Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 31 de julio de 2012

Fideicomisos hechos para lavar dinero

Fideicomisos hechos para lavar dinero

En un intento por “frenar” el lavado de dinero en el sistema bancario estadunidense, la clave “Restricción MX” estará presente en todas las operaciones que los bancos de ese país reciban desde México. Sin embargo, el verdadero problema se encuentra en fideicomisos que ocultan el blanqueo de capitales y el dinero de los políticos que los bancos documentan libremente en sus cuentas de orden

Para el Senado estadunidense, el lavado de dinero en los bancos multinacionales con operaciones en México y Estados Unidos no se limita a las operaciones en efectivo, en dólares o a las cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales.
Instrumentos bancarios como los fideicomisos, que no sólo garantizan el secreto bancario sino que también ocultan a los verdaderos beneficiarios de los recursos depositados, se han convertido en una gran herramienta para el lavado de capitales sin que, hasta ahora, el sector bancario en Estados Unidos cuente con instrumentos para identificarlos, reconoce el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de ese país.
Además, si bien identifica a las transacciones en efectivo como una gran fuente de recursos para el blanqueo de capitales, es el pobre trabajo realizado por el sector en ese país –dirigido a identificar a “personas políticamente expuestas”– lo que ha debilitado el cumplimiento de las medidas contra el lavado. México y sus políticos son ejemplo de esta situación.
En una carta enviada a James H Freis, quien durante cinco años dirigió el órgano del Departamento del Tesoro contra el lavado de dinero, el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), Carl Levin, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones de Senado estadunidense, aseguró que algunas de las nuevas disposiciones que prepara ese organismo multilateral contra el blanqueo de capital podrían representar un paso atrás en la lucha contra el lavado de dinero y que las grandes amenazas se encuentran en instrumentos como los fideicomisos, sin que hasta el momento se encuentren debidamente regulados.
Levin, en dicha carta fechada el 1 de julio de 2012, en Washington, después de que Freis fuera despedido por sus magros resultados contra el lavado de dinero, recordó que el Subcomité Permanente del Senado dio a conocer en 1999 la existencia de la sociedad Trocca, Ltd, creada por la división privada de Citibank a través de una filial en Islas Gran Caimán (Cititrust) para uno de sus clientes: Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Cititrust, aseguró Levin en su misiva, constituyó en 1992 una empresa en un paraíso fiscal en la que sus accionistas, directores y ejecutivos de esa sociedad offshore eran controlados directamente por filiales de Citibank.
Un año después, Cititrust creó un gran número de fideicomisos y transfirió las acciones del corporativo Trocca a esos instrumentos, de tal forma que pudieran controlar por completo y sin obstáculos los títulos representativos de su capital.
Desde el comienzo de la relación y operación bancaria –relata Levin en su carta al ahora exdirector del Fincen– Citibank logró que Raúl Salinas de Gortari no apareciera como beneficiario de las cuentas, acciones o activos de Trocca. Las órdenes del verdadero propietario eran recibidas por Citibank y así se manejaban las cuentas abiertas bajo sus indicaciones y siempre a nombre de la empresa offshore.
Por ello, Levin insistió al Fincen que, en el corto plazo, los cambios regulatorios para combatir el lavado de dinero en Estados Unidos deben obligar a los bancos a identificar expresamente al beneficiario de activos depositados en el circuito bancario y “escondidos” a través de fideicomisos.
Sin embargo, reconoció que se trata de un tema complejo: “el señor Salinas nunca, nunca, fue propietario de acciones en Trocca; él simplemente le dio a la división de banca privada de Citibank una carta de deseos, un mandato, que lo respaldaba y protegía como beneficiario de las cuentas manejadas por Trocca; sin embargo, esa carta no lo convertía en accionista de la corporación o lo facultaba con intereses accionarios en la compañía”.
Gracias a Trocca, Raúl Salinas de Gortari logró el manejo de cuentas del banco estadunidense en Citibank Londres y Citibank Suiza. Precisamente, por esa razón y, gracias a la participación de Citibank para ocultar el origen de los recursos, la investigación contra Salinas de Gortari tanto en Estados Unidos como en Francia y Suiza, se complicó. Prácticamente no existía documentación oficial que lo conectara claramente con la operación de Trocca, con lo que durante varios años se ocultó el origen y destino de los fondos. Además de Trocca, Citibank utilizó otras empresas con sus respectivos fideicomisos: Madeline Investment, SA; Donat Investment, SA, y Hitchcock Investment, siendo el accionista otra compañía offshore: Tyler, Ltd. Para el gobierno suizo y la fiscal Carla Del Ponte, quien investigó el caso durante varios años, el caso de Raúl Salinas de Gortari y la participación de Citibank se transformó en una afrenta y en una violación a la seguridad de su sistema bancario, por lo que incautó los recursos de las cuentas del hermano del expresidente Carlos Salinas.
Ahora, en el marco de las reformas que se promueven en Estados Unidos y con las que se busca reforzar el combate contra el lavado de dinero, Levin dijo al Fincen que ya no basta conocer la configuración accionaria de una sociedad o exhibir el acta constitutiva porque, bajo las condiciones y sofisticación actual de los sistemas bancarios, la propiedad de los recursos en una cuenta fácilmente puede ser manipulada o escondida gracias a instrumentos legales sugeridos por la institución bancaria, con una añeja historia en jurisdicciones de laxa regulación tributaria.
No es suficiente, a juicio de Levin, que el organismo del Departamento del Tesoro señale al sistema bancario estadunidense y extranjero la obligación de identificar a los beneficiarios de una cuenta bancaria si éstos pueden esconderse en un fideicomiso.
En México, el secreto bancario, garantizado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, sólo puede omitirse en el caso de un fideicomiso cuando lo solicite la autoridad judicial y siempre que exista un juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. En estos casos, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante, el reto es la ubicación de dichos recursos y, por supuesto, la identificación de sus beneficiarios.
Responsable del dictamen de los estados financieros de varios bancos, un experto en contabilidad financiera –que por su labor solicita sea reservada su identidad– señala que los fideicomisos de los bancos se encuentran en sus cuentas de orden. A las figuras fiduciarias las identifica como instrumentos bancarios con un alto grado de secrecía.
Carl Levin, senador demócrata por el estado de Michigan, Estados Unidos, asegura en su carta que los reguladores del vecino país también omiten el uso de prestanombres por parte de las organizaciones o individuos dispuestos a lavar recursos a través del sistema bancario. Por ejemplo, usando fideicomisos resulta relativamente sencillo que los verdaderos beneficiarios nombren a algún empleado que detente el 25 por ciento del capital, el porcentaje mínimo que el Fincen propuso para exigir la identificación del beneficiario en una cuenta. Levin pide el 10 por ciento de participación porque así, asegura, será más fácil y más frecuente poder identificarlos. También pide al organismo del Tesoro estadunidense que la regulación incluya la vigilancia de empleados reportados en las sociedades offshore.
Sobre las “personas políticamente expuestas”, en donde se ubican expresidentes y políticos que controlan el poder en los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones, Carl Levin recuerda que desde 2006 el organismo multilateral responsable de dictar la política contra el blanqueo de capitales, el Financial Action Task Force on Money Laundering (Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado de Dinero), exigió que el gobierno estadunidense fortaleciera las medidas de control en sus cuentas. Después, en 2009 un reporte emitido por investigadores del Banco Mundial demostró que las instituciones bancarias estaban realizando un “pobre” y deficiente trabajo en la prevención del blanqueo de capitales a través de cuentas de las “personas políticamente expuestas” con fondos provenientes de prácticas de corrupción. Entre otras medidas, el Banco Mundial recomendó a Estados Unidos que dichas cuentas fueran clasificadas como de “alto riesgo”, para someterlas a revisiones exhaustivas y cruce de beneficiarios con alcance a varias generaciones.
En la actualidad, en Estados Unidos los bancos sólo tienen obligación de indagar sobre las cuentas de políticos y de sus familiares en primer grado con inversiones superiores a 1 millón de dólares.
El estudio del Banco Mundial, elaborado por Theodore Greenberg, identifica a México entre las jurisdicciones cuyas operaciones e instrumentos bancarios deben ser vigilados cuidadosamente ante la configuración de sus poderes políticos.
A finales de mayo de 2012, el Departamento del Tesoro notificó al director del Fincen que había sido removido de su cargo. La prensa estadunidense consignó, de acuerdo con fuentes del Tesoro, que bajo la dirección de James H Freis, el Fincen simplemente se estaba moviendo “demasiado lento”.
No obstante, sus gastos no se detuvieron. Y es que durante la gestión de Freis, el presupuesto del Fincen pasó de 73 millones a 100 millones de dólares, y el número de su personal aumentó de 10 a 300 personas.
El Departamento del Tesoro sigue buscando al sustituto de Freis, funcionario que deberá impulsar las reformas para mejorar el combate contra el lavado de dinero entre los bancos estadunidenses.
El sistema de reportes electrónicos para actividades sospechosas, transacciones en efectivo y los cambios regulatorios con los que se exigirá a los bancos identificar al verdadero beneficiario en instrumentos bancarios son algunas de las reformas que deberían aprobarse en el Poder Legislativo de Estados Unidos, mientras en México la Ley contra el Lavado de Dinero sigue sin aprobarse en el Senado.

Lavadólares, sofisticados y globales

En 2010 las políticas acordadas entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para controlar el mercado negro de dólares y restringir las transacciones en efectivo a través de intermediarios, como centros cambiarios, o directamente con los bancos –sobre todo en la frontera Norte– provocaron que el blanqueo de capitales buscara nuevos caminos para ingresar a los circuitos bancarios a través de otros mecanismos, indica el Departamento de Migración de Estados Unidos.
“En los últimos siete años hemos visto cómo las organizaciones de narcotraficantes intentan una y otra vez ingresar fondos ilícitos a los bancos estadunidenses, pero evitando los reportes de transacciones en efectivo”, testificó ante el Senado el director de investigaciones del Departamento de Migración del gobierno estadunidense, Leigh H Winchell.
Ante el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado del vecino país que dio a conocer la investigación contra el banco HSBC, el 17 de junio Winchell dijo que el gobierno de Estados Unidos busca combatir el crimen trasnacional, en el marco de la Estrategia para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional liberada en julio de este año.
El responsable de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por su sigla en inglés) en Estados Unidos, Thomas J Curry dijo, también en su testimonio ante el Senado estadunidense, que los narcotraficantes han mejorado sustancialmente sus métodos para introducir dinero sucio a los circuitos financieros de ese país. La tecnología y el acceso a un mayor número de productos y servicios financieros les ofrecen nuevas vías en su intento de blanquear capitales, aseguró Curry.
La justificación de éste no fue suficiente para evitar que el Senado estadunidense señalara a esta agencia del Departamento del Tesoro como la principal responsable en el crecimiento de las transacciones irregulares con dólares que registró HSBC entre sus filiales de México y Estados Unidos. Curry simplemente falló en detener el lavado de dinero a través de los circuitos de la institución inglesa.
Ante los investigadores del Senado estadunidense, el funcionario citó, sin éxito, algunos casos en los que participó la agencia: las investigaciones del banco Wachovia (vinculado al blanqueo del cártel de Sinaloa) y un caso de lavado de dinero en el que se involucra a Citibank y a Zions First Nacional Bank.
Wachovia, por ejemplo, fue multada en marzo de 2010 con más de 50 millones de dólares por violar disposiciones contra el lavado de capitales. Fue este caso en el que también se investigó a HSBC y el que, asegura la OCC, contribuyó a que el gobierno mexicano impulsara restricciones a las operaciones con dólares en efectivo dentro de su sistema financiero.
Y apenas en abril pasado, la OCC notificó a Citibank que estaba incurriendo en problemas internos de control y monitoreo con “operaciones sospechosas”.
Frente a la presión del Subcomité de Investigación que conduce el influyente senador Levin, el Departamento del Tesoro, a través del Fincen, actualizó las medidas para prevenir el blanqueo de capitales a través de operaciones con dólares en bancos con operaciones en México.
El memorándum del Fincen actualiza las restricciones dadas a conocer en 2010 y revela que la apertura en bancos de Estados Unidos y las operaciones interestatales estadunidenses proliferan como una nueva técnica para introducir dinero sucio a los circuitos financieros. También informa que el Fincen ha recibido información sobre el Sur de California como un punto importante para el retiro de efectivo para ubicarse como el punto final del “embudo” para el lavado de dinero.
Por eso el Fincen, en sus alertas rojas, pide a la Banca que cambien la forma en la que han venido recibiendo transferencias de casas de cambio con operaciones en México: “repentinos incrementos en depósitos en efectivo, cambios rápidos y súbitos de fondos y grandes cantidades de efectivo en depósitos sin conocer la fuente y fondeo”, son señales a las que deben estar alertas los bancos, según el Fincen.
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Fuente: Contralínea 294

El factor clave- Calderón debe convocar a una reunión con AMLO: Alejandro Gurza

El factor clave


Jesús Murillo Karam, representante de Enrique Peña Nieto para asuntos jurídicos, acompañado del líder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell. Foto: Germán Canseco
Jesús Murillo Karam, representante de Enrique Peña Nieto para asuntos jurídicos, acompañado del líder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- De acuerdo con la información conocida públicamente hasta ahora, es un hecho que el PRI incurrió en irregularidades en el manejo de los recursos de las campañas electorales; lo que falta por definir es su gravedad. Sin embargo, algunas de las evidencias indiscutibles que hoy se conocen permiten tener indicios fundados de que se trata de faltas graves.
El reconocimiento del PRI, tras una reiterada negativa inicial, de la contratación de la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V., para la transferencia de los recursos a su estructura electoral, permite establecer hechos irrefutables: primero, la utilización de empresas mercantiles para la prestación de dicho servicio; segundo, que una de las empresas señaladas por el Movimiento Progresista como involucrada en este financiamiento irregular (Comercializadora Atama) efectivamente está involucrada en dichas operaciones; tercero, que los accionistas de Atama son los mismos que los de otra de las empresas (Grupo Comercial Inizzio) ya denunciadas; y cuarto, que estos 66.3 millones de pesos que el PRI reconoce son adicionales a las facturas por 141 millones de pesos que incluyó en su denuncia la coalición.
La declaración del priista Jesús Murillo Karam abre también la discusión sobre dónde deben reportarse los gastos que genera la estructura electoral: representantes generales y representantes de casilla que, contrario a lo que señala el colaborador peñista, no son parte de una estructura permanente del partido, que es la que se incluye dentro de los gastos ordinarios, sino de una estructura eventual vinculada directamente al proceso electoral. El PRI reconoció que en los procesos electorales de 2006 y 2009 los había reportado en los gastos ordinarios, lo cual es muy discutible y, desde luego, ya cuestionaron los partidos opositores.
Por otra parte, en una entrevista con el diario Reforma, el representante legal de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla, afirmó que los recursos que se manejaron en realidad fueron producto de un financiamiento, lo que de confirmarse configuraría una irregularidad, ya que el Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral señala en el inciso “e”, párrafo 1 del artículo 326, que los partidos deben informar a la Unidad de Fiscalización de: “La apertura de créditos o su equivalente, a más tardar a los cinco días de haberse celebrado la operación correspondiente, mediante un informe pormenorizado sobre el contrato de apertura…”. Y luego de más de tres meses el PRI no había informado de dicha operación al IFE.
Ahora bien, de los elementos ciertos que ahora se conocen se desprenden indicios preocupantes: uno, es un hecho que en esta trama participan empresas de las que se podrían denominar “fantasmas” –es decir, constituidas legalmente pero sin existencia real– para dificultar el seguimiento de los flujos de dinero. Esto incluso ya lo aceptó el PRI, aunque trata de desvincularse de cualquier responsabilidad; y dos, la reiterada negativa inicial de este partido permite suponer que la participación de esas empresas tenía la intención de ocultar la utilización de los citados recursos en el proceso electoral, cualquiera que haya sido el motivo.
En este escenario, y en el mejor de los casos para el PRI, de confirmarse que lo único que hizo fue firmar un contrato de prestación de servicios con Alkino y que ésta subcontrató a Atama para la consecución de un crédito y la distribución de los recursos, todo quedaría en una irregularidad administrativa, por no haber informado oportunamente de dicha operación. En el segundo mejor escenario, siempre suponiendo que la información que proporcionaron Murillo Karam y el representante de Alkino es cierta, el IFE decidiría que los gastos de esta estructura eventual se deben incluir en los reportes de gastos de campaña y se agrega el rebase de topes de gastos de campaña, con lo cual se configuraría otra falta.
Sin embargo, de confirmarse las hipótesis que pueden construirse a partir de los indicios, el problema es mayor y las sorpresas pueden ser mayúsculas, pues las razones para esconder dicho dinero a través de empresas fantasmas bien puede ser simplemente el no rebasar los topes de gastos de campaña, pero también puede ser para ocultar su origen y destino.
En lo que respecta al origen se abre una amplia gama, pues ahí podría existir la intención de evitar sanciones por rebasar los montos de financiamiento privado o de donantes individuales, de esconder aportaciones de empresas mercantiles o hasta de lavar dinero de procedencia ilícita. Y en lo que respecta al destino las opciones serían menos, pero igualmente divergentes: esconder el pago de una estructura electoral o evitar que se documenten la compra de votos y algunas otras acciones que pueden constituir delitos electorales.
De comprobarse cualquiera de éstas, incluyendo el hecho de que el monto total de los recursos es mucho mayor de los 66.3 millones de pesos que ahora reconoce el tricolor, el problema para el PRI es mayor, pues hace apenas nueve años (el 18 de marzo de 2003, para ser precisos) fue sancionado por el caso Pemexgate, en el que el PRI también pretendió ocultar el origen y destino de 500 millones de pesos que utilizó en la campaña presidencial del año 2000. Así que sería la segunda ocasión en apenas 12 años en la que el tricolor incurre en la misma falta.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy preciso al respecto: primero en el artículo 101 señala que una de las causas de pérdida de registro es “incumplir de manera grave y sistemática” con las obligaciones del Cofipe; y, posteriormente, en el artículo 354, al señalar las sanciones aplicables a las diversas infracciones señaladas en los artículos previos, precisa en el numeral IV del inciso “a”: “En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político”.
Por ello es fundamental que el IFE y la Fepade resuelvan las respectivas denuncias antes de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección presidencial, pues su impacto sobre la legitimidad y credibilidad del proceso electoral puede ser devastador.

Calderón debe convocar a una reunión con AMLO: Alejandro Gurza

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio Gómez
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Octavio Gómez
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- El presidente Felipe Calderón Hinojosa debe ofrecer a Andrés Manuel López Obrador el mismo trato que dio a los candidatos Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto y reunirse con él, recomendó el empresario Alejandro Gurza Obregón, exmilitante del Partido Acción Nacional.
Felipe Calderón “tiene la obligación de reunirse con López Obrador para hablar, analizar, para evitar consecuencias lamentables ante la descomposición del país”, enfatizó Gurza Obregón.
“Ambos deben buscar la paz de México. Hacer lo imposible para evitar que el país se destruya, debido a unas elecciones amañadas donde el Partido Revolucionario Institucional realizó un gran ilícito con la compra masiva del voto”, denunció el empresario.
Se deben reunir para “buscar la paz y la concordia, ante la descomposición del país”, reiteró.
Destacó que el cuestionado triunfo del PRI no es con mayoría, sino con un mínimo de votos, lo que en cualquier democracia consolidada obligaría a una segunda vuelta.
Mencionó que las evidencias sobre las diversas estrategias fraudulentas que utilizó el PRI para superar los gastos de campaña y comprar votos son muy evidentes. Sin embargo, todo indica que el Tribunal Federal Electoral tomará la decisión de refrendar el triunfo de Enrique Peña Nieto.
“No queremos llegar a una situación de violencia, ya que no son del todo agradables las declaraciones del Tribunal Federal Electoral”, enfatizó el empresario.
Destacó que la Organización Despierta México tiene evidencias de que el PRI ordenó la compra de votos a través de 17 gobernadores, ya que Enrique Peña Nieto tenía que ganar la elección en esos estados: “A través de la organización hicimos una intensa campaña para dar a conocer el fraude de la compra de votos”.
Aseguró que todas esas evidencias permiten al Tribunal Federal Electoral anular la elección como se logró en Michoacán.
Sin embargo, “es tal la corrupción que inclusive en el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, creo, sin temor a equivocarme que no van aceptar las pruebas, lo que será un insulto a todo México”.
Subrayó que como producto de esta “elección fraudulenta” ahora se perfila como prescindente una persona que no tiene capacidad para encabezar el gobierno.
Alejandro Gurza Obregón, concesionario de Ford en Coahuila desde 1934 y militante del Partido Acción Nacional (PAN) durante casi seis décadas, actualmente encabeza la organización Despierta México, en la que participan otros empresarios que se sumaron a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
El empresario demandó que el Tribunal Federal Electoral anule el pasado proceso electoral para convocar a una nueva elección.

Repudian en 3 estados elección presidencial- ¿Qué va a hacer el TEPJF?- ASTILLERO- #YoSoy132: la pantalla y los sueños

Repudian en 3 estados elección presidencial
Juan Carlos Flores, Eirinet Gómez y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 31 de julio de 2012, p. 8
Unas 500 firmas fueron recabadas ayer en Colima para solicitar la anulación de la elección presidencial, durante la primera jornada de asambleas informativas del Movimiento Regeneración Nacional, dijo José Sánchez Pérez, representante estatal de la agrupación. En Veracruz, integrantes del movimiento #YoSoy132 inauguraron la Feria Alternativa del Libro, en el contexto del Festival contra la Imposición, el cual contará con actividades culturales, lúdicas e informativas. En Guerrero, la noche del domingo el movimiento interuniversitario se constituyó en asamblea estatal, luego de la realización de foros en ocho municipios. Los universitarios rechazaron los resultados fraudulentos de los comicios del primero de julio, de los cuales se tiene evidencia de múltiples irregularidades.
Urge-Magú
Astillero
AMLO, en la plaza
Linchamiento programado
¿Hacia dónde?
Astillero de lunes
Julio Hernández López
Foto
FUNERAL. Enrique Peña Nieto y su esposa asistieron a la misa de cuerpo presente del empresario Juan Armando Hinojosa, quien murió en un accidente aéreo el sábado pasadoFoto Agencia MTV
 
       Fue como comenzar a reconstruir. Domingo en la plaza pública, sin el acompañamiento hasta ahora tradicional de los dirigentes partidistas que lo postularon a la presidencia de la República y sin los candidatos locales ganadores que semanas atrás se peleaban lugar en el estrado junto a él. El parque de la Esperanza, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el simbólico estado de México, donde el peñanietismo se alzó con una importante porción de los votos prepagados y donde el perredismo y la izquierda electoral suelen ser en sus cúpulas mero refugio de intereses menores y de regateo por vendimias.
 
Como en 2006, luego de la adulteración electoral se ha desatado una pesada campaña de desacreditación y difamación públicas en su contra. Si las amañadas encuestas de opinión sirvieron para sustentar el parloteo mediático en favor de un presunto puntero inalcanzable, la histeria posterior a los primeros resultados oficiales somete a linchamiento los legítimos actos de disidencia y la recurrencia a los caminos legales de impugnación, para así facilitar la programada resolución del tribunal electoral en pro del originalmente designado para ocupar la gerencia de imagen y relaciones públicas de México.

Carlos Salinas de Gortari pudo estabilizar su gobierno y sobrellevar la etiqueta de ilegítimo luego de los acuerdos secretos con Cuauhtémoc Cárdenas y la muerte de Manuel J. Clouthier, que le permitieron dar cauce a la izquierda mediante la creación del Partido de la Revolución Democrática y a la derecha mediante las concertaciones que abrieron paso a reformas varias, siempre de las barbas del comisionado Diego Fernández de Cevallos. Enrique Peña Nieto, sin embargo, pareciera decidido a tomarse de la mano del grupo de Felipe Calderón Hinojosa, en una suerte de reposición de aquellos episodios del panismo que supo vender a buen precio la “legitimación de facto”. Respecto de la izquierda, o más específicamente, al lopezobradorismo, el obediente equipo del candidato mexiquense se muestra torpemente combativo, insultante, amenazante, obnubilado.

El vocero del comité nacional priísta, Eduardo Sánchez, dio un ejemplo más de ese trato no solamente irrespetuoso sino grosero hacia el tabasqueño que sostiene por la vía legal diversas impugnaciones contra el peñanietismo y que incluso propone la aplicación de la figura constitucional del interinato presidencial. El mismo domingo en que AMLO parecía volver a ser un líder social, casi despojado de los arreos electorales, dando voz en tribuna a la gente que le sigue y apoya y no a las figuras representativas que lo van dejando libre, el citado portavoz lo llamó cochino y lo equiparó con un viejo faraón que a su tumba se empecina en llevarse sus bienes preciados y sus esclavos. No con tanta vulgaridad, pero la nómina de comentaristas mediáticos alineados con el bipartidismo conservador reproduce similares tareas de demolición pejiana mediante artificios en espera de recompensa sexenal.

El peñanietismo insta a AMLO a que se retire de la política y varios de sus compañeros de viaje electoral tienen idéntica pretensión. Bien pagados y servidos, muchos de los izquierdistas institucionales están más que conformes con las gubernaturas recibidas y con los cargos legislativos alcanzados. El retiro de López Obrador les parece indispensable para comenzar a trazar el nuevo futuro venturoso, con el nuevo poder modernizador que ejercen Ebrard y Camacho (quien se coló a última hora como senador, en una maniobra al más puro estilo del juanitismo), con los apoyos circunstanciales de Chuchos, Bejaranos y otras corrientes, según la negociación específica de que se trate. Hoy, la lucha está centrada en la coordinación de las bancadas legislativas; mañana lo será en cuanto a los arreglos con el gobierno priísta, si así lo confirma el tribunal electoral de tres colores, como todo hace suponer (a menos que el 132 y un estallido cívico nacional impidan ese dictamen amafiado o la instalación de sus consecuencias en la silla de mando o su continuidad).

AMLO tiene por delante la marcha anunciada rumbo a la finca chiapaneca de mexicanísima sonoridad denominacional que hizo famosa meses atrás en una reunión con empresarios. O la reconversión en un líder de la resistencia nacional frente a los anunciados planes privatizadores (la riqueza nacional como gran botín, como en el primer salinismo) y las reformas antipopulares que el prianismo negocia frotándose las manos. Debe decidir qué tanta viabilidad conservó Morena como proyecto de partido, luego del gran fracaso en el cuidado de las casillas electorales y de la reservada movilidad que ha mostrado luego de las elecciones (concurrente como pieza testimonial a los actos y marchas del 132, supuesta organizadora de asambleas informativas en 142 ciudades, sin que se tuviera reporte de presencia más que simbólica). O puede optar por la creación de un gran frente popular para confrontaciones políticas circunstanciales, mientras el nuevo sol, Ebrard, transforma al PRD y a los partidos y movimientos que se acomidan, en un Partido Progresista que trabaje rumbo al 2018. Mientras tanto, López Obrador ha vuelto a la plaza pública, sin la escolta tripartidista de antes, sin figuras nacionales, tal como comenzó décadas atrás en algún pueblo de Tabasco, terco y convencido, contento de seguir siendo él, confrontando al poder, llamando a la organización.

Astillas
Quien desee leer el Astillero de este lunes (Negocios y elecciones; los Hinojosa, Edomex, Monex; familias en el poder; ciclos políticos y muertes) en http://bit.ly/PgSvLT puede encontrarlo... Tiroteo en el centro de la capital del país, una provocativa bomba molotov contra una tienda Soriana de Nuevo León, y el nuevo ataque contra instalaciones del grupo periodístico que edita Reforma y El Norte... Y, mientras las ansias laudatorias televisivas siguen al acecho de oportunidades olímpicas para desbordarse, ¡hasta mañana, en esta columna tempranera, que ve cómo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se consolida una especie de representación profesional de la ciudadanía!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
¿Qué va a hacer el TEPJF?
José Blanco
 
       Los siete magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen en su cabeza cómo van a interpretar el muy enlodado contexto de acciones tramposas cometidas en la elección presidencial; vale decir, tienen en sus manos los muy distintos rumbos que tomará el país, según la sentencia que les dicte su conciencia, su conocimiento –y sus intereses y compromisos–, sobre el grave estado de cosas que priva en la nación, su historia reciente, y las respuestas probables de los electores frente a esa su sentencia.
 
El fallo que dictará el TEPJF no tiene que ver con los procedimientos del proceso electoral, sino, muy principalmente, con el contexto en el que ocurrieron. No será posible establecer una relación directa entre el cúmulo de acciones que las izquierdas han llamado una elección comprada, con normas específicas de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Pero esa misma ley debía necesariamente prever, como lo hace, que “el sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar… que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad”.
El cúmulo de atracos llevados a cabo por la hidra del poder de este país, que por esos actos repudiables hizo presunto triunfador al PRI, está desde luego fuera de los dispuesto por el multicitado artículo 41 de la Constitución Política, que dispone: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”

Escribe Arnaldo Córdova que la Constitución en su letra original y en la de sus reformas no presenta, por sí misma, mayores problemas a la hora de interpretarla. Los verdaderos problemas vienen cuando el juzgador debe interpretar la ley derivada en su constitucionalidad y su apego o proximidad al dictado constitucional.

Hay una corriente de pensamiento que cree que lo que interesa al intérprete de la Constitución es determinar qué quisieron expresar los constituyentes originarios. Se trata de una visión congelada de la Carta Magna. En otro sentido se expresa el estudioso Javier Rudzinsky, para quien existen cláusulas abiertas que dan al juez un margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones posibles de una determinada norma. Es claramente el caso de una cláusula abierta la disposición constitucional sobre las elecciones libres y auténticas. Además –dice Rudzinsky–, los intérpretes de la Constitución pueden recurrir a valores o fuentes no explícitas en el texto constitucional como valoraciones sociales, culturales, políticas; se trata de una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica receptiva, de una interpretación progresista.
Es una visión que concuerda con la tesis de Hans Kelsen, para quien la interpretación es un acto de voluntad pues la creación de la norma individual [la sentencia], está destinada a llenar el marco libre establecido y dejado por la norma general (la norma interpretada y aplicada).

El propio artículo 41 constitucional expresa que “la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales…”

No parece que estemos ante un complejo acto de interpretación de la Constitución: el amasijo del poder económico-político presuntamente violó masivamente la ley de la materia y la Carta Magna, según las pruebas reunidas por el Movimiento Progresista.

Los señores magistrados pueden declararse incompetentes para interpretar la Constitución, pero no pueden (o no deberían) emitir resoluciones inconstitucionales. Y para normar su criterio no pueden en este caso atenerse a la gramática de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sino a las disposiciones constitucionales, recurriendo a valores o fuentes no explícitas en el texto constitucional como valoraciones sociales, culturales, políticas; se trata de una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica receptiva, de una interpretación progresista. Estamos frente a una sociedad ofendida, demolida, acogotada, crispada, que más le vale al tribunal tener en cuenta: es el resultado de las mil caras de la injusticia social.

El tribunal sabe que el artículo 103 constitucional dispone que “los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite… por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución”. También debe saber que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos... La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El TEPJF no debería andar sin red en las alturas del circo. Es peligroso.
Injusta olímpica-Fisgón
#YoSoy132: la pantalla y los sueños
Luis Hernández Navarro
 
      En el festival de carteles, performances y poesía instantánea en que se han convertido las protestas de #YoSoy132 se repite, una y otra vez, una estampa: una joven enmarca su rostro en la pantalla de un televisor de cartulina, con un letrero escrito a mano que advierte Televisa te idiotiza.
 
La imagen es emblema que simboliza la declaración de guerra de los jóvenes contra la telecracia que entretiene e informa a más de 70 por ciento de los mexicanos. En ella, una manifestante, que es simultáneamente emisora y receptora, que observa y es observada, lanza un grito de advertencia que busca sacudir la conciencia ciudadana.

En su nombre resume su origen y atributos. El movimiento #YoSoy132 nació de la indignación de los estudiantes universitarios ante la manipulación informativa de los medios de comunicación y la pretensión del Canal de las estrellas de imponer un candidato a la Presidencia de la República.

Un hecho tan común y corriente como el que la mayoría de la prensa ocultó y desvirtuó, el descontento juvenil contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, fue la gota que derramó el vaso de la ira estudiantil. De ese agravio informativo nació el hashtag que convocó a la acción colectiva contra Televisa y en favor de la democratización de los medios de comunicación.

El movimiento surgió realmente como un hashtag, es decir, como asunto al que cualquier joven universitario tiene la posibilidad de sumarse o de aportar su punto de vista, adhiriéndose a la cadena de iniciativas tras la almohadilla que da nombre a esa causa, como lo haría en Twitter.

Ser parte de #YoSoy132 implica identificarse como alguien no manipulado por los medios electrónicos, como alguien que escapa a la mediatización y a la alienación del control mediático. A su manera, sus integrantes hacen suya la crítica a la televisión elaborada por el sociólogo Pierre Bordieu, quien afirmó que este medio, en lugar de informar, oculta mostrando, pone a la vista algo distinto de lo que tendría que divulgar, o presenta lo que sucede y es importante de manera inadvertida o irrelevante, de tal manera que lo que trasmite no corresponde en absoluto a la realidad.

El movimiento va más allá de ello y ubica al poder no regulado de la mediocracia como uno de los principales obstáculos en la democratización del país. “Si queremos una democracia auténtica –aseguran en el discurso pronunciado durante la toma pacífica de las instalaciones de Televisa Chapultepec–, será ineludible la democratización de los medios. Como todos los defectos de nuestra pobre democracia, la concentración y manipulación de la información es una herencia que perdura del viejo régimen y del supuesto cambio.”

Ese discurso desmiente a quienes acusan a los universitarios de tener ideas ramplonas; por el contrario, el diagnóstico que se hacen sobre el papel de la telecracia es de gran brillantez. Los seis puntos programáticos que proponen para caminar hacia adelante y nunca volver atrás, que incorporan algunas de las ideas-fuerzas centrales de los movimientos sociales alternativos en el país, son notables.
El movimiento sostiene la necesidad de democratizar y transformar los medios de comunicación, sobre la base de la socialización de los mismos y el desarrollo de un modelo de medios públicos. Cambiar el modelo educativo, científico y tecnológico. Sustituir el modelo económico neoliberal. Transformar el modelo de seguridad nacional, retirando las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas. Y, luchar por el pleno cumplimiento del derecho a la salud.

La problemática de los medios de comunicación ha atravesado al #YoSoy132 en sus acciones colectivas, debates y proclamas. Una de sus primeras definiciones consistió en exigir a la prensa información de calidad para poder emitir un voto informado. En sus protestas iniciales en las calles se gritaron consignas como Televisa-Tv Azteca / no más imposición / libre elección, Queremos escuelas, no telenovelas y Lucero, Gaviota / se acabó la caja idiota.

En la marcha anti-Peña Nieto y contra Televisa del 23 de mayo se leyó un documento en el que representantes de diversas universidades formularon demandas como: democratización de los medios, información veraz y equilibrada sobre la campaña presidencial, apertura informativa a la televisión abierta, creación de la figura del ombudsman en cada medio, difusión de códigos de ética para los medios de comunicación, como instrumentos de defensa del interés público; masificación del uso de Internet y que el acceso a ésta sea un derecho constitucional, transmisión del segundo debate de los candidatos a la Presidencia en cadena nacional; impulso al derecho a la información, y protección a periodistas.

Seis días después, durante una conferencia de prensa, el movimiento exigió transmitir el segundo debate por cadena nacional; competencia real en el sector de la comunicación; reformar los actuales procedimientos administrativos para otorgar las concesiones de radio y televisión, como forma de garantizar el derecho a la libertad de expresión; instauración en los medios de instrumentos que resguarden el interés social, y someter a concurso en escuelas de comunicación producciones de canales públicos.

La crítica de #YoSoy132 a la telecracia y la manipulación mediática no cesan. Los jóvenes han producido multitud de diagnósticos, propuestas, videos de gran calidad, y realizado una enorme cantidad de acciones de masas para impugnar la realidad que les inconforma.

Nuestros sueños no caben en tu pantalla, anuncia la rúbrica del video Televisa, estamos aquí, elaborado por el movimiento. Por lo pronto, con pantalla o sin ella, sus sueños están transformando al país.

De sangre y plata, los activos del narcotráfico entre México y EU

De sangre y plata, los activos del narcotráfico entre México y EU

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado produce 870 mil millones de dólares al año. Cómo llegan los eruditos que laboran para la ONUDC (Oficina sobre Crimen y Drogas de las Naciones Unidas por sus siglas en inglés) a determinar tal cantidad, es a partir de una fórmula científica basada en las cifras oficiales entre aseguramientos, costos de producción, cargamentos y estimaciones de transacciones mundiales relacionadas con dinero producto de operaciones de acciones ilícitas.

La cifra fue dada a conocer a mediados de julio cuando esa oficina de las Naciones Unidos emprendió una campaña contra las transacciones mundiales con dinero ilícito, a partir de dramatizaciones para explicar la suciedad de papeles billetes que son la ganancia por la venta de drogas, de personas, de armas y otras formas de criminalidad cada vez más adentradas en la globalización de la economía, en este caso, de la economía del crimen.

De los 870 mil millones de dólares al año producidos por el crimen organizado, la mayor parte de ellos –320 mil millones–, es capital ubicado en el narcotráfico mundial. De esa cantidad, 2 mil 700 millones de dólares dicen que son producto de los cárteles mexicanos, y además, contante que se queda en la República Mexicana; si consideramos esa cifra como valedera y además damos crédito a la ofrecida por la revista norteamericana Forbes, que estima en mil millones de dólares la fortuna de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, significaría que él sólo posee el 37 por ciento de las ganancias del narcotráfico en México, lo cual corroboraría la idea popular de que el de Sinaloa es uno de los narcotraficantes protegidos por el sistema mexicano de administración y procuración de justicia, este último bajo la tutela –en relación al narcotráfico– del gobierno federal, todavía encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.

Pero realmente no son los 2 mil 700 millones de dólares que producen los cárteles mexicanos en este territorio lo que llama la atención del reporte de la UNODC, sino la cifra que le sigue. De los 320 mil millones de dólares que produce el narcotráfico, 29 mil 500 millones se quedan en los Estados Unidos, y son generados por los distribuidores de droga que venden el ilícito producto en ciudades norteamericanas pero producido en Latinoamérica, Centro América, América del norte, Asia y Europa por generalizar los sitios de cultivo y producción de drogas.

La suma de dinero producto del narcotráfico entre los dos países vecinos, Estados Unidos y México, es de 31 mil 200 millones de dólares, de los cuales apenas el 8.65 son producto y ganancia de los cárteles en territorio mexicano. El resto, la inmensa mayoría está en la Unión Americana, 29 mil 500 millones de dólares es muchísimo, muchísimo dinero para un país que no tiene cárteles identificados, establecidos ni redes de crimen organizado, sólo viles y miserables distribuidores.

Las cifras de la UNODC revelan lo que todos sabemos, vivimos y pensamos, pero que pocas autoridades persiguen en la justa medida: México es el laboratorio de drogas de los Estados Unidos –entre otros países, porque el documento de las Naciones Unidos establece ese monto como producto de transacciones globales, otros cárteles, otras mafias de otros países también contribuyen a la riqueza criminal de los Estados Unidos–.

Y fue sólo hasta el gobierno de Barack Obama que aquella entidad reconoció al narcotráfico como un problema compartido. Así lo dijo de hecho la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una de sus primeras visitas como parte de esa administración a nuestro país México. Si bien es cierto que los esfuerzos “conjuntos” –y resalto las comillas porque eso está en veremos– entre los dos países tienen varios años y varios presidentes de éste y de aquel lado, y esfuerzos como la Iniciativa Mérida emprendida (pírricos casi 400 millones de dólares inyectados por el gobierno de Estados Unidos a México, contra los 2 mil 700 que ahora se sabe producen los cárteles locales) por otro gobierno, pero mantenida por el de Barack, la realidad es que a México toca la peor parte del narcotráfico: la corrupción enraizada, las ejecuciones, la violencia cruenta, los ataques a los periodistas, y la participación de los criminales en los gobiernos.

Mientras en los Estados Unidos no se identifican organizaciones criminales encargadas de las líneas de distribución de drogas, los esfuerzos de las autoridades norteamericanas están concentradas –de acuerdo a los resultados– en la detección de bandas en ocasiones de cientos de personas que sirven de receptores y distribuidores para cárteles extranjeros, la erradicación de cultivos y laboratorios en pequeña escala, y la captura de agentes deshonestos de migración y aduanas a lo largo de su frontera sur y la norte de México.

En la guerra contra el narcotráfico que el gobierno mexicano emprendió a partir de la llegada del presidente Felipe Calderón, la parte de la persecución sin lógica ni estrategia integral correspondió exclusivamente al territorio mexicano, los estadounidenses colaboran con información que poseen sobre la estructura, los miembros y los modos de operar en las calles de México por parte de los criminales mexicanos. Una vez capturados los mafiosos, por supuesto con datos que proveyeron los norteamericanos, éstos comúnmente son extraditados si se trata de pezzonovantes, y con varios y visibles objetivos: primero para confiscarles la mayor cantidad de dinero posible, por ejemplo, a Osiel Cárdenas Guillen, otrora líder del cártel del Golfo que fue preso en México, al iniciar su juicio en la Unión Americana le impusieron una multa de 30 millones de dólares, mientras que a Benjamín Arellano Félix, dirigente que fue del cártel que hasta la fecha se identifica con sus apellidos, le hicieron firmar un documento donde se comprometió a trasladar sus bienes al gobierno de los Estados Unidos, y pagar una multa de cien millones de dólares. Otro objetivo es obtener de estos capos información que les permita identificar la forma en que trabajan las mafias tanto en México para conocer el procedimiento, los niveles de corrupción, el nombre de los integrantes y la forma en que logran burlar o comprar la autoridad de aquel país para introducir toneladas de droga por aire, mar y tierra.

A cambio del dinero y de la información, la mayoría de estos criminales recibe beneficios en la Unión Americana que van desde la eliminación de la pena de muerte, la rebaja en años sobre la sentencia, hasta la liberación pronta. De esta manera, narcotraficantes que delinquieron en las décadas de los ochenta y los noventa en México, que fueron capturados aquí y extraditados al vecino país, hoy viven sus días en prisiones desconocidas para los mexicanos y algunos incuso están en libertad de nueva cuenta.

La peor parte pues de la guerra contra el narcotráfico se vive en México, mientras las ganancias, 29 mil 500 millones de dólares al año se mantienen en los Estados Unidos. Hay que seguir el dinero para develar la trama, reza la conseja popular para la solución de un crimen, pero en este caso, todos sabemos dónde está el dinero y dónde la muerte; la situación no ha cambiado en los últimos años de guerra y muerte, como diría mi maestro y gran periodista don Jesús Blancornelas, México es sólo el trampolín para la alberca de las drogas que representa Estados Unidos. Y todo sigue igual.

Seguir el dinero sería un buen principio para ambos gobiernos ahora que la ONU dio a conocer las cantidades por países y por aristas criminales, ya saben dónde están los billetes, de dónde provienen y su destino final, seguirlos para eliminar la fuente y no para agenciárselos le haría mucho bien tanto a Estados Unidos como a México, acabar con las adicciones y con la producción a partir de eliminar los recursos económicos que les dan vida debería ser la ideología de la guerra, y no sólo la captura por adorno y por dinero

Sexenio de FCH concluirá como el más violento para el periodismo; con el PRI se mantendría tendencia: ONG


Con 72 asesinatos, 13 desapariciones y 40 ataques a medios de comunicación, el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en uno de los más violentos para el periodismo mexicano, según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.

Aun cuando hubo tentativas para proteger a los comunicadores, las agresiones persistieron e incluso se incrementaron en la administración que está por concluir el 1 de diciembre. En estos momentos, no sólo los periodistas son amenazados, secuestrados o acosados en lo individual; los atentados alcanzaron los edificios de las empresas periodísticas con bombas e intimidaciones escritas.

Darío Ramírez, director para México de la organización Artículo 19, aclara que si bien el asesinato y la desaparición son los sucesos más recurrentes y graves, no hay que olvidar que los hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias y violencia física han ido en aumento, lo que ha inhibido el ejercicio independiente y crítico del periodismo.

El domingo 29 de julio ocurrió un ataque contra el diario El Norte -el tercero en menos de 20 días- durante el cual, un grupo de encapuchados roció con gasolina las oficinas, lo que provocó un incendio. Este atentado se suma a la lista de ataques contra los medios y periodistas, de los que más del 80 por ciento no han sido aclarado por las autoridades.

“Los ataques que ha sufrido Grupo Reforma en su periódico El Norte en los últimos 19 días muestran a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno como espectadores; es decir, ya podrían haber tomado o implementado las medidas que le dieran la seguridad al diario para seguir haciendo su labor, pero sin duda ese papel de espectadores que tienen los diferentes autoridades ante los ataques son señales de aliento a los perpetradores, porque al final, en 19 días, ninguno de los responsables de atacar un medio de comunicación ha sido traído a la justicia”, expuso Darío Ramírez.

Abundó en que se trata de una señal de aliento para quienes perpetran este tipo de acciones. “La señal de seguridad que mejor podrían dar, no es poner un convoy de militares en la puerta del periódico El Norte, sino sería agarrar a los causantes que están cometiendo estos actos y dando una sentencia y castigo ejemplar”.

MAYOR INCIDENCIA BAJO EL GOBIERNO DEL PRI

El saldo de muertes y desapariciones de profesionales de la información que deja la administración de Calderón es más grave en Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como en Michoacán, donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuestionado por si la violencia para los periodistas y medios se agudizará en caso de que el candidato del tricolor, virtual ganador de las elecciones del 1 de julio, Enrique Peña Nieto, tome posesión como Presidente de México, Darío Ramírez hizo hincapié que los estados más peligrosos para la prensa son gobernados por el PRI. “Si tomamos como hipótesis que esos contextos estatales de un alto grado de violencia contra la prensa se van a replicar en la Presidencia de la República todos esperaríamos a que los niveles de violencia se mantengan o se agraven. La verdad es que habrá que esperar también para ver cuáles son las políticas y qué tipo de respuestas da el nuevo gobierno hacia este fenómeno que sinceramente no es nuevo”.


LA CONTRADICCIÓN

Desde que Calderón declaró un “embate” contra el crimen organizado en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento. Los ataques a las instalaciones de los medios informativos se hicieron más evidentes y en menos de un año, ocho periodistas murieron asesinados en Veracruz.
Se volvió lugar común responsabilizar al “crimen organizado”, si el móvil de las acciones en contra de reporteros. “Desde el sexenio de Calderón, la respuesta que han dado varios funcionarios en relación a la violencia contra la prensa es que el principal perpetrador es el narcotráfico o el crimen organizado. Cuando dicen esto, lo dicen en un tono como si eso justificara su inacción y éste no es el principal responsable, pero si sí lo fuese, pues lo que se estaría esperando es que evidentemente hagan algo contra el que sea y en este sentido me parece que la incapacidad de los diferentes mandatos se debe a una comodidad de no tener una prensa crítica contra las autoridades de la diferentes ordenes de gobierno”, puntualizó Darío Ramírez.

Una vez crispada la violencia en contra de los profesionales de la información, así como de sus medios, dos diarios mexicanos expusieron en sus editoriales su posición. “El Mañana” de Nuevo Laredo informó que dejaría de publicar “hechos violentos” después de ser atacado con un artefacto explosivo:

“Ante la lealtad que debemos a nuestros lectores, declaramos ante ellos que El Mañana es un instrumento para libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda. Por ello, este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país”, publicó la mañana del 10 de julio de 2012.

A su vez, El Diario de Juárez publicó una carta dirigida a los grupos criminales que se disputaban la plaza de Cuidad Juárez y que la convirtieron en una de las ciudades más violentas del país. La carta titulada “¿Qué quieren de nosotros?” daba a conocer la impotencia por los asesinatos a colaboradores de ese diario. La dirección del periódico pedía claridad en lo que debía publicarse o no, y reconocía a los cárteles como gobernantes de facto:

“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”, publicó El Diario de Juárez el 19 de septiembre de 2010.


¿QUÉ PASARÁ?

Darío Ramírez concluyó que “para generar un cambio profundo tienen que suceder dos cosas. Primero que el gremio periodístico tenga acercamientos solidarios fuertes y que la competencia editorial y productiva no se antepongan ante la capacidad de los medios de exigir cuentas a las autoridades.

El gran ausente en todo este desarrollo o degradación del ejercicio de la libertad de expresión en México, son los mismos medios; es decir, ellos sí podrían elevar la presión a las autoridades de Veracruz que llevan nueve asesinatos en un año o las tres agresiones a El Norte en 19 días; es decir, la prensa debería ejercer ese nivel de presión a las autoridades para buscar soluciones, según Ramírez.

“No sucede y mientras no suceda hay voces como Articulo 19 y otras organizaciones pero que no tenemos la suficiente presencia pública para buscar esta reacción y al mismo tiempo ese refundar el periodismo con una visión independiente, una visión crítica y que a lo largo de esa nueva perspectiva la sociedad se vaya sintiendo más cercana a la prensa, que reproduce sus intereses, que le ayuda a tomar decisiones y conceptos más profundos en un desarrollo de la misma democracia mexicana”.