Por un México en paz con justicia y dignidad*
I. Razones y urgencia
I. Razones y urgencia
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca
resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su
escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente
violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan
desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la
miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo
pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.
(...) La guerra contra el narcotráfico es una
manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como
el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca
pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino
y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario, el Estado ha optado por
una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta
social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la
seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en
territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos
castrenses en la dirección de las policías civiles.
(...) Resultado de esta estrategia que pone en el
centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan
mexicanos, generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el
mes pasado, en abril, se contabilizaron mil 427 asesinatos, considerando los
cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por
miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 mil huérfanos
(la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial), 10 mil secuestros de
migrantes, más de 30 alcaldes asesinados.
(...) Un componente fundamental que explica esta
escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el
Estado en todos sus niveles.
(...) La impunidad es otro de los factores que
determinan lo que hoy sucede en el país: 98.3% de los delitos quedan impunes.
Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de
investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de
derechos.
II. Visión común con exigencias mínimas y
compromisos
(...) Proponemos a la sociedad y planteamos la
exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que
inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.
(...) A. Se deben esclarecer y resolver los
asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la
trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad.
(...) Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un
requisito indispensable para generar confianza.
B. Exigimos a las autoridades estatales y federal
(...) la resolución pública que presente (...) a los autores intelectuales y
materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la
sociedad, entre ellos: la familia Reyes, (...) Marisela Escobedo y su hija
Rubí, (...) Bety Cariño y Jiri Jaakola, (...) las niñas y niños de la guardería
ABC, (...) la familia Le Barón, (...) los jóvenes de Villas de Salvárcar, (...)
los jóvenes de Morelos.
C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la
memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia,
colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las
víctimas.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y
asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la
estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de
seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos.
(...) B.I. Exigimos que antes de dos meses los
Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea
publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el
mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B.II. Exigimos que no se aprueben leyes o normas
que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el
concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones
propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
(...) 3. Exigimos combatir la corrupción y la
impunidad.
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración
y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio
Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las
policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales
y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la
discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no
puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere
legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y
consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos
de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso
elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de
gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de
crimen organizado.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las
ganancias del crimen.
A. La criminalidad y su violencia tiene como su
motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de
personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después
reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos
un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante
la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación
con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material
probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de
negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la
Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de
dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este
sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación
sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
(...) 5. Exigimos la atención de emergencia a la
juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas
y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades
reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los
principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter
público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula
del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los
recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en
la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad
pública.
B. Exigimos que en los próximos 3 meses se
establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que
invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que
se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la
matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema
universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas
públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos
y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como
actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y
unidades habitacionales.
6. Exigimos democracia participativa, mejor
democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
La seguridad requiere democracia y nuevos medios de
participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de
participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento
institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la
revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de
telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y
genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al
fortalecimiento de los medios públicos.
Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo
extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política
constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la
iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección
inmediata de legisladores y alcaldes.
III. Para iniciar el camino
(...) Proponemos dos momentos para lograr esto: un
pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo
momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los
gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y
todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y
organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y
acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e
impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.
(...) El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad
Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil
nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para
cada uno de los 6 puntos.
(...) Durante este periodo hasta el 10 de junio,
las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán
especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.
Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares
de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y
acción colectiva nacional” permanentes.
(...) Hacemos además un llamado a nuestros
compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para
que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país
que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. l
Fragmentos del documento mediante el cual el
movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia convoca a la firma de un
pacto nacional hacia la construcción de un México verdaderamente justo, digno y
seguro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario