MUERTES ABSURDAS Y PEÑA NIETO, EL SEÑOR DE LOS CERRITOS

Muertes absurdas
Arturo Rodríguez García

La explosión en uno de los pozos de carbón en Sabinas, Coahuila, en la que fallecieron 14 mineros, activó el memorial de agravios que en los últimos años ha movido a los familiares de los trabajadores y activistas sociales a exigir justicia. Además del desdén de los dueños de los fundos que nada hacen por mejorar las condiciones laborales de sus empresas, las viudas, madres y parientes de los mineros tienen que soportar el del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien lejos de resolver el problema prefiere regañar a funcionarios, pero sobre todo lucirse ante la prensa.

SABINAS, COAH.- El martes 3 por la mañana, la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (Binsa) reinició operaciones, luego del asueto laboral del Día Internacional del Trabajo que se corrió para el lunes 2.

Como lo venían haciendo desde el mes pasado, las pick up peinaron los viejos pueblos mineros de la región hasta completar las dos cuadrillas de siete trabajadores cada una y se enfilaron hacia la mina. Luego de cruzar el deteriorado caserío de la periferia de la ciudad, ingresaron a la brecha. Dejaron a su paso varios pocitos, las tétricas minas rudimentarias que abastecen de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años, subió al andamio que corona el tiro vertical del pocito. Enganchó el cable al tambo de descenso mientras su padre instaló el malacate para que el resto de los trabajadores se internaran y se distribuyeran en dos de los tres túneles del pozo.

Eran Juan Alberto Sifuentes Ávila, Eleazar López, Francisco Reyes García, Rogelio Robledo, los hermanos Hugo Santos y Néstor Manuel Carmona Martínez, Julio César Reséndiz Domínguez, Santos Vallejo Ríos, Hermilo Pérez Vallejo, Julio César Sifuentes Vázquez, Juan Carlos Escobedo Chávez, Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos y Rosario Valero.

Llevaban días quejándose de dolores de cabeza por el olor a gas y por la falta de oxígeno; algunos incluso se desmayaron. El martes 2 la mina explotó. Eran las ocho de la mañana.

El niño ganchero y su padre malacatero se salvaron, aunque el menor perdió ambos brazos debido a la explosión. Los demás pasaron a engrosar la estadística de muertes ocurridas en los últimos cinco años por la inseguridad de las minas, que hoy se eleva a 125.

Pasaron 45 minutos para que la empresa diera la alarma. Al lugar llegaron los familiares de los mineros. Fueron ellos los que dieron la filiación de los accidentados. La empresa no tenía lista ni bitácoras de trabajo.

Para el mediodía, el presidente Felipe Calderón declaró que estaba orando y velando para que los trabajadores fueran rescatados con vida; el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, incluso se desplazó ese mismo día a la entidad para encabezar el rescate.

Protagonismo y negligencia

La muerte de 14 trabajadores era previsible. Desde cinco años atrás, las familias de mineros muertos, así como activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han condenado al Estado mexicano por las condiciones de inseguridad en las minas de carbón de Coahuila.

Pese a ello, en esta ocasión el secretario Lozano se hizo el sorprendido. Sin separarse de su Ipad y de su fotógrafo. Hasta el viernes 6, el funcionario había enviado más de 100 mensajes a través de su Twitter acerca del accidente en la mina.

–¿Qué es eso? –preguntó Lozano apuntando hacia un “equipo autónomo”, la tarde del martes 3.

–Es un equipo de autosalvamento –le respondieron los inspectores de la STPS

–¿Y para qué sirve?

–Para respirar.

Lozano fotografió el artefacto y lo envió por su cuenta de Twitter.

Además, a lo largo de la semana, declaró a los medios sobre la negligencia de los propietarios de los pocitos: que Fernando Lara tiene 15 años y no estaba afiliado al Seguro Social, situación generalizada entre los mineros de la zona; que registran a trabajadores con menos de su salario; que los pocitos son inseguros.

