Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 31 de agosto de 2012

El falso debate sobre la elección del 1 de julio

El falso debate sobre la elección del 1 de julio
El falso debate sobre la elección del 1 de  julio
 
La sociedad mexicana atraviesa por una de las peores etapas de su incipiente democracia y los partidos de izquierda ahora denominados progresistas, discuten los actuales acontecimientos de manera sesgada casi imperceptible; planteando un falso debate, apoyar a López Obrador o acatar el fallo del Tribunal Electoral al pie de la letra.
Hace semanas atrás, las directrices del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano hicieron publico su respaldo a las decisiones que tome el compañero Andrés Manuel respecto a la calificación de la elección presidencial, el Partido de la Revolución Democrática, resolvió en su consejo nacional acompañar todas las acciones del Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad que impulsa López Obrador.
Las posiciones políticas, de la Coalición Movimiento Progresista, para defender el sufragio de la ciudadanía y la voluntad popular son acciones necesarias y a la altura del proceso pos electoral. Quiénes no quieran entender que la discusión gira en torno a limpiar el proceso electoral del pasado 1 de julio y hacer respetar el Estado de Derecho, están perdidos de la realidad, o bien tienen intereses particulares sí convalidan un fallo favorable a Peña Nieto, de un proceso a todas luces violatorio de las normas del COFIPE y la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de manera más coloquial, quieren sacar raja política.
El cuestionamiento a las instituciones encargadas de desarrollar y calificar el proceso electoral presidencial, tiene una gran connotación, sino se efectúa una resolución apegada a la ley y no se castiga a quienes la infringieron, se esta abriendo la puerta a la compraventa de la democracia mexicana; serán las televisoras y los grupos de poder quienes decidan e impongan a los próximos Presidentes de la República, para muchos intelectuales, éstas aseveraciones les son risibles; y hacen de lado, que los grupos de poder del país, quieren hacer de la Constitución letra muerta, permitirlo sería tanto como traicionar la historia del país y a los próceres mexicanos.
Los elementos por los cuales se demanda la nulidad de la elección presidencial parecieran mínimos, pero son contundentes, se esta pidiendo respeto a la voluntad popular y hacer valer la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Es falso el debate, de quienes quieren hacerse ver como hombres de ley y respetuosos de ella, aseverando que acatar el fallo de los tribunales fortalece a los institutos políticos, que llevar a cabo acciones en contra de las instituciones no es benigno ni propio de un demócrata y qué de esa forma nos orillamos a que tampoco quieran respetar nuestros triunfos electorales; insisto, ese es un debate falso.
Si lo fundamental es hacer prevalecer la ley en su máxima expresión.
Hacer respetar el sufragio popular.
Fortalecer la democracia en trasparecía y equidad de recursos.
En ningún momento se esta incitando al ataque de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia; por el contrario, se esta coadyuvando a fortalecer sus trabajos y dar certeza a un país.
El debate real, es que no se puede permitir o aceptar fallos parciales alejados de la legalidad, que atenten contra la estabilidad de un país y haga añicos el Estado de Derecho, deben plantearse los mecanismos que den certeza y hagan privar la legalidad.
El debate necesario en torno al proceso electoral presidencial, qué se debiera efectuar es en torno a la defensa del sufragio popular, abrir un espacio para evaluar el desempeño de los consejeros del Instituto Federal Electoral y en base a dicho debate sustituirlos.
Es obligatorio, confeccionar un nuevo modelo para la selección de los Consejeros Electorales, que aleje a los partidos políticos de ese proceso y sea la ciudadanía quien asigne a los Consejeros Electorales; de esa manera las fracciones parlamentarias mayoritarias no inclinaran la balanza en ningún momento. Urge un cuerpo de Consejeros Electorales que den certeza a la ciudadanía y no a un partido político.
El debate debe darse de manera profunda, dar un giro a los órganos e instituciones que implementó el viejo régimen de lo contario nos veremos siempre en el mismo atolladero, en todas las materias: electoral, seguridad social, economía, etc, seguimos viviendo bajo las reglas del PRI.
El enemigo a vencer es el autoritarismo, la corrupción, la imposición, el desmantelamiento de los bines de la nación, la pobreza, la ilegalidad que representa el PRI y cuyo rostro visible es Peña Nieto.
El debate real es como garantizar la justicia, para todos y cada uno de los habitantes de México.
Israel Briseño es Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática
Israel Briseño - Especial EMET

Queda por observar el tamaño de la inconformidad popular ante la nueva imposición

Queda por observar el tamaño de la inconformidad popular ante la nueva imposición
Queda por observar el tamaño de la inconformidad popular ante la nueva  imposición
 
Todo parece indicar que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validarán el “triunfo” de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del pasado 1 de julio con lo que se repetirá el escenario del 2006, en el que surgió para los millones de mexicanos que votaron por la izquierda un presidente “ilegitimo” en la figura de Felipe Calderón, quien no alcanzó la legitimidad que brinda la certeza de la limpieza en los procesos pero que a pesar de todo fue impuesto por los poderes fácticos en la residencia oficial de Los Pinos, lo que inició una de las peores administraciones federales de la historia de México. Las noticias difundidas hasta el momento señalan que en el proyecto de resolución de la demanda de invalidez de los pasados comicios presidenciales no se realizó una revisión exhaustiva de las pruebas que presentaron los partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Primera Magistratura de la Nación.

La mesa ya está puesta para que se ratifique a Enrique Peña Nieto como el próximo Presidente de la República, lo que abre un nuevo capítulo de manifestaciones, marchas e inconformidades a lo largo y ancho del país que puede desencadenar un estado de ingobernabilidad crítico y agravado por la gran inseguridad que prevalece en el territorio nacional como consecuencia de la fallida guerra a algunos de los cárteles de la droga declarada por Felipe Calderón y quien para tal efecto fue presionado por el gobierno de George Bush con el señuelo de que así alcanzaría el grado de “héroe” que le brindaría la legitimidad que le fue negado por los electores mexicanos. Los resultados están a la vista, tras un sexenio realmente fallido, con un Estado debilitado y con el fortalecimiento de los grupos fácticos, entre los que destacan no sólo los de los poderosos grupos empresariales, particularmente los que conforman el duopolio televisivo, sino también de los grupos criminales, con el cártel de Sinaloa y Joaquín “El Chapo” Guzmán a la cabeza.
Ayer Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, pidió a los actores políticos aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la validez o no de la elección presidencial, en cuanto se formalice. Ya el proyecto de dictamen de la comisión del TEPJF responsable de elaborar el proyecto de sentencia sobre el juicio de nulidad promovido por la coalición Movimiento Progresista que está en poder de los magistrados electorales prevé desechar la petición de invalidar el proceso. Los magistrados del máximo tribunal en materia electoral del país sostienen que en el desahogo del juicio de inconformidad “ha sido exhaustivo y ha garantizado plenamente el derecho de equidad procesal, por lo que todas las partes y sus alegados han sido escuchados”, afirmación que no resiste un somero examen.
A través de un comunicado, el TEPJF afirmó que “la Comisión Calificadora de la elección presidencial ha dictado 36 acuerdos en los cuales se han adoptado más de 100 determinaciones”. Dijo que se ha escuchado a las partes y la documentación revisada rebasa más de 33 mil fojas. Sostuvo que se ha hecho una “revisión exhaustiva de los planteamientos” contenidos en la demanda, informe circunstanciado y escrito de los alegatos, así como de las pruebas presentadas por las coaliciones actora y tercer interesada y por las autoridades señaladas como responsables, es decir, el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
No obstante y para muestra un botón: el TEPJF declaró infundada la solicitud de la coalición Movimiento Progresista para que se consideren 283 mil 451 firmas de ciudadanos inconformes con la elección presidencial para que se les considere como terceros interesados. En una sesión pública, la Sala Superior de ese tribunal declaró infundada la petición de los partidos de izquierda, al considerar que las firmas recolectadas durante las asambleas informativas de los institutos políticos no pueden ser tomadas en consideración para la resolución del juicio por el que solicita la nulidad de la elección presidencial.
Frente a esa certeza, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a todos los partidos políticos que, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaré (a Enrique Peña Nieto) presidente electo, se deje atrás la competencia electoral, la diatriba, el encono y la crispación, con el propósito de construir el proyecto de unidad nacional que requieren los mexicanos. También los gobernadores del tricolor llamaron a cerrar el capítulo del conflicto poselectoral, porque, dijeron, es tiempo de construir a favor de los mexicanos. César Duarte, actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), consideró fundamental que el proceso electoral se desahogue en los términos que está planteado en la ley. El gobernador de Chihuahua, optimista, descartó un mayor conflicto, pues, dijo “no veo más allá de una polémica intensa, que se ha generado en torno a la elección”.
La visión de la izquierda es diametralmente opuesta: el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró que las movilizaciones populares en contra de la declaración de validez del triunfo del priísta Enrique Peña Nieto dependerán, primero de la decisión que tomen los magistrados del TEPJF y sí éstos se apegan a la legalidad o simplemente actúan con cinismo. Destacó que el Tribunal Electoral sólo tiene dos caminos para calificar la elección presidencial: “actuar con cinismo”, como en 2006 y validar el resultado, o declarar la nulidad del proceso para permitir la designación de un presidente interino”. El mandatario capitalino también convocó a los partidos que integran el Frente Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano) a actuar de manera cohesionada y unida.
La preocupación de los partidos de izquierda ante la cercana resolución de los magistrados electorales no es gratuita. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, admitió que “vemos con preocupación que no han terminado de desahogarse quejas que hemos presentado contra el IFE y ya resulta que está circulando el proyecto de la sentencia emitida por la comisión especial entre los magistrados”. También Ricardo Monreal, ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, llamó a los magistrados del Tribunal Electoral a no validar la elección presidencial, ni avalar “un gobierno ilegitimo que no estaremos nunca dispuestos a reconocer”. El político zacatecano instó a los magistrados a no convertirse en encubridores o cómplices de las “graves violaciones constitucionales” cometidas antes, durante y después de los comicios del pasado 1 de julio.
En cuanto se consumen los hechos anteriormente descritos queda por observar el tamaño de la inconformidad popular ante esta nueva imposición de un nuevo mandatario por parte de las autoridades electorales. La inconformidad de los grupos de izquierda habrá de batallar al interior de los tres partidos políticos con los grupos que se comportan como verdaderos caballos de Troya y que defienden las parcelas de poder alcanzadas hasta ahora, principalmente en el Congreso la Unión, y algunas gubernaturas y presidencias municipales, lo que les ha permitido a esos políticos dejar de lado el morral y cargar ahora sendos maletines y trasladarse en autos de lujo, que no conocieron en su azarosa militancia en la oposición.
Lilia Arellano - Opinión EMET

«No aceptamos a Peña Nieto como presidente», sostienen- TEPJF: institucionalidad lesionada

No aceptamos a Peña Nieto como presidente, sostienen
Repudian jóvenes la decisión de los magistrados electorales
Instan a adoptar nuevas medidas; instalan campamento en el TEPJF
Foto
Tras conocer la decisión de los magistrados sobre la impugnación del Movimiento Progresista, que exigía declarar la invalidez de los comicios presidenciales, jóvenes indignados derribaron las vallas colocadas frente a la sede del tribunal electoral y convocaron a realizar otros actos de protestaFoto Víctor Camacho
Alma E. Muñoz y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 8
Al grito de ¡México, sin PRI! y la advertencia de como hay imposición, habrá revolución, cientos de personas expresaron su repudio a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de desechar el juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista que exigía declarar la invalidez de la elección presidencial.
Tras conocer que cuatro de los siete magistrados se habían pronunciado por declarar la validez de los comicios del pasado primero de julio, los manifestantes derribaron las vallas metálicas que desde temprana hora se instalaron en torno al tribunal para resguardarlo, lo cual provocó la movilización de un grupo de granaderos dentro y fuera del recinto para impedir que entraran al mismo y evitar que colocaran mantas sobre las rejas.
Cerca de las dos de la tarde, los inconformes, unos pertenecientes el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otros a #YoSoy132, empezaron a reunirse frente al TEPJF para manifestar su repudio al PRI, a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y a los magistrados electorales, a quienes acusaron de validar el fraude.
En señal de rechazo a los integrantes del tribunal, algunas personas –la mayoría jóvenes– lanzaron monedas y basura al interior del recinto. ¡Vendidos, vendidos!, comenzaron a gritar, mientras una activista disfrazada de juez, con billetes falsos prendidos a la toga, excremento en el birrete y usando una máscara de cerdo, escenificaba lo que para muchos manifestantes representan los magistrados.
Desde la madrugada del jueves, las inmediaciones del tribunal fueron resguardadas con vallas metálicas, y la presencia de elementos del Ejército y personal de seguridad privada. Entre los grupos designados para custodiar las instalaciones se encontraban también agentes de la policía capitalina, la mayoría vestidos con playeras y chamarras negras. En el lugar se apostaron mujeres vigilantes, quienes no aclararon a qué agrupamiento pertenecían.
Durante la tarde, el ánimo de los manifestantes permaneció relativamente en calma, y sólo coreaban consignas y mostraban pancartas contra el PRI y Peña Nieto. Pasadas las ocho de la noche se conoció el sentido de los votos de los magistrados.
En ese momento un grupo de jóvenes –y una que otra señora acompañada de sus hijos pequeños– comenzó a jalonear las vallas metálicas instaladas sobre la avenida Carlota Armero, frente a la entrada principal del tribunal, hasta que lograron desprenderlas, mientras gritaban ¡Peña no ganó, el Trife le ayudó! y ¡Revolución, revolución!
Con la finalidad de calmar los ánimos, varios manifestantes hicieron una contravalla frente a los granaderos, advirtiendo que los agentes iban armados y ellos no, por lo cual llamaron a la gente a no caer en provocaciones. Como señal de que su movimiento es pacífico, comenzaron a cantar el Himno Nacional.
Durante la manifestación hubo muestras de rechazo a Televisa y otros medios de comunicación, a los que acusaron de haber apoyado al candidato del PRI. Incluso, algunos camarógrafos se alejaron en forma momentánea de los manifestantes, ante el enojo que provocó su presencia.
Después de que los magistrados rechazaran por unanimidad invgalidar la elección presidencial, los inconformes decidieron utilizar las redes sociales para convocar a nuevas acciones.
Ahora sí estamos ante algo inminente, tenemos que tomar otras medidas. Hay que movilizarnos porque no aceptamos a Peña Nieto como presidente, señalaron en breve asamblea.
Hasta las 11 de la noche de ayer algunos manifestantes continuaban la protesta entre gritos de ¡Obrador, Obrador!, en espera de que salieran los magistrados –quienes abandonaron el tribunal por la puerta de atrás– y dejaron entrever que se sumarán a la marcha del movimiento #YoSoy132, que se realizará hoy a las 16 horas de Ciudad Universitaria al TEPJF.
Más tarde los manifestantes acordaron instalar un campamento fuera del tribunal.
Protesta en Monterrey
Alrededor de las 20 horas, unos 40 integrantes del Frente Nuevo León contra la Imposición de Enrique Peña Nieto iniciaron un plantón frente al Congreso del estado, en Monterrey, para repudiar el fallo del TEPJF, que desestimó las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial. Personal de seguridad se apostó en la entrada principal del inmueble para prevenir una eventual toma del edificio.
(Con información de David Carrizales, corresponsal)
 Tal cual-Helguera
TEPJF: institucionalidad lesionada
Desde febrero pasado, meses antes de la reciente elección, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) que impidiera y, en su caso, sancionara irregularidades como la compra de votos, el rebase en los gastos de campaña y la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos. A esa petición el IFE respondió que no tenía facultades para evitar o castigar tales infracciones a la ley electoral en tanto éstas no fueran perpetradas. Fue evidente también la actitud omisa de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade). En las semanas siguientes la ciudadanía constató el exceso de recursos en la campaña del candidato priísta, Enrique Peña Nieto. Por lo demás, desde el día mismo de los comicios se dieron a conocer miles de testimonios fotográficos, videográficos y notariales que documentaban la compra de sufragios para la fórmula del partido tricolor.
 
Posteriormente, la coalición de izquierda divulgó docenas de documentos, confirmados uno a uno como auténticos, que evidenciaban diversos manejos de dinero de procedencia desconocida, posiblemente ilícita, en el contexto de la campaña peñanietista. Por todo lo anterior, la parte agraviada pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fallara la invalidez de la elección, toda vez que ésta no cumplió con las características establecidas en la Constitución.

En tal circunstancia, con un resultado electoral inverosímil a ojos de millones de ciudadanos, el tribunal tenía ante sí la disyuntiva de calificar, esclarecer e investigar las pruebas presentadas; corregir, de esa forma, las omisiones del IFE y de la Fepade; dar con ello certidumbre y solidez a los procesos electorales, y sentar un precedente para impedir la repetición de los mecanismos de distorsión de la voluntad popular, o bien recurrir a formulismos legales para declararlas improcedentes y desechar en su totalidad el recurso del Movimiento Progresista.
 
Los magistrados del TEPJF optaron, en la sesión de ayer, por lo segundo: dieron la espalda a los testimonios de las irregularidades y buscaron –y encontraron– pretextos legalistas para descalificarlos. En la lógica enunciada por los magistrados, la única prueba admisible habría sido, acaso, una reconstrucción de hechos, realizada ante sus ojos y con todos los protagonistas presentes, de los desaseos electorales que fueron vistos, por lo demás, por innumerables ciudadanos.
 
La falta de pulcritud y la parcialidad fue llevada a tal punto que Salvador Olimpo Nava Gomar se adelantó a los procedimientos jurídicos para referirse a Peña Nieto como presidente electo y a calificar de elecciones libes y auténticas el proceso pasado, en tanto que su colega Flavio Galván se refirió al proceso culminado ayer como juicio anecdótico sin acto impugnado.
 
En suma, los magistrados no juzgaron la legalidad de la elección, sino que se limitaron, basados en una interpretación estrechísima de las leyes e ignorando indicios de la comisión de posibles delitos graves, a descalificar al Movimiento Progresista y a sus recursos de impugnación. Porque, a contrapelo de lo que afirmó el magistrado Manuel González Oropeza, la ley no es aplicable si no se interpreta, y en el caso presente los integrantes del organismo decidieron dar a la Constitución y a las normas electorales una interpretación omisa, complaciente y, para colmo, sumamente lesiva para el conjunto de la institucionalidad política del país. Porque, ante su negativa a investigar y esclarecer el cúmulo de irregularidades del pasado proceso comicial, abren la puerta a la perpetuación de prácticas electorales repudiables, a un gravísimo descrédito de los procesos democráticos y a un nuevo gobierno carente de legitimidad.

Unánime rechazo del TEPJF a demanda de invalidar comicios-

Ignora quejas por compra y coacción del voto, favoritismo de medios y encuestas manipuladas
Unánime rechazo del TEPJF a demanda de invalidar comicios
Foto
El magistrado presidente del tribunal electoral Alejandro Luna Ramos lee el dictamenFoto Carlos Cisneros
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 3
De forma unánime, sin conceder ninguno de los alegatos argumentados por el Movimiento Progresista sobre violaciones a los principios constitucionales de las elecciones, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron infundada la demanda de la coalición de izquierda de declarar la invalidez de la elección presidencial.
Durante casi cinco horas y media los magistrados reivindicaron haberse apegado al debido proceso, aunque parecieron más bien enjuiciar a la coalición demandante y desacreditar sus argumentos legales. Así, se votó el dictamen que consideró que no hubo compra y coacción del voto; que los medios de comunicación actuaron con imparcialidad; que las encuestas no fueron manipuladas para favorecer al candidato priísta Enrique Peña Nieto, ni tampoco hubo campaña encubierta de Televisa y otros medios en favor del mexiquense.
Nada probaron
De igual forma, a juicio de los magistrados, el Movimiento Progresista tampoco pudo acreditar que el priísta rebasó los topes de gastos de campaña (porque es un tema que aún está por resolverse) ni que hubo financiamiento ilícito; rechazaron igualmente que hubiera injerencia de los gobiernos estatales de extracción priísta. Sostuvieron que la coalición de izquierda no probó que los monederos de Banco Monex o las tarjetas Soriana fueran utilizadas para comprar el voto.
Quizá la únicas alusiones donde no hubo descalificaciones contundentes fueron las relacionadas con el rebase de topes de campaña. Con el argumento de que era inviable jurídicamente cualquier prórroga del plazo a la calificación presidencial, se argumentó: Rebase de topes de campaña. En este apartado se haría una valoración prematura porque la investigación está inconclusa.
A diferencia de 2006, donde se reconocieron irregularidades, con el matiz de que no se acreditó el impacto en el resultado de la elección (intervención presidencial, propaganda ilegal del Consejo Coordinador Empresarial, entre otras), en esta ocasión nada de lo argumentado por la coalición de izquierda fue acreditado, nada se concedió.
Acorde con ello, subrayó el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, se considera jurídicamente improcedente acoger los argumentos y razones esgrimidos por la promovente y que en su concepto sustenta su pretensión de declarar la invalidez de la elección presidencial.
Aseguró que de conformidad con el proyecto presentado por la comisión especial de magistrados que revisó la elección presidencial, no ha lugar a asumir esa pretensión. Apuntó que el TEPJF actuó con exhaustividad y rigor jurídico interpretando la norma de forma integral, por lo que se concluyó que no había lugar a dar cauce a la pretensión de declarar la invalidez.
El proyecto de sentencia que presentó la comisión especial que analizó el recurso promovido por la coalición de izquierda desvirtuó todas las pruebas aportadas. No concedió uno solo de los agravios que esgrimió la parte acusadora, pues en todos los casos se les consideró infundados, inoperantes, con insuficiencia de pruebas, no acreditación de los hechos... y más.
Compra del sufragio
Se argumenta coacción del voto, aportación de recursos de empresas indebidamente, rebase de topes de campaña. La resolución señala que no se acreditó la supuesta contratación con la empresa Frontera Televisión Network y las pruebas no convalidan lo reportado por Jesús Ponce Aquino.
Con respecto al uso de tarjetas Monex, la resolución reconoce que se presentaron 7 mil 586 plásticos, pero no se demostró que su distribución haya incluido a los ciudadanos en general ni que hubo el activismo o la movilización política alegada. Está acreditada la existencia de las tarjetas, pero no que se hayan entregado para comprar el voto, no existe nexo causal.
Argumentación similar con las tarjetas Soriana, donde no se acredita que hubo vulneración en el ejercicio del voto libre y que afectaran las elecciones auténticas. Tampoco existe que a partir de estas tarjetas se haya ejercido presión sobre los votantes, pues “no hay pruebas de la entrega de despensas ni de desvío de recursos (…) Para acreditar la compra de votos debe probarse que existió distribución de un bien o dinero y que la entrega se condicionó al voto ”.
Intervención de gobernadores
En sus alegatos, considera la resolución, el Movimiento Progresista no prueba que en el proceso electoral hayan intervenido funcionarios públicos, estatales o municipales de forma indebida, como tampoco presentó las pruebas de que se utilizaran recursos para ejercer presión o coacción a favor de Peña Nieto.
Sobre la denuncia de la reunión de gobernadores en la que se habría orquestado la fijación de cuotas y definición de acciones para garantizar votos a Peña Nieto, se advierte que está acreditada la celebración del encuentro de 16 gobernadores, pero no hay indicios del propósito de esa reunión, menos que hubo acuerdo para cubrir una cuota o cantidad de votos mediante desvío de recursos.
Por lo que hace a inequidad en medios de comunicación, al desglosar los agravios relacionados con este tema el documento de la comisión considera que su desempeño no fue un factor que generara desigualdad en la contienda. Entre los agravios más destacados que argumentaba la coalición, la propaganda encubierta en Televisa y otros medios, los magistrados no entraron ni siquiera al fondo, toda vez que, se adujo, es un tema que ya fue atendido por el Instituto Federal Electoral –lo consideró infundado– y ratificado por el TEPJF.
Sobre el presunto sesgo en que habrían incurrido los noticieros en radio y televisión, como lo argumentaba el Movimiento Progresista, se establece que en su momento el IFE aprobó los lineamientos generales de los noticieros, los cuales quedaron firmes al no ser impugnados, por tanto no es procedente este argumento.
De igual forma, se desestimó que no se haya incluido el monitoreo de programas de opinión, toda vez que no estaba contemplado en los lineamientos aprobados por el IFE. También consideraron infundado el agravio que cuestionaba la presuntamente inequitativa distribución de los espots en radio y televisión (3 a 1 a favor de Peña), pues esto ya había sido resuelto por el IFE y el TEPJF y esa distribución era correcta.
Sobre la parcialidad en la cobertura de la participación de Peña en la Universidad Iberoamericana, fue igualmente considerada infundada por no haberse acreditado que hubiera existido. La coalición tampoco pudo acreditar que se hubieran realizado entrevistas pactadas en diversos medios de comunicación.
Sondeos
Sobre la manipulación de las encuestas, la resolución admite las ostensibles diferencias entre los sondeos difundidos y el resultado electoral, pero esta afirmación no es suficiente para acreditar que hubo manipulación con fines propagandísticos. Se afirma que más de 91 por ciento de las encuestas se apega a la normatividad emitida por el IFE
Si bien se tienen acreditadas las diferencias con 11 encuestadoras, la parte actora debió haber acreditado plenamente que hubo una intencionalidad de quienes las difundieron o patrocinaron para manipular el voto pero, enfatiza, los ejercicios demoscópicos no deben ser equiparados con predicciones de eventos futuros.
Rebase de topes de campaña
Al respecto, la resolución se limita a señalar que es prematuro hacer una valoración, en alusión a que los plazos de la Unidad de Fiscalización sobre los gastos de la campaña presidencial vence en enero próximo. Ligado a ello, la resolución igualmente ignora como válida la difusión excesiva de espectaculares de Peña, porque tampoco existen elementos para saber si se rebasó o no el gasto de campaña con este despliegue, pues continúan las investigaciones y la coalición no aportó pruebas suficientes, por lo que se considera que el dicho de la actora es una mera apreciación.
Cómputos distritales
Sobre esto, la resolución menciona que la coalición no emitió argumentos claros sobre este agravio, además de aludir a los recuentos realizados por el IFE y el TEPJF, motivo por el cual se pretende desestimarlo.
Habló el PRIbunal-Fisgón
Exigencias ciudadanas al TEPJF
Miguel Concha Malo
La Red de Solidaridad Sacerdotal es un grupo de presbíteros católicos de diferentes regiones del país. La semana pasada emitió un pronunciamiento sobre el proceso electoral, luego de haberlo analizado en su más reciente asamblea anual, desde la perspectiva del poder y la autoridad en Jesús de Nazareth. En él reconoció aspectos positivos, como el número de personas inscritas en la lista nominal con posibilidad de votar, que constituye una de las 10 listas más grandes del mundo; la participación ciudadana numerosa el día de las elecciones, particularmente la de las y los jóvenes; el alto porcentaje de casillas que no obstante las dificultades se pudieron instalar; la transparencia en el conteo de los sufragios en las mesas de votación, y la realización de diversos foros y espacios de debate entre los candidatos a diferentes cargos. Pero señala como aspectos negativos, la inequidad del proceso electoral en el uso de recursos en los medios de comunicación, cargados hacia la candidatura presidencial de uno de los contendientes; el de-saliento de votantes o la inducción del voto en favor de éste por medio de encuestas, y la compra del voto y el lucro que se hace con la pobreza, ejercicio aberrante en el que incurren todos los partidos.
 
Percibe, además, un desencanto en la ciudadanía con relación a estos institutos políticos, no arraigados en la base de la sociedad, y por ende lejanos a los problemas sentidos por el pueblo pobre, lo que se manifiesta, entre otras cosas, al seleccionar a los candidatos desde la cúpula partidista, haciendo a un lado a la militancia.

Y afirma que la ley electoral no provee todavía a la ciudadanía de instrumentos jurídicos que le garanticen una efectiva participación en la configuración del poder político. Entre los que señalan, la relección de presidentes municipales, la segunda vuelta, la reglamentación de las candidaturas independientes, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y la eliminación del fuero.

Concluye constatando con tristeza la lejanía que se dio en nuestro país entre los anhelos democráticos y la realidad que se manifestó en el pasado proceso electoral, enfatizando que el pueblo no es un puñado de clientes a los que se puede ver como votos potenciales a través de la compra, sino una comunidad de ciudadanos que aspiran a ser sujetos de su propio destino.

Invita, finalmente, a enriquecer conjuntamente la democracia, dándole seguimiento puntual a la gestión de las autoridades emanadas de la elección; fortaleciendo la presencia de la Iglesia en los acontecimientos y procesos sociales, y aportando en la base de la sociedad formación democrática y mística, para mantener la esperanza en una sociedad lastimada por la injusta pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Por otro lado, La Jornada informó oportunamente el miércoles que 70 miembros y dirigentes de organizaciones sociales de toda la República se dirigieron el martes a los magistrados y a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para exigirles que se asuman como un órgano autónomo de Estado, como un verdadero tribunal de constitucionalidad, garante por ello de la soberanía popular en el Poder Judicial, y que no pasen por alto las irregularidades ocurridas en los comicios del primero de julio. Que no simplemente validen con argumentos legales el triunfo de un candidato que violó las normas, de-sobedeciendo así el mandato de nuestra ley fundamental, y mellando también con ello gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República.
 
El mandato del IFE y del TEPJF es la garantía y salvaguardia de los principios constitucionales que la Carta Magna estableció como rectores de elecciones auténticas en nuestro país, y del principio del sufragio libre para el acceso a los puestos de elección popular, también consagrado en la Constitución, dicen con acierto los dirigentes de estas organizaciones civiles y sociales.
 
“Dicha responsabilidad –añaden– comprende el proceso en su totalidad, y no se reduce a la jornada electoral, ni a los recuentos de sufragios correspondientes.” “El IFE y el TEPJF –concluyen– deben asumirse como instituciones de constitucionalidad en primer término, y de ninguna manera eludir su responsabilidad, sobreponiendo a la Constitución, de forma mecánica y trivial, disposiciones de carácter meramente legal.”
 
Entre las irregularidades destacan el rebase del tope de campaña y la actuación parcial y tendenciosa de los medios de comunicación en beneficio de un candidato; la contratación de encuestadoras que rebasaron con mucho los márgenes de error aceptables, haciendo creer a la opinión pública que uno de los candidatos contaba con preferencias irreversibles, las cuales resultaron totalmente fuera de la realidad, y la utilización masiva de mecanismos refinados y burdos de compra y coacción del voto.
 
“Ante estos hechos –expresan–, ni el IFE ni el TEPJF, como garantes constitucionales del proceso electoral, pueden refrendar impunemente el triunfo de un candidato que obtuvo votos bajo esas circunstancias.”
 
Por otro lado, también el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas expresó lo siguiente a este respecto en un manifiesto dado a conocer el miércoles, del que nos ocuparemos más ampliamente después: Exigimos que el TEPJF incorpore en la calificación de la elección presidencial todos aquellos elementos de prueba que se le han presentado y que se asuma como lo que es: un tribunal constitucional y no sólo de legalidad.

LAS MAS DEL 31 DE AGOSTO DE LA JORNADA EN INTERNET

Desechan de forma unánime todos los argumentos del Movimiento Progresista
Tampoco campaña encubierta de Televisa y otros medios en favor del mexiquense
Censuran magistrados la aportación de pruebas insuficientes, infundadas e imprecisas
Desechados uno a uno, los argumentos esgrimidos para invalidar la elección
México tiene ya un presidente electo, Enrique Peña Nieto, adelantó Salvador Nava Gomar
Foto
Entre condenas, regaños, censuras, precisiones, consejos y varios calificativos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó unánimemente la solicitud de la coalición de izquierdaFoto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 5
Coincidentes de forma unánime en desechar todos y cada uno de los argumentos del Movimiento Progresista en su demanda de invalidar la elección presidencial, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) censuraron a la coalición demandante por la aportación de pruebas calificadas, con matices, de insuficientes, infundadas, inoperantes, genéricas e imprecisas.
Aunque la sesión sólo fue para resolver el último juicio de inconformidad contra los comicios presidenciales, el magistrado Salvador Nava Gomar se adelantó a los plazos y enfatizó que de aprobarse el proyecto México tiene ya un presidente electo, Enrique Peña Nieto.
De manera unánime condenaron los alegatos de la coalición de izquierdas; sus diferencias radicaron en los énfasis. Las pruebas no hacen prueba, soltó Flavio Galván; son pruebas secundarias, periféricas, sin relación con la demanda, secundó Pedro Penagos. Partieron de premisas equivocadas, coincidieron Alejandro Luna Ramos y María del Carmen Alanís.
Sólo Constancio Carrasco concedió algo: que el entramado legal vigente hace que corran paralelos la impugnación de los comicios presidenciales y la fiscalización del gasto de campaña. A continuación, las posturas de cada magistrado.
Salvador Nava
Fue el primero en plantear su postura y a manera de conclusión, en los albores de la sesión, dijo: Si ustedes tienen a bien aprobar esta sentencia y lo conducente de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto.
Defendió por anticipado su petición y planteó: A un tribunal no debe juzgársele a partir de razones políticas, sino nada más a través del debido proceso.
A partir de ello minimizó las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista, porque en muchos casos debió habérseles considerado inoperantes, aunque se analizaron exhaustivamente. Respecto de los alegatos sobre la presunta injerencia de los gobiernos estatales priístas en la elección, sostuvo que los planteamientos de estos agravios, bajo la técnica jurídica más estricta, procesalmente hablando, como lo dije en un principio, podrían calificarse de inoperantes porque suelen ser vagos, generales o imprecisos.
De lo relacionado con la inequidad de los medios de comunicación, desestimó todos los elementos esgrimidos, tales como la parcialidad de noticieros, la manipulación de encuestas o la situación de los medios y su impacto en la libertad de expresión. Aseguró que en este último aspecto son posturas meramente subjetivas y dogmáticas, pues son categorías generales carentes de sustento para convertirse en un elemento probatorio.
En cuanto a las encuestas, opinó que aunque estos sondeos no hayan coincidido con los resultados electorales ello no significa una manipulación de estos instrumentos con fines propagandísticos. El Movimiento Progresista no ofrece elemento probatorio alguno y en todo caso, añadió, la afirmación de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, quien decía tener otros datos, sería un argumento para probar que los dichos de la coalición no son válidos.
Flavio Galván Rivera
Como si estuviera en el aula de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte clases, el magistrado desmenuzó varios casos en los que, a su juicio, las pruebas (presentadas) no hacen prueba. En ese tono, concluyó: No está acreditado que haya habido coacción. No hay compra, coacción o inducción ilícita (del voto) demostrada.
También desestimó como prueba válida la existencia –probada así por el TEPJF– de varios convenios millonarios firmados en periodo electoral entre gobiernos priístas y la cadena de tiendas Soriana, para la compra masiva de despensas supuestamente para fines de asistencia social.
Son actos jurídicos administrativos o mixtos que llevan a cabo los gobiernos de los estados en cumplimiento de los programas de gobierno. No vamos a juzgar la licitud o ilicitud de estas licitaciones públicas o adjudicaciones. Ya dije en alguna otra ocasión que las elecciones no pueden suspender el cumplimiento de los deberes de gobierno, adujo.
Sin embargo, enseguida destacó que la sentencia del tribunal no significa una exoneración del eventual rebase de gastos o alguna otra presunta ilegalidad del abanderado priísta, porque en algún momento las instancias correspondientes, como el IFE o la PGR, llegarán a conclusiones.
Galván argumentó que sólo juzgaron la legalidad o ilegalidad de la votación y detalló lo que a su juicio fueron fallas y omisiones de los documentos de fe notarial que incluyó la coalición demandante en su escrito del juicio de inconformidad.
“Ahí están las fes notariales, las notas en medios de comunicación, grabaciones, el llamado Sorianagate, según nota de The Washington Post, pero no está demostrado que se hayan entregado (las tarjetas ) a ciudadanos y menos aún que, de haberse entregado, haya sido para votar a favor del candidato (del PRI). En consecuencia, son infundados los conceptos de agravio”.
Advirtió que la coalición elaboró e interpuso su recurso con base en preceptos legales que no coinciden con el tiempo de presentación, por lo que –advirtió– pudieron incluso desechar el juicio por extemporáneo.
Constancio Carrasco Daza
El magistrado Carrasco endosó al Poder Legislativo el entramado actual que permite que corran en paralelo los juicios de inconformidad de la elección presidencial y los procesos de fiscalización de gastos de campaña.
¿Era indispensable que se resolvieran esos procedimientos (de fiscalización) previo a la resolución del juicio de inconformidad?, planteó. Él mismo se respondió al señalar que el objetivo de quienes hicieron la reciente reforma electoral obedece a la lógica del legislador para que sean procesos administrativos sólidos en donde se alegue rebase de topes de gastos de campaña.
Al igual que Galván, Carrasco subrayó que serán las autoridades competentes las que en su momento arrojen conclusiones, en particular del presunto rebase de topes de campaña que analiza actualmente la Unidad de Fiscalización del IFE.
No obstante, al final de su participación de casi una hora, dijo que con las pruebas aportadas por la coalición no es posible ser concluyente respecto de los hechos denunciados.
En el caso del reparto de las tarjetas Soriana comentó que no hay evidencia de esa presunta irregularidad, entendida como la compra del voto por esta vía. No hay pruebas para concatenar los indicios que se tienen de las notas periodísticas, señaló respecto de un elemento recurrente en el recurso de la coalición –e igualmente criticado por los otros seis jueces electorales– relacionado con la inclusión de notas difundidas en medios de comunicación como pruebas.
“Los contratos de Soriana, incluidos los firmados con gobiernos, tienen su origen en licitaciones públicas… en este sentido no puede afirmarse en forma concluyente que se trate de prácticas indebidas desde el punto de vista legal (...) ni reconocerse que los beneficiarios de esos programas, al recibirla (la tarjeta) se despojen de su voluntad de emitir libremente el sufragio”.
Carrasco dijo que la valoración de pruebas impone, sin duda, juzgar este asunto a partir de los hechos denunciados y de las pruebas. Con el acervo probatorio que nosotros contamos y con una valoración que no deja de reconocer, no es posible coincidir con la coalición, resumió.
Alejandro Luna Ramos
Último orador, el presidente del TEPJF se sumó a los criterios de sus compañeros acerca de que el análisis de este órgano electoral fue exhaustivo y sostuvo que los demandantes partieron de premisas equivocadas.
Destacó que los plazos de fiscalización (impugnados por la coalición a fin de que se autorizara un procedimiento extraordinario para la entrega de reportes preliminares de auditorías) y los lineamientos del IFE para los noticieros, en su momento no fueron motivo de controversia.
Rechazó todos los argumentos de la coalición de izquierda y aseveró que éstos no pueden servir de sustento a la petición planteada en el juicio, en particular aquellas que en su momento ya fueron analizadas y resueltas por las autoridades electorales.
Dijo que la demandante aludió a cuestiones no probadas, en referencia a los polémicos casos de Soriana y Monex, más aún con la inclusión de documentos notariales imprecisos.
María del Carmen Alanís
La magistrada sostuvo que en la contienda presidencial no hubo afectación al principio de equidad, y subrayó que la coalición no presentó las pruebas que sustentaran sus aseveraciones. Sobre las encuestas, dijo que no está probada la violación a principio constitucional alguno y, además, los lineamientos emitidos por el IFE para las encuestadoras no fueron impugnados. Se parte de una premisa falsa. Los usos de las encuestas no necesariamente producen efecto.
Dijo que, según el Instituto Federal Electoral, 96 por ciento de los estudios con base en los cuales se hicieron los sondeos cumplieron con los requisitos. Además, apuntó la magistrada, en ninguna parte del mundo hay elementos para demostrar que una información emanada de una encuesta es decisiva para presionar al elector.
El ejercicio de ponderación de este tribunal, añadió, consiste en evaluar si se acreditan los hechos denunciados y enseguida examinar si la magnitud de los hechos irregulares, debidamente probados, tuvieron una fuerza irresistible. Es decir, si excede el grado de presión que una persona puede resistir sin que se altere su libertad, sin que exista un vicio en su voluntad y que el agregado sea determinante para el resultado de la elección colectiva mayoritaria, subrayó.
Pedro Esteban Penagos
De entrada descalificó las pruebas aportadas por la coalición demandante porque se ofrecieron muchas, pero fueron secundarias, periféricas, sin relación alguna con lo argumentado en la demanda. Y aunque reconoció que se presentaron tarjetas de Monex y Soriana, lo único que probaron con ello fue su existencia, pero en modo alguno que se hubieran utilizado para la compra de votos.
En el caso Monex, sólo se acreditó la distribución de estas tarjetas a representantes priístas que se dieron en pago de servicios prestados, por lo que no hay elementos de prueba que permitan inferir que la distribución de estas tarjetas se realizó a la ciudadanía en general.
De los plásticos de Soriana dijo que sólo demuestran la existencia de los mismos, pero no la irregularidad planteada. No tienen la fuerza suficiente para decir que Compromiso por México distribuyó esas tarjetas, por lo que sólo tienen valor indiciario y no es una prueba fehaciente de que fueron utilizadas para la compra de votos.
Sostuvo que declarar inválida la elección es viable siempre y cuando se tengan acreditadas las irregularidades en la magnitud e importancia para anularla. Las pruebas son indispensables para lograr la pretensión, representan el corazón del problema en el juicio y sin éstas no se alcanzan las pretensiones.
Los argumentos presentados por la coalición no acreditan que la elección no haya sido libre y auténtica o que se impidió a los ciudadanos sufragar con libertad. No se comprueba que se hayan violado consistentemente los principios constitucionales de la elección como para pretender que se anulen más de 50 millones de votos y el TEPJF está –concluyó– para preservar la voluntad ciudadana”.
Manuel González Oropeza
El magistrado comenzó diciendo que si bien la postura del Movimiento Progresista en torno a la elección es entendible políticamente, su petición de invalidar la elección presidencial debe ser sometida a la óptica del derecho, y en esta lógica sus argumentos no acreditaron que se hayan cometido las irregularidades que ameriten la invalidez de la elección.
Demandó enseguida que no se politice el litigio legal sobre la elección, porque las campañas ya concluyeron. El tribunal, subrayó, no puede privilegiar la posición de la coalición en detrimento de otros actores o de la elección misma, de ahí que se debe defender la imparcialidad aun en contra de amenazas o represalias de los actores políticos. Así es la administración de la justicia.
Fue explícito en descalificar la demanda del Movimiento Progresista para que se postergara la sentencia sobre la elección presidencial hasta concluir las quejas relacionadas con irregularidades en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto. No puede haber posición más equivocada e ilegal, porque los plazos establecidos en la legislación están previstos.
¿Compra del voto?
Por lo que hace a la presunta compra del voto, González Oropeza consideró que las pruebas presentadas difícilmente pueden acreditar que los 19 millones de sufragios para Peña Nieto hayan llegado por esta vía. Difícil demostrar que la manipulación del voto se haya dado en automático a la entrega de una dádiva y que los 15 millones de votos que obtuvo la coalición demandante haya sido por haber resistido estos embates.
Concluyó que no es entendible cómo la compra de votos pudo haber afectado la votación del candidato presidencial del PRI, sin que impactara en el sentido de la de los otros partidos en el resto de los cargos en disputa.
 
Lo ungen como candidato presidencial republicano
Es momento de un cambio para EU, manifiesta el ex gobernador
Es parte de la élite financiera que causó la crisis, acusan detractores
Oficial, su candidatura a la presidencia de EU al concluir Convención Nacional Republicana
Romney invita al cambio y a dejar atrás 4 años de decepción
Destaca en su discurso la desilusión con el gobierno de Obama y ofrece “restaurar America
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Mitt Romney agradece los aplausos de los delegados tras aceptar la candidatura a la presidencia estadunidense por el Partido Republicano ayer en el último día de la convención en Tampa, FloridaFoto Reuters
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El actor y director de cine Clint Eastwood fue el invitado sorpresa ayer en la clausura de la Convención Nacional y dirigió un discurso justo antes de Mitt RomneyFoto Reuters
David Brooks
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 31
Tampa, 30 de agosto. Buscando cosechar lo que calificó como la desilusión nacional con Barack Obama, Mitt Romney llamó a “restaurar la promesa de America” en la última noche de esta Convención Nacional Republicana al ser coronado como el candidato presidencial del partido.
Ofreciendo lo que el guión y los medios calificaron como el discurso más importante de su vida, Romney declaró que el país merece algo mejor que los últimos cuatro años. Afirmó que todos, comerciantes, empresarios, estudiantes y el público en general pensaban que éstos serían sus mejores años y que esa fue la esperanza y el cambio por los que votó Estados Unidos cuando eligieron Barack Obama.
“Pero sus promesas (las de Obama) dieron paso a la decepción y la división. Esto no es algo que tengamos que aceptar. Este es el momento de hacer algo. Con la ayuda de ustedes haremos algo. Este es el momento cuando podemos ponernos de pie y decir: ‘soy americano. Quiero forjar mi propio destino. ¡Y merecemos lo mejor! ¡Mis hijos merecen lo mejor! ¡Mi familia merece lo mejor! ¡Mi país merece lo mejor!” Agregó: Entonces aquí estamos. Los estadunidenses tienen una opción. Una decisión.
Romney habló de la desilusión en el país para argumentar que era momento de un cambio. Recordó que el día de las elecciones hace cuatro años, muchos tenían esperanza y el cambio tenía un atractivo poderoso. Pero esta noche yo preguntaría algo simple: ¿ustedes sienten hoy ese entusiasmo con el presidente Obama? Uno sabe que algo está mal con la manera en que ha hecho su trabajo como presidente, cuando la mejor sensación que uno tenía fue el día que uno votó por él.
A 69 días de la elección, Romney invitó al cambio: “hoy ha llegado la hora para dejar atrás las decepciones de los últimos cuatro años. Poner de lado la división y las recriminaciones… Es el momento para restaurar la promesa de America.
“Si soy electo presidente… trabajaré con toda mi energía y alma para restaurar ésa America, para elevar nuestra mirada a un futuro mejor. El futuro es nuestro destino… nos está esperando. Nuestros hijos lo merecen, nuestra nación depende de ello, la paz y la libertad del mundo lo requieren… Empecemos ese futuro esta noche”, afirmó ante ovaciones de decenas de delegados.
Y enfatizó, repitió y subrayó tal vez el tema más clave en esta elección, y lo que se considera el flanco vulnerable de Obama: la generación de empleo.
Con esta retórica que intenta competir, y usar para propósitos contrarios, con la de Obama hace cuatro años, y que está envinada con la de Ronald Reagan, Romney también intentó cumplir con la otra tarea que tenía esta noche: la de presentar de manera más efectiva su lado personal. Habló de su familia, los valores y, por primera vez de manera amplia y explícita, de su fe como mormón.
Para ayudar en esto, varios oradores desfilaron antes de él para destacar su compasión, su trabajo por la iglesia (fue obispo), y su generosidad personal. Socios y trabajadores elogiaron su gran contribución como financiero.
Sin embargo, y tal vez reconociendo que se necesitaba algo más para alumbrar esta noche, los republicanos presentaron como huésped sorpresa en el podio, justo antes del candidato, al legendario actor y director de cine Clint Eastwood.
Craig, hijo de Romney, intervino para ofrecer una visión familiar, pero también para convocar el voto latino en un discurso que empezó en español. Festejó los avances de los latinos, de los políticos republicanos latinos y destacó que los abuelos de su padre fueron inmigrantes. Insistió, en un mensaje para intentar romper la imagen de un partido con poca diversidad, en que este país debería de dar una oportunidad a todos. Poco después, su padre recordaría que somos un país de inmigrantes.
Varias selecciones de música que se tocaban entre oradores tenían algo extraño; eran de los años 60, y casi todas eran cantadas y bailadas por algo llamado la contracultura, o sea, justo esa cultura del establishment que se está festejando aquí. De hecho, algunas versiones de la historia personal de Romney dicen que no sólo no participó en los grandes movimientos de su tiempo, sino que estaba del otro lado (aunque él y su familia evitaron que fuera enviado a la guerra de Vietnam).
Los globos de colores patrios bajaron desde el techo de la arena, la familia Romney se bañó en el júbilo de los asistentes y bajó el telón de este espectáculo.
El próximo martes será el turno de los demócratas en Charlotte, Carolina del Norte.
 
 El monarca español golpeó y humilló en público a su chofer cuando éste hizo maniobras inesperadas al encontrar un plantón de burócratas que silbaban y gritaban contra los recortes y los abusos del poder. El jefe de Estado acudía a un acto oficial en la Dirección General de Tráfico, en Madrid, cuando ocurrió el incidente. Un video tomado por televisoras mostró los pormenores del enojo. La Casa Real vive una de sus peores crisis de credibilidad, sobre todo por la polémica cacería de elefantes del rey en África y las investigaciones de corrupción contra su yerno, el duque de Palma
Se enojó por manifestación de burócratas contra la Casa Real
Humilla y golpea en público el rey Juan Carlos de Borbón a su chofer
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El monarca español agrede al conductor de su vehículo, en imagen tomada de Youtube
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 34
Madrid, 30 de agosto. El rey Juan Carlos de Borbón, jefe del Estado español, golpeó y humilló públicamente a su chofer, además de mostrarse molesto e incómodo al llegar a un acto oficial y encontrar como recibimiento una concentración de funcionarios que le silbaron y gritaron consignas contra los atracos de los gobernantes.
La Casa Real española vive una de sus peores crisis de credibilidad y de prestigio, sobre todo a raíz de la investigación por desfalco al erario público y corrupción de uno de sus miembros, el duque de Palma y esposo de una de las hijas de los monarcas, Iñaki Urdangarin, y por la polémica cacería de elefantes del rey Juan Carlos en Botsuana.
Un nuevo escándalo sacudió a la Casa Real. Y de nuevo tiene como protagonista al jefe de la familia y máxima autoridad del Estado español. El monarca acudió a un acto oficial en la Dirección General de Tráfico, en una localidad de Madrid, donde le esperaban miembros del gobierno del conservador Mariano Rajoy, que en menos de un año en el poder ha llevado a cabo los peores recortes en derechos sociales y al Estado de bienestar en la historia reciente de la nación ibérica.
Al llegar al centro, el vehículo de Juan Carlos hizo un par de maniobras extrañas, motivadas por la inesperada concentración de burócratas que los esperaban con silbatos y pancartas contra los recortes y el abuso de poder por parte de las autoridades. En los videos transmitidos por las televisoras españolas se ve claramente cuando el monarca se molesta con su chofer por estacionar el vehículo a las puertas del lugar y, por tanto, justo enfrente de los manifestantes.
Es entonces que empieza a manotear y a recriminarle verbalmente su decisión, hasta que en un momento de la reprimenda el rey le da un golpe en el brazo a su subalterno. Este link se puede ver en youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=jAPgnEZfm18.
El más grave de los escándalos que enfrenta la Casa Real ha sido la imputación por diversos delitos a Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, quien habría utilizado su posición y sus contactos para conseguir contratos públicos sin hacer nada a cambio, sobre todo con gobiernos autonómicos y municipales gobernados por el derechista Partido Popular, en el poder.
Otro más recientemente fue la cacería del monarca en Botsuana cuando el país estaba al borde del rescate financiero y vivió una de sus peores semanas en los mercados internacionales. Una polémica que se agravó cuando se supo que viajó con quien diversos medios señalan como su amante oficial, la princesa Corinna de Alemania, quien además aparece en las fotografías de la cacería.
Todos estos hechos han provocado un inédito aumento del número de españoles republicanos y antimonárquicos, que han crecido además ante los severos recortes del gobierno derechista, que reclama austeridad y sacrificio al conjunto de la población mientras se niega a reducir el gasto público en el presupuesto de la Casa Real.

jueves, 30 de agosto de 2012

No hay pruebas de nada, dice proyecto de sentencia del Tribunal Electoral; pide declarar Presidente a EPN

No hay pruebas de nada, dice proyecto de sentencia del Tribunal Electoral; pide declarar Presidente a EPN

–Con información de EFE, Notimex y DPA
El proyecto de la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial del TEPJF propuso declarar infundados, insuficientes o irrelevantes los agravios planteados por la coalición Movimiento Progresista para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Durante la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se leyó el proyecto en el que se propone considerar infundados los agravios y demás planteamientos hechos por la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
El magistrado Salvador Nava, quien presentó el proyecto, dijo:
Tuvimos elecciones libres y democráticas. México tiene un Presidente electo por el pueblo: Enrique Peña Nieto”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal ha enviado esta noche cuatro mensajes vía Twitter:
Los cinco planteamientos generales del Movimiento Progresista fueron: adquisición encubierta de propaganda en radio y televisión, uso propagandístico de las encuestas, financiamiento encubierto para la campaña, gastos excesivos en la campaña, y propaganda e intervención de los gobiernos federales y estatales.
Al dar lectura al proyecto, el secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, Marco Antonio Zavala, expuso que en los casos Monex y Soriana no encontraron evidencias de su uso para la compra de votos, sólo para apoyos a la estructura y militancia del PRI.
Así, durante la sesión el proyecto consideró infundados los cinco agravios que planteó el Movimiento Progresista, donde solicita la nulidad de la elección de la elección presidencial y la cancelación del registro de Enrique Peña Nieto por rebase de tope de campaña.
El documento elaborado por la Comisión Calificadora, conformada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, considera infundada la adquisición encubierta de radio, televisión y medios impresos para tratar de posesionar a Peña Nieto.
También se declaró infundado el presunto uso indebido de tiempos en noticieros, porque no es posible evidenciar un manejo irregular, lo mismo que el caso de la presunta propaganda encubierta en Radio Fórmula, Organización Editorial Mexicana (OEM) y la Revista Quién.
El proyecto señala que algunas de las acusaciones son dogmáticas y destaca que también se declara infundado el uso de encuestas como propaganda electoral y para la inducción del voto.
El proyecto fue propuesto por los ministros Salvador Nava Gomar, Flavio Galván y Constancio Carrasco Daza. Los otros cuatro integrantes de la Sala Superior deberán fijar su posición en la sesión pública que se realiza en el TEPJF.
Con base en ese proyectos, es casi un hecho que entre hoy mismo y mañana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciará que la elección presidencial del 1 de julio pasado es válida, y otorgará legalidad al triunfo del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Según este proyecto, simplemente no se encontró evidencias convincentes o contundentes de que el Partido Revolucionario Institucional cometiera irregularidades antes, durante y después de la elección presidencial, como alegó la izquierda y su candidato, Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera, el regreso del PRI a Los Pinos es casi un hecho. Vuelve 12 años después de haber perdido Los Pinos. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente constitucional por el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política que pasó este verano al tercer lugar, será quien entregue la Banda Presidencial a Peña Nieto el 1 de diciembre próximo.
De acuerdo con el escrutinio oficial, Peña Nieto obtuvo el 38.21% de los votos en las elecciones del 1 de julio, seguido por López Obrador, quien logró el 31.59% de los sufragios.
E proyecto de sentencia del llamado “Juicio Madre”, mediante el cual la coalición Movimiento Progresista solicitó la anulación de la elección presidencial, conduce a que la Sala Superior del órgano determine que las quejas no son suficientes para anular la elección.
Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal iniciaron la sesión pública poco después de las 17:00 horas.
La izquierda mexicana argumentó que Peña Nieto y el PRI violaron la Constitución; que básicamente compró, por distintos medios y con dinero de origen dudoso, el proceso electoral 2012. Y pidió anular el proceso. El Tribunal Electoral desestima, según el proyecto, que el Revolucionario Institucional hubiera violentado la libertad de sufragio y la equidad en el proceso electoral.
Los ministros lo anunciaron desde la sede del Tribunal, convertida en un búnker.
Afuera, miembros del movimiento #YoSoy132, de Regeneración Nacional (Morena) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestan por lo que llaman una “imposición”. Unos 200 ciudadanos se congregaron en las inmediaciones, rodeado desde la madrugada por vallas metálicas para impedir la llegada de los manifestantes.
“Fuera oligarcas”, “No más corrupción”, “México votó, Peña no ganó”, “Los magistrados quieren avalar el fraude” y “México sin PRI” son algunos de los lemas de las pancartas que portaron los manifestantes en protesta por lo que fue un fallo desfavorable para la izquierda.
Alejandra Paredes, de 47 años, dijo a Efe que llegó al tribunal para protestar por un supuesto fraude electoral que consideró “aún más sucio que el de hace seis años”, cuando López Obrador perdió por estrecho margen frente al actual presidente Felipe Calderón, resultado que el líder izquierdista nunca reconoció.
Los magistrados “sólo van a avalar el cochinero que fue esta elección”, dijo previo al fallo esta sicóloga desempleada, quien aseguró que el “búnker instalado que han instalado es una prueba del tamaño del miedo y la corrupción”.