PARA LOS AMIGOS, GRACIA Y JUSTICIA- LA MARCHA POR LA PAZ

Para los amigos, gracia y justicia
Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 11 de mayo.- La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exonera de responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión nacional de sus promocionales, establece un pésimo precedente: La excepción contenida en el párrafo 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) permite la promoción personalizada de los gobernantes, y para acreditar que se trata de mensajes que promocionan la emisión de un informe, y no de un spot con fines electorales, basta con mencionar el informe respectivo y presentar los promocionales como propaganda del gobierno.

Es un precedente positivo que el TEPJF haya establecido que la afectación de un proceso electoral no se limita a los hechos que se desarrollan cuando el mismo ya se encuentre en marcha, lo cual es importante porque es precisamente lo que permite determinar, entre otras cosas, los actos anticipados de precampaña o campaña. Sin embargo, según la magistrada ponente, en este caso no se acredita ninguna violación porque los mensajes son únicamente para promocionar el V Informe de Gobierno.

En esta resolución los magistrados también dejaron claro que se consideran expertos en comunicación política y, por lo tanto, ellos pueden definir la finalidad e intencionalidad de los mensajes que se emiten, aunque basta con cumplir unas formalidades para obviar el contenido de los mismos, pues, como literalmente asientan en la resolución, “es factible concluir que los mensajes que se analizan constituyen propaganda gubernamental sobre el Quinto Informe de Gobierno del Estado de México (…) dado que en ambos promocionales se hace referencia a la rendición del Quinto Informe de Gobierno del ciudadano Enrique Peña Nieto, y se presenta como propaganda del gobierno del Estado de México, lo que constituye la causa eficiente de la transmisión de los mensajes difundidos”.

En este caso, como se hizo en el de los infomerciales incluidos en los noticieros nacionales sobre la toma de protesta del candidato priista a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, lo lógico es solicitar el apoyo de expertos en comunicación política que definan la finalidad e intencionalidad de los mensajes, más allá del cumplimiento de algunas formalidades. Pero las autoridades electorales prefieren hacerlo únicamente bajo su criterio, porque eso les permite mantener la arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley.

La razón para exonerar al gobernador y a su director de Comunicación Social es la existencia de contratos mercantiles celebrados con las televisoras en las que se establece como lugar de prestación del servicio “todo el Estado de México”, y por ello “es factible concluir que la intención del contratante fue difundir la propaganda contratada ‘En el Estado de México’, dado que no existe ningún pacto o convenio firmado por las partes que tenga por demostrada la contratación de difusión a nivel nacional”.

Y aunque admiten que la difusión de los promocionales se realizó en 31 entidades federativas, con excepción de Tlaxcala, dichas transmisiones “no corresponden con lo solicitado por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, razón por la cual no es factible imputarle a algún servidor público responsabilidad alguna por su difusión”.

Sin entrar en detalles de las órdenes de transmisión que permiten establecer responsabilidades al respecto, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, ponente en este caso, se olvida de la resolución del expediente SUP_RAP-242/2009 y acumulados, en la que ella también fue ponente y donde señala explícitamente: “Es un principio general de derecho el que las partes contratantes de un acuerdo de voluntades velen por el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas, así como que el cumplimiento de lo convenido se lleve a cabo verificando que el objeto o fin sea lícito, además de que, derivado de éste, no se efectúen actos contrarios a la ley. Asimismo, las partes están vinculadas a que las obligaciones asumidas en un acuerdo de voluntades se lleven a cabo sin que su cumplimiento involucre la afectación de alguna norma de orden público”.

Y en el párrafo posterior precisa: “Es por ello que, cuando un partido político contrate un servicio publicitario destinado a difundirse a través de un medio legal (…) el propio instituto político está constreñido a vigilar que, por virtud de ese acuerdo comercial lícito, su prestatario no genere un acto posterior que derive en una ilicitud”.

Así, como señalan los magistrados Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava y Pedro Penagos en su voto particular, “este criterio es aplicable al caso, porque los servidores públicos fueron las partes contratantes de la difusión de los promocionales, de tal manera que son responsables de lo contratado y de su ejecución, razón por la cual, si se acreditó la violación al artículo 228, párrafo 5, del código electoral federal, la consecuencia necesaria es responsabilizarlos de ello, en razón de que la propaganda relacionada con el informe de gobierno se transmitió en lugares distintos al territorio donde ejerce sus atribuciones el funcionario referido”.

En función de ello, la postura de estos magistrados es que “debe modificarse la resolución impugnada y ordenar que el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, considere que es fundada la queja respecto de los servidores públicos y las televisoras por la transmisión de los promocionales del Quinto Informe de Gobierno del Estado de México fuera del territorio de esa entidad”.

La resolución del IFE sancionaba al gobernador y exoneraba a las televisoras; la mayoría de los magistrados consideró que es a la inversa: la responsabilidad es de las televisoras y no de los servidores públicos; pero los mismos precedentes del tribunal conducen a concluir, como lo hacen los tres magistrados que votaron en contra de la resolución, que: ambos son responsables.

Pero en el tribunal sí aplica la famosa máxima juarista: “A los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, la ley a secas”. En esta ocasión son amigos.

La marcha por la paz
José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 11 de mayo (apro).- El pasado domingo 8, el centro de la Ciudad de México fue el lugar donde decenas de miles de personas expresaron su sentir ante la situación de violencia y muerte en todo el país.

Sin embargo, la marcha por la paz era distinta de las movilizaciones contra la inseguridad de 2004 y 2007, que contaron con el respaldo de las televisoras; en esencia, se manifestaron familias a quienes les han matado, secuestrado o desaparecido a alguno de sus miembros y que fueron apoyadas en el camino por otras familias que ya están hartas de los nulos resultados que ha tenido la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón.

Desde que la marcha salió la mañana del jueves 5 de mayo en Cuernavaca, Morelos, las familias dolientes fueron la que acudieron sin apoyo de organizaciones partidistas, sindicales u oficialistas.

Solas, con las fotos de sus muertos o desaparecidos en las manos, integraron un contingente de cerca de 500 personas y se enfilaron por la carretera hacia la Ciudad de México, donde se tenía programada la manifestación en el Zócalo capitalino y dar a conocer el Pacto para la paz, que busca firmarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo 10 de junio.

El contingente era pequeño y los organizadores pensaban que no iban a tener el suficiente apoyo al llegar al Distrito Federal. A pesar de estas inquietudes, nunca dudaron en mantener el paso y recorrer los 80 kilómetros de la Autopista del Sol que, en varios tramos, exhibe cruces a la orilla en memoria de los muertos que el crimen organizado ha tirado sobre el camino, como muestra insana de poder y dominio.

Conforme fueron caminando los primeros kilómetros, las historias de las familias de diversas entidades fueron fluyendo, y a todas las unía un clamor de justicia que nadie, ni siquiera los más acérrimos defensores del gobierno, les pueden regatear.

Se trataba de casos de desaparecidos por policías y soldados, secuestrados por bandas en las que participan agentes policiales y exmilitares, ejecutados por sicarios apoyados por autoridades. Muertos por la negligencia u omisión de alcaldes, gobernadores y el jefe del Ejecutivo federal. Todos muertos desde que, en 2006, Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado con una estrategia policiaco-militar.

En el contingente había muchas mujeres de más de 60 años a las que les costaba dar los pasos. Iban silenciosas y, cuando los reporteros les pedíamos nos contaran sus historias, comenzaban a hablar en susurro, porque la idea de la marcha era caminar en silencio.

Algunas de ellas ya habían difundido sus denuncias en sus estados, otras no, eran casos nuevos de asesinatos y desapariciones, ocurridos apenas. Estas últimas familias aún sentían miedo de hablar y procuraban seguir en silencio. Pero al ir hilando cada historia, se iba conformando una manta manchada de sangre de la cual ningún estado del país se salva.

A pesar de ser pocos, los que marchaban se sentían protegidos entre sí y nunca dudaron de que esta caminata era importante para denunciar sus casos, aún resueltos, así como para manifestar su inconformidad ante la violencia originada por la guerra contra el narcotráfico, que ya dejó un saldo de 40 mil muertes y unos 10 mil desaparecidos, según cifras extraoficiales.

En el contingente que salió de Morelos, en el primer día de la marcha, iban el obispo Raúl Vera y varios defensores de derechos humanos, como Rocío Culebro, Edgar Córtez y Pablo Romo, quienes se mantuvieron presentes todo el camino. Lo mismo que representantes del famoso michoacanazo y padres de familia de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

No obstante la diversidad de los caminantes, la idea central nunca varió: la exigencia de justicia y hacer un alto en la guerra de Calderón contra el crimen organizado para replantear una nueva estrategia.

El objetivo se mantuvo y se mantiene a pesar de la exigencia personal de Javier Sicilia de la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Curiosamente en el camino llegaron mensajes de políticos como Manlio Fabio Beltrones o de Jesús Zambrano, quienes querían hablar con el poeta el que, por cierto, les respondió: “No han entendido nada, no buscamos poder político, ni siquiera formar una organización con pretensiones electorales. No lucramos con la muerte de nuestros hijos”.

Luego de un par de días, la marcha creció de manera impresionante y el domingo 8 se convirtió en una de las manifestaciones más importantes de la historia del país.

Era evidente que no había ninguna organización sindical o política detrás de los dolientes, tanto que cuando el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quiso ponerse al frente, Sicilia lo invitó a integrarse a la marcha, sin protagonismos.

Ocho horas tardaron en llegar los deudos de la guerra al Zócalo, muchas familias que habían llegado temprano se retiraron, otras ya no alcanzaron a arribar la plancha de la Constitución, que no se llenó, pero los miles que aguantaron el peregrinar dominical escucharon las historias de dolor que hay en todo el país y la propuesta del Pacto por la paz que el movimiento ciudadano lanzó a la clase política gobernante para retomar el curso que ha perdido el país y detener este holocausto, que lleva 40 mil muertos y que, según estimaciones, llegará a 50 mil si Calderón no aprovecha esta oportunidad de reconocer sus errores y corregir su estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado.