¿Una elección comprada?
Integrantes de #YoSoy132 protestan en Televisa.
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- La elección de este domingo 1 de julio lleva la marca
de un PRI “obscenamente corrupto y corruptor”. Desde las cañerías, ríos de
dinero ilegal entre posibles votantes brotaron desde antes de que iniciara
formalmente la campaña y, a escasas horas de los comicios, apenas la oposición
empieza a documentar y denunciarlo.
Quienes acompañamos al aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto en
sus giras proselitistas por el país pudimos constatar que todo fue un montaje
apuntalado con millones de pesos.
Cierto es que para los priistas de hueso colorado, para el voto duro, la
figura de Peña Nieto siempre fue atractiva, tanto que las mujeres enloquecían
con únicamente verlo y gustaban de apapacharlo, besarlo y tomarse fotos con él,
pero el resto, los acarreados, la gente que iba por su torta y cientos de
enseres y botellas de agua que caían como lluvia ácida en sus manos, no lo
adoraron ni vieron en él a “su presidente”.
No obstante, el PRI siempre logró plazas llenas –aunque muchas de ellas
empezaban a vaciarse antes de que hablara el galán de telenovela–, sin embargo,
el nerviosismo de su equipo de campaña empezó a hacerse evidente después del
aciago 11 de mayo, del viernes negro de Peña Nieto en la Ibero, donde fue
repudiado y prácticamente expulsado por estudiantes informados.
Del poder corruptor de Peña Nieto y su equipo, la revista Proceso y su
reportero Jenaro Villamil dieron cuenta desde el 2005, cuando siendo gobernador
en el Estado de México armó junto con Televisa un plan millonario para llegar
primero a la candidatura y luego a la Presidencia de la República.
En campaña, ningún medio de información pudo comprobar con documentos en mano
del rebase de topes, de la compra de votos o de su coacción, y es que los
priistas, con una experiencia de 70 años en el poder, siempre supieron cómo
hacer el fraude y cómo desviar recursos sin dejar huella.
En el PRI son corruptos, no estúpidos.
De ese poder corruptor, a sólo tres semanas de la elección empezaron a dar
visos empresarios utilizados, burlados por el equipo de Peña Nieto, según
denunció uno de ellos, José Luis Ponce de Aquino.
El empresario mexicano-estadunidense reveló que hubo un ofrecimiento de
promover la figura de Peña Nieto y que detrás de todo había 56 millones de
dólares, dinero que presuntamente provenía de las arcas del Estado de México y
del crimen organizado.
En México no pasó del escándalo, en cambio en Estados Unidos hay una denuncia
en curso.
Luego se sabría que esos recursos habrían sido depositados en un banco
mexicano, Monex.
Más tarde, a sólo una semana de la elección, el PAN denunció la existencia de
tarjetas de Monex que el PRI entregó a promotores del sufragio y representantes
de casilla para que “compraran votos a favor de Peña Nieto”.
El PAN denunció que eran por lo menos 700 millones de pesos.
Entonces el Instituto Federal Electoral (IFE) “indagó” y detectó una cuenta
de 70 millones de pesos para “promotores priistas”, abierta en Monex, pero que
no podía sostener que fuera para la “compra de votos”.
Y como cereza del pastel, el PRD reveló la existencia de otras miles de
tarjetas, pero ahora de la tienda de autoservicio Soriana –que durante el
gobierno de Peña Nieto en el Estado de México recibió millonarios contratos para
manejar las tarjetas de apoyo a la tercera edad–, con un valor de mil pesos y
para ser entregados a cambio de votos.
Cierto o no, la elección de Peña Nieto tiene tufo de comicios comprados. Una
elección que a los poderes fácticos, como por ejemplo las televisoras, la elite
político-empresarial que toma las decisiones en este país, y los varios grupos
del crimen organizado, no le conviene que la gane un hombre que los investigue o
les imponga controles que mitiguen su presencia en la vida política y económica
de México.
Dice el doctor Edgar Buscaglia, investigador y analista de los países que han
vivido una transición política y han sido copados por el crimen organizado, que
México no podrá romper el binomio crimen organizado-corrupción política, a menos
que ocurran tres hechos:
El primero, que quien gane la elección lo haga con un porcentaje mayor a 10%,
ya que según los propios estudios mexicanos ese es el porcentaje de votos
comprados; otra, que el ganador pueda convocar al resto de los partidos a firmar
un pacto político para establecer cuatro controles indispensables para transitar
a la vida democrática: patrimoniales, judiciales, políticos y
administrativos.
