La manipulación de los datos de inteligencia por el Estado profundo

La manipulación de los datos de inteligencia por el Estado profundo

 

30. noviembre, 2012Red VoltaireDestacadas, Línea Global, Semana

Varias administraciones estadunidenses participaron en la preparación de la versión oficial del 11 de septiembre, ya sea mediante la fabricación de los indicios o el ocultamiento de datos de inteligencia. Peter Dale Scott, exdiplomático canadiense, pone al desnudo la actuación de las instituciones profundas que actúan en Estados Unidos a espaldas de la opinión pública

Peter Dale Scott/Red Voltaire/Tercera y última parte

Kevin Fenton, autor del libro Disconnecting the dots (Sembrando la confusión), menciona la posibilidad de que Richard Blee –director de Alec Station, la Unidad bin Laden de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por su sigla en inglés)– fuera uno de los individuos que buscaban un pretexto para intensificar la guerra contra Al Qaeda. Ya hemos visto que, junto a su superior Cofer Black, Blee negoció con Uzbekistán un acuerdo de enlace para establecer un intercambio de datos de inteligencia (Contralínea 308 y 310 ). En 2000, el United States Special Operations Command (Comando de Operaciones Especiales estadunidense, Socom, por su acrónimo en inglés) comenzó a implicarse en aquella región y “las Fuerzas Especiales estadunidenses iniciaron una colaboración más visible con el ejército uzbeko, en el marco de misiones de entrenamiento”. Como hemos podido comprobar, el acuerdo de enlace uzbeko se convirtió poco a poco en un enlace secundario con la Alianza del Norte en Afganistán. En un encuentro con el comandante Massud, en octubre de 1999, Richard Blee aceptó presionar a Washington a favor de un apoyo más activo a la Alianza del Norte.

Después del atentado contra el USS Cole (un barco destructor de la marina estadunidense) en Adén, ocurrido en octubre de 2000, Blee trató de ampliar la misión militar con Uzbekistán al apoyar la creación de una fuerza ofensiva común, que se habría coordinado con las tropas de la Alianza del Norte, del comandante Massud. Aquel proyecto enfrentó importantes objeciones en momentos en que Bill Clinton todavía ocupaba la Presidencia estadunidense, en esencia porque Massud luchaba –con apoyo de Rusia e Irán– contra los talibanes, que a su vez contaban con el respaldo de Pakistán, y porque se sabía que Massud financiaba su lucha con el tráfico de heroína. Pero en la primavera de 2001, una reunión de los funcionarios adjuntos de los ministros de la nueva administración Bush reactivó los planes de Richard Blee y Cofer Black para organizar una importante ayuda secreta destinada al comandante Massud (proyectos respaldados por Richard Clarke, director de contraterrorismo de la Casa Blanca). El 4 de septiembre de 2001, una semana antes de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, el equipo de George W Bush autorizó la redacción de una nueva directiva presidencial, la NSPD-9, que autorizaba un plan de acciones secretas a realizarse en coordinación con Massud. Aquel plan se basaba en el proyecto de Richard Blee y Cofer Black.

Con la llegada de Bush al poder, Blee dejaba de estar en minoría. Seis semanas después del 11 de septiembre, Blee fue nombrado jefe de la estación de la CIA en Kabul, considerado un importante puesto. Kevin Fenton informa que, debido a su nueva categoría, Blee estuvo implicado en el programa de traslados ilegales de prisioneros de Al Qaeda (“extraordinary renditions”). Esos hechos sugieren que Blee pudo haber tenido como objetivo obtener de Ibn Sheykh al-Libi –un entrenador paramilitar libio perteneciente a Al Qaeda–, a través de tortura, falsas confesiones que demostraran una complicidad iraquí con la organización dirigida por Osama bin Laden. Esas confesiones falsas fueron utilizadas de inmediato para “manipular” los datos de inteligencia y “constituyeron una parte determinante de la embarazosa presentación del secretario de Estado, Colin Powell, ante [el Consejo de Seguridad de] la ONU, tendiente a apoyar la invasión de Irak”.

La pregunta es entonces el Socom perseguía algún objetivo desconocido al detener el programa Able Danger, establecido en 1999 para vigilar a los agentes de Al Qaeda.

Las operaciones emprendidas después del 11 de septiembre de 2001 fueron mucho más lejos que el programa de Richard Blee a favor de una implicación paramilitar de la CIA con la Alianza del Norte. El contingente de la CIA en Afganistán se convirtió rápidamente en algo insignificante al lado de las fuerzas del Socom. En efecto, George Tenet, entonces director de la CIA, informó que, a finales de 2001, Estados Unidos tenía alrededor de 500 combatientes en Afganistán, lo cual incluía “110 oficiales de la Agencia Central de Inteligencia, 316 miembros de las Fuerzas Especiales y un gran número de comandos del Joint Special Operations Command (mando mixto de operaciones especiales estadunidenses, Jsoc, por su acrónimo en inglés) sembrando el caos tras las líneas enemigas”.

En el seno de la administración de Bush, Stephen Cambone había colaborado con Dick Cheney y con Donald Rumsfeld, al firmar junto a ellos el Project for the New American Century (Proyecto para el Nuevo Siglo Estadunidense, PNAC, por su sigla en inglés) titulado Rebulding America’s Defense (Reconstruir las Defensas de Estados Unidos) y al participar en su elaboración. Después del 11 de septiembre, Cambone se convirtió en uno de las más activos partidarios del uso de las Fuerzas Especiales del Socom en la realización de las operaciones secretas contra Al Qaeda, no sólo en Afganistán sino “en cualquier lugar del mundo”.

