Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 9 de mayo de 2011

MEXICANOS DE BIEN


Mexicanos de bien

Bernardo Bátiz V.

El 5 de mayo, en un encendido discurso, como son sus alocuciones recientes, Felipe Calderón dijo que hay quienes quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia, para dar paso a las gavillas de criminales; dijo también, al llamar a la unidad, que los mexicanos de bien estamos en el mismo bando.

Que no me cuente de ningún modo en su bando; quien llegó a la Presidencia mediante un proceso amañado y con apoyos ilegales, quien se negó a contar los votos como se lo pedía el pueblo de México; no puede decirnos a los mexicanos que nos sumemos a su bando; no puede tampoco pedirles a quienes se han manifestado en estos días por la paz y por la justicia, al poeta cristiano Javier Sicilia y a otros muchos que protestan contra la violencia y la sangre derramada, que se cuenten en su bando; ellos y nosotros no somos delincuentes, pero tampoco podemos estar del lado del clima de terror impuesto, del atropello cotidiano a garantías individuales y de la guerra sin sentido; no queremos cambiar seguridad por libertad.

El martes 3 de mayo, en la avenida Constituyentes de la ciudad de Monterrey fui testigo de cómo un par de pelotones de soldados que viajaban en tres vehículos artillados, detenían y ponían con las manos contra la pared, mientras con insolencia y total falta de respeto, revisaban cuerpo y ropas a un joven solitario, que transitaba a pie, tranquilamente en plena mañana y sin agredir ni molestar a nadie. No iba, ciertamente, armado, ni en una gran camioneta de vidrios polarizados ni en algún otro vehículo blindado.

Ese mismo día, leí en El Porvenir, entre otras informaciones truculentas, dos preocupantes; la primera explica cómo elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) mataron a dos supuestos o reales sicarios.

La nota del colega regiomontano dice que en las calles de Afganistán (nombre peligroso) y Cartagena, los del GRI se percataron de diversos vehículos sospechosos, que huyeron ante su presencia; que pudieron solamente interceptar un Jetta gris, donde al parecer viajaban cuatro hombres, unidad que pararon luego de impactarla varias veces para que se detuviera, hasta que finalmente se estrelló contra la barda de una casa por la calle de las Américas, registrándose un tiroteo”. En el auto murió un desconocido y en la banqueta otro. ¿Esas personas calificadas como sicarios no eran mexicanos de bien y, por tanto, podían ser asesinadas, así no más y en plena calle?

La otra nota se refiere a un joven, una foto nos lo muestra sin camisa y rostro moreno, quien fue arrestado, por haber sido visto en forma sospechosa por efectivos de la policía.

¿De que se trata?, ¿las fuerzas armadas tienen orden de impactar los vehículos que les parecen sospechosos? ¿Quién nos asegura, si no hay más información que la de quienes abren fuego, que los ocupantes del Jetta eran sicarios o sólo ciudadanos aterrados? ¿Se puede detener a alguien por parecerle sospechoso a un policía?

La verdad es que nadie pide, como interpreta Calderón, airado y desesperado, que nos rindamos ante los delincuentes; lo que las marchas iniciadas el 5 de mayo están exigiendo es que se cambie la absurda estrategia de militarizar al país y de crear un estado de sitio no declarado, en el que las instituciones que el mismo Calderón dice defender se borran y diluyen ante los crudos hechos violentos en los que están presentes soldados, marinos y policías, juguetes ellos mismos de una estrategia errática y mal pensada.

Hechos como los relatados suceden en Monterrey, donde a dos estudiantes del Tecnológico, víctimas colaterales de la violencia, se les colocaron, ya muertos, armas en las manos para justificar el error de quienes los abatieron y donde un joven médico fue asesinado al ser confundido con un malo.

No está bien clasificar a mexicanos de bien y a mexicanos malos o perversos, o los malitos, como se les dice de manera coloquial en el norte del país; lo que se ha dicho a este gobierno y al anterior es qué se debe hacer para combatir la delincuencia y la violencia desatada: combatir las causas que la provocan y no sólo perseguir los efectos dolorosos a la vista.

La exigencia de las marchas convocadas por Javier Sicilia coincide con una política diferente de enfrentar a la delincuencia; en vez de más armas, más soldados y más cárceles, ampliar el empleo, de abrir escuelas, de proporcionar salud y seguridad social y principalmente, abatir la desigualdad y la discriminación que van en crecimiento. Pareciera que Calderón, al referirse a los mexicanos de bien, piensa en los suyos, los privilegiados de la fortuna, y pretende excluir a todos los mexicanos que no coinciden con sus puntos de vista autoritarios y con sus compromisos con el neoliberalismo.

jusbbv@hotmail.com



Cambio de estrategia, clamor ciudadano



Las movilizaciones que se realizaron ayer en decenas de urbes mexicanas y extranjeras en el contexto de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad fueron estrictamente ciudadanas, y tuvieron como denominador común un carácter inequivocamente crítico de la estrategia impuesta por la actual administración, desde sus inicios, en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada. El mensaje enviado por un vasto, diverso y plural segmento de la sociedad es que tal estrategia no sólo ha fracasado en sus proclamados objetivos de contrarrestar la criminalidad y consolidar el estado de derecho, sino que se ha traducido en un quebranto mayor de la legalidad, en niveles sin precedente de inseguridad y en un baño de sangre absurdo y dolorosísimo en el que han perecido cerca de 40 mil mexicanos de todas las edades, clases sociales y niveles socioeconómicos.



Por otra parte, debe destacarse el fracaso de los intentos gubernamentales y de los medios afines al régimen de desvirtuar las demostraciones ciudadanas de ayer, ya fuera para presentarlas como producto de una manipulación partidista o facciosa, ya para usarlas como expresión de un supuesto respaldo popular a los ensayos autoritarios y a las políticas de mano dura como las estipuladas en las modificaciones propuestas –y suspendidas, por ahora– a la Ley de Seguridad Nacional; al afán por diluir las responsabilidades gubernamentales y hacer a la ciudadanía corresponsable de su propia seguridad, o para insistir en el endurecimiento de penas contra los delincuentes. Por el contrario, en su enorme mayoría, los grupos e individuos que se manifestaron expresaron en forma contundente y clara su convicción de que el componente principal de la pavorosa ola de violencia que sufre el país es consecuencia de malas decisiones gubernamentales, de una concepción unilateral, miope y meramente represiva de los fenómenos delictivos, de la prevalencia de una impunidad atroz e indignante, y de una clara falta de voluntad para enfrentar a la delincuencia en los términos legales pertinentes y sin militarizar al país.



Más allá de los alcances del plan propuesto en la concentración con la que culminó la marcha emprendida por Javier Sicilia y por centenares de personas el pasado jueves, en Cuernavaca, la demanda inmediata de la movilización fue el cese de Genaro García Luna –considerado el principal impulsor de la fallida estrategia en curso– de la Secretaría de Seguridad Pública federal, como un mensaje, propuso el propio Sicilia, de que el gobierno federal es capaz de escuchar a la ciudadanía. Por vía de la Secretaría de Gobernación, la administración calderonista dio prueba, en cambio, de su doble discurso habitual: tras manifestar su respeto por las movilizaciones masivas, reiteró que la estrategia vigente no será modificada en ningún sentido.



En suma, la trascendencia de las marchas de ayer no reside sólo en que fue una movilización absolutamente ciudadana, organizada en forma espontánea con el concurso del tejido social tradicional y de las redes sociales digitales, sino también en que expresó, de manera inequívoca y contundente, el rechazo que suscitan los conceptos y las acciones del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia, así como el hartazgo popular ante una guerra declarada a contrapelo del sentir nacional, que ha costado demasiadas vidas y que no ha tenido ninguna efectividad perceptible. Si el gobierno se empecina en no escuchar la exasperación masiva, llevará al país y a las instituciones a nuevas simas de destrucción, descomposición y tragedia. La exigencia de cambio de estrategia debe ser escuchada y atendida.



La sociedad contra las mafias

Víctor Flores Olea

El país vive la emoción que ha desencadenado la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad a que convocó el poeta Javier Sicilia. Es verdad: México entero coincide en que no es posible soportar más la atmósfera de crimen, corrupción, incapacidad e irresponsabilidad oficial que vivimos, maniatados y como esperando siempre a que se combinen las malas fortunas para hacernos pagar lo impensable.

