México
SA
¿Capitalizar? No, privatizar
Los beneficiarios aplauden
Pemex, la banca y los Cap’s
Carlos Fernández-Vega
La más reciente obra teatral del inquilino de Los Pinos (intitulada
obsesión) tuvo su primer acto el 9 de mayo de 2011 en la ciudad de Nueva York,
cuando anunció la venta de acciones de Petróleos Mexicanos, algo, dicho sea de
paso, totalmente ilegal. El segundo acto lo encabezó el propio Felipe Calderón
con el sector empresarial (es de suponer qué tipo de empresarios) el pasado
viernes, cuando el primero reiteró tal venta y los supuestos representantes del
segundo aplaudieron a rabiar la brillante idea del autodenominado Churchill
autóctono, no sin antes proponerle que de plano bursatilice (coloque acciones en
el mercado de valores) a todas las empresas del Estado para aprovechar los
ahorros acumulados en el país, principalmente de pensiones y seguros (que no son
de los empresarios, sino de los trabajadores). Y todos ellos esperan el tercer
acto, en el que el Legislativo tendrá el papel protagónico.
De hecho, uno de los más oscuros cabilderos de los grandes
empresarios que operan en el país, Claudio X. González Laporte, presidente del
Comité de Estrategia del aún más oscuro Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
(la mafia empresarial congregada en ese organismo), dijo que la citada “es una
buena alternativa para hacer eficientes a las paraestatales… se tendrán que
buscar las empresas que requieran ese tipo de apoyo, además de imprimirles
disciplina y rigor de los mercados y la gobernanza que exigen, para que sean
efectivas, eficientes y productivas”.
Acostumbrados a no arriesgar un solo centavo propio, los grandes
empresarios (los clientes predilectos en la venta de garaje que ha significado
la política privatizadora) se aprestan a seguir con sus pingües negocios a
costillas de los ya escasos bienes de la nación que sus gerentes en Los Pinos no
han terminado de desincorporar, como suelen llamar a la descarada privatización.
Así, esperan que el autodenominado gobierno les entregue las paraestatales que
quedan (Pemex y CFE, fundamentalmente) sin invertir un peso en infraestructura,
con un mercado garantizado, con precios y tarifas de ensueño, y por medio del
mercado de valores para que los impuestos los paguen otros. Negocio
dorado.
Felipe el obsesionado no quiere dejar Los Pinos sin antes meter a
Pemex una bala en la nuca. Vicente Fox no pudo hacerlo, por mucho que lo intentó
de la mano del sector bursátil del país (integrado por los mismos que
prácticamente se quedaron con lo mejor de la privatización de empresas del
Estado). En noviembre de 2004, a solicitud expresa de los empresarios de la
Bolsa, el de las ideas cortas y la lengua larga pretendió bursatilizar Pemex y
la CFE por medio de cambios a la Ley del Mercado de Valores, los cuales, entre
otras cosas, legalizaban la emisión de certificados de aportación patrimonial
(Cap´s) hasta por 20 por ciento del valor de ambas paraestatales. El Congreso no
lo autorizó.
Meses después, en febrero de 2005, el entonces director de Pemex,
Luis Ramírez Corzo, propuso que inversionistas privados participaran en la
capitalización de la empresa con una proporción que podría llegar hasta 20 por
ciento del valor total de la paraestatal. Para ello propuso un instrumento de
inversión que denominó títulos con derechos económicos, algo similar a los
certificados de aportación patrimonial propuestos en la fallida nueva Ley de
Mercado de Valores de Fox e idénticos a los utilizados por el gobierno del ex
presidente Miguel de la Madrid para reprivatizar 34 por ciento del capital de la
banca expropiada en septiembre de 1982.
Tales valores, explicó Ramírez Corzo en aquella oportunidad, serían
ofrecidos a través del mercado accionario. Los compradores obtienen como
garantía una parte proporcional al valor del título del capital de la compañía,
y esta opción es una posibilidad de inversión para los mexicanos. No hacerlo es
estar negando una posibilidad para Petróleos Mexicanos de sanear sus finanzas y
para el pueblo mexicano de tener una inversión sana y rentable, según el citado
ex funcionario. Tampoco fue aprobado por el Congreso.
Ahora llega Felipe Calderón y quiere (ilegalmente) vender acciones
de Pemex. De inmediato le aplauden los mismos que en 2004 celebraron las
(fallidas) modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, que en 2005 se
congratularon por la (fallida) propuesta de Ramírez Corzo, y, en fin, los que se
quedaron con la tajada más suculenta de la privatización de las empresas del
Estado en tiempos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto
Zedillo. De nueva cuenta aplauden, porque todavía exigen un filón adicional con
la presunta bursatilización de todas las empresas del Estado (que son
dos).
En efecto, todas las empresas del Estado se limitan a Pemex y la
CFE. Lo demás ya no existe. Sólo esas dos. Resulta suficiente revisar la
relación de entidades paraestatales que la privatización ha dejado vivas: de las
205 reconocidas como tales por la Secretaría de Hacienda, el grueso son
institutos, colegios, hospitales, centros especializados, fideicomisos y
entidades en proceso de desincorporación. No se ve por dónde le pueda interesar
al gran capital, a menos que les resulte atractivo bursatilizar a los Talleres
Gráficos de México, el DIF o el Fondo de Cultura Económica. Quedaría también
ASA, pero sería un pésimo negocio para ellos, pues ya son dueños de todos los
aeropuertos del país.
Entonces, eso de bursatilizar a todas las empresas del Estado no
sólo es un pésimo chiste, sino una descarada mentira: van por Pemex y por lo que
resta de la CFE. Llámese venta de acciones, certificados de aportación
patrimonial, títulos con derechos económicos o como se quiera, el objetivo es
privatizar a esas dos sobrevivientes. Miguel de la Madrid utilizó el mismo
mecanismo para regresar la banca estatizada a manos privadas: comenzó con 34 por
ciento del capital social a principios de 1987, por medio de los citados Cap’s;
a comienzos de octubre de ese mismo año su precio se había incrementado 600 por
ciento, tras una feroz especulación en el mercado de valores. Los poseedores de
tales valores no eran otros que los ex propietarios de la banca expropiada,
quienes utilizaron sus casas de bolsa para tal fin. ¿Y la capitalización de la
banca? Brilló por su ausencia. De ahí a la privatización plena de las
instituciones bancarias sólo transcurrieron tres años, cuando tales ex
propietarios acumulaban 60 por ciento de los Cap’s.
Las rebanadas
del pastel
Y ahora quieren capitalizar a Pemex. ¿En serio?
Columna
semanal del periodista Miguel Badillo
*
Embate del gobierno en Montes Azules
* Calderón garantiza la tierra expropiada *Mueren indígenas por falta de medicinas
* Calderón garantiza la tierra expropiada *Mueren indígenas por falta de medicinas
En el
corazón de los territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
el gobierno de Felipe Calderón intenta perpetrar un golpe más contra los pueblos
indígenas y su autonomía bajo la bandera de la protección ambiental de regiones
estratégicas para el país.
En otra de
las “batallas” de Felipe Calderón – tal vez menos pública e intencionalmente
menos mediática –, su gobierno busca debilitar a las comunidades autónomas en la
región de Ocosingo y eliminar obstáculos a la propiedad en una zona considerada
clave para liberar, entre otros, los proyectos de captura de carbono,
comprometidos por México ante el gobierno de Estados Unidos, específicamente con
California.
Pero más
allá del mercado de bonos de carbono y de la pretendida reforestación de
bosques, subyace el interés por garantizar el acceso irrestricto a una de las
zonas más ricas del mundo en biodiversidad y recursos naturales.
El
problema es que Calderón pretende hacerlo sin que medie un debate nacional, por
conducto del Poder Legislativo y de la sociedad civil, que decida cómo
aprovechar estos recursos: más de 22 mil especies de plantas y micro organismos
con los que cuenta el país y que el gobierno de Barack Obama considerada
estratégicos para un futuro sustentable.