Es posible que todo lo que hizo Richard Blee en Alec Station para preparar el terreno para el 11 de septiembre de 2001 formara parte de una operación interagencias mucho más amplia, en la que el Socom desempeñó un papel similar cuando puso fin al proyecto Able Danger. Lo anterior explicaría una nota manuscrita de Stephen Cambone redactada aproximadamente a las 10 de la mañana del 11 de septiembre, después de recibir una llamada de George Tenet. En aquella época, Cambone era uno de los miembros del PNAC que Dick Cheney había metido en el Pentágono, bajo la dirección de Donald Rumsfeld. Veamos el contenido de aquella nota:

“[Vuelo] AA 77-3 indiv[iduos] estuvieron bajo seguimiento desde [los proyectos de atentados de Al Qaeda en ocasión de las festividades del milenio y [del atentado del 12 de octubre contra el USS] Cole 1 tipo rel[acionado] con el terrorista [que actuó contra el USS] Cole 2 entraron en US a principios del mes de julio (¿dos de tres arrestados e interrogados?)”.

El “tipo” que se menciona en la nota es probablemente Khaled al-Mihdar, y el “terrorista [que actuó contra el USS] Cole” podría ser Wallid [o Tufik] ben Attach, un importante miembro de Al Qaeda vinculado no sólo al atentado suicida contra el USS Cole sino además con los ataques de 1998 contra las embajadas estadunidenses. Sería útil saber por qué George Tenet transmitió a un halcón del Pentágono datos de inteligencia que, visiblemente, nunca habían sido dados a conocer a nadie fuera de la CIA. Por otro lado, ¿puede ser casualidad que Cambone, al igual que Blee en la CIA, haya supervisado un programa durante el cual miembros de las Fuerzas Especiales del Socom utilizaron la tortura para interrogar personas detenidas en Afganistán?

De la misma manera que Richard Blee puede haber sido un protegido de George Tenet en el seno de la CIA, Stephen Cambone era conocido por su lealtad a toda prueba, primero hacia Dick Cheney y luego, después de su nominación en el Pentágono, hacia Donald Rumsfeld. No sabemos si Cambone tuvo que ver con el proyecto de planificación del Continuity of Government (Continuidad del Gobierno, COG, por su sigla en inglés), en cuyo marco, Rumsfeld y Cheney –entre otros– prepararon la vigilancia sin mandato y las medidas de detención arbitraria aplicadas por vez primera en la mañana del 11 de septiembre (y que aún siguen en vigor, como ya lo demostré anteriormente). Tampoco sabemos si durante la primavera de 2001 estuvo vinculado, de una u otra forma, al grupo de trabajo de Dick Cheney sobre el contraterrorismo (conocido como Office of National Preparedness, u oficina de preparación nacional). Ese grupo fue, al parecer, una fuente de los ejercicios militares del 11 de septiembre, que incluían simulacros de ataques con aviones secuestrados, ejercicios que acentuaron la confusión en la respuesta de la defensa estadunidense en el momento de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono.

Acontecimientos profundos, hechos recurrentes

Me gustaría concluir este ensayo con una corta perspectiva histórica de las fallas de funcionamiento que acabamos de observar. En cierta medida, el 11 de septiembre fue un hecho sin precedentes: el mayor homicidio que se haya perpetrado en un sólo día en el territorio de Estados Unidos. Pero es también un ejemplo emblemático del tipo de acontecimientos misteriosos que por desgracia se han vuelto frecuentes desde el asesinato de Kennedy. Yo los llamo “acontecimientos profundos” en la medida en que tienen profundas raíces en las actividades ilegales y secretas de las diferentes ramas de las agencias de inteligencia estadunidenses. Por otra parte, después de esos acontecimientos se produce un proceso de flagrantes disimulaciones oficiales, respaldadas por increíbles problemas de mal funcionamiento de los medios de prensa y por exitosos libros que contienen mentiras. Algunos de esos acontecimientos profundos, como el asesinato de Kennedy, los incidentes del Golfo de Tonkín y el 11 de septiembre, deberían ser considerados acontecimientos profundos estructurales debido a su permanente impacto sobre la historia.

Resulta impresionante comprobar que los acontecimientos profundos estructurales, de los que apenas se habla, estaban todos destinados a provocar una rápida implicación de las fuerzas estadunidenses en guerras inoportunas. Desde una perspectiva inversa, todas las intervenciones militares importantes de Estados Unidos (desde la intervención en Corea, en la década de 1950) han estado precedidas de acontecimientos profundos estructurales: Laos, Vietnam, Afganistán (por dos veces, primeramente en secreto y después abiertamente) e Irak. Como ya escribí en La machine de guerre américaine, un informe de 1963, redactado por la Dirección de Planificaciones y Políticas (J-5) del Joint Chiefs of Staff (comité de jefes del Estado Mayor Interarmas, JCS, por su sigla en inglés), hizo saber a sus generales que “la fabricación de una serie de provocaciones destinadas a justificar una intervención militar [era] realizable y [podía] concretarse con la ayuda de los recursos disponibles”. Los incidentes del Golfo de Tonkín, el 11 de septiembre e incluso el asesinato de Kennedy pueden ser vistos como acontecimientos que en realidad fueron “fabricados”, al seguir el modelo expuesto en 1962 en el Proyecto Northwoods (el conjunto de proposiciones emitidas por el JCS para justificar una invasión contra Cuba mediante la organización de ataques bajo bandera falsa (Contralínea 308).

Por otro lado, a pesar de mi escepticismo inicial, dos libros recientes me convencieron poco a poco de confeccionar una lista de más de una docena de paralelos importantes entre el asesinato de John F Kennedy y el 11 de septiembre de 2001. Gracias a las brillantes investigaciones de Kevin Fenton, hoy puedo agregar otro paralelo más a esa lista: en efecto, los expedientes de la CIA sobre Lee Harvey Oswald, que habían estado más o menos inactivos durante dos años, mostraron una súbita hiperactividad durante las seis semanas anteriores al asesinato de Kennedy. Fenton demostró que el mismo incremento de actividad se produjo en los expedientes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por su sigla en inglés) sobre Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi ­–dos de los presuntos piratas aéreos del 11 de septiembre de 2001– durante las semanas anteriores al 11 de septiembre. Ese brusco aumento de actividad lo inició Tom Wilshire en un momento extrañamente cercano al instante en que los presuntos piratas fijaron una fecha final para su ataque. En ambos casos es posible comprobar, además, la existencia de extraños retrasos que justifican su estudio cuando se producen acontecimientos profundos.

El impacto del 11/S en el derecho internacional y el derecho de Estados Unidos

A través de este ensayo hemos analizado dos niveles diferentes de funcionamiento de la política exterior de Estados Unidos, que en realidad se contradicen. Al nivel visible de la diplomacia pública podemos observar un compromiso a favor del derecho internacional y de la solución pacífica de los diferendos. A un nivel más profundo, representado por una conexión saudita de larga data y por arreglos secretos tendientes a controlar el petróleo mundial, observamos que se tolera –e incluso se protege– a grupos terroristas en el cumplimiento de los objetivos secretos de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Así vemos que, en 2000 y en 2001, la actuación del Grupo Alec Station alrededor de los dos presuntos piratas aéreos Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi debe situarse en el contexto de la vieja conexión con Arabia Saudita. Y también se inscribe en el consenso secreto de 2001 que, al igual que en 1964, se centraba en la idea de que las necesidades de Estados Unidos en materia de petróleo y de seguridad exigían, al igual que las de Israel, una nueva movilización estadunidense hacia la guerra.

Por muy horrible que sea, el asesinato de más de 2 mil civiles durante los hechos del 11 de septiembre no ha sido el más importante de los crímenes perpetrados aquel día. Aquellos ataques desencadenaron una serie de agresiones contra el derecho internacional y contra el derecho estadunidense. Existe un vínculo indisoluble entre el estado de derecho y la libertad, que fueron considerablemente extendidos en el siglo XVIII por los documentos fundadores de Estados Unidos. De ello se benefició el mundo entero. Rápidamente aparecieron constituciones escritas en cada continente y los movimientos Joven Europa, inspirados en el ejemplo estadunidense, iniciaron el difícil proceso hacia la actual Unión Europea.

Desde 2001, el estado de derecho, igual que la libertad han sufrido un proceso de progresiva erosión. La cortesía internacional, basada en el hecho de que un Estado no debe hacer a otros Estados lo que no quisiera que los demás le hicieran a él (al menos así fue por un tiempo) ha sido suplantada por la implicación militar unilateral de Estados Unidos (que actúa sin temor a la desaprobación o a las sanciones). Los asesinatos que cometen los drones en alejados lugares del planeta se han convertido en simple rutina. Han matado a más de 2 mil pakistaníes (en su gran mayoría civiles) y más de tres cuartas partes de esos ataques se han realizado bajo la presidencia de Barack Obama. La guerra preventiva contra Irak, a pesar de haber resultado injustificada y contraproducente, fue seguida por el bombardeo preventivo contra Libia y por la perspectiva de nuevas campañas militares contra Siria e Irán.

Como canadiense, permítanme subrayar que yo creo en el excepcionalismo estadunidense, y creo que hubo una época en la que Estados Unidos se distinguía por haber reemplazado un régimen autoritario por un gobierno enmarcado en una Constitución, lo cual no tenía precedente histórico. Hoy en día, Estados Unidos sigue siendo una excepción… Pero por su porcentaje de ciudadanos encarcelados, por las desigualdades en materia de riquezas y de ingresos (en proporciones que, entre las grandes naciones, solamente son superiores en China) y, para terminar, por su uso desmedido de la fuerza letal en el extranjero. Sólo la última de esas tendencias comenzó con el 11 de septiembre. Pero ese acontecimiento debería percibirse en sí mismo como el lógico resultado de la expansión imperial de Estados Unidos y de su simultánea decadencia, proceso que afecta de forma inevitable a los superestados que acumulan y conservan más poderes de los que requiere la gestión ordenada de sus propios asuntos.

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Fuente: Contralínea 312 / Noviembre de 2012

 

Seis años que no se deben olvidar

Por: Redacción / Sinembargo - noviembre 30 de 2012 - 0:00
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Quienes festejan porque el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –un sexenio para el olvido, dicen– termina a las 24:00 horas de este viernes no deben ser tan simplistas. No, no se debe olvidar el trasfondo.

 

No se trata sólo de que el panista se vaya, se aleje incluso de México. Se trata también de revisar su herencia: un saldo rojo en materia social que, por desgracia, costará restaurar varias generaciones.

 

Lo que pasó en los últimos seis años no debe olvidarse, porque el desastre generado por la violencia y la inseguridad ha dejado un país en estado de shock, alterado y conmocionado por el terror y, en particular, por tanta impunidad.

 

Es verdad que no toda la culpa puede achacarse a Calderón Hinojosa. Los gobiernos del PRI, que antecedieron al gobierno panista de Vicente Fox Quesada, dejaron crecer redes de complicidades entre la delincuencia organizada que paulatinamente se fueron saliendo de control.

 

Tampoco el “Presidente de la alternancia”, Fox Quesada hizo mucho para atajar esa bola de nieve; pudo hacerlo pero no quiso, prefirió hacerse ojo de hormiga, voltear para otro lado y olvidar su supuesto odio a los priistas corruptos.

 

Pero lo que sí es responsabilidad plena de Calderón fue la decisión de declararle la guerra al narco, sacando al Ejército y la Marina de sus actividades naturales; fue sólo Calderón, y unos pocos funcionarios de su equipo más cercano, quien decidió la estrategia que fue eje de su gobierno y que, a la postre, situó al país como un Estado fallido.

 

Combatir a palos a la delincuencia, como única forma de terminar con el crimen y sin analizar opciones más efectivas como cortar la fuente de recursos de los mafiosos, fue una estrategia que, lo hemos visto en seis años, alentó la violencia irracional y multiplicó a los cárteles y células delincuenciales por todo el país.

 

El sexenio calderonista deja una marca imborrable en la historia del México contemporáneo: la marca de la inseguridad y la violencia irracional desatada por un solo hombre quien, además, necio como es, no tuvo la suficiente sensibilidad para rectificar el camino.

 

Las huellas de ese daño están por todas partes.

 

Se manifiestan incluso más allá de los cientos de miles de muertos, desaparecidos, huérfanos, desplazados de sus ciudades de origen, y heredan una sociedad enferma por el miedo.

 

 

De ese tamaño es el perjuicio causado.

El miércoles pasado, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se despidió de los mexicanos con un video producido con días de antelación.

 

Agradeció a los ciudadanos, a los servidores públicos –especialmente a los soldados, a los marinos y a la policía–, también a su familia.

 

Pero no, no hubo una sola referencia para las víctimas de su guerra, convencido de hizo un bien a la Nación.

 

Los “daños colaterales”, como él los llama, no se incluyeron en su mensaje final. En su despedida no hubo, como tampoco lo hizo durante su administración, una disculpa, algunas palabras de respeto para los miles y miles de muertos, menos aún para sus deudos.

 

Se va Calderón, pero a las celebraciones por su ausencia hay que añadir la reflexión y comenzar cuesta abajo la recuperación de un país que, incluso, la violencia dividió aún más.

 

Él, que está a unas horas de dejar la Presidencia, irresponsablemente nunca quiso reconocer que los muertos de su guerra son sus muertos. Pero lo son.

 

Y esos muertos y su recuerdo son también de todos… Por eso toca ahora trabajar duro para enmendar el camino, enderezarlo, y retener en la memoria los agravios de este sexenio.

 

No se debe olvidar, para que no vuelva a suceder.

Millones de amparos contra la reforma laboral- ¿Qué mensaje envía Peña al ciudadano?- México, S. A.: Cambios en la Gerencia General

México, S. A.: Cambios en la Gerencia General

 

Hoy México, en lugar de ser una nación de, por y para todos los mexicanos, la casa común que debiéramos compartir quienes habitamos en ella, es más bien una enorme empresa privada, un gigantesco corporativo que le genera réditos millonarios a sus accionistas, conformados por el pequeño grupo de familias que comparten los beneficios de tener en sus manos una muy lucrativa compañía.

Se sobreentiende que los empleados de esa enorme empresa somos el resto de los mexicanos, muy mal pagados, con cada vez menos derechos, laborando en condiciones peligrosas, trabajando sólo para reforzar el enriquecimiento y la perpetuación de los accionistas, algunos nacionales, otros extranjeros, pero con la misma saña explotadora.

Pues bien, el próximo primero de diciembre, los accionistas de la enorme compañía llamada México, harán cambios en su gerencia general, lo que no significa en absoluto que vaya haber cambios en las formas corruptas e inmorales a las que están acostumbrados a hacer negocios, y muchos menos en su trato para con los empleados, 60 millones de los cuales sobreviven sin poder cubrir todas sus necesidades básicas.

Esta empresa, este Estado nacional privatizado, en tanto que solo rinde cuentas a intereses privados, eligió a un nuevo gerente, un empleado que realmente ha sido nombrado por los verdaderos dueños de la empresa como su nuevo CEO, con la intención más bien de darle un rostro fresco a la compañía que para darle un cambio sustancial a sus políticas internas, que sin duda permanecerán intactas.

Esto es lo que realmente significa la llegada de Peña Nieto a la presidencia, es la simple llegada de un nuevo gerente que sustituirá al actual, y que seguirá conduciendo los destinos de esta nación-empresa bajo los mismos criterios, los mismos parámetros y las mismas políticas que su antecesor, con cambios de imagen, más no de forma, y mucho menos de fondo.

De ahí que el resto de los mexicanos no podamos sembrar ninguna esperanza de cambio o transformación con la nueva administración gerencial nombrada por los dueños, o más bien usurpadores, del país.

Pero por otro lado, esto tampoco significa que debamos dejarnos arrastrar por la desesperanza, la apatía y la tristeza. Más bien es hora de sembrar esperanza, mucha, pero no en la nueva gerencia del país que está a las órdenes de un pequeño grupo, sino en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad transformadora, que hará posible, más temprano que tarde, la renacionalización de nuestro país y la conquista de un verdadero México para todos.