Pero resulta casi cómico, si no fuera trágico, que a este sentimiento masivamente expresado, a esta demanda multitudinaria que rebota de pantalla en pantalla y de altavoz en altavoz, sólo se responde con sordera y necio empecinamiento, que llevan al Presidente y a sus subordinados a repetir incansablemente que no se corregirá la ruta (no hay más ruta que la nuestra). Mostrándose otra vez que en nuestra historia reciente resulta habitual que los dirigentes no vean ni escuchen las exigencias de la sociedad, y confirmándose que el pueblo tiene la mirada, el corazón y la capacidad de análisis más abiertos y certeros, más inteligentes, que los titulares de los poderes de la Unión, en sus distintos ramos y niveles. Demostrándose una vez más que la sociedad está muy por arriba del Estado.

Con plena razón sostuvieron hace unos días Diego Valadés y Jorge Carpizo que Felipe Calderón debe reconocer seria y prudentemente que no funcionó su estrategia de combate al crimen organizado. Esto no significa, como lo han interpretado neciamente Calderón y sus ayudantes, que sus críticos simplemente exijan el regreso del Ejército a sus cuarteles.

No, lo que se dice es que el combate ha de ser múltiple y multidimensional: la contención policiaca y militar, pero el combate con la misma fuerza y decisión al lavado de dinero y a las finanzas de los grupos criminales, contar con información suficiente y actuar eficazmente para acorralarlos, atacar con inteligencia sus ligas internacionales y, desde luego, emprender una gran revolución cultural que se proponga alejar de la drogadicción a la niñez y a la juventud. Y que se proponga dinamizar todos los aspectos de la recuperación anímica y física de quienes han caído en el pozo. Sin hablar de planes consistentes y amplios para crear empleos y escuelas para cambiar la vida de los jóvenes, de esos famosos ninis que son carne de cañón y que se sienten abandonados no sólo de la mano de Dios, sino de la mano de un gobierno y un Estado de verdad responsables.

Pero todo esto, que se ha dicho hasta la saciedad, no ha penetrado un ápice en su mentalidad, empezando por Felipe Calderón, lo que significa el abandono y la desatención de los reales problemas del narcotráfico, y el necio empeño de seguir tratando sólo de manera unilateral y simplista un grave problema que es de suyo complejo y multidimensional.

Tal es el corazón de la crítica al gobierno. El reclamo no se reduce a pedir el regreso del Ejército a los cuarteles, sino la exigencia al gobierno de que trate la cuestión en sus variadas dimensiones, que parecen olvidadas y reducidas sólo a su aspecto militar. Es este reduccionismo sordo a otras opiniones lo que hace tan vulnerable la posición del gobierno de Calderón en su combate al crimen organizado.

Como muestra, otro reciente botón: la peregrina idea de la Secretaría de Gobernación de que los jóvenes debieran enrolarse en una llamada Policía Estatal Acreditable, convirtiendo en estúpida caricatura un problema de gran seriedad.

Otro silencio que se escucha estruendosamente es el de los pretendientes a 2012, mutismo sobre la cuestión más urgente que vive la sociedad mexicana (salvo la alusión de AMLO en la presentación de su Nuevo Proyecto de Nación, en que afirmó que el Ejército debía regresar a sus cuarteles, sin prisa y con gran cautela). Todo indica que sobre éste y otros temas fundamentales la discreción y la secrecía siguen siendo el estilo de nuestra política, es decir, la sustracción de los temas fundamentales a la discusión pública.

Es entonces lamentable que entre los recursos humanos de Felipe Calderón no haya quien pueda centrarse en un enfoque multidimensional del problema, prefiriendo el silencio a causar un disgusto al jefe o a los jefes. Pero en el fondo se cae pronto en la cuenta de que hay aspectos de ese combate, sobre todo contra las finanzas de los mafiosos, de la droga o de cuello blanco (banqueros, financieros, políticos, etcétera), que evitan los oficiales de todo rango y que para nosotros resulta confirmatorio de que la corrupción es generalizada y alcanza también a los sectores de altos vuelos, incluidos los financieros, que en esta maraña delictiva se llevan la tajada del león.

Se ha dicho ya que esta guerra contra el narcotráfico es sobre todo un negocio, negocio de las drogas y del tráfico de armas, lo cual multiplica los intereses de los involucrados y su oposición a que finalicen ambos delitos. Ésta es una de las raíces de la cuestión, y uno de los muros de piedra a que se enfrentan Javier Sicilia y sus seguidores.

Es decir, nos enfrentamos no sólo a la cerrazón de quienes tienen en sus manos esta guerra, sino a los intereses multimillonarios que los hacen tan poderosos. Pero por tales razones un saludo también redoblado a la aventura de Javier Sicilia y de quienes con él se han solidarizado.

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