más alto de los tres establecidos para igual número de regiones del país) son insuficientes para cumplir con el precepto constitucional; de hecho, ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia.

Aun así, en México existen hoy 3 millones 777 mil 907 personas cuyo ingreso diario no rebasa esta cantidad.

El CAM, adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, estima que son necesarios 2.86 salarios mínimos para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) –ponderación de 33 productos alimenticios básicos, diseñada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, cuyo costo actual se calcula en 171.37 pesos.

Pero en México, una tercera parte de los trabajadores percibe un sueldo diario menor a esa cantidad, a los que se suma un 8 por ciento que no recibe ingreso alguno por su trabajo, como revelan los datos económicos del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso se traduce en 16.5 millones de trabajadores incapaces siquiera de alimentarse adecuadamente.

El profesor Luis Lozano Arredondo, del CAM, explica que desde diciembre de 1987, cuando entró en vigor el primer pacto de estabilidad y crecimiento económico, el aumento nominal del salario mínimo ha sido inferior al de la inflación y, por tanto, al de los precios de productos y servicios.

La consecuencia de ello ha sido el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, pues mientras en 1987 los 6.47 pesos de salario mínimo sufragaban el pago de la CAR (cuyo precio era de 3.95 pesos), para marzo pasado los 59.82 pesos alcanzaban para adquirir apenas una tercera parte.

Para 1994, el salario mínimo de 15.27 pesos solventaba el 60 por ciento de la CAR. Cuando Fox Quesada iniciaba su sexenio, en diciembre de 2000, el salario mínimo –de 37.89 pesos– servía para adquirir el 58 por ciento de dicha canasta.

Una de las consecuencias de este deterioro es que ha aumentado el número de horas de trabajo necesarias para adquirir la CAR. Hace 23 años, bastaba laborar 4.53 horas para pagarla; mientras que ahora son necesarias 22.55 horas, es decir 18 horas más.

Pero las casi tres jornadas laborales que calcula el CAM bastarían únicamente para sufragar los gastos de alimentación, con lo que quedarían pendientes otras necesidades, como ropa, calzado, vivienda, salud, educación y esparcimiento, insostenibles con la tasa salarial actual.

El espejismo de los salarios
A decir de Calderón Hinojosa, en la década de los gobiernos panistas la proporción de personas que ganan más de tres salarios mínimos aumentó de 25 a 33 por ciento, al tiempo que el porcentaje de quienes perciben hasta dos salarios mínimos disminuyó de 42 a 31 por ciento.

Pero aun con esta “reducción”, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –en los que el panista basó sus declaraciones– muestran que el 60 por ciento de los trabajadores en el país recibe actualmente máximo tres salarios mínimos al día, equivalentes a 179.5 pesos.

Además, cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, disponibles hasta septiembre de 2010, muestran que en lo que va del sexenio aumentó el número de personas que recibe menos de dos salarios mínimos en casi 1.5 millones, con lo que actualmente suman 15 millones 798 mil 418.

Pero en la lógica calderonista, el solo aumento del número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos –5 mil 383 pesos– significa que ha mejorado “de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias”.

La cifra es cercana a lo que en la óptica del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sería suficiente para pagar los créditos de una vivienda y un coche, así como mensualidades de colegios privados, según declaró el pasado 22 de febrero y que le valió severas críticas.

Entre quienes perciben sueldos superiores a dicho rango, la mayor parte se concentra entre quienes reciben de tres a cinco salarios mínimos, que son casi 8 millones de personas y representan el 19 por ciento de la población ocupada.

Aunque Calderón Hinojosa aseguró que en la última década –es decir, la de los gobiernos panistas– “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres”, las cifras del censo muestran que el 31 por ciento de la población –13 millones 232 mil 933 personas– sigue recibiendo ingresos menores a los dos salarios mínimos.

En contraste, apenas 9.8 por ciento de las personas ocupadas –4 millones 200 mil 371– gana entre cinco y 10 salarios mínimos, y sólo el 4.2 por ciento –1 millón 791 mil 370– obtiene más de 10 salarios mínimos, equivalentes a 17 mil 550 pesos mensuales.

Entre estos privilegiados se encuentra el propio Calderón Hinojosa, quien mensualmente recibe tan sólo como sueldo el equivalente a 2 mil 478 salarios mínimos, así como los secretarios de Estado, cuyo ingreso mensual es de 2 mil 437 salarios mínimos, sin contar las otras prestaciones que el Estado les garantiza.

Minisalario, “ventaja competitiva” del país

Los salarios pagados en México son los más bajos respecto de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son menores a los que tienen otras economías latinoamericanas, como las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.

De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2010/2011, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en el país es inferior al que se paga en China, Portugal y Turquía, y está apenas por encima de lo que recibe un trabajador en India.

El maestro Alejandro López Bolaños, quien recopila estos datos en el texto “Los salarios en México y en los países de la OCDE”, publicado en el boletín Momento Económico, menciona que, de 2006 a 2009, el salario mínimo mensual real registró una tasa de variación promedio de -1.4 por ciento y que para 2010 apenas alcanzó un crecimiento de 0.1 por ciento.

A diferencia de países como Brasil, que aumentó su salario mínimo 60 por ciento para fomentar el consumo de la población, en México se mantienen salarios bajos como una forma de atraer capitales extranjeros, explica López Bolaños, colaborador del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador refiere que los empresarios e inversionistas ven los salarios como un costo de producción, por lo que buscan reducirlo para obtener mayores ganancias. El gobierno, diligente, salvaguarda esta práctica con una política salarial que niega incrementos reales por encima de la inflación.

La doctora Graciela Bensusán Areous, especialista en temas laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que, con este enfoque, los salarios se mantienen “artificialmente bajos”.

De este modo, aun cuando la productividad de algunos sectores ha crecido, se busca que los salarios sean estrechos para ofrecerlos a la inversión foránea “como principal ventaja competitiva” del país.

Los especialistas coinciden en que, para que haya un crecimiento real de la economía, debe fortalecerse el mercado interno, lo cual requiere de una mejora de los salarios de los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra.

Bensusán Areous considera que, simultáneo al problema de los bajos salarios, existe una “polarización salarial”, pues se concentran altos salarios entre muy pocas personas, mientras que la mayoría de los mexicanos recibe “miserias” por su trabajo.

Esto se ha acompañado de un proceso acelerado de concentración de la riqueza, como documenta el CAM.

Así, en una década de gobiernos panistas la fortuna de 24 mil 900 millones de dólares que poseían 13 personas se convirtió en un caudal de 125 mil 100 millones de dólares en manos de 11 sujetos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo.

Se trata de un crecimiento de la riqueza de 402 por ciento en apenas 10 años, en tanto que el salario mínimo nominal ha crecido 57.84 por ciento en el mismo lapso, equivalente sólo a 22 pesos.

López Bolaños advierte que los bajos salarios implican también un riesgo social, pues las personas a las que no les alcanza con lo que ganan ya no sólo se emplean en el sector informal, sino que están insertándose en actividades ligadas al crimen organizado. El investigador concluye: “No tiene ninguna parte ética tener esos salarios tan bajos”.

Conasami fija salarios insuficientes
A partir del 1 de enero de 1987, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia encargada de fijar y modificar los montos salariales mínimos en todo el país. En su última actualización, la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó un aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo para este año, equivalente a 2 pesos.

Desde 1931 y hasta entonces, los salarios eran establecidos por comisiones municipales o regionales. La modificación a la ley que facultó a la Conasami establecer los salarios mínimos también fijó tres áreas geográficas para tasarlos:

El área A, que comprende el Distrito Federal y la zona metropolitana, Baja California y Baja California Sur, así como 11 municipios de Tamaulipas, nueve de Sonora, nueve de Veracruz, tres de Chihuahua y el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero. El salario mínimo general vigente en esta área es de 59. 82 pesos, el más alto de las tres.

El área B está formada por 28 municipios de Sonora, 11 de Tamaulipas, siete de Nuevo León, seis de Jalisco y tres de Veracruz, donde el salario mínimo general es de 58.13 pesos.

El área C la integran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El salario mínimo general para ellos es de 56.7 pesos.

Además de los salarios mínimos generales, la Conasami también tiene establecidos salarios mínimos profesionales para 72 profesiones, oficios o trabajos especiales.

Aunque éstos son superiores a los salarios generales, ninguno de ellos rebasa los dos salarios mínimos a excepción del de reportero o foto reportero de prensa diaria, establecido en 174.5 pesos en promedio, es decir, 5 mil 235 pesos mensuales.

Trabajos como maestro de primaria particular, auxiliar de enfermería o secretario auxiliar, al igual que oficios como repostero, manicurista, joyero o empleado en tiendas de autoservicio perciben menos de ese monto, de acuerdo con los datos de la Conasami.

Eso significa que, incluso, estos salarios son insuficientes para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, para la cual se necesitarían 2.86 salarios mínimos generales.
México SA
Burocracia e impuestos
Austeridad decreciente
Por prestaciones, un billón

Carlos Fernández-Vega
En este México lindo y querido en el que prácticamente no crece nada, salvo las fortunas de los barones Forbes y el número de discursos oficiales, a lo largo del primer trimestre de 2011 de los bolsillos de los contribuyentes salieron poco más de 666 millones de pesos cada 24 horas para pagar las prestaciones del sector central de la burocracia, mejor conocida como servidores públicos (¿o es al revés?), para totalizar en el periodo alrededor de 60 mil millones por tal concepto, un nuevo récord en estos menesteres.
Con el dato anterior, firmado por la Secretaría de Hacienda, y lo que falta, los mexicanos deberán preparar tremenda fiesta, porque al cierre de 2011 el calderonato habrá rebasado el billón de pesos por pago de dichas prestaciones (aparte salarios, sueldos, viáticos, guaruras, móviles, casas chicas, y conexos), sin que a la fecha, por los resultados reportados, se justifique un solo centavo de esa voluminosa cantidad de dinero. Por cierto, en dicha cantidad no se incluyen las prestaciones pagadas en organismos como el Banco de México, el Inegi, el IFE, etcétera, etcétera, ni en los poderes Legislativo y Judicial, y mucho menos en los estados y municipios de la República, de tal suerte que la cifra es mucho más abultada.
Pero bueno. Alrededor de 60 mil millones de pesos se embolsaron los angelitos de la dorada burocracia sólo en un trimestre del sexenio de la austeridad (uno de los tantos chistes de Calderón). Con el dato en la mano (y es el oficial), cómo olvidar aquel compromiso del inquilino de Los Pinos hecho público el 3 de diciembre de 2006, tres días después de entrar por la puerta trasera: durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón, y la ciudadanía lo ha hecho. Hoy el gobierno tendrá que ser el primero en aportar este esfuerzo; la sociedad reclama de todos los servidores públicos una mayor conciencia sobre el uso de los recursos que son de los mexicanos. Cincuenta y tres meses después, todo apunta a que al final del presente año rebasará el billón de pesos sólo en prestaciones para la burocracia, y todavía le falta 2012.
Millones de mexicanos presentaron su declaración fiscal anual, porque de otra suerte el SAT se pone más grosero de lo normal. De sus bolsillos se pagan caprichos (viaje al mundial de Sudáfrica) y beaterías (viaje al Vaticano), por citar sólo dos gracias, en una república laica. Por ello, a los amenazados pagadores de impuestos les dará muchísimo gusto saber que cada día pagan más para que la burocracia divina viva mejor. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009, el año del catarrito, para cubrir las referidas prestaciones el gobierno federal con dinero de los mexicanos se erogaron alrededor de 45 mil millones de pesos; en igual lapso de 2010, el monto se aproximó a 50 mil millones, y de enero a marzo de 2011 superó los 60 mil millones. Y aún faltan por cubrir nueve trimestres hasta el cambio de gobierno, si es que algo cambia.
Un billón de pesos en prestaciones a los servidores públicos equivale prácticamente a un Fobaproa (falta por sumar 2012), el mecanismo de rescate bancario (como sutilmente le llamaron los tecnócratas de Hacienda) que fue un atraco a la nación. Pues bien, ese monto es el que se habrá gastado en cinco años de gobierno calderonista (insisto: aparte salarios, sueldos, viáticos, guaruras, móviles, casas chicas, y conexos), es decir, otro atraco a la nación. Para dar una idea, sólo en 2011 el pago de prestaciones de la burocracia dorada será mayor (alrededor de 270 mil millones de pesos) al presupuesto aprobado para la Secretaría de Educación Pública (220 mil millones), o si se prefiere 3.4 veces superior al asignado a la Secretaría de Desarrollo Social.
Vale recordar lo que aquí se ha comentado: el candado de austeridad anunciado por Calderón en diciembre de 2006, aparentemente funcionó en 2007 y en el primer trimestre de 2008, pero a partir del segundo trimestre de ese mismo año, con los tambores de la crisis comenzando a retumbar, el gasto por prestaciones a servidores públicos se disparó, aunque el relativo a salarios de altos funcionarios se mantuvo dentro de los lineamientos del decreto. En el primer año de estadía en la residencia oficial, los servidores públicos que allí laboraban obtuvieron prestaciones por un total ligeramente superior a 11 millones de pesos, con una erogación promedio por día de 30 mil 392.28 pesos; en 2009, el año del catarrito y del desplome económico, las erogaciones por tales prestaciones para los mismos servidores públicos sumaron 457 millones 603 mil 190.8 pesos, con un promedio diario de un millón 253 mil 707.37 pesos, un incremento de 41.25 tantos entre una y otra fecha. Ya para 2010 el austero gasto por prestaciones a servidores públicos en la Presidencia de la República acumuló 470 millones de pesos.
En el último trimestre de 2010 las prestaciones de la burocracia central le costaron a los mexicanos la cifra récord (para un periodo igual) de 88 mil 700 millones de pesos (incluye la parte proporcional de aguinaldos), 20 por ciento de incremento con respecto a octubre-diciembre de 2009. El primer trimestre de 2011 también impone récord: más de 60 mil millones de pesos, contra cerca de 50 mil millones en enero-marzo de 2010. Es de esperar que lo mismo suceda con los trimestres por venir.
Así que, mexicanos pagadores, preparen las reservas monetarias del caso, porque la voracidad de la burocracia dorada es infinita, sin olvidar la de la clase política en conjunto. ¿Cómo hacer para enfrentar este creciente gasto por prestaciones? Fácil. No se compliquen la vida, porque la solución la aportó, en plena crisis, el entonces secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero (hoy en Hacienda y con ganas, sólo eso, de habitar en Los Pinos): brínquense una comida al día, y dos, si es necesario.

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