Twitter: @alfredordz_

Alfredo Rodríguez - Opinión EMET

 

Millones de amparos contra la reforma laboral

Dirigentes y representantes sindicales acusaron que Felipe Calderón violentó los derechos de los trabajadores al no consultar a la base y a su dirigencia sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Este jueves, Felipe Calderón firmó el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, ante líderes empresariales –los principales beneficiados- en la residencia oficial de Los Pinos, la cual facilita la contratación y el despido de trabajadores en las empresas. El michoacano resaltó que con esta reforma estructural se avanza en la construcción de un marco normativo que permita incrementar la oferta laboral y alentar la productividad de las empresas y la competitividad. Destacó que permite flexibilizar el mercado laboral; regular el régimen de subcontratación o terciarización; y agilizar la solución de conflictos entre patronos y trabajadores.

Pero precisamente los trabajadores no comparten el optimismo de Calderón. Organizaciones integrantes de la Convención Nacional Sindical anunciaron que a partir ayer y durante 30 días hábiles, como lo marca la legislación, impondrán en todos los tribunales colegiados del país 2 millones de amparos contra la reforma de la Ley Federal del Trabajo, por considerarla inconstitucional y porque atenta contra los derechos sociales de la clase trabajadora.

Dirigentes y representantes sindicales acusaron que Felipe Calderón violentó los derechos de los trabajadores al no consultar a la base y a su dirigencia sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Insistieron en que esta reforma atenta contra el Artículo 123 de derecho de huelga y que deja desprotegidos a los trabajadores, con la contratación por horas y con despidos injustificados. Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, destacó que “fueron doce años de panismo en los que hubo persecución política contra los sindicatos, como es el caso de los mineros, y se intentó a toda costa acabar con las organizaciones gremiales debido a que esta ley federal fue hecha por los empresarios en su conjunto y en complicidad con el gobierno federal”.

Sin embargo, el frente de los trabajadores se partió; sindicatos como la CROM y la CROC, se deslindaron de la protesta que encabezarán varias organizaciones el 1 de diciembre, contra la llamada imposición del presidente electo Enrique Peña Nieto. González Guzmán; Oscar Moreno Moreno, presidente del Congreso Laboral del Edomex; Antonio García Mendoza, secretario federal de la FESTEM; y Mario Moreno Carbajal, de la CROC, informaron que decidieron deslindarse del Movimiento Nacional contra la Imposición.

Esos dirigentes sindicales argumentaron que no quieren ir contra la decisión electoral de los mexicanos, pero sostuvieron que si se sumarán a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para declarar inconstitucional la reforma laboral.

Lilia Arellano - Opinión EMET

 

 

¿Qué mensaje envía Peña al ciudadano?

Enrique Peña, que en unas horas será presidente constitucional, de México mandó un mensaje cargado de simbolismo a la clase política, consistente en que Gobernación será la supersecretaría de la nueva administración, cuyo propósito es poner orden en el gobierno federal, presentar un frente firme ante los cuasi-independientes estados de la República, los inflados sindicatos, los ingentes poderes fácticos y el poder hegemónico que ejerce el Congreso. Es el anuncio de que la política va a primar, inclusive sobre la tecnocracia atrincherada en Hacienda y el Banco de México, que son el poder bajo el trono desde hace 30 años. Por ser un proyecto de tal calado, me parece sensato que el Senado ponga límites a ese ministerio del interior para evitar que se convierta en una policía política, en detrimento de la democracia.


¡Enhorabuena por los políticos! Pero, ¿qué mensaje envía Peña al ciudadano? Por ahora sólo ha recibido señales confusas: en días pasados se montó un ofensivo cerco en los alrededores de la Cámara de Diputados que irritó a la gente común, aunque ante la dura crítica se desmanteló parcialmente. La lectura es: hay un grave error, pero se corrige. Sin embargo, falta un mensaje de alto simbolismo político para quienes le eligieron presidente. A mi juicio existe una gran deuda de los políticos con los gobernados, que alcanza niveles históricos durante los gobiernos, insulso el de Fox y nocivo el de Calderón, que se manifiesta como desconfianza y puede ser explosiva si empeora el entorno global, pues quitaría el poco oxígeno que da vida a la economía mexicana.


¿Cómo saldar esa deuda, esa brecha que confronta al pueblo y al gobierno? Creo que el gesto de mayor simbolismo que puede dar el presidente entrante es el anuncio de que la burocracia adoptará el principio juarista de vivir como la clase media, y que viene a servir al ciudadano y no aprovecharse de las facultades que le delega. Este gesto implicaría renunciar a salarios millonarios y prebendas, como automóviles, celulares, viáticos, seguros de vida, de salud y demás gastos personales a cargo de los impuestos. Que quien desee tales lujos lo cubra con su salario: un gesto similar al que hizo el presidente de Francia, François Hollande. Sería de enorme utilidad pública y de alto valor político que los funcionarios usen los servicios públicos; sin duda mejorarían su calidad. Pero lo más significativo es su efecto igualador: si el funcionario convive con la gente profesará los valores de la clase media y se alejará de la nociva ideología de la plutocracia.

Héctor Barragán Valencia - Opinión EMET

 

 

Ilegítimo hasta el último minuto- Cosas de la vida: evidencia de un falso testimonio-Nuestro regresivo IFE

Cosas de la vida: evidencia de un falso testimonio

Juan Pablo Proal
30 de noviembre de 2012 · Sin comentarios
Análisis

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“Hay mujeres que por temor a la soledad se aferran a un mal amor y prefieren romper lazos familiares antes que terminar con ese hombre que sólo las está utilizando”: Rocío Sánchez Azuara.

Alfredo llevaba cuatro horas ensayando lo mismo: él es un buen hombre enamorado de una mujer que lo engaña con otros dos. No repasaba el guión de una telenovela o una obra de teatro, sino de una aparición en el programa Cosas de la Vida, transmitido por Televisión Azteca.

Una semana antes del ensayo, Alfredo leyó en la sección de avisos clasificados del periódico El Universal: “Vacantes para extra de televisión”. Presa del desempleo, este joven de 32 años no dudó en tomar la oportunidad.

Llegó a una pequeña oficina ubicada cerca de las instalaciones del Museo del Chopo, por la estación Buenavista. Las paredes estaban tapizadas de carteles de estrellas de la televisión. Los empleados de la agencia le tomaron sus datos generales, le pidieron un par de fotografías y le avisaron que la oferta consistía en aparecer en el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara a cambio de mil 200 pesos.

Alfredo no era la única persona en esa oficina, había cuando menos unas treinta más haciendo fila para dejar sus datos. Los aspirantes provenían de una amplia variedad de niveles sociodemográficos: amas de casa, cuarentones, estudiantes de preparatoria… Todos con una característica en común: urgidos de dinero.

“Dejé mis datos y me dijeron: nosotros te marcamos, yo pensé que no me iban a marcar”, me cuenta Alfredo Esparza. Contrario a sus expectativas, días después recibió una llamada. Un empleado de la agencia le avisó que debía presentarse al día siguiente nuevamente en las mismas oficinas.

Llegó a las nueve de la mañana, como le pidieron. Junto con él, un hombre trajeado de aproximadamente cincuenta años y un joven de no más de veinte fueron convocados para competir por el papel. Les entregaron dos páginas a manera de guión. Venía una síntesis muy escueta del caso: una mujer se fue a vivir con su pareja a Cancún durante seis meses, pero el hombre la dejó botada y en venganza la chica anduvo con su mejor amigo; al regresar a México, sin un quinto, ella se aprovechó de un tercero, un trabajador bien intencionado que la llenaba de atenciones. Alfredo rivalizaba por representar este último papel.

Ninguno de los tres aspirantes era siquiera algo parecido a un buen actor. Es más, ni siquiera uno promedio, pero Alfredo fue el que menos errores cometió, así que resultó elegido. Después lo trasladaron a las instalaciones de Televisión Azteca, junto con el resto de los protagonistas de esa historia. Ensayaron por horas hasta que después de la comida llegó Rocío Sánchez Azuara con una advertencia: “La vamos a pasar muy bien, nada más no se salgan del guión”.

Mientras iniciaba el programa, Alfredo platicó con sus compañeros. Descubrió que muchos se dedican a ser protagonistas y extras de talk shows con regularidad. Hay varias tarifas, por aparecer en las “crestomatías” e historias programadas la paga es de 600 pesos y por un principal mil 200. Algunos están fascinados con sus participaciones, al grado
tal que después las ven de nuevo en las reuniones familiares.

Mientras se sorprendía con este mundo, este joven egresado de Comercio Exterior escuchó el llamado de uno de los miembros de la producción. Le avisó que se preparara, pues pronto saldría al escenario.

Alfredo no se tomó en serio su papel. Disfrutaba más la experiencia de ventilar en público su falsa privada que mantener la esperanza de recibir los mil 200 pesos que le prometieron. Cumplió con rigor el guión. Durante los cortes comerciales, la conductora se acercaba a los panelistas para tranquilizarlos y recordarles que era indispensable que se apegaran al papel, pues de lo contrario no recibirían su paga.

El show continuó: en pleno programa la falsa infiel fue descubierta por los tres hombres a los que supuestamente engañaba. Incluso la psicóloga que regularmente habla en el programa les dio consejos a los simulados afectados de cómo superar la crisis.

Sólo que, al final, Alfredo cometió un error: se salió del guión. Como ocurrencia, mencionó al aire que si bien se sentía despechado, encontró una nueva oportunidad en la vida e invitó a salir a uno de sus compañeros del panel, sugiriendo que finalmente había aceptado su hasta entonces oculta homosexualidad. La conductora fijó sus dos inmensos ojos iracundos en él. Cuando concluyó su participación, le dijo al oído: al final tú y yo tenemos que hablar.

De regreso a los camerinos, los compañeros de Alfredo le lanzaron miradas desaprobatorias, como indicándole que había truncado su carrera como actor de talk shows. Finalmente, Sánchez Azuara habló cara a cara con él. Le reiteró que rompió el contrato que antes del show firmaron, en el que se comprometía a respetar el guión y después le notificó que no recibiría su paga.

Cerca de las once de la noche la camioneta que llevó a Alfredo hasta Televisión Azteca lo regresó a las oficinas de Buenavista. En el camino se enteró que no ha sido el único panelista que no recibió su paga, pues lo mismo ocurre con los imprevistos actores que sucumben ante el pánico escénico.

¿Quién es tu suegra para impedirte a ti que te salgas de tu casa?, ¿cómo te van a tener ahí como verdugo?: Rocío Sánchez Azuara.

Cosas de la vida es uno de los programas con más audiencia en la televisión mexicana. De acuerdo con el portal especializado “Raitings México”, es el más visto del canal 13, con 11.3 puntos de raiting (indicador del 20 de noviembre de 2012).

La conductora del programa, Rocío Sánchez Azuara, se presenta ante el público como un ejemplo de mujer: trabajadora, buena esposa, profesional, impecable. Juega el papel de consejera moral de la vida privada de los panelistas, a quienes juzga severa y superficialmente.

En lugar de proponer un debate plural sobre los fenómenos sociales, se insta a los participantes a confrontarse. La presentadora da consejos morales a los hogares mexicanos, sugiriendo qué está bien y qué no.

Tal vez sea evidente que el programa es una farsa. Los panelistas generalmente son pésimos actores: ríen cuando tienen que llorar, toman con ligereza reveladoras noticias de su vida y no esconden su nerviosismo. Sin embargo, los testimonios que transmite este show se presentan ante el auditorio como verídicos, sin aclarar que en realidad se trata de pura ficción.

Los más atentos espectadores de este programa han subido a la red social Youtube ejemplos de testimonios falsos: actores que han participado en programas con diferentes casos o incluso en la competencia, con Laura Bozzo. Esta última locutora ha sido acusada en numerosas ocasiones de comprar testimonios y de montar regularmente farsas en su programa.

Cosas de la vida apareció por primera vez en la televisión mexicana en 1999. Desde esa fecha, los talk shows ocupan lugares privilegiados en el raiting. Tanto en Televisión Azteca como en Televisa han pasado ofertas de similar estampa: Martha Susana, Ella es Niurka, Laura en América y Hasta en las Mejores Familias.

Lejos de ser un asunto frívolo, el papel de “consejeras morales” de Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo, las conductoras de los talk shows más vistos en México, plantea reflexiones que no deberían tomarse a al ligera: es reprobable que las televisoras lucren con la miseria y necesidad de los desempleados mexicanos, exhibiéndolos, ridiculizándolos y juzgándolos ante millones de hogares a cambio de una paga mísera.

Es alarmante que conductoras que claramente carecen de la preparación académica apropiada para estos casos se erijan como consejeras y psicólogas de la sociedad mexicana. Y peor todavía que se les permita presentarse como programas con testimonios reales cuando sobra evidencia de que se basan primordialmente en el timo y el montaje.

Contacto: www.juanpabloproal.com

Twitter: @juanpabloproal

P.D. Esta noche los músicos rupestres Rafael Catana, Roberto González y Leticia Servin, entre otros, se presentarán en el Salón Bombay, ubicado en el número 99 del Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México.

Monosapiens
2012-11-24 11:48:58· COMENTARIOS DESACTIVADOS
Cartón

Ilegítimo hasta el último minuto

Jorge Carrasco Araizaga
29 de noviembre de 2012 · 6 Comentarios
Análisis

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo, en su penúltimo día en Los Pinos.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Como hace seis años, Felipe Calderón recurre a una peculiar ceremonia militar de entrega del poder.

Ante su incapacidad para asistir al Congreso de la Unión, formal representante nacional, acordó con Enrique Peña Nieto repetir el acto castrense de entrega simbólica del poder en la residencia oficial de Los Pinos.

Hace seis años, en el primer minuto del 1 de diciembre, Vicente Fox le entregó una bandera nacional en una inédita y breve ceremonia de sucesión presidencial, ante la incertidumbre que existía sobre su presencia frente al pleno del Congreso para jurar como presidente.

El artículo 87 de la Constitución ordena que el presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o, si es el caso, ante la Comisión Permanente. Calderón tuvo que entrar a escondidas para cumplir con ese mandato constitucional. Fue sacado en vilo porque no podía permanecer frente a un Congreso donde se resumía la confrontación nacional que representó su designación, en el tribunal electoral, como presidente de México.

Nunca más se paró ante la representación nacional. Nunca pudo dar la cara a la nación. En la lógica democrática y de división plena de poderes, el titular del Ejecutivo acude cada año a rendir cuentas ante el Legislativo. Calderón no lo hizo, sencillamente no pudo. Pesada, la sombra de la ilegitimidad se lo impidió.

Aunque cumplía con la obligación de informar al Congreso mediante la entrega por escrito de su respectivo informe de Gobierno, cada septiembre se le tenían que preparar escenarios ad hoc para dar un mensaje.

La pretendida ocupación, esta semana, de una vasta zona alrededor del Congreso de la Unión por parte del Estado Mayor Presidencial, fue también signo de la ilegitimidad. Calderón quería asegurarse de que nada impidiera, por fin, su presencia en el Congreso como presidente de la República. Desde una semana antes ordenó un ofensivo cerco que afectó la vida cotidiana de miles, si no es que millones de personas.

Ni el presidente democrático más poderoso afecta de esa manera a la población. Sólo el abuso del poder lo permite.
Frustrada la ocupación del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, lo único que logró fue el enojo y el recuerdo indeleble de su ilegitimidad, sellada por él mismo con su afrenta del “haiga sido como haiga sido”.

Durante todo su gobierno, el Estado Mayor Presidencial –ese Ejército dentro del Ejército– lo mantuvo cercado. Así tenía que ser. No podía actuar más que ante la televisión y en auditorios cerrados, aunque muchas veces lograron colarse personas que a gritos o con letreros le recordaron su condición de presidente ilegítimo.

Con la anunciada ceremonia al primer minuto del sábado, Calderón no viola la Constitución. No se sabe si además de la bandera entregará la banda presidencial. Si es así, Peña Nieto podría llegar a San Lázaro con la banda presidencial y protestar como presidente.

La única certeza es que Felipe Calderón habrá de hacer de su último instante de poder una reafirmación de lo que siempre fue.