También presumió que estaba trabajando en el rescate. Para comprobarlo, incluso posó con los rescatistas. Notable fue el contraste de su pulcritud con la negra miseria de la mina carbonífera.

Y luego de que, ese martes 3, investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y el senador panista Ricardo García Cervantes le recordaron que hace un año le propusieron cerrar los pocitos de carbón para evitar accidentes, Lozano aseguró que ahora sí actuará en ese sentido.

Instalado en un camper, lejos de las familias que se amontonaban bajo un toldo, Lozano se esforzaba por atender los reclamos y no cesaba de enviar mensajes a medios nacionales a través de su Twitter. Y cuando los deudos les exigieron datos concretos sobre uno de los cuerpos, prometió dar informes cada hora, pero no cumplió.

Los olvidos del secretario

Desde el 19 de marzo de 2009, el titular de la STPS conocía el resolutivo GB 304/14/8 de la OIT, en el que se responsabiliza a la secretaría del accidente de la mina de Pasta de Conchos ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el que murieron 65 trabajadores.

Lejos de atender las observaciones que lo reprobaron en 25 de 27 reclamaciones, la mayoría sobre seguridad en minas, Lozano dijo el 20 de marzo de 2009 que el caso de la OIT estaba cerrado a su favor.

No obstante, el 18 de febrero último, la víspera del quinto aniversario del accidente en Pasta de Conchos, la OIT llamó a cuentas al Estado mexicano luego de analizar los casos de otras minas de carbón y documentar el trabajo infantil y las operaciones clandestinas. Hasta el viernes 6, el gobierno calderonista aún no respondía.

Uno de esos casos al que alude la OIT es el del pozo Vertical 4. En un siniestro ocurrido en 2009 murió Jesús Castillo Ayala, mientras que Francisco Castillo Zamora, un menor de edad, resultó lesionado. En el IMSS se negaron a atenderlo pues su patrón nunca lo dio de alta. Hoy, Francisco apenas puede caminar. Tiene la columna vertebral y los hombros desviados; también perdió la audición del lado derecho.

Un informe de la STPS, cuya copia tiene Proceso, menciona que en 2009 se inspeccionaron 28 minas de las casi 600 que existen en la zona. El pozo Ferber, en el que murió Juan Ramón Juárez el 11 de septiembre de ese año, tenía dos semanas clausurado, pero seguía operando.

Y aun cuando la CNDH emitió la recomendación 85/2010, la STPS la rechazó el 21 de enero de 2010. El dueño del pozo, Fernando Barrera, nunca fue sancionado.

El lunes 2, antes del siniestro, el Cereal se pronunció contra la designación de Alejandro Romero Gudiño como titular de Evaluación y Control, el órgano que supervisará a la Auditoría Superior de la Federación en el recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Su argumento: en 2007, cuando era director de inspecciones en la STPS, facilitó el carpetazo al caso de Pasta de Conchos y poco hizo para atender los accidentes mineros derivados de la falta de inspección.

Para Cristina Auerbach, investigadora del Cereal, Lozano Alarcón intenta apropiarse del discurso de los activistas y de las familias mineras que llevan cinco años exigiendo justicia.

Pero su discurso es inconsistente, pues el funcionario es incapaz de contener sus agresiones verbales contra la viuda Elvira Martínez, cuyo esposo yace en Pasta de Conchos, o contra los otros deudos que lo acusan de lucrar políticamente en nombre de los mineros muertos.

Además, intentó responsabilizar del accidente a la Secretaría de Economía porque, dijo, es la que otorga las concesiones mineras. Bruno Ferrari, el titular de la dependencia, tuvo que aclarar que si bien ese dato es correcto, los problemas laborales son competencia exclusiva de la secretaría que encabeza Lozano.

El jueves 5, el titular de la STPS enfocó sus críticas hacia el gobierno de Coahuila porque, dijo, a través de la paraestatal denominada Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), funge como intermediario entre los pozos y la CFE. Incluso planteó cerrar todos los pozos porque, arguyó, son inseguros.