Se trata,
además, de uno de los compromisos y acuerdos firmados por Calderón en Cancún
durante la celebración en noviembre pasado de la Cumbre del Cambio Climático,
COP 16. De esta forma, Calderón, otra vez, empeñó la palabra de México sin
consultar antes a los afectados. A cambio, recibió en Nueva York, a principios
de este mes, el premio “Campeones de la Tierra”, que otorga anualmente el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Sin
embargo, los escenarios para Calderón en el terreno de sus promesas ambientales
en el exterior también se están complicando por la resistencia de las
comunidades indígenas en Ocosingo.
Así, fue
el 8 de mayo de 2007, antes de cumplir su primer año al frente del Poder
Ejecutivo, cuando Calderón publicó el decreto que expropiaría en pleno municipio
de Ocosingo y “por causa de utilidad pública” una superficie superior a las 14
mil hectáreas.
Dicha
extensión en la zona lacandona se destinarían, según el decreto de Calderón, “a
la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales
tendiente a la preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable”.
Expandir,
en otras palabras, el área natural protegida de Montes Azules, pero con una
explotación explícita al quedar bajo la tutela del gobierno que lo considera de
“utilidad pública” pero que, a juicio de Calderón, no amerita una discusión
seria sobre la urgencia de declararlos constitucionalmente “Bienes Estratégicos
para la Nación”, como sucedió con el petróleo y la minería. Hoy, de hecho, la
biodiversidad es para muchos países mucho más estratégica que los recursos
fósiles.
El
documento con el que Calderón pretende obtener el control de esta superficie
asegura que dicha extensión territorial es simplemente un claro patrimonio
natural de utilidad pública porque “representa una de las áreas de mayor presión
sobre los recursos naturales existentes y que comparte con la reserva de la
Biósfera Montes Azules, además de que la alta diversidad biológica con que
cuenta la región, significa un acervo genético único en México, con una densidad
poblacional de especies característica en sólo el 0.4 por ciento del territorio
del país, donde se encuentra el 27 por ciento de los mamíferos, el 30 por ciento
de las aves, el 40 por ciento de las mariposas diurnas y del 15 al 20 por ciento
de las plantas vasculares de México. Asimismo, es considerado el sitio más
diverso del país y protege un número considerable de especies animales, algunas
de ellas consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción”.
Sin
embargo, un documento de rendición de cuentas de la Secretaría de la Reforma
Agraria, en el que no se hace referencia a la importancia ambiental de esa
región sino al conflicto social, establece el verdadero objetivo de la
intervención del gobierno federal en la zona – que se ubica entre los asuntos
más relevantes del sector agrario nacional –, que es el financiamiento de la
adquisición o indemnización de tierra para resolver conflictos involucrados en
la atención del “foco rojo”: comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biósfera
Montes Azules.
Desaparecen
los médicos y las vacunas
Casualmente
se trata de la región en la que Calderón busca expropiar 14 mil hectáreas por
causas supuestamente ambientales, lo que involucra la reubicación de las
comunidades asentadas en la zona: unos 450 habitantes. Calderón también ha
enviado el Ejército a esta zona, en donde las organizaciones indígenas han
ubicado ya a militares que han sido sancionados por estar involucrados con el
narcotráfico y que, en una especie de castigo, fueron enviados a la región
considerada – parafraseando a Calderón – de utilidad pública y patrimonio
natural de México y el mundo.
No sólo
eso, entre los lacandones una especie de fuerza de Seguridad Pública Municipal
comienza a hacerse presente en silencio, pero fortaleciendo la hipótesis de la
contrainsurgencia a su cargo en la región.
En su
intento por concretar la expropiación, en 2007 el gobierno federal había
destinado poco más de 58 millones de pesos para el pago de esa tierra al
establecer un precio de sólo 4 mil 126 pesos por hectárea en la zona que se
considera una de las principales reservas ambientales de México y el mundo.
Paradójico que el precio sea menor al que se ofreció por los terrenos del
aeropuerto o los de la nueva refinería de Pemex.
El
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a cargo
de José Luis López Díaz Barriga, fue el encargado de determinar el monto que se
pagaría a los “dueños” de la tierra que no se identifican en el decreto
expropiatorio. No resulta extraño, por lo tanto, que los avalúos en esta zona de
conflicto social ya formen parte de los juicios que debió resolver la SRA
durante los últimos diez años.
Entre 2000
y 2006, la SRA reconoce 262 juicios ordinarios civiles en los que los
propietarios de predios en la zona de conflicto de Chiapas reclamaban el pago de
entre 10 mil y 15 mil pesos por hectárea. Fueron más de 41 mil hectáreas las que
formaron parte de estos juicios mientras que los propietarios de 14 mil,
correspondientes a 179 predios, no interpusieron juicios. Éstos lotes podrían
ser los que busca expropiar Calderón y que cerrarían la llamada Brecha
Lacandona.
Sin
embargo, el Fideicomiso de Apoyo a los Propietarios Rurales en Chiapas (Fiapar)
que se utilizó para comprar ejidos expropiados hasta 2007 se encuentra en
proceso de extinción, según información de la Secretaría de Hacienda. En el caso
de los predios de Ocosingo, el decreto instruyó a la SRA a que el pago
autorizado se realizara a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento
Ejidal.
Para
justificar la compra a cargo del gobierno federal, el decreto de Calderón cita
las expropiaciones de ejidos a favor de la comunidad lacandona, hechas durante
el gobierno de Vicente Fox y que forman parte de las expropiaciones que, desde
la década de los setenta, buscan reducir la inconformidad social. Sin embargo,
el decreto nunca señala la ubicación exacta del territorio objeto de la
expropiación, lo que encendió las señales de alerta entre los grupos autónomos
de Ocosingo respecto a la seguridad de sus territorios.
El titular
de la SRA, Juan Rafael Elvira Quesada – quien también firmó el decreto
expropiatorio – aseguró en 2007, sin mencionar a los pueblos autónomos, que la
expropiación se presentaba luego de la solicitud de la comunidad de la zona
lacandona (sin precisar quiénes) que “al no poder administrar y cuidar los
recursos naturales del lugar, en el seno de sus asambleas acordaron solicitar al
gobierno federal que se haga cargo de ellos”.
El tono
contrainsurgente de la estrategia difícilmente se pudo ocultar. Aún más, el
gobierno panista extendió muy cerca de los territorios zapatistas su estrategia
política que involucra el uso de los recursos para ofrecer servicios de salud a
cambio de votos. Amador Hernández fue la zona que organizaciones civiles
ubicaron como el objeto de la expropiación.
Fue así
como el 25 de mayo de 2007, apenas unas semanas después de que Calderón, Agustín
Carstens – entonces titular de la SHCP – y Elvira Quesada firmaron el decreto
expropiatorio de las 14 mil hectáreas de la región de Amador Hernández, el
titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, junto con
representantes de la Organización Mundial de la Salud, anunciaron con bombo y
platillo que, precisamente, en esa localidad de Ocosingo se daba inicio a las
llamadas Caravanas Aéreas de Salud.
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ver…
Organización
Política Nacional
PREVIO
AL Congreso Constitutivo DE AGOSTO
21
y 22 de mayo de 2011
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Marcha del EZLN por
la Paz
Arranca
Alejandro Encinas campaña
Evoca al primer
presidente municipal de Izquierda en el Estado de México.
Ugarteche:
plan de rescate de Portugal agravará la deuda
El
economista mexicano, Oscar Ugarteche, dijo que los programas de rescate del
bloque europeo están vinculados a una bajada del salario real, a un incremento
de los impuestos y a un estancamiento del PIB, lo que dificulta la recuperación
de la economía a mediano plazo y agrava la deuda. Telesur
Maestros
mexicanos conmemoran su día con marcha
Los
maestros mexicanos conmemoraron su día con una protesta en la capital del país,
donde defendieron la educación laica y pública y exigieron la no intromisión del
Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación, encabezado por Elba Esther
Gordillo. Telesur
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