Y mientras esto ocurre, la violencia que hoy se vive en el país afecta ya no
sólo a la gente de a pie, como sucedió el viernes 29, cuando en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el crimen organizado hizo explotar un coche-bomba en el
estacionamiento de la presidencia municipal, afectando por lo menos a siete
personas, entre ellas cinco mujeres, quienes se encontraban cerca de la
detonación.
Buscaglia sostiene que para romper el círculo vicioso crimen
organizado-corrupción política, la violencia también debe alcanzar a la clase
político-empresarial más encumbrada del país, de tal forma que ponga en peligro
su vida, bienes y futuro. Este hecho, como sucedió en Italia o Colombia,
obligaría a todos a aceptar el establecimiento de controles.
Y el último ingrediente, que en paralelo exista un movimiento social en las
calles que pacíficamente “rodee” las instituciones que están en manos de la
“mafiocracia”, y desde fuera del Estado haga propuestas y vigile su
cumplimiento.
El movimiento #YoSoy132 es una esperanza, destaca Buscaglia, pero antes tiene
que evitar ser infiltrado por los partidos e ir más allá de marchas y
plantones.
Es justamente este movimiento el que puede, si lo quiere y se organiza, hacer
la diferencia en esta “elección comprada” de Peña Nieto.
De esta forma, pueden estos jóvenes “rodear” al IFE y obligarlo a indagar
esos millones y millones de pesos que han circulado por todo el país para la
compra del voto de parte del PRI.
Es este movimiento el que puede vigilar al IFE y obligarlo a que deje a un
lado la tibieza, a que haga a un lado declaraciones tan absurdas como aquella de
que “sí hay 70 millones del PRI en Monex pero no podemos asegurar que sea para
comprar votos”.
Por favor, el PRI estuvo 70 años en el gobierno y realizó estas y más
deleznables prácticas para mantenerse en el poder. Cómo es eso de que ahora el
IFE cree en la buena fe de ese partido.
Las denuncias están por todos lados, la gente lo grita a los cuatro vientos,
hay documentos que muestran los operativos de movilización y compra de votos por
parte del PRI, entonces ¿cómo es posible que el IFE no sea suspicaz, no indague
más allá de lo que dicen las instituciones bancarias?
Bueno, pues el grupo de jóvenes puede presionar, “cercar” al IFE para que
cumpla con su obligación. De los otros elementos, de la violencia a la elite
político-empresarial, nadie desea que avance, pero no hay que olvidar que el
mismo Peña Nieto forma parte de ella.
Y si se consuma la compra de la elección para el PRI y su títere Peña Nieto,
la paz no llegará a México próximamente; la represión, la corrupción, presencia
del crimen organizado y la guerra seguirán, quizá con actores más activos que
hoy, quizá habrá disminución de la violencia por plazos breves, pero de que el
dinero sucio y quienes lo generan continuará, eso sí muy probable.
El PRI y Peña Nieto no garantizan bienestar para los mexicanos. Eso para
quien tiene memoria, y aunque los jóvenes no lo vivieron y que sí están
informados, lo saben.
La esperanza, finalmente, siguen siendo los 22 millones de jóvenes votantes y
el movimiento #YoSoy132, que se mantenga en la calle, cerque al IFE y obligue a
las instituciones a actuar con apego a la legalidad.
Comentario: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
Narco y elecciones
Elecciones en riesgo.
Foto: Benjamin
Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- La narcopolítica es lo que interesa a la prensa
internacional en las elecciones del próximo domingo en México.
Corresponsales y enviados especiales se preguntan hasta dónde el narco ha
infiltrado a los partidos políticos y si la violencia por la que México ha
estado en la prensa internacional en los años del gobierno de Felipe Calderón,
en especial el asesinato de periodistas, es la expresión de un Estado
fallido.
Si bien no se puede comparar a México con países donde las instituciones han
colapsado, es innegable que las elecciones generales del 1 de julio ponen en
entredicho la “normalidad democrática” que tanto presume el sistema político
mexicano, empezando por los partidos y la burocracia de elite del Instituto
Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
El escándalo que envuelve al PRI por los monederos emitidos por el Grupo
Financiero Monex no sólo exhibe a su candidato Enrique Peña Nieto y refrenda los
viejos vicios de ese partido, sino que demuestra, una vez más, la vulnerabilidad
del sistema político mexicano: la existencia de millonarios recursos de origen
dudoso.
Ocurrió en el año 2000 con los Amigos de Fox y con el “Pemexgate”, ambos
demostrados y que acabaron sólo en multas a los partidos políticos.
Las nueve mil 924 tarjetas emitidas por Monex para pagar 70 millones de pesos
en la compra de votos a favor del PRI fue lo que la pugna por la Presidencia
sacó a flote, pero nada garantiza que haya sido la única utilización de recursos
sospechosos.
Los aviones utilizados por el propio Peña Nieto y la candidata del PAN,
Josefina Vázquez, son otra muestra de cómo la clase política se ha dejado querer
por “empresarios simpatizantes y dadivosos”.
Uno de ellos, Francisco Colorado Cessa, prestó sus aviones a la panista
cuando era coordinadora de su partido en San Lázaro. Colorado está ahora
detenido en Texas, acusado de lavar dinero para la facción de Los Zetas que
encabeza Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Dice el PAN que Josefina Vázquez
sólo los usó en 2010.
Los grupos de delincuencia organizada no buscan el control político. No les
interesa. Lo que buscan son aliados y protección política para sus negocios
ilegales. Da lo mismo que ese apoyo venga del PRI, del PAN, el PRD o cualquiera
de los partidos oportunistas.
No imponen sus leyes en el Congreso, pero sí tienen representantes, como
acusó la Procuraduría General de la República al frustrado diputado federal del
PRD, Julio César Godoy Toscano. O cuentan entre sus filas de sicarios al
destituido presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martin Padua Zúñiga,
quien ganó las elecciones al amparo del PAN y que fue detenido durante un
enfrentamiento del Ejército con Los Zetas.
Además de sus desplantes de violencia, esos grupos imponen presidentes
municipales, conviven con gobernadores, controlan las policías locales,
infiltran a las corporaciones policiales federales –como lo demostró la semana
pasada el asesinato de tres elementos de la Policía Federal a mano de dos sus
compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, compran
mandos en las fuerzas armadas, asesinan a periodistas en venganza de alegadas
alianzas.
Nada de eso tiene que ver con una “normalidad democrática”. Tampoco, los 55
mil muertos que admite el gobierno calderonista y que suman más de 70 mil, según
recuentos independientes; ni los miles de desaparecidos y desplazados.
Incipiente, la mexicana es una democracia capturada por grupos formales y
fácticos. En los primeros están los partidos políticos que impiden una verdadera
rendición de cuentas y escrutinio. En los segundos, el narco y los monopolios
económicos, empezando por el de las telecomunicaciones.
La democracia no se agota en el rito de la votación. En México, hay que
construirla a pesar los partidos y sus padrinos.
jcarrasco@proceso.com.mx
Los profetas de Peña Nieto
Joaquín López Dóriga, conductor del noticiero
nocturno de Televisa.
Foto: Eduardo Miranda
Los votantes mexicanos debemos asumir un dogma de fe: la existencia de una
trinidad divina. La conforman el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo
infalible integrado por hombres purísimos; Enrique Peña Nieto, candidato
invencible, con gran carisma y un nivel de aceptación similar a la Coca Cola, y
finalmente, las encuestas, fuentes científicas de información, imparciales y
absolutamente confiables. En caso de no creer en alguna de estas verdades, el
ciudadano puede ser excomulgado.
“Hoy estamos a 10 días de las elecciones y a
una semana del fin de las campañas políticas, y el promedio de encuestas
publicadas da una ventaja de 15.5 puntos al candidato del PRI: Enrique Peña
Nieto”, Joaquín López-Dóriga 20 de junio, periódico Milenio.
¿Cuál es el papel de un periodista?, ¿defender a ultranza la verdad del
Estado?, ¿lanzar a los opositores a la hoguera?, ¿manipular al público a cambio
de un convenio?
“Dentro de diez días tendremos elecciones vigiladas,
competidas, con reglas que pueden no gustarnos pero que fueron parejas, con
consejeros elegidos por todos los partidos sin excepción, y con cientos de miles
de ciudadanos que salieron sorteados para tomar la decisión del electorado”:
Pablo Hiriart, 20 de junio, periódico La Razón.
“¿Cómo pasó Peña Nieto de casi un desconocido al aparente candidato
invencible?, se preguntó el diario inglés The Guardian en un artículo publicado
el 25 de junio pasado. El periódico ofreció una respuesta al cuestionamiento:
los medios de comunicación fueron condescendientes con los escándalos que rodean
al candidato presidencial del PRI.
Las acusaciones de Maritza Díaz Hernández, anterior pareja de Peña Nieto, de
no reconocer a su hijo pasaron de largo entre los periodistas que salen en las
pantallas del duopolio televisivo. También el episodio del priista en la Feria
Internacional del Libro que lo marcó como amigo de la ignorancia; las
acusaciones contra su equipo de campaña por lavado de dinero; el endeudamiento
de Coahuila encabezado por Humberto Moreira, expresidente del PRI; la fotografía
del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera cabalgando al lado de un empresario
acusado de servir a “Los Zetas”, la documentada y millonaria campaña de Televisa
a su favor. Por mucho menos que eso, las encuestas desahuciaron a Josefina
Vázquez Mota.
Nada de eso fue importante para esos periodistas. Para ellos, lo trascendente
durante su cobertura era atacar con toda la fuerza de su hígado a Andrés Manuel
López Obrador. Debilitar al movimiento #Yosoy132, minimizar la participación de
los ciudadanos en las redes sociales, desincentivar el voto bajo la fatídica
profecía de que era inevitable el triunfo de Enrique Peña Nieto y endiosar al
IFE como fuente de vida eterna.
“(…) Tenemos un país de 110 millones de
personas, una cuarta parte de ese país tiene acceso al internet, de esos, un
pedacito está interesado en los medios de comunicación, en las opiniones
políticas, en las noticias, etcétera, de esos, de un país de 110 millones de
personas, 5 millones de personas tienen Twitter, y de esos cinco millones de
personas un chorro de gente lo usa para pasarse fotos”, Carlos Loret de Mola,
miércoles 16 de mayo, programa Tercer Grado, Televisa.
“A nueve días de que finalice el actual proceso electoral
tanto las encuestas como las apuestas ubican al candidato del PRI a la
presidencia como el probable ganador y con una cómoda ventaja. Hay quienes
piensan que con una gran diferencia de votos entre primero y segundo lugar más
la aceptación de la derrota del tercer candidato en la competencia no van a
existir muchos argumentos para un conflicto postelectoral mayor; sin embargo,
hay otro escenario que no podemos ignorar, ante la evidencia de una nueva
derrota del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador (…) el
conflicto postelectoral de 2012 podría ser aún más radical que en 2006 sobre
todo si se le suma un movimiento de estudiantes decepcionados porque no fueron
aceptados en una universidad pública”: Leo Zuckermann, programa “Es la hora de
opinar”, 21 de junio, Foro Tv.
No importó que el periódico La Jornada
documentara que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
prepara el operativo Ágora para el día de la elección, un vulgar acarreo con
costo de 151 millones 227 mil 750 pesos. Tampoco les pareció relevante que la
coalición Movimiento Progresista denunciara a Peña Nieto por rebasar el tope de
campaña mediante el desembolso de 150 millones de pesos en la contratación de
nueve mil espectaculares. Pasó desapercibida la denuncia de Roberto Gil Zuarth,
coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, del desvío de 700 millones de
pesos por parte del PRI para la compra del voto mediante tarjetas de crédito del
banco Monex. Las bodegas del gobierno de Veracruz repletas de despensas con el
logotipo del PRI, las boletas electorales duplicadas en Oaxaca y la campaña de
Televisa para aniquilar a López Obrador, como evidenció The Guardian.
Todo lo que desfavoreciera al candidato del PRI fue
marginado como nota de quinta y en cambio nos recetaron el hipnótico mantra:
Peña Nieto ya ganó, debemos confiar ciegamente en el IFE, que lo confirmará.
“(…) Lo hago a partir de la
información que perfila un triunfo de dos dígitos de Enrique Peña Nieto. Pero
aun si la victoria del priista se estrechara a seis o siete puntos, la
diferencia rondaría los 3 millones de votos. Sería demencial aludir a un
‘fraude’ con esos números”: Ciro Gómez Leyva, 21 de junio, periódico
Milenio.
Estas elecciones fueron el limbo del PRI. Pasara lo
que pasara, Peña Nieto estuvo en las nubes de las preferencias, como si fuese el
hombre más querido de México. Se volvió costumbre que el IFE sólo ofreciera
pretextos legales para cruzarse de brazos ante la evidencia de una elección
repleta de porquería. Por más alto que los jóvenes del #Yosoy132 gritaron, los
periodistas del sistema sólo respondieron con necia sordera.
Por eso, en caso de que el próximo domingo el
presidente del IFE, Leonardo Valdez, confirme la fatídica profecía del triunfo
de Peña Nieto, sobre estos voceros recaerá una responsabilidad directa por haber
omitido su papel de investigar antes que asumir la verdad del Estado, por ser
tan condescendientes con el candidato del PRI y por desmotivar al electorado.
Tal vez ni a ellos ni a su reputación les importe, difícilmente alguno de estos
rostros aparecerá en la nota roja como el nuevo reportero asesinado. El riesgo
del regreso de un nuevo sexenio del PRI es para los líderes opositores, para los
dirigentes sociales que arriesgan su pellejo para salvar la vida de un migrante
y para los periodistas que asumen su rol de ser agentes de la verdad, no del
convenio.