@jorgecarrascoa

jcarrasco@proceso.com.mx

 

Nuestro regresivo IFE

Jesús Cantú
29 de noviembre de 2012 · 3 Comentarios
Análisis

Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Es totalmente lógico, y por lo mismo comprensible, que antes de que finalice un proceso electoral se preserve la integridad de los paquetes electorales y que en ese lapso nadie pueda revisarlos ni acceder a la documentación que contienen, pues pueden requerirse para resolver las impugnaciones interpuestas por las distintas fuerzas políticas; pero una vez que se califica la elección y el resultado legalmente es inmodificable, no existe ninguna razón para no abrirlos al escrutinio público.
Esto lo recoge cabalmente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, que en su artículo 387 prescribe: “Durante el mes de enero del año siguiente a la elección, la Dirección General del Instituto Electoral expondrá al público la documentación a que se refiere el artículo 382 de esta ley, para proceder posteriormente a la elaboración de la estadística electoral y los estudios del proceso electoral”.
Dicha documentación son las copias de las actas y los documentos de los expedientes de cómputo distrital, así como los sobres que contienen: el original del acta de la jornada electoral; la relación de incidentes que se presentaron durante la misma; los escritos de protesta que se recibieron; los sobres de cada elección que contienen las boletas sobrantes inutilizadas; los votos válidos y los votos nulos, además de las listas nominales con fotografía.
Es decir, precisamente el mismo tipo de documentación electoral de las elecciones presidenciales de 2006 que las autoridades federales (IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se niegan a abrir a la ciudadanía.
Los legisladores de Baja California comprendieron que hay momentos en que lo más importante es la preservación de los paquetes electorales; pero posteriormente lo que debe prevalecer es la transparencia y la rendición de cuentas y, por lo mismo, su apertura al escrutinio público, entre otras cosas para perfeccionar los procedimientos electorales, por lo cual ordenan la realización de estudios. Finalmente, disponen que, una vez cumplidos todos los objetivos, se destruyan, de manera que también establecen en la última oración del artículo 387: “El Consejo General acordará la fecha y modo en que habrán de ser destruidos”. Es decir, regularon las etapas en función de las prioridades de cada una de ellas.
Lamentablemente esto no sucede a nivel federal ni ha sido replicado en otras legislaciones electorales de los estados, porque no logran deshacerse de atavismos que tanto daño han hecho a la vida política nacional. En el caso de los procesos electorales: el temor a que afloren irregularidades, errores o manipulaciones que dañen la legitimidad de los representantes elegidos o la confianza en las mismas autoridades electorales.
Esto ha sido particularmente evidente en relación con la documentación del proceso electoral de 2006, cuya secrecía mantienen a pesar de que el titular del Ejecutivo emanado del mismo concluirá su encargo el próximo 30 de noviembre y, por lo tanto, no habrá ningún tipo de impacto que pueda minar la efectividad de su gobierno.
Precisamente porque existen precedentes, incluso en la legislación mexicana, y ya no se puede alegar ningún daño a la gobernabilidad nacional, llama la atención que el tratamiento que el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorga a los paquetes electorales de la elección presidencial de 2006 sea totalmente diferente al de las elecciones de 2003, 2009 y 2012, en las cuales ordenó la separación de una muestra representativa para la realización de estudios de diversa índole con la documentación contenida en los mismos.
En octubre de 2003, el Consejo General del IFE (Proceso 1876) aprobó un acuerdo que permitió, por primera ocasión en la historia de los procesos electorales, acceder a una muestra de los paquetes para realizar estudios con la documentación contenida en los mismos, con el objetivo fundamental de perfeccionar los procedimientos y procesos electorales, pero también con el fin de confrontar y verificar la información de las actas de escrutinio y cómputo.
Este acuerdo se replicó, prácticamente en esos términos, para los procesos electorales de 2009 y 2012, mas no para el de 2006. Es decir, el proceso electoral más competido y controvertido es el único para el que se pretende destruir toda la paquetería electoral, sin reservar ninguna muestra ni realizar ningún tipo de estudio.
Precisamente por sus características particulares, todo indica que los estudios que se efectúen sobre dicha elección y los paquetes correspondientes podrían ser los que más aporten elementos para el perfeccionamiento de los procedimientos electorales; pero en lugar de aprovecharlos al máximo, la autoridad prefiere ignorarlos.
Afortunadamente los esfuerzos de las autoridades del IFE por destruir todas las evidencias se topan, nuevamente, con las medidas cautelares dictadas por una autoridad internacional, pues el pasado miércoles 31 de octubre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano detener, al menos por el momento, la destrucción de los paquetes electorales de dicha elección. Todavía no puede cantarse victoria, pues lo mismo hizo la CIDH en 2008, y tres años después, al resolver el fondo del asunto, le dio carpetazo, que es precisamente lo que permitió al IFE ordenar su destrucción. Pero al menos sí renace la esperanza de que se pueda acceder a la documentación electoral y realizar diferentes estudios y verificaciones.
Si la ONU resuelve favorablemente el recurso que interpuso el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se accede a dicha documentación y las revisiones que se practiquen muestran que sí se alteró el resultado electoral, el efecto sobre la credibilidad del IFE será devastador y, en caso de que se convalide en lo fundamental el resultado y no existan evidencias contundentes de alteración alguna, los beneficios serán menores, pues sus resistencias pesarán tanto o más que el desenlace. El IFE ya desaprovechó la oportunidad de beneficiarse de una escrupulosa revisión pública y elevó exponencialmente los costos de un eventual resultado adverso.

ASTILLERO- Adiós al ejido- Corte de caja y nuevo pacto social

Astillero

Ofertