Narcoviolencia
Más de 100 cuerpos exhumados en Durango, destrozados con trascabos
No se respetaron protocolos criminalísticos y
muchas autopsias no se practicaron, revelan funcionarios
Denuncian que autoridades intentan desalentar a
familiares de proseguir búsqueda de desaparecidos
Saúl Maldonado y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 2
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 2
En Durango, la Fiscalía General de Justicia exhumó
más de cien de los 201 cadáveres depositados en fosas clandestinas, sin aplicar
durante esa labor protocolos criminalísticos y forenses. Para empezar, en la
localización se emplearon trascabos, lo que dañó aún más los restos. Según
revelaron funcionarios duranguenses, el Servicio Médico Forense (Semefo) se
abstuvo de aplicar muchas de las autopsias; la toma de muestras para la
identificación genética podría estar mal practicada y, simplemente, en una
etiqueta, se colocó el número de cuerpo y de averiguación previa relacionada,
además del supuesto sitio del hallazgo.
Personas que han sufrido la desaparición de algún
familiar pero aún tienen la esperanza de encontrar y sepultar los restos de sus
seres queridos, están siendo persuadidas por funcionarios de la fiscalía para
que se olviden a sus parientes y no enfrenten un doble luto. O bien, si quieren
ser objeto de un examen genético para confrontar con las muestras que se
obtengan de los cadáveres, les indican que acudan a laboratorios privados donde
el procedimiento tiene un costo aproximado de 25 mil pesos. Argumentan que el
gobierno estatal no cuenta con recursos suficientes para ello.
La Jornada buscó desde el jueves en su
oficina y telefónicamente al fiscal Ramiro Ortiz para tener su versión de lo
que sucede con los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas. Durante la
noche se comprometió a dar una entrevista a las 11 horas del día siguiente y no
negó que las diligencias hayan sido mal realizadas. A la hora convenida y
cuatro horas después, el funcionario no contestó su teléfono celular.
La historia de este caso comenzó el pasado 11 de
abril en la capital duranguense, cuando elementos de la Policía Federal
descubrieron la primera fosa clandestina en el fraccionamiento Las Fuentes.
Las autoridades locales, encargadas por ley del
levantamiento de los restos, iniciaron la exhumación con maquinaria pesada
(trascabos) y con algunas palas. Peritos y ministerios públicos de la fiscalía
de Durango extrajeron 88 restos.
Un día después se localizó otra fosa clandestina en
el fraccionamiento Providencial, a menos de un kilómetro de distancia de la
primera. Allí había 15 cuerpos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene
contabilizadas 209 personas desaparecidas de 2008 a la fecha, por lo que no se
descarta, según comenta el presidente de ese organismo, Carlos García Carranza,
que entre los cuerpos sacados de esas fosas estén personas reportadas.
En cuanto a la exhumación, personal del Semefo de
Durango, que solicitó el anonimato, reconoció que el procedimiento ocasionó que
se destrozaran los cuerpos.
Las irregularidades continuaron en el Semefo. El
gran número de cadáveres propició la saturación de los servicios periciales del
estado. Por ello se realizarán pocas diligencias y, en algunos casos, no se
harán autopsias, que deben ser practicadas por ley.
De acuerdo con los testimonios recogidos con
autoridades federales y locales, en muchos de los casos los servicios
periciales de la Fiscalía General de Justicia de Durango enviaron los restos
dentro de bolsas a los camiones refrigerantes.
La información recabada entre funcionarios del
Semefo señala que a falta de necropsias, las causas de la muerte se han
estimado a partir de las primeras revisiones que se hicieron a los cadáveres en
el lugar de su levantamiento. Se considera que 20 por ciento presenta un
disparo en la cabeza; un porcentaje indeterminado signos de tortura, y como en
muchos casos no se detectó a simple vista, se cree que hubo asfixia.
Algunos testimonios
El hijo de Irma desapareció hace 29 meses. Antes ya
había perdido otro. El que ahora busca desapareció con otras personas al salir
de una discoteca. Cree que se encuentra entre los cadáveres exhumados.
Asegura que las autoridades locales nunca
investigaron su caso y hoy, que considera que la tierra escupe muertos en cinco
fosas de Durango, renace su duelo. Pero mayor dolor y rabia le provoca “la
ineficiencia de las autoridades, que me desalientan a buscar mi hijo entre los
cuerpos. ‘¿Para qué?’, preguntan. Pero no pierdo la fe”.
En tanto, Rosa, quien perdió a su marido hace
cuatro años, supo que las autoridades encontraron fosas clandestinas en Durango
y están sacando decenas de cuerpos. Al igual que Irma, señala que las
autoridades periciales le recomiendan olvidarse del asunto.
Madre de dos niñas y un niño, Rosa vivió la
desaparición de su esposo después de que ambos llevaron a sus hijos a la
escuela. Ella se fue a casa. Él al trabajo.
Viví meses de angustia, de dolor... Denuncié la
desaparición, pero las autoridades nunca investigaron; se burlaban de mí cuando
acudía a ver qué pasaba.
Tras dos años acepta que su marido podría estar
muerto, de hecho, en casa lo dimos por enterrado. Era mejor pensar que
estuviera muerto... fue una terapia más fácil para nosotros, pero mi hija mayor
nunca se ha resignado.
El 14 de abril, cuando se abrió la segunda fosa, su
hija le pidió que acudiera a verificar si entre los restos que habían exhumado
se encontraban los de su padre. “Es como vivir el mismo duelo dos veces. Pero
acudí a la Fiscalía General para tratar de encontrar los restos de mi marido.
“Lamentablemente los de Servicios Periciales
dijeron que no nos convenía iniciar los exámenes, que serían muy tardados y que
no eran confiables. Me dijeron ‘deje las cosas como estaban. Lo mejor es
mantener a su esposo enterrado, como lo habían mantenido estos años’. Me
desalentaron”.
En el caso de Irma, ella fue a las oficinas de la
fiscalía y al Semefo para tratar de identificar entre los cuerpos el de su hijo;
la respuesta que obtuvo fue: “si su hijo llegara a estar entre los casi 200 que
han sacado, nunca lo va a identificar, los cuerpos están deshechos. Además los
exámenes tardan hasta siete meses, no le conviene volver a vivir en la
incertidumbre.
“Si los cuerpos están deshechos es porque usaron
trascabos para sacarlos; esas máquinas volteaban la tierra y deshacían cuerpos
cada vez que las ponían a trabajar; no tuvieron respeto.
Más coraje me dio cuando en el Semefo dijeron que
no tenían equipo para las muestras de ADN, incluso, dijeron que si quería fuera
a un laboratorio privado y luego les llevara los resultados porque esa prueba
costaría entre 20 y 25 mil pesos, que si no los tenía dejara todo por la paz.
El pasado 6 de mayo, el gobernador Jorge Herrera Caldera
fue cuestionado sobre lo que ocurre en la fiscalía y el Semefo, donde los
empleados envían a los probables familiares de las víctimas a laboratorios
privados para las pruebas genéticas.
Tras reconocer que el valor de una prueba de esa
naturaleza tiene un precio elevado, añadió: estamos buscando la manera de
lograr un convenio con la Federación para que entre ambas estancias, la federal
y la estatal, subsidiemos este examen y a la pobre gente, que ya de por sí es
un dolor y una pena ir a tratar de identificar a un familiar entre los muertos,
pues no les cobremos nada.
Héctor Vela Valenzuela, secretario general de
Gobierno, declaró el 10 de mayo que la fiscalía no cobrará los exámenes porque
se firmó un convenio con la PGR, pero autoridades federales lo negaron y
señalaron que solamente se ha convenido que los peritos federales realicen las
tomas de muestras de los restos localizados y que se encuentran dentro de dos
camiones con frigoríficos.
Desfiladero
No a la Torre de Luz, sí al memorial del Holocausto
Jaime
Avilés
Si se legalizara la droga, México sería un paraíso
de criminales, declaró el pasado miércoles el licenciado Felipe Calderón
Narcofosa, en cumplimiento de una cláusula de su contrato de trabajo que lo
obliga a negar la realidad con la fuerza de todos los medios de incomunicación
electrónica y a vivir con tapones de cemento en los oídos para no escuchar los
gritos, ya ensordecedores, ya insoportables, del dolor social. Ese dolor que el
domingo, en el Zócalo, a pesar del solazo y del calorón, produjo continuas
lloviznas de lágrimas. De lágrimas que todavía no se secan y siguen quemando la
garganta.
Hace cuatro sábados, una familia del estado de
México disfrutaba comiendo mariscos en un restaurante de Acapulco. De pronto
recibió un narcomensaje. Éste llegó bajo la forma de una botella de
güisqui. La manda aquel señor, les dijo el mesero. Minutos después, el generoso
que se había tomado la molestia de enviarla se acercó al padre y le pidió
permiso para sacar a bailar a su hija, una niña de 15 años. El padre se negó.
Óyeme bien, le advirtió el generoso: Esta mujercita es mía.
Vámonos, dijo el padre. La familia regresó al hotel
donde pasaba las vacaciones. Entre todos empacaron a las carreras y salieron a
bordo de un coche rumbo al DF. Al cabo de una hora, dos camionetas los
obligaron a detenerse. De ellas bajaron hombres armados con rifles. El generoso
encaró al padre. Te dije que esta mujercita es mía pero no me creíste. Ora me
la vas a entregar o mato a toda tu familia delante de ti.
La niña está desaparecida desde entonces. El breve
episodio que tal vez terminó con su breve vida –que todos los dioses y todos
los diablos se confabulen para que vuelva sana y salva– no fue relatado el
domingo en el Zócalo, donde al menos 57 personas de todo el país, durante más
de cuatro horas, contaron a gritos, y muchas de ellas llorando, sus propias
tragedias. Historias espeluznantes y abominables, en las que destacan como
elementos comunes a todas ellas tanto la corrupción de las autoridades locales,
estatales y federales, como la ineptitud de la policía, del Ejército y la
Marina, y de los soldados azules de Genaro García Luna, la nueva estrella del
canal de las estrellas.
La única voz cargada de optimismo y de esperanza,
en aquella asamblea pavorosa de la que miles y miles salimos destrozados –pero
también transformados por la luz de la indignación–, fue la del representante
de la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, una de las regiones más
peligrosas de México hasta que los habitantes de aquellos pueblos asolados por
bandidos y militares, hace 15 años decidieron encargarse de su propia seguridad
y se armaron y uniformaron, como corporación civil, para restablecer la paz
pública: un ejemplo que sin duda habrá que imitar a escala nacional cuando
caiga este régimen asesino, que empieza a hundirse bajo el peso de sus decenas
de miles de crímenes.
¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? En
1996, según el Banco de México, 75 por ciento del dinero depositado en los
bancos del país estaba concentrado en sólo 2.5 por ciento de las cuentas de
ahorro, mientras 97.5 por ciento de las cuentas restantes se repartían el 25
por ciento del dinero. Hoy, hoy, hoy, 0.18 por ciento de la población mexicana
(alrededor de 260 mil personas) posee 42 por ciento del producto interno bruto,
es decir, casi la mitad de la riqueza que generamos anualmente más de 100
millones de mexicanos.
Tamaña desigualdad, aunada a la perversidad de George
WC Bush y de Hillary Clinton y a la estulticia de Fox, Calderón y el equipo
gobernante, nos llevó a la narcodictadura pero empieza a mostrarnos el
camino hacia la libertad. Pensemos en los volcanes. Cuando la lava no puede
salir por la boca del cráter, empuja por aquí o por allá hasta que encuentra el
punto débil que le permite abrirse paso a la superficie.
Las grandes reservas morales del pueblo de México
–la dignidad, la bondad, la nobleza, el espíritu solidario, la decisión de
luchar pacíficamente, el anhelo de cambio que ya no admitirá una nueva
postergación hasta 2018, los proyectos en algunos puntos coincidentes y en
otros contrapuestos, las experiencias de militancia y de conducción política–
son los ingredientes de la lava que, en estado de ebullición, se organiza para
brotar desde el fondo de la tierra.
La lava que acumula y multiplica el Movimiento
Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, intentará
subir al poder por la boca del cráter el día de las elecciones presidenciales
de 2012. La otra lava, la que nutren con su dolor las familias destrozadas, y
que es también mi dolor y el de millones que lloramos con y por ellas, la
conduce Javier Sicilia y trata, no de llegar al poder sino de transformarlo por
medio de la resistencia civil pacífica. Uno de los hechos más positivos del
histórico mitin del domingo pasado es que entre ambos líderes hay coincidencias
esenciales: los dos sostienen que la lucha contra la droga no provocará sino
más muerte y destrucción mientras siga siendo concebida como un problema
policiaco y militar, y no como un problema social que debe combatirse con
educación, trabajo, salud, deporte y (agrego yo) los infinitos placeres que se
derivan de la creación y la recreación artística.
La segunda coincidencia entre AMLO y Sicilia (y
quizá la primera entre millones de mexicanos y millones de franceses) es la
destitución de García Luna, un trofeo que Calderón de ninguna manera puede
entregar porque Sarkozy de inmediato solicitaría su captura y su extradición a
París. García Luna, bien lo señaló Magú, transformó la Secretaría de
Seguridad Pública en un set de Televisa, y construyó el más formidable búnker
subterráneo de todos los tiempos, mismo que –nos lo informó Enrique Galván
Ochoa– quedó inundado e inservible tras la granizada que azotó al DF la noche
de hace unos sábados.
Argelia
Serapio Bedoya, el olvidado tonto del pueblo de
Tecamacharco, ahora vive en África. “Tengo un alcoholismo de Tehuantepec y vine
a este país porque aquí no hay cantinas. Llevo dos años sin chupar. Además, me
enamoré de Argelia desde el primer momento. Pero te escribo por otras razones.
El próximo 25 de mayo se cumplirán exactamente 100 años de la renuncia de
Porfirio Díaz. Por otra parte, Javier Sicilia busca un lugar para construir un
muro en recuerdo del holocausto calderónico. Y supe que algunos activistas del
colectivo que pinta las fuentes planean un festival artístico para el 28 de
mayo, ante la narcofosa donde Calderón quiere levantar la narcotorre
en memoria de Luz y Fuerza del Centro.
La idea, me cuenta un amigo pintafuentes por
Facebook, es celebrar los 100 años de la caída de Díaz y pedir la de García
Luna con espectáculos de teatro, pintura, escultura. Diles que además hagan una
gran ofrenda de flores y serpentinas en honor de los caídos, y que haya música
de jaraneros y cante el coro de la UACM. Pero, sobre todo, diles que inviten a
Javier Sicilia y le pidan que, en nombre de todos los que estamos hasta la
madre de la guerra estúpida, decrete que en ese lugar, en vez de una columna
imbécil y pretenciosa recubierta de cuarzo brasileño pulido en Venecia (¡hazme
el favor!), habrá un jardín y una lápida que guarde para siempre los nombres de
los 40 mil muertos, y de los que mueran hoy, y los que mueran mañana, y pasado
mañana, y luego, y más tarde, y aún después...
Juicio internacional a Calderón
Netzaí
Sandoval Ballesteros
Los más de 40 mil seres humanos que han muerto en
los últimos cuatro años nos colocan frente a una crisis humanitaria sin
paragón. Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ni la emprendida en
contra de Pakistán han generado tal cantidad de muertos (Barómetro de
Conflictos, Universidad de Heidelberg, Alemania). La violencia en México
también ha dejado más desplazados que cualquier otro conflicto armado reciente,
alrededor de 120 mil personas de acuerdo con el Internal Displacement
Monitoring Center. La vulnerabilidad de los más jóvenes es particularmente
grave: mil 226 de las muertes ocurridas entre 2006 y 2010 corresponden a niños
y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). En estrictos
términos legales y de acuerdo con los criterios internacionales en la materia,
esta situación se clasifica como un conflicto armado de índole no internacional.
El responsable directo de esta grave situación es
Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra en el país y decidió utilizar
al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la
droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia
bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la
utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo
de 2011.
Como han documentado diversos informes sobre
derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el
Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles
completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos.
Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los
responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en
el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación
45/2010.
Las fuerzas armadas también han dejado impune la
violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos,
con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández
Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs.
México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga
también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños
menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre
30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además,
los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas
se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de
diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo
tres ejemplos.
Los tribunales de nuestro país se encuentran
prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108
onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se
traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de
esta crisis.
Tampoco es viable someter a la justicia nacional a
los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos
debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos
sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia
Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para
investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos
(caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir
con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los
estándares internacionales.
Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de
los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el
principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI).
Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con
aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo
ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones
contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares
las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.
Para robustecer esta denuncia hace falta que
participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por
ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de
los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares.
Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la
petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya
con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo
de que nuevas firmas respalden la denuncia.
Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales
y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha
llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país.
Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e,
numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de
guerra en la CPI.
http://twitter.com/@elNetza
Petición disponible en: http://nomassangre.mx
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