Pero el gobernador Jorge Torres López le recordó a Lozano que la seguridad en las minas compete a la STPS y que éstas deben ser cerradas sólo si incumplen con la ley, “no por capricho del secretario”.

“El que habla soy yo”

El jueves 5 la movilización fue espectacular. Elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México se apostaron en la entrada de la brecha que conduce a Binsa, al tiempo que policías federales marcaron un perímetro mientras los militares se desplegaron entre el huizachal. De repente, en la trasera del fundo minero apareció un helicóptero que descendió levantando una polvareda.

Nadie sabía de quién se trataba. Hasta que se disipó el remolino supieron que se trataba de Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. La funcionaria estuvo ahí poco más de dos horas.

Su llegada coincidió con la de los mineros chilenos. Lozano intentó regañar a la funcionaria ante medios por haber dicho que ellos se pondrían al frente del operativo de rescate y, le dijo, por andar merodeando con peritos en la zona. Incluso les pidió retirarse del lugar y argumentó que las declaraciones de la subprocuradora eran inexplicables.

A su vez, los deudos de los mineros se quejaron porque en algunos casos, en particular el de la mina Pasta de Conchos, la PGR tiene congelada una averiguación, pese a los recursos promovidos por el político y litigante Jesús González Schmal y por la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).

González Schmal dice que es un “espectáculo falaz” y “una canallada” que la PGR y la STPS prometan la justicia que jamás han dado, incluso asegura que el proteccionismo a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, dueño de la mina Pasta de Conchos, les impide aplicar la justicia.

Cerca de 50 procesos jurídicos abiertos en distintas materias por ese caso están sobreseídos o congelados, en tanto persiste un incumplimiento de obligaciones internacionales, como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dio entrada a una petición de juicio contra el Estado mexicano que hasta hoy no ha sido cumplida por la PGR, responsable de atenderla, señala González Schmal.

Además, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, recomendó en octubre pasado, sin éxito, que se reabriera la averiguación relativa al caso Pasta de Conchos.

Auerbach destaca que por los accidentes posteriores a Pasta de Conchos, salvo en dos, no abrió ninguna averiguación. Sin embargo, dice, hay casos graves. Uno es el de la mina Lulú, donde se documentaron condiciones equiparables a esclavitud, pues los trabajadores vivían adentro, sin regaderas ni comedores. Esa mina es de Salvador Kamar, dueño de periódicos, constructor, minero y ganadero.

Ahí fue donde murieron Alfredo Ríos y Alejandro Soto en 2009. Pese a ello, siguió operando. El 2 de febrero último, también fallecieron Juan Manuel Gómez Gaytán y Alfredo Soto Torres.

El 26 de marzo siguiente, el accidente fue en la mina El Saltillito. Murieron dos trabajadores en un turno donde trabajaba el hijo del difunto Gómez Gaytán.

“Aquí el carbón no es negro, es rojo, por la sangre de nuestros padres, esposo, hijos y hermanos”, dice la viuda Elvira Martínez, quien recuerda que apenas el 29 de abril murió otro trabajador en un pozo.

El miércoles 4, Patricia Garza aplacaba con autoridad los ánimos caldeados de los deudos en espera de los cuerpos. Javier Lozano acababa de dar por muertos a los 14 mineros.

–Cállate –gritó la mujer a una madre desconsolada–, los hijos son prestados y Dios sabe por qué hace las cosas.

Patricia es madre del alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor, cuyo padre tiene minas de carbón. Así son los políticos de acá. También son dueños de minas el alcalde de Nueva Rosita, Antonio Neiro; el diputado federal de la zona, Hugo Martínez; lo mismo Jesús María, sobrino de Rogelio Montemayor, el exdirector de Pemex, que en 2010 desalojó a los deudos de Pasta de Conchos.

Binsa es propiedad de Luis González Garza y Melchor González Vélez, alias Chorín. Los dos provienen de familias adineradas de la región. En problema es que la concesión minera está a nombre de José Luis González Garza, padre de Chorín. La minera El Sabino abarca 300 hectáreas y en esa franja existen 11 pozos que operan en condiciones precarias.

Peña Nieto, el Señor de los Cerritos
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 10 de mayo (apro).- Ahora ya sabemos que bajo el pretexto de “apadrinar” los spots promocionales de su entidad, Enrique Peña Nieto se hace publicidad como si fuera el Señor de los Cerritos. Esto inició el 3 de mayo, cuando Joaquín López Dóriga entrevistó en su estudio al mandatario mexiquense para promocionar “las tradiciones” del Estado de México y, de paso, reiterar que en septiembre dará a conocer sus aspiraciones presidenciales.

La entrevista se produjo el mismo día que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró --con cuatro votos a favor y tres en contra-- a Peña Nieto por la difusión de sus spots sobre su quinto Informe de Gobierno, en septiembre de 2010, en cobertura nacional. Criterio contrario le aplicó a los spots de Andrés Manuel López Obrador, financiados por el PT.

El artículo 134 de la Constitución prohíbe expresamente que en la propaganda de gobiernos estatales se incluyan “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. La nueva fórmula de la gran tradición dispendiosa del Grupo Atlacomulco es presentar al mandatario mexiquense como una especie de secretario de Turismo y promotor de las costumbres ancestrales de su entidad para hablar, como no queriendo la cosa, de sus aspiraciones presidenciales.

El infomercial sobre sí mismo volvió a repetirse el lunes 9 de mayo en el programa de variedades Hoy, en el Canal 2 de Televisa. Peña Nieto apareció durante 6 minutos y medio para hablar nuevamente de la fiesta del Señor del Cerrito, como si se tratara de un asunto de primer orden estatal.

El gobernador de los spots y del advertainment aprovechó el viaje para promoverse, con motivo del Día de las Madres. “Te puedo decir que a las mamás mexiquenses… hemos venido trabajando para ellas en general y para la sociedad mexiquense de distintas maneras”, le dijo a la conductora Andrea Legarreta.

La impunidad de Peña Nieto está amparada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, quien protagonizó una polémica por promover reuniones privadas en su domicilio para “gestionar” la resolución sobre el gobernador mexiquense, revocó en su sentencia la resolución del IFE del 18 de enero de 2011, en la cual se sanciona a Peña Nieto por violaciones a los artículos 134 de la Constitución y 228 párrafo 5 del Cofipe.

De acuerdo con el expediente, Peña Nieto apareció entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010 en un total de 3 mil 484 spots en 214 emisoras en 30 entidades distintas al Estado de México, con lo cual violó la prohibición de promoverse personalmente.

A pesar de exonerar al mandatario priista, los magistrados consideraron que había responsabilidad de las televisoras en la violación al artículo 228 párrafo 5 del Cofipe que prohíbe la difusión de spots de informes de gobierno fuera del ámbito territorial de responsabilidad del servidor público, en este caso, el Estado de México.

Determinaron dar un plazo de 15 días hábiles al Consejo General del IFE para que sancione a las 12 televisoras, entre ellas Televisa y TV Azteca, que consideró responsables de haber emitido los promocionales de Peña Nieto fuera del territorio mexiquense.

Según Alanís, magistrada ponente del caso, los concesionarios difundieron los promocionales de manera unilateral, por lo que subrayó que ni Peña Nieto ni el coordinador de Comunicación Social del Estado de México, David López, son responsables de las violaciones del Cofipe.

En contra de este argumento votaron los magistrados Pedro Esteban Penagos, Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava Gomar. “¿Cómo que un tercero es responsable y el servidor público no?”, cuestionó Penagos.

Alanís insistió que la aparición de Peña Nieto no violó el artículo 134 constitucional al aparecer en esos spots porque lo ampara la regla que permite realizar promoción siete días antes y cinco días posteriores al informe de gobierno o de gestión del funcionario público.

El magistrado Penagos comentó que su lógica no acepta que “digamos que un tercero es responsable, y que el tercero servidor público, porque si se determina responsabilidad de las televisoras en la transmisión a nivel nacional de spots por el informe de Peña Nieto, también debería determinarse para los funcionarios involucrados”.

La votación dividida en el tribunal contradijo lo que el IFE había considerado una violación al artículo 228-5 del Cofipe porque Peña Nieto difundió su informe en estaciones y canales de medios electrónicos más allá de la cobertura regional del Estado de México.

Peor aún, dio el banderazo para que inicie la etapa de plena impunidad en el gasto y promoción personal de Peña Nieto para influir en los próximos comicios estatales del 3 de julio. Ahora queda claro que no es Eruviel Ávila, el candidato a gobernador del PRI, el que se juega el cargo, sino el mandatario estatal el que aprovechará cualquier oportunidad para seguir con los actos anticipados de campaña.

www.homozapping.com.mx

Fijan reglas para la operación de las carboníferas que abastecen a la CFE

   

Habrá unidades que supervisarán el cumplimiento de normas de seguridad laboral

Las proveedoras deberán trabajar con producto “limpio o libre de sangre”: Lozano

Sabinas, Coah., 9 de mayo. Las minas coahuilenses que provean carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán unidades verificadoras que supervisarán el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en forma permanente, pero la medida sólo comprende a 43 de 150 pozos de la región.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, anunció ayer que las unidades verificadoras operarán con financiamiento de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), organismo descentralizado del gobierno estatal que funciona como intermediario entre las empresas y la CFE.

“Para que pueda llegar el carbón vía Prodemi a la CFE las empresas deberán trabajar carbón limpio o libre de sangre”, expuso el funcionario federal. Añadió que todas las minas quedarán sujetas al “estricto” esquema de inspección puesto en marcha el pasado fin de semana pasado, tras el rescate de los 14 trabajadores que murieron en la explosión de un pozo de la compañía Binsa.

Por ahora sólo se sujetarán a la medida las excavaciones carboneras con las cuales Prodemi tiene relación comercial (86 incluyendo los 43 pozos), que anualmente provén a la CFE una tercera parte de los 3.3 millones de toneladas del mineral que necesita para operar las dos termoeléctricas ubicadas en el coahuilense municipio de Nava.

Lozano dijo que además de las verificadoras permanentes la dependencia a su cargo iniciará un programa de inspección laboral junto con la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y las carboneras en situación irregular serán multadas o suspendidas e incluso se les podrá cancelar la concesión.
A su vez, los trabajadores de las tres instalaciones de Binsa y otros pocitos clausurados tendrán apoyo económico hasta encontrar otro empleo, y se les adiestrará en diferentes actividades con apoyo del Fideicomiso de Fomento Minero, que canalizará un millón de pesos a 50 propietarios para que inviertan en seguridad y capacitación.

El gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, apoyó las acciones anunciadas por Lozano en la búsqueda de condiciones humanas y seguras para los trabajadores y un desempeño responsable y legal de las empresas mineras

El titular de la STPS encabezó la comitiva de funcionarios federales que viajó a Nueva Rosita, en el propio municipio de San Juan de Sabinas, para reunirse con los deudos de los 14 trabajadores fallecidos, así como con los brigadistas que rescataron sus cadáveres y productores de carbón.

Además de Lozano y Torres López participaron en el encuentro los titulares del IMSS, la CFE y la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores, Daniel Karam, Antonio Vivanco y Rosalinda Vélez Juárez, respectivamente, así como representantes de las secretarías de Economía y Energía, y los secretarios de Gobierno y Fomento Económico de Coahuila, David Aguillón Rosales y Marcos Durán Flores.

En conjunto, las autoridades acordaron extender el apoyo para los deudos, que incluirá pensión vitalicia y afiliación al IMSS para las viudas; junto a esta última prestación también habrá becas que cubrirán hasta el nivel profesional para los hijos de las víctimas y del minero adolescente Luis Fernando Lara Ruiz, quien sobrevivió al siniestro y llegó durante la tarde a su casa en el poblado Minas de Barroterán, procedente de la capital de Jalisco.