Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Abren proceso a Villarreal en EU
Interpol tras tesorero de Moreira
Rechazo de consumo a Wal-Mart

El escandaloso endeudamiento de Coahuila y la certeza de que parte de esos recursos fueron un fraude orquestado por exfuncionarios de ese gobierno y, en particular, por el extesorero de la gestión de Humberto Moreira, ya forma parte de la agenda del gobierno de Estados Unidos y es motivo de fuego cruzado entre políticos de ese país, como si México fuera una colonia más de los gringos.

Por supuesto que el gobierno de Felipe Calderón ha permitido la ingerencia estadounidense en asuntos internos y su administración sigue de escándalo en escándalo, lo cual demuestra, en los hechos, que la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, la injusticia y la impunidad son una farsa.

Un ejemplo de lo anterior fue la fuga del extesorero de Moreira, Humberto Javier Villarreal, a quien un juez federal otorgó libertad bajo fianza mientras planeaba su huída a Estados Unidos, en donde fue capturado por la policía de ese país en la ciudad de San Antonio, en compañía de su esposa, hijos menores de edad y un ciudadano estadounidense.

Ahora el juez mexicano y las autoridades migratorias de Estados Unidos tendrán que explicar porque Villarreal pudo ingresar a ese país para después ser detenido en Tyler, un poblado de San Antonio, Texas, cuando un oficial de tránsito detuvo la camioneta Mercedes Benz último modelo en la que viajaba. El vehículo no portaba una de las placas y ese fue el motivo que llevó a Villarreal a prisión, cuando en México enfrenta un proceso penal por el endeudamiento de la finanzas de Coahuila hasta por 50 mil millones de pesos.

Al momento de su detención, las autoridades del condado de Tyler encontraron en el vehículo 65 mil dólares en efectivo y una escopeta, por lo que abrieron una investigación para conocer el origen del dinero. Villarreal, su esposa y el acompañante de nacionalidad estadounidense fueron detenidos y fichados en el pequeño condado, en donde las autoridades inmediatamente comenzaron las gestiones para incautar el dinero.

Villarreal y su familia ingresaron a Estados Unidos con una visa empresarial que el gobierno de Barack Obama otorga a aquellos inversionistas que declaran la intención de destinar a comunidades con bajo nivel de desarrollo hasta 500 mil dólares. Con una imagen cambiada y distinta de cuando era parte del gobierno de Coahuila, el exfuncionario mexicano fue fichado por las autoridades estadounidenses; sin embargo pagó una multa que hoy lo mantiene libre.

Varios congresistas estadounidenses, por supuesto republicanos y contrarios a Obama, se percataron de las inconsistencias en el tratamiento migratorio y se preguntan porqué se autorizó una visa empresarial a un personaje involucrado en una investigación por fraude en México y que desde octubre del año pasado se conoció la figura del extesorero del gobierno de Coahuila.

Entre los legisladores estadounidenses interesados por el caso de Villarreal, están los republicanos Louie Gohmert y John Cornyn, éste congresista por el estado de Texas que forma parte de una influyente comisión migratoria y a través de la cual solicitó una investigación que involucra al Departamento de Estado, a Migración y a todos los niveles de gobierno involucrados en la autorización de permisos migratorios, mediante lo cual se pemitieron inversiones que realizó Villarreal.

La Interpol ha lanzado una alerta para localizar al extesorero de Moreira. Ahora la acusación en su contra es por lavado de dinero y su eventual involucramiento con grupos del crimen organizado. Las propiedades que se acreditan a Villarreal en San Antonio suman más de 20 millones de dólares y están ubicadas en centros comerciales y predios que el exfuncionario estatal habría adquirido en los últimos años.

Para el gobierno de Barack Obama el escándalo del endeudamiento y del fraude con los pasivos públicos de Coahuila, se ha complicando políticamente. La afirmación del presidente estadounidense sobre la mayor seguridad que ahora se registra en la frontera con México, avivó el rechazo de influyentes congresistas que ponen en tela de juicio la guerra contra el narcotráfico.

Cornyn, por ejemplo, presentó un balance con el que buscó demostrar que no sólo no se ha reducido el nivel de porosidad de la frontera sino que en México se vive una crisis de seguridad de grandes proporciones.
Dice Cornyn que en los cárteles de la droga y en los grupos de sicarios que controlan el crimen organizado al menos participan 10,000 delincuentes que ya rivalizan peligrosamente con los integrantes de las fuerzas armadas que no superan los 22,700 efectivos militares.
El congresista también aseguró que desde que Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles de la droga en 2006, se han perdido más de 9,635 vidas. Prácticamente se triplicó la pérdida de vidas humanas que en 2007 sumaban 4,324 asesinatos. Además, el Congresista asegura que al menos 522 policías y militares han muerto en esta desordenada lucha contra el narcotráfico. Así, las ventas anuales de narcóticos en Estados Unidos se mantienen en 25,000 millones de dólares. El balance, de esta forma, resulta desalentador y aleja, por supuesto, la posibilidad de que se apruebe en Estados Unidos una reforma migratoria de fondo.
No será, dice Cornyn, hasta que la frontera con México eleve su seguridad cuando se apruebe una reforma real y de fondo en materia migratoria. Para Cornyn, la crisis en la frontera sur con México es un problema de seguridad nacional para su país. Ésta es la posición, sin embargo, de congresistas extremadamente críticos al gobierno de Obama.

Los “logros” de Calderón según la DEA

En el terreno oficial, un reporte de marzo de 2011 de la DEA, presentado ante el Senado, asegura que el gobierno de Felipe Calderón ha registrado un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico. señala, por ejemplo, que de enero de 2007 a septiembre de 2010 el precio por gramo de cocaína aumentó 68.8 por ciento de 97.71 dólares a 164.91 dólares, mientras que la pureza promedio del narcótico que llegó a venderse en los mercados cayó más de 30 por ciento.

Las estadísticas de la DEA buscan demostrar que la guerra de Calderón sí funcionó, al menos para encarecer el precio de los narcóticos. Un argumento que, por supuesto, resulta sumamente controversial. La DEA, afirmó Thomas M. Harring, responsable de operaciones del organismo, ha logrado interceptar las conversaciones de narcotraficantes que buscan vía alternas y más seguras para concretar el tráfico de droga, lo que demostraría que la guerra de Calderón, al menos para ellos, estaría funcionando.

El problema para Estados Unidos está relacionado, dice la DEA, con la muerte de 31 mil de sus ciudadanos al año por abuso de sustancias y narcóticos. El impacto de las drogas llega a 7 millones de estadounidenses que dejan de ser productivos por su dependencia a la cocaína, mariguana u otras sustancias.

Por ello, ante los congresistas, Harring pidió que el gobierno estadounidense apoye a Calderón en sus esfuerzos heróicos para sostener su estrategia contra el narcotráfico. Dice la DEA que Felipe Calderón destinó más de 45 mil efectivos militares para apoyar la lucha contra el narcotráfico. También reconoce más de 35 mil muertes directamente relacionadas con el intento de las bandas de narcotraficantes de amedrentar al gobierno federal de reducir la intensidad de la lucha.

“Afortunadamente, el presidente Calderón está dispuesto a no detenerse”, dijo el director de la DEA a los congresistas. Sin embargo, también cita el riesgo de que el concepto “plata o plomo” siga normando las relaciones y la lucha contra el narcotráfico. Incluso, cita la versión de que autoridades de alto nivel en la Producraduría General de la República hubieran aceptado la entrega de al menos 450 mil dólares al mes para liberar a narcotraficantes.

Para México la DEA es un cuerpo policial abusivo y poco confiable, encargado de mantener la lucha contra las drogas en territorio mexicano para impedir que la violencia llegue a su país. Por eso agentes encubiertos han participado en el tráfico de armas, en el lavado de dinero del crimen organizado, en la venta y transportación de drogas y en la intercepción ilegal de líneas telefónicas en México.

Así que la opinión del director de la DEA ante el Congreso de Estados Unidos para avalar la gestión de Felipe Calderón en su lucha contra las drogas, vale lo mismo que creer que el mandatario mexicano ha cumplido con las instrucciones de Washington como si su misión fuera proteger a ese país y eso lo convierte en un traidor a la patria.

Lavado de dinero y todo por saber

Es casi un hecho que el extesorero de Humberto Moreira, exdirigente del PRI y también exgobernador de Coahuila, tendrá que hacer frente a los cargos penales que le imputan en Estados Unidos. El dinero es resultado de un fraude a las finanzas estatales y a los bancos que autorizaron dichos financiamientos, que tuvieron como garantía las participaciones estatales del estado.

Lo que tendrá que demostrarse es que Villarreal no actuó solo. Varias de las incógnitas que hay alrededor de este caso son determinar quién protegió al exfuncionario estatal para que no enfrentara desde octubre pasado a la justicia mexicana. ¿Cómo fue posible que el exfuncionario lograra salir bajo fianza para preparar su fuga hacia Estados Unidos? ¿Por qué Villarreal no ha hablado sobre sus cómplices en la operación que colocó en quiebra técnica a Coahuila?

También la duda es cómo se cometieron todas esas irregularidades en el manejo del presupuesto público del estado de Coahuila sin que el entonces gobernador Humberto Moreira no supiera de ellas.

Di no a Wal-Mart

No sólo en México la multinacional de las ventas al detalle enfrenta el descrédito que dejó la revelación de una supuesta red de corrupción que le permitió abrir un gran número de tiendas entre 2000 y 2005. Basta leer los espacios del lector de The New York Times – el diario estadounidense que develó el entramado de corrupción y chantaje entre Wal-Mart y autoridades mexicanas – para conocer el rechazo público a una empresa que si bien, por su tamaño e importancia se ubica entre las primeras economías del mundo, se ha caracterizado por no cumplir con la responsabilidad que impone su tamaño y peso.

Discriminación, prácticas depredatorias, malas políticas ambientales, menores sueldos para mujeres, son sólo algunos de los reproches hechos en Estados Unidos a un gigante que enfrenta una severa crisis. Organizaciones como Al Consumidor, de Adriana Labarni, están invitando a través de redes sociales a que se concrete un embargo contra la multinacional. Simplemente, Labardini propone a la población no acudir a comprar a Wal-Mart, como una medida ciudadana ante la corrupción, complicidad e incapacidad de las autoridades de todos los niveles para frenar los abusos de trasnacionales.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

 

El "nuevo" sistema penitenciario

Los reclusos deben permanecer en celdas sin ventilación 23 horas al día

Endurecen condiciones de internamiento en las áreas de supermáxima seguridad

En los próximos cinco años será necesaria una cárcel-hospital de segundo nivel

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Lunes 30 de abril de 2012, p. 3

Hace 20 años el gobierno federal puso en marcha el sistema carcelario de máxima seguridad, en el cual se mantiene al interno 14 horas diarias en su celda y sólo se permite una hora de sol.

Hasta 2006 eran cuatro las prisiones de ese tipo y en ellas había 3 mil internos. La nueva estrategia endurece más las condiciones de internamiento.
Para agosto de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal tiene programado custodiar a 48 mil 66 reos en 22 prisiones, en las cuales habrá mil 350 celdas de supermáxima seguridad, en las que los reos estarán confinados un máximo de ocho meses; posteriormente serán evaluados para cambiarlos al nivel de máxima seguridad.
En el nivel de supermáxima seguridad las celdas individuales son acolchonadas para evitar suicidios. Los reos pasan ahí 23 horas. No hay ventilación ni ventanas; serán observados por los custodios a través de mirillas, y su comida se les pasará por una compuerta. Tendrán derecho a una hora de sol, pero deberán salir de sus celdas esposados de pies y manos.
Se prevé que con ese nuevo sistema penitenciario se sacará de prisiones estatales a más de 25 mil reclusos que cometieron delitos del fuero federal, contra la salud, por narcomenudeo, por burrear (trasladar droga), por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto incluye también a personas que producen o distribuyen piratería, consumidores de drogas que fueron detenidos con enervantes en cantidades superiores a las permitidas en la Ley General de Salud, defraudadores y lavadores de dinero, puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Las cifras de la SSP

Estudios de la SSP federal indican que hay 29 mil 530 internos de mediano riesgo, quienes representan 60 por ciento de los 48 mil 66 reos que existen en México por delitos federales. Éstos, según consideraciones de expertos, podrían ser sancionados con prisión domiciliaria o castigados con trabajos comunitarios, pero eso no es posible porque se trata de ilícitos tipificados como graves.

Los reos mencionados irán a prisiones donde existen módulos con seis distintos niveles de riesgo, pero que operan con normas de máxima seguridad.
La construcción, diseño y operación de las prisiones, según la SSP federal, se realizarán con apego a los ordenamientos de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales, organización no gubernamental con calidad de consultor especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Para lograr este objetivo es necesario que el próximo agosto, cuando el gobierno federal tiene programado inaugurar ocho nuevas prisiones, se haya convencido al Consejo de la Judicatura Federal de que apruebe el traslado de más de 20 mil presos que están en reclusorios estatales. Ello implica que el Poder Judicial de la Federación modifique el actual esquema distrital, para que los juicios que hoy se llevan en una entidad sean desahogados por juzgados que no libraron las órdenes de aprehensión.

En la actualidad, 52 por ciento de los presos federales están sujetos a proceso y, como no tienen sentencia firme, la SSP federal debe solicitar al Poder Judicial de la Federación que autorice el cambio de prisión.

En cuanto a la sobrepoblación penitenciaria, existen estadísticas de la SSP federal –de enero de este año– que indican: existen 230 mil 943 presos en todo el país y 187 mil espacios, por lo cual 43 mil 943 viven en condiciones de hacinamiento. Los presos federales representan casi 50 por ciento de la sobrepoblación carcelaria nacional.

En México hay 418 prisiones; 306 son estatales, 10 del Distrito Federal y 90 municipales. A pesar de ello, 50 por ciento de la población carcelaria se concentra en 26 cárceles que se localizan en el Distrito Federal, estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Nuevo León.

De acuerdo con información de la capacidad instalada por entidad, las que tienen el mayor número de presos del fuero federal son: Distrito Federal, con una sobrepoblación de 18 mil 200 internos, con 3 mil 155 reos federales; el estado de México, que tiene un sobrecupo de 7 mil 714 personas y resguarda a mil 290 prisioneros del fuero federal; Baja California, con una sobrepoblación de mil 759 internos y 4 mil 367 acusados por el Ministerio Público Federal.

Según la SSP federal, 29 mil 530 de los 48 mil 66 internos federales deben ser clasificados como de mediano riesgo; 9 mil 843 presos de este fuero se consideran de alto riesgo y deben estar en prisiones de máxima seguridad; 7 mil 847 son considerados de máximo riesgo, por su poder corruptor y su alta capacidad financiera, como los secuestradores Andrés Calettri y Daniel Arizmendi López, y narcotraficantes como Héctor Luis El Güero Palma y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En este mismo grupo están clasificados narcotraficantes como Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Ángel Félix Gallardo. Esto, a pesar que padecen diversas enfermedades.

De igual manera están los que integran El Carrusel, como llaman a los presos del fuero federal que ya han sido sentenciados y pasarán toda su vida en prisión, razón por la cual, al no tener nada que perder, les encargan las ejecuciones de otros internos.

La SSP federal estima que en los próximos cinco años, debido al envejecimiento prematuro que sufren los internos por las condiciones de encierro en las prisiones de máxima seguridad, se necesitará que uno de los ocho nuevos penales se convierta en prisión-hospital de segundo nivel, para atender los padecimientos que afectarán a 2 mil 500 reos federales.

Calderón y la Providencia- Regina, víctima del Estado criminal

Calderón y la Providencia

Sabina Berman
30 de abril de 2012 · 6 Comentarios
Análisis

Calderón en Washington.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado lunes 23, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, el presidente de México reveló al mundo que la Providencia lo había puesto en su cargo para combatir al crimen organizado.
Un historiador de finales de este siglo tendrá que tomar en cuenta a esa agencia de Dios, la Providencia, para recontar la guerra que hoy seguimos viviendo y sus hechos de espanto. Las cabezas rodantes, los cadáveres encajuelados, la caravana de viudas, huérfanos y padres de hijos muertos recorriendo de luto las carreteras, los narcos tumbados en tapetes de lujo embadurnados de sangre y billetes de 500 pesos, los más de 150 mil ciudadanos desplazados de pueblos convertidos en pueblos fantasmas, donde sólo el viento recorre las casas desiertas.
La Divina Providencia: la agencia por la cual el Dios que está en las alturas metafísicas ejerce en la Tierra la lucha del Bien contra el Mal. La definición es de un santo, Tomás de Aquino.
Sin el concepto de la Providencia, nuestro supuesto historiador finisecular sencillamente no haría sentido de los números crudos de esta guerra y sobre todo de las decisiones que los han causado. Para empezar la decisión de su lanzamiento.
Discutida en el interregno de la anterior presidencia y la actual, mientras la capital del país se encontraba paralizada por las huestes del candidato perdedor de la contienda electoral, los colaboradores más íntimos de Calderón carecían de información suficiente para llegar a una decisión sensata, simplemente porque entonces la información nunca había sido recabada. No sabían cuántos eran ni en dónde estaban los enemigos, desconocían el tamaño de sus arsenales y sus fortunas, sólo intuían que las policías se hallaban infiltradas y que el Ejército tendría que librar la guerra. Las afirmaciones me las hizo un testigo presencial de aquellas reuniones, el entonces ya designado secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Así que lo que el Cisen no aportó al núcleo íntimo del presidente para la toma de la decisión, lo aportó la Providencia: la certeza de que era una guerra donde el Bien triunfaría sobre el Mal.
Al cabo del año 3 de la guerra, 125 líderes del crimen y más de 6 mil sicarios se habían sustraído de su actividad, y sin embargo el número anual de los muertos no disminuía y la violencia se había recrudecido y esparcido por ciudades antes relativamente pacíficas. La ecuación supuesta por el presidente era la inversamente contraria: a menos capos, más paz. ¿Qué demonios podía estar ocurriendo?
La pregunta no se la hizo el presidente, pero sí un investigador, Eduardo Hidalgo, quien armó con su propio dinero un observatorio de las cifras de la guerra y su localización geográfica, y un año más tarde ofreció una hipótesis en la revista Nexos. Con cada capo abatido, se desestructuraba un cártel: fragmentado en pandillas, las pandillas se enfrentaban rompiendo todos los códigos previos, para lograr con una crueldad ciega la hegemonía territorial. Los hechos confirmaron lo publicado por Eduardo Hidalgo. Muerto Arturo Beltrán Leyva, mandamás del narco en Morelos, en el estado la violencia se disparó como nunca antes. Capturado el capo mayor de Acapulco, La Barbie, el puerto se convirtió en un campo de batalla de adolescentes asesinos.
También en su año 3, algunos hechos vinieron a perturbar la fe, ya no la eficacia de la guerra, sino la misma creencia de que esta era una guerra del Bien contra el Mal. Para empezar, los muertos inocentes cobraron identidad. Los ciudadanos de bien abatidos en fuegos cruzados, ultimados por soldados intoxicados o prepotentes en estado natural, o asesinados por criminales, empezaron a nombrarse a sí mismos como víctimas de la guerra.
El presidente los desconoció en un primer momento. Famosamente los llamó daños colaterales y después empleó una metáfora desafortunada en donde parecía aludirlos. “Cuando se limpia la casa, el polvo sale por las ventanas”.
Otro trastorno semántico ahondó la discordia entre el presidente y la población civil. En una de las primeras reuniones de víctimas con el presidente, en Tijuana, las mujeres asistentes empezaron a llamar, así como si nada, a la guerra “su guerra, presidente”, dando a entender que no era la de los civiles. ¿Qué nos aquejaba a nosotros los civiles?: nos lo empezamos a preguntar un par de columnistas. El homicidio, el robo, la extorsión, los secuestros, cometidos, sí, por bandas criminales, pero no el tráfico de droga ejecutado por la élite de los cárteles y rigurosamente controlado con tecnología de punta por los capos. La distinción, más la creciente evidencia de que la captura y asesinato de capos esparcía la violencia, llamaba claramente a un cambio de objetivo en la guerra.
De nuevo, sólo la Divina Providencia pudo eclipsar en el presidente Calderón una conclusión en la que buena parte de la opinión pública coincidió.
Para el año 4, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reveló un dato. Según declaró, nadie había ofrecido al gobierno alternativas a una guerra frontal contra el narco. Ese nadie era para entonces bastante extenso, ruidoso y transnacional: Congresistas, gobernadores, investigadores, expresidentes del continente, columnistas mexicanos y estadunidenses, activistas sociales, víctimas de la guerra, habían propuesto una lucha contra el crimen con una estrategia menos bélica y más compleja.
Legalizar la mariguana para colapsar los recursos económicos de los cárteles; un tratado con Estados Unidos para impedir la compra de armas en sus armerías de la frontera; medidas severas contra el lavado del dinero; enjuiciamiento de los funcionarios coaligados con el crimen: para empezar a nombrar las numerosas propuestas que circulaban. Así como tres propuestas de mayor calibre que articuladas cambiarían la guerra contra el narco por una guerra por la paz: implantar el respeto a la ley, dar autonomía real al sistema judicial y crear una nueva policía honesta.
Lo revelador del dicho del entonces secretario de Gobernación es que en los salones de juntas de la Presidencia de la República todas esas voces sumaban nada, cero, nadie. Es comprensible: era pura palabrería humana incomparable con la voz divinamente autorizada de la Providencia.
Hay quien duda de la sinceridad de las palabras del presidente Calderón. No es mi caso. Creo que en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos el presidente Calderón afirmó su convicción. La Providencia lo colocó en el lugar preciso para librar una guerra contra el mal del narcotráfico. Es por ello que igual creo que debe impedirse que las clases de religión se impartan en las aulas mexicanas.

Regina, víctima del Estado criminal

Álvaro Delgado
30 de abril de 2012 · Sin comentarios
Análisis

Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Bajita, delgada y discreta, parecía frágil, pero era un roble por su voluntad, rigor e integridad personal y profesional. Regina Martínez –totonaca entera y orgullosa– fue, como persona y periodista, un emblema de heroísmo.
La conocí hace casi dos décadas, en 1993, durante una visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a Veracruz, como parte de su precampaña presidencial. Era corresponsal de La Jornada y me la presentaron Alejandro Caballero y Pascal Beltrán del Río, enviados como yo.
Luego la traté cuando, hace una década, se inició como corresponsal de Proceso, y en Xalapa me acompañó en la presentación de mis libros, en el ocaso del gobierno de Miguel Alemán, cuando tenía ganado prestigio periodístico por su radical compromiso con el interés público que acreditaba en su trabajo diario en la agencia de noticias de nuestra revista.
En el noviembre reciente fue la última vez que charlé brevemente con ella, en medio del bullicio por el 35 aniversario del semanario que nos hizo más compañeros, sobre Veracruz y la negra noche de terror y desazón que llegó a esa entidad en los años de gobierno de Fidel Herrera y que se intensificó con su delfín Javier Duarte, un fascista confeso.
Inescrupuloso y frívolo, el priista Duarte nunca hizo nada para esclarecer los cuatro asesinatos de periodistas en los apenas 17 meses de gobierno –Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael, Yolanda Ordaz y Noel López Holguín–, ni ha dado garantías para el retorno de otros 13 que salieron del estado por amenazas de muerte ni ha encontrado uno más desaparecido.
Este ciclo de impunidad fue el que produjo –más allá del autor o autores materiales– la muerte de Regina Martínez Pérez, de 49 años de edad, que ha cimbrado al periodismo independiente en Veracruz y en todo México.
Porque el asesinato de Regina Martínez y los de otros 80 periodistas desde el año 2000 –nueve al año en el sexenio de Felipe Calderón– sólo se explica por un Estado criminal, cuya vigencia garantiza una única certeza: El acoso, la represión y los asesinatos contra periodistas continuarán en México.
Ausente el Estado de derecho y consolidadas las complicidades al más alto nivel del poder público, en los tres niveles y al margen de las identidades partidarias, las garantías para el ejercicio del periodismo independiente –el comprometido con la sociedad, no el que se acomoda a los poderes– no existen más que en la retórica, la misma cada vez que cae un compañero.
Y cada que ocurre el asesinato de un periodista –entre los miles y miles de homicidios que anualmente ha producido la demencial guerra de Calderón– es ocasión para reactivar discursos sepultados luego por el olvido, la indiferencia y la mezquindad, que incluye a los medios agraviados.
La fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) no funciona porque está hecha para la simulación, y no habrá leyes eficaces mientras se carezca de lo estricto: Voluntad política auténtica.
Y esa no la tienen –nunca la han tenido, ni siquiera en la retórica– los gobernadores priistas ni Vicente Fox ni Calderón, tan falsarios como los primeros.
Por eso Julio Scherer García, Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, fundador, director y subdirector de Proceso, dejaron constancia ante el gobernador de Veracruz, y ante la opinión pública, que el asesinato de Regina no es fortuito, sino “resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana”.
“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”, puntualizaron, y ante Duarte fue inequívoca la postura:
“Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber.”
En Proceso no habrá olvido, apuesta del poder criminal, no sólo por la tristeza y la ira que nos provoca el asesinato de Regina, sino porque la indignación y la memoria son también motores de nuestra profesión…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

La guerra contra el narco debe terminar: Roger Waters- Panismo profundiza precariedad laboral

La guerra contra el narco debe terminar: Roger Waters

La Redacción
29 de abril de 2012 · 10 Comentarios
Reportaje Especial

El músico inglés Roger Waters.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (apro).- El músico inglés Roger Waters, quien fuera líder del mítico grupo de rock Pink Floyd, exigió cesar la guerra contra el narcotráfico.
Waters se presentó las noches del viernes y sábado en el Foro Sol. Dedicó sus conciertos a todos los niños que
han muerto por la guerra contra las drogas, así como a las mujeres asesinadas sistemáticamente en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Roger Waters se presentó por cuarta ocasión en México, en esta ocasión con el espectáculo “The Wall”, un disco grabado en 1980, que critica abiertamente la enseñanza tradicional, cuestiona el papel de la familia tradicional y, encima de todo, los resultados desastrosos de las guerras. Esta puesta fue presentada durante la caída del muro de Berlín.
El fundador de Pink Floyd (banda disuelta) recordó a Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, asesinado el año pasado junto con seis personas más en Cuernavaca, Morelos. Proyectó una fotografía del joven en el
escenario.
En el muro también reprodujo imágenes de decenas de líderes de movimientos sociales, entre ellos Libia y Palestina. También presentó fotografías de Salvador Allende, Víctor Jara, El Ché Guevara y estudiantes de 1968.
Al iniciar el concierto, en un inmenso muro estaba dibujado con graffiti las leyendas: “Ni uno más”, “No más sangre”, “2 de Octubre no se olvida”.
Como parte del espectáculo, Waters dejó flotar a un cerdo gigante con varias leyendas: “Disfruta el capitalismo, Todo va a estar bien, sigue consumiendo, Un niño muerto de hambre es un niño asesinado”.
También se proyectaron imágenes sangrantes de los principales consorcios internacionales, entre ellos Shell y Mercedes Benz, mezclados con los símbolos de todas las religiones.
Roger Waters, de 68 años de edad, fue miembro fundador de Pink Floyd, grupo de rock progresivo inglés que se caracterizó por interpretar en vivo óperas rock. La banda no sólo interpretaba sus discos en vivo, sino
como un espectáculo multiimedia de personajes, luces, efectos especiales y una cargada mirada artística.
Waters se ha caracterizado por ser un músico politizado y muy activo en los movimientos sociales anticapitalismo.

Panismo profundiza precariedad laboral

Autor: Érika Ramírez

Sección: Portada

Doce años de administraciones panistas han acentuado la precariedad laboral de los mexicanos. Traducida en falta de fuentes de trabajo, empleos informales, autoempleos, subcontrataciones y carencias de seguridad social, entre otras, la clase trabajadora sobrevive en una “violencia laboral de Estado”, opinan expertos

A punto de concluir la segunda administración del Partido Acción Nacional, al frente del Poder Ejecutivo federal, especialistas en materia laboral aseguran que la clase trabajadora vive la profundización de una política de Estado en su contra, consistente en la “deliberada violación y regresividad” de los derechos humanos laborales. En el marco de una precarización laboral, la Población Económicamente Activa padece bajos salarios, desempleo, subsistencia en el empleo informal, carece de seguridad social o posee una limitada libertad sindical.

Se trata de “una violencia laboral de Estado, que ha caracterizado a los gobiernos federales tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional en las últimas dos décadas”, dice el XV Informe de violaciones a los derechos humanos laborales 2011, elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Y es que de acuerdo con la organización no gubernamental, encargada de evaluar las políticas laborales del país y de la defensa de los derechos de los trabajadores, la economía no creció lo necesario para garantizar el acceso al trabajo como un derecho humano.

“La falta de crecimiento no es únicamente causada por la crisis global, sino por el deficiente manejo de política económica, industrial y laboral de Felipe Calderón, al negarse a abandonar el dogmatismo neoliberal. El mismo sector empresarial se ha quejado de la política pública del calderonismo, que ha remarcado la inequidad, reforzado la concentración de riqueza en unos cuantos grupos y la indefensión del aparato productivo nacional”, indica el documento.

Manuel Padrón, coordinador del Cereal, comenta que han sido años perdidos para la clase trabajadora, y que para ésta significa una profundización de una “política de Estado en su contra”.

Desde el campo de la política económica neoliberal, opina, “el gobierno no ha fortalecido el dinamismo de la economía, sólo hay que tomar en cuenta que el promedio del incremento del producto interno bruto fue de 1.53 por ciento, cifra que se considera la más baja en siete décadas. También es uno de los peores desempeños económicos del mundo, por debajo de países como Jamaica y Haití”.

Agrega que “de esta manera no se crearon trabajos productivos y bien remunerados. Al contrario, en el sector formal sólo se crearon trabajos indecentes, que tanto en la remuneración como en las condiciones de salud y trabajo están a tal grado precarizadas que se pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias”.

Salario empobrecido

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dice que el resultado de estos dos sexenios es la inseguridad laboral. La problemática se centra en el empleo estable o formal que está en un franco curso de desaparición.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que de los 47.8 millones de trabajadores ocupados, únicamente 17.5 millones cuentan con seguridad social (15.3 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 2.2 millones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). El resto se encuentra en la “precariedad”. La misma dependencia muestra que el 28 por ciento de la Población Económicamente Activa subsiste en el sector informal, es decir 13.3 millones de personas.

A ello se suma la obtención de un salario inestable. Gráficas elaboradas por el CILAS, bajo el título Salario y empleo en México, indican que en lo que va del sexenio de Calderón el Salario Mínimo General ha tenido un aumento de 13.45 pesos, ya que al inicio de su administración era de 47.05 pesos y actualmente es de 60.50 pesos.

Este aumento, en la segunda administración panista, alcanza para que el trabajador pueda comprar un kilogramo de tortillas, cuyo costo es de 13 pesos, casi un kilogramo de huevo de 16 pesos en promedio, o bien, emplearlo en el pago del transporte público.

El CILAS también muestra que en el país hay 6.3 millones de trabajadores que obtienen un salario mínimo; 10.7 millones que obtiene dos; 9.9 millones con tres; 7.5 millones con más de tres y hasta cinco; 3.9 millones con más de cinco salarios mínimos y 4.1 millones que no perciben ingresos, lo que suma una Población Económicamente Activa de 47.8 millones de personas empleadas en alguna labor.

Coartada, la libertad sindical

Otro de los factores que precariza las condiciones laborales de la clase obrera es la limitada libertad sindical, dice Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El doctor en derecho social comenta que el sindicalismo “vive una crisis en el nivel mundial que tiene que ver con su incapacidad para actualizarse con las reglas de la globalidad. En el caso mexicano estamos viviendo las consecuencias del sistema corporativo que blinda al sindicalismo oficial respecto de estas necesidades de la globalidad.

“Si en Estados Unidos se evidencia la crisis a través de la desafiliación, esto no ocurre en México porque el corporativismo impide que se dé esa evidencia a través de los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP), de las tomas de nota y los líderes sindicales vitalicios. Lo anterior, en el escenario de libre comercio con empresas que vienen con garantías del gobierno de una paz laboral, que implica la no existencia de lucha sindical”, comenta.

Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores– critica la existencia de los CCPP, que representan el 90 por ciento de los contratos de colectivos de trabajo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El mismo porcentaje, para cada una de las juntas locales de los estados del país. Los contratos, dice, acaparan el sector servicios: cines, bares y restaurantes, la industria farmacéutica y las trasnacionales.

Programas ineficientes

Dos de las auditorías practicadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidencian deficiencias en los programas administrados para superar y promover el empleo en México. Ambos, con montos millonarios autorizados anualmente, carecen de los principales objetivos para operar eficazmente. El ejercicio presupuestal de los dos programas implicaron un gasto al erario de 1 mil 576 millones 347 mil 900 pesos.

Se trata de los programas de Apoyo al Empleo (PAE) y de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, que de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la dependencia?encabezada por Javier Lozano Alarcón de 2006 a 2011?, merecieron dictamen de salvedad.

La auditoría 10?0?14100?07?0004, elaborada por el máximo órgano de fiscalización del país, indica que el PAE utilizó recursos por 1 mil 511 millones 249 mil 500 pesos, mismos con los que “no cumplió con las metas programadas establecidas”.

La ASF determinó que la tasa de colocación fue del 56.2 por ciento, cifra menor en 0.8 puntos porcentuales a la prevista de 57.0 por ciento. En los subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, Compensación a la ocupación temporal, Movilidad Laboral interna, Sector Industrial y de Servicios, y Repatriados Trabajando no se cumplieron las metas de colocación.

En tanto, el Programa Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, creado a partir de 2009 tras una crisis económica global y por la crisis sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, contó en 2010 con un presupuesto de 65 millones 98 mil 400 pesos, disperso entre 29 mil 73 personas de seis zonas del país.

Sin embargo, el programa fue operado ineficazmente, pues la STPS sólo aplicó un indicador para la evaluación de objetivos, “el cual no fue suficiente para medir la cobertura e impacto del programa, ni la eficiencia de la operación, así como tampoco la economía de la aplicación de los recursos presupuestarios”.

Tampoco acreditó la práctica de estudios o elaboró planes y proyectos en los que se incluyera un diagnóstico integral de necesidades de mediano y largo plazo. Ni realizó visitas de supervisión para verificar las acciones realizadas con motivo de su aplicación.

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, opina que estos programas fallan porque se echan a andar de manera muy limitada, se llevan a cabo en el marco de una situación compleja, con empleos precarios, inseguridad, inestabilidad y fomentan la subcontratación (outsourcing).

Enlace: Revista Contralínea 282 / 29 de abril de 2012

FUENTE: Revista Contralínea 282 /
29 de abril de 2012

Proceso ante el crimen de Regina Martínez

La Redacción
29 de abril de 2012 · 43 Comentarios
Reportaje Especial

Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, es resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana. Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país.

Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.

En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.

Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.

Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.

El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.

La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.

No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.

ONU, OEA y CIDH demandan esclarecer el homicidio de Regina Martínez

Gloria Leticia Díaz
30 de abril de 2012 · 1 Comentario
Destacado

El sepelio de Regina Martínez en Veracruz.
Foto: Rubén Espinosa

MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, desató la indignación generalizada de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas la ONU y la OEA, que condenaron el crimen.
Después de celebrar la aprobación que el Congreso de la Unión aprobó las leyes General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), exigió el esclarecimiento del homicidio de la reportera perpetrado el sábado 28 en su domicilio de Xalapa, la capital de Veracruz.
En un comunicado, el organismo se pronunció por “una investigación pronta e imparcial” del crimen de la periodista a fin de “esclarecer los hechos y sancionar la los responsables”.
Para la ONU-DH la aprobación de las leyes citadas “constituye un paso significativo” para atender a las víctimas del delito, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas.
“La imperiosa necesidad de redoblar la alerta y exigir medidas eficaces sigue siendo prioritaria más aún cuando se repiten hechos execrables como el asesinato de la periodista Regina Martínez”, se destaca en el documento.
Paralelamente, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó el esclarecimiento de la muerte de Regina Martínez, quien “apareció muerta con señales de violencia”.
La Relatoría, dirigida por la colombiana Carolina Botero, resaltó que la revista Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se siente afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad en las regiones”.
Destacó la urgencia de identificar a los responsables del asesinato para evitar que quede en la impunidad, pues recordó que el de Martínez es el asesinato número 11 ocurrido en los últimos 12 meses en México y el quinto en Veracruz, sin que en ninguno haya detenidos.
La Relatoría manifestó su “preocupación por la persistente violencia contra comunicadores sociales”; y demandó el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reglamentar la Ley para la Protección de Periodistas, así como las reformas necesarias para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra la libertad de expresión.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, pidió a las autoridades responsables que el crimen de Regina Martínez “se resuelva a la brevedad”. También demandó que “se generen condiciones para prevenir que ocurran en el futuro nuevos asesinatos como este”.
González Plascencia señaló que en el Distrito Federal la mayoría de las quejas que ha registrado el organismo tienen que ver con “medios nacionales y autoridades federales”. Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales hayan tomado medidas de protección a periodistas en riesgo, en específico en Veracruz.
Los asesinatos a periodistas, dijo es un tema que se ha colocado en la agenda pública desde hace cuatro años, por lo que “debería haber generado ya medidas contundentes por parte del gobierno federal y también de los estados.
Recordó que Veracruz ha sido uno de los estados en donde más violencia se ha generado en contra de los representantes de los medios de comunicación.
A su vez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia, resaltó que pese a que hasta ahora la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, no ha definido el móvil del asesinato de Regina Martínez, no debe descartarse el trabajo que desempeñaba la periodista como una posible pista.
“La víspera de su muerte, la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico. Por ello, la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria. La tendencia de las autoridades a querer excluirla de entrada afecta gravemente la resolución de este tipo de casos”, advirtió la organización en un comunicado.
La organización recordó que en 2008 la PGJV abrió una investigación contra Regina Martínez y Rodrigo Vera por la publicación de la fotografía de la indígena Ernestina Ascencio, en el semanario, y que ambos periodistas de Proceso fueron llamados a comparecer como testigos.
Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Latinos de California (APLC) dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la que externó su preocupación e indignación por “la absoluta indefensión” en que se ejerce el periodismo en México, en especial en Veracruz.
“Por desgracia, el caso de Regina Martínez no es aislado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, puntualizó la APLC.
Los periodistas latinos radicados en California repudiaron la impunidad en que permanecen los casos de comunicadores asesinados, “a pesar de las promesas del gobierno federal y de los estatales de que actuarán para esclarecer los asesinatos de los periodistas, la realidad es que hasta ahora no se ha resuelto uno de esos casos ni hay personas detenidas por ello”.

Exigen periodistas de Nueva York aclarar asesinato de corresponsal de Proceso

Marcela Turati
30 de abril de 2012 · 1 Comentario
Destacado

Condenan asesinato de Regina Martínez en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos

MÉXICO, D.F. (apro).- El Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades investigar de inmediato el asesinato de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez, determinar el motivo, y asegurar que los responsables sean enjuiciados.
“Martínez había trabajado para la revista nacional Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones sobre los carteles de la droga y los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios de gobierno. En la semana anterior a su asesinato, cubrió el arresto de un supuesto líder de los Zetas; los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cartel de la droga; y una nota sobre un alcalde local quien fue arrestado junto a otros supuestos pistoleros de un cartel después de una balacera con el ejército mexicano”, indicó la organización a través de un comunicado.
En el mensaje establece que colegas de Martínez consultados afirmaron que ella no había comentado sobre amenazas antes de su muerte. “Regina siempre escribía un tercio más de la verdad de lo que yo me animaba a contar en una nota. Y yo escribo más que la mayoría de los periodistas”, relató un reportero de Xalapa, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, indicó al CPJ.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ manifestó su condena por el brutal asesinato de Regina Martínez Pérez y lanzó el desafío: “Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los de crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”.
El comité señaló que según sus propias investigaciones Veracruz, donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2011, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa porque, indica, además de que es un campo de batalla entre dos grupos de crimen organizado (los Zetas y el cártel de Sinaloa) existe corrupción generalizada en el gobierno local.
EL CDP señaló que desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse. México apareció en el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ en 2012, que desacata los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres

AMLO: Desde el gobierno mexiquense se desvía dinero para la campaña de Peña- IFE indolente- Astillero- La territorialidad de la dominación

Elecciones 2012

Asegura que Eruviel Ávila no ha cumplido promesas asumidas el año pasado

Desde el gobierno mexiquense se desvía dinero para la campaña de Peña: AMLO

Apoyo a Miguel Ángel Mancera porque creo que es una opción en el Distrito Federal, expresa

El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, recibe muestras de afecto, ayer en la ciudad de OaxacaFoto Carlos Ramos Mamahua

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Lunes 30 de abril de 2012, p. 9

Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde el gobierno del estado de México se desvía dinero público para favorecer a [Enrique] Peña Nieto.

¡Qué se puede esperar!, cuando, recordó, en la elección pasada en la entidad hubo mucha compra de voto, mucho tráfico con la pobreza de la gente, subrayó en su conferencia de prensa matutina, donde recordó que este lunes a las 8.30 horas, presentará junto con Cuauhtémoc Cárdenas una propuesta de política energética, en el hotel Hilton Alameda.

A propósito de la participación del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, en un mitin del aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Nezahualcóyotl, López Obrador comentó: Es lo mismo; lo que no debe hacerse y se está haciendo es utilizar el presupuesto, que es dinero público, para propósitos partidistas o electoreros... Eso es el estado de México, mucha corrupción, y así está desgraciadamente el país.

Puro engaño

El abanderado de la coalición Movimiento Progresista recordó que desde la campaña en el proceso electoral mexiquense del año pasado, los del PRI “entregaron de todo, desde tarjetas donde ponían dinero para la gente, que por cierto ni siquiera eso cumplieron, hasta otras tarjetas donde –Eruviel Ávila, como candidato a gobernador– decía: yo me comprometo que al llegar al gobierno va a haber esto, esto, esto y esto”.

Indicó que supo de esas tarjetas cuando una señora le dio la que a ella le entregaron. En esa ocasión la mexiquense le explicó al abanderado de la izquierda: Me apunté. Dije que iba a votar por ellos. Me entregaron esto, es un menú de programas, 10 o 15 y le dieron a escoger dos.

Pero nada, puro engaño, indicó López Obrador, quien dijo que lo confirmó en su más reciente visita a la entidad, cuando preguntó a los ciudadanos si ya les habían cumplido con esos programas. Ninguno, puntualizó.

Reiteró que no necesita prepararse para el debate del domingo próximo.

De qué me voy a preparar si no hay tiempo [para abordar con profundidad los temas]. Lo que voy a decir apenas si va a permitir redondear una idea sobre una propuesta. Serán como espots, es dar respuestas rápidas.

El formato del Instituto Federal Electoral para ese encuentro está hecho para que no haya debate, para favorecer a Peña Nieto, agregó.

No obstante, indicó que analizará si debe apoyarse en algunas notas, pero no hace falta realmente.

Al inicio de su conferencia de prensa –adelantada una hora, a las 6 de la mañana, para abordar, dos horas después, un vuelo de Aeroméxico a Oaxaca, donde encabezó una asamblea a las 11 de la mañana–, precisó que por ese compromiso no acompañaría a Miguel Ángel Mancera en su arranque de campaña por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en el Monumento a la Revolución, pero lo estoy apoyando porque creo que es una opción en el Distrito Federal.

Hambre ¿qué es eso?

Más tarde, de regreso de Oaxaca, donde desayunó con el gobernador Gabino Cué, López Obrador congregó a cerca de 8 mil personas en la explanada principal de Naucalpan, municipio gobernado por el PRI.

Allí afirmó que sus adversarios del PRI, Enrique Peña Nieto, y del PAN, Josefina Vázquez Mota, tienen otra formación. Es otra élite. Ellos no han tenido nunca que padecer, no vienen de abajo; se formaron arriba.

Utilizó una metáfora para ejemplificar mejor. Habló de que un día un pueblo fue a protestarle a un rey. “El monarca preguntó a sus súbditos: ‘¿qué quiere esa gente, por qué están gritando?’ ‘Señor, tienen hambre.’ Y el rey contestó: ‘¿y qué es eso?’”

El abanderado de la izquierda se comprometió a terminar con toda la parafernalia en el poder. Los aviones, los helicópteros privados para ir de un lado a otro, aunque reconoció que a Vázquez Mota le dio un poco de vergüenza y ahora ya usa aviones comerciales, pero el priísta –consideró– es muy difícil que lo haga.

López Obrador recibió grandes muestras de apoyo que provocaron algunos empujones entre asistentes que querían acercársele. Desde su llegada hubo gente que le entregó peticiones y otros, como Ramiro Leoncio Flores, en silla de ruedas, y su esposa Isabel Baustita García, quienes aunque nos estamos muriendo de hambre le pedimos que no suelte a Peña Nieto ni a Vázquez Mota, porque el priísta está diciendo puras mentiras, mientras la panista con qué armas va a pelear, si todo lo que pudo mejorar está destruido.

Con información de Javier Salinas, corresponsal

Un hombre responsable-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

IFE indolente

John M. Ackerman

 

       La reacción del IFE frente a las denuncias sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la ciudadanía.

En 2006, el IFE dejó pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la votación presidencial.
En todos esos casos, Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron que la ley no les permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla, pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de nuevo en la fila.
El viernes pasado, la recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que en el IFE no podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo con la consejera, quien se queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de fiscalización de las campañas es hasta que acaban y el instituto electoral no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley.
El consejero presidente Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa escribió que es imposible determinar ahora, durante el periodo de campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que termine la propia campaña.
No nos dejemos engañar. El Cofipe señala que en casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad [de Fiscalización] podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes (artículo 85). Asimismo, el artículo 84 de la misma norma ordena a todos los partidos presentar un informe preliminar de sus gastos de campaña antes del 15 de junio.
Y cuando se trata de irregularidades que ponen en riesgo la equidad y la legalidad del proceso electoral en su conjunto, ni siquiera es necesario recurrir a los burocráticos lineamientos del proceso fiscalizador. El Cofipe indica que cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral (artículo 362). Si la queja presenta indicios claros de que la ley pudo haber sido violada, el IFE está obligado a admitir, investigar y resolver el caso. El instituto debe proceder de manera inquisitiva y exhaustiva en estos procesos, de acuerdo con los criterios del TEPJF.
Es completamente falso entonces que la ley prohíba que el IFE revise antes de la elección los gastos de Peña. Esto queda aún más claro con la pantomima del acuerdo entre el PRI y el IFE para que la autoridad electoral envíe auditores para revisar los papeles del viejo partido de Estado. Ahora resulta que la autoridad siempre sí puede hacer algo, pero siempre y cuando el proceso sea dirigido y convocado por el mismo partido. Queda claro que no es la ley, sino la voluntad lo que limita la acción del instituto electoral.

Ahora bien, lo importante no es que el IFE vaya y revise los papeles que PRI le quiera mostrar, sino que la autoridad verifique de manera independiente los costos de la campaña de Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría creer que todo el derrochador gasto para el arranque de la campaña hubiera sido pagado y facturado en favor del PRI. Además de los papeles y los movimientos bancarios formales, evidentemente también fluyen vastas cantidades de dinero en efectivo que sirven para engrasar la campaña. Las donaciones en especie y los descuentos de parte de personas físicas y morales, algunos incluso de dudosa procedencia, también seguramente están a la orden del día.

El IFE se enorgullece de que se han seleccionado 50 distritos electorales al azar para ser monitoreados directamente a nivel de calle por auditores del instituto. Sin embargo, esta revisión no es permanente y el IFE dará previo aviso 48 horas antes de cada visita. Dos días es más que suficiente tiempo para inmediatamente retirar cualquier propaganda fuera de la ley y así esconder el despilfarro. Y una vez que se sepa cuáles son los 50 distritos que estarán bajo vigilancia especial, los partidos tendrán un cheque en blanco para gastar a manos llenas en los otros 250.

También habría que preguntarnos hasta qué punto estos auditores se limitarán a tomar fotos y pasear por las calles, o si fungirán como verdaderos detectives para descubrir la compra y coacción del voto durante las semanas previas a la elección, así como para perseguir el acarreo y las prácticas ominosas, como el carrusel, durante la jornada electoral. La sospecha es que una vez más en el IFE imperarán la desidia y el formalismo burocrático por encima de la exhaustividad y el compromiso con la investigación.

En cualquier democracia y de acuerdo con nuestra propia Constitución, no debe ganar quien acarrea, engaña y compra más votos y propaganda, sino quien recibe más sufragios libremente emitidos. Recordémosles a los consejeros del IFE que el presidente electo no lo determinarán ellos el próximo 1º de julio, sino el TEPJF posteriormente, una vez que haya podido evaluar la autenticidad del proceso electoral. Si el instituto no actúa ahora para defender la legalidad, no cabe duda de que una vez más se podría poner en duda la legitimidad y la validez de la elección presidencial.

Justicia ya para Regina Martínez, ni una muerte más. En solidaridad con los estudiantes de Michoacán

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

60 mil y sumando-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Astillero

Dos zarpazos

Infausto, Vallejo

Duarte, reincidente

Periodistas protestan

¿Y las campañas?

Julio Hernández López

EXIGENCIA . Periodistas, fotógrafos y amigos de Regina Martínez marcharon en Jalapa hasta el palacio de Gobierno, para pedir que se esclarezca el asesinato de la periodista

Foto Miguel Ángel Carmona

 

       Un doble zarpazo surgido desde entidades bajo gobiernos del PRI pareció prefigurar lo que puede esperarse en caso de que la esencia y el estilo de los tres colores se reinstale en el poder absolutista. Tan apabullantes resultaron las escenas de la represión diazordacista a jóvenes en Morelia y de la inviabilidad civil institucional en Veracruz, que frente a ellas languidecieron tanto el arranque de las campañas de candidatos a la jefatura del gobierno de la ciudad de México como el inicio del segundo tercio de las correspondientes a aspirantes presidenciales.

Fue como si la película de la presunta viabilidad democrática se hubiese congelado e incluso retrocedido, con un Fausto Vallejo ensoberbecido en su papel de represor nostálgico, incapaz de tender y desarrollar estrategias políticas hábiles y tempranamente inscrito en la sucia lista de quienes creen que por tener a su disposición la fuerza pública están facultados para ejercerla con brutalidad, cuando sus presuntas habilidades de gobernante fallan o son desatendidas justamente por sus inconsistencias de origen.

El gobernador michoacano Vallejo, en una variante priísta de la ilegimitidad de origen que llevó a Calderón a declarar una guerra insensata (el tecleador se autocensuró, para no usar una letanía de calificativos crudos al hablar de esa guerra), encontró en la golpiza, la persecución, los desaparecidos, los tratos infamantes y la consignación de dos centenares de jóvenes el pretexto para buscar el beneplácito de los segmentos conservadores de su sociedad que desean mano dura contra infractores y presuntos infractores de una legalidad maltrecha, porque creen que así controlan o exterminan las causas de esos problemas para los que solamente se les ocurre la alternativa carcelaria (en esta aventura lamentable, las policías del infausto Vallejo fueron apoyadas por las federales, aunque el problema político no resuelto por la paz ha sido responsabilidad del gobernador estatal).

Vallejo es un gobernador falto de legitimidad, acusado por su igualmente embarrada opositora panista (Cocoa, convertida en vocería fraternal de los despechados Pinos) de haber alcanzado aritméticamente el poder gracias a la influencia y los recursos de algunos de los bandos de narcotráfico que constituyen los verdaderos poderes de la entidad. Además, Fausto Vallejo se alzó con una victoria oscura sobre los despojos de una élite perredista-cardenista doblegada por sus propios y graves errores, con Leonel Godoy como ejecutante virtuoso, y por la campaña sistemática de erosión armada que FCH desplegó durante años contra las estructuras estatal y municipales de la izquierda.

En tales circunstancias, y alentado por los aires de triunfalismo en que se mueve la expectativa presidencial de Peña Nieto, a Vallejo le pareció fácil enderezar fórmulas de abierta represión (menos fuertes que en Atenco, es cierto, pero con un tufo de pasado copetón que quiere volverse futuro) contra jóvenes que así hubiesen cometido los peores delitos deberían ser sometidos sin exceso de fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no, como sucedió, a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al debilitado poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso proceder. Mal haría la sociedad mexicana, en sus vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo explore impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar sin que suceda nada. De Michoacán bien podría Peña Nieto tomar refuerzos actualizados para la visión del ejercicio violento del poder que ya aplicó en el estado de México y ahora cree estar en condiciones de instaurar en el país entero.

En Jalapa no fue un hecho masivo ni existe aún claridad para determinar si se trata de un hecho delictivo con móviles personales o profesionales. Pero el asesinato de un periodista más en esa tierra de filofranquismo marino no puede estar desvinculado del contexto reincidente de agresiones sistemáticas al periodismo, de impunidad de quienes agreden a los practicantes de ese oficio, de improvisada y amenazante legalidad silenciadora contra el tuiteo, de abdicación del ejercicio civil de la política en favor del mando marino y la mano dura y de control implacable de la mayoría de los medios de comunicación.

(Ayer, en algunos de esos medios, no fue noticia de primera plana o, siéndolo, mereció una referencia secundaria, menor, un asesinato que en cambio sí tuvo resonancia en los principales medios internacionales; en cambio, muy destacadas fueron las actividades del gobernador imperioso y del DIF estatal. Una tarea gubernamental relevante fue la asistencia del gobernador Javier Duarte, acompañado obviamente por el comandante de la Marina, a una misa en la que oró, con las palmas de las manos hacia arriba, y comulgó, para encomendar al Altísimo el buen destino de la entidad.)

En tal cuadro de descomposición institucional fue asesinada Regina Martínez, una periodista que fue corresponsal de La Jornada y de Proceso y que en sus reportes cotidianos tocó con crítico profesionalismo varios de los asuntos delicados del entramado veracruzano. A diferencia de otros casos a lo largo del país, en los que la violencia mortal contra periodistas es tramposamente adjudicada a relaciones peligrosas, sin más pruebas que la versión convenientemente filtrada desde el poder, en el caso de Regina no hubo titubeo entre sus colegas para advertir que el golpe dado lo era a un periodismo crítico, implacable, insobornable y genuino.

Ello permitió que en la madrugada del domingo, con menos de doce horas de anticipación, se convocara a una protesta en las oficinas de la representación del gobierno de Duarte en la ciudad de México. Allí hablaron María Scherer, Jenaro Villamil, Pedro Miguel, Rogelio Hernández López y un tecleador trasnochado, frente a más de un centenar de periodistas y ciudadanos en exigencia de justicia y de que no haya más periodistas ejecutados.

¿Y las campañas? Ah, cierto. Bueno, de eso se hablará aquí... ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

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La más eficaz-Hernández

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La territorialidad de la dominación

Carlos Fazio /II

 

        La ocupación integral de México se inscribe dentro de las guerras en curso del Pentágono en el mundo. Con Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de contranarcoterrorismo en el territorio nacional. Con esa bandera, el Departamento de Defensa estadunidense desplegó tres agencias de inteligencia y espionaje en México: la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que operan desde la Oficina Bilateral de Inteligencia, instalada en Paseo de la Reforma 265, en el Distrito Federal.

En apariencia, el curso de la guerra de ocupación integral en México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas. Al testimoniar ante el Comité de Servicios Armados, el general Jacoby consideró inaceptable la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar si se está ganando o perdiendo la guerra. Afirmó que la estrategia de decapitación de grupos criminales ha sido exitosa, pero no ha tenido un efecto positivo aceptable y la violencia se ha incrementado.
El 28 de marzo, el secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que el número de muertos en México llegó a 150 mil, cifra que triplica la manejada oficialmente por las autoridades locales, de 47 mil 500 para el periodo 2006-2011. Ex jefe de la CIA y una de las personas mejor informadas de Washington, Panetta hizo esa afirmación durante la primera reunión de ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, en Ottawa, en presencia de los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Frrancisco Saynez. La declaración fue seguida de un dudoso desmentido.
Los aparentes malos resultados de la guerra en México podrían obedecer a una lógica distinta de la que se pregona de manera pública. El número de muertos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial podrían obedecer a una política de desestabilización y exterminio dirigida a debilitar aún más al país para propiciar su balcanización, en particular de la zona fronteriza con Estados Unidos.
En mayo de 2010 México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la administración de la frontera en el siglo XXI. La franja fronteriza ha sido definida como un área clave de la llamada seguridad energética colectiva, que incluye la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua.
A siete años de la entrada en vigor de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005) y cinco del lanzamiento de la Iniciativa Mérida (2007) que militarizó el norte de México, no se entiende que siendo la seguridad energética colectiva la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reúna las características de un Estado fallido. Tamaulipas es rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas shale en la cuenca de Burgos. Además, limita con Texas (estado petrolero por excelencia de Estados Unidos) y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el tesorito en aguas profundas) y considerado el mare nostrum de los estadunidenses. Dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la seguridad energética de Washington, ¿estaremos asistiendo a una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa porción del territorio nacional?

La lógica de una desestabilización encubierta dirigida a provocar un desmembramiento territorial podría explicar la llegada al país del embajador Earl Anthony Wayne y del agregado militar Colin J. Kilrain. Perteneciente a una generación de diplomáticos expertos en intervenciones, Wayne, quien se desempañaba como embajador adjunto en Afganistán, fue escogido en función de los intereses expansionistas de Estados Unidos. Especialista en administrar a la llamada comunidad de inteligencia, a su perfil de experto en contrainsurgencia, terrorismo, lavado de dinero e incautación de activos de la economía criminal, Wayne suma habilidades en temas económicos, comerciales y energéticos. Su nombramiento está cargado de simbolismos. Si el defenestrado Carlos Pascual era especialista en estados fallidos, el relevista Wayne viene de Kabul, donde estaba dirigiendo una invasión bajo la pantalla de combatir al terrorismo. Su misión, ahora, es profundizar la estrategia de desestabilización en México. Llegó a hacerse cargo de la guerra de Calderón y a orientar la sucesión presidencial.

El arribo en marzo del nuevo agregado militar de Estados Unidos, contralmirante Colin Kilrain, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, refuerza esa percepción. Antes de su misión en el CNS, Kilrain era comandante de las fuerzas especiales Seal –acrónimo de sea, air and land: mar, aire y tierra–, las unidades de élite de la Marina. En los años 90 participó en la invasión militar a Haití y en la guerra de los Balcanes que fragmentó a la ex Yugoslavia; después apoyó la Operación Libertad Duradera en Afganistán y se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba acciones en Pakistán.

Con el envío de Wayne y Kilrain el mensaje de Barack Obama es claro: la guerra debe continuar. A ello obedecería el abrupto cambio de discurso del presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. Del lenguaje triunfalista (vamos ganando por goleada), se pasó a la aceptación de que grupos criminales han conformado un Estado paralelo, imponen su ley y cobran cuotas. La admisión de México como Estado fallido es la excusa perfecta para profundizar una intervención encubierta que podría derivar en una balcanización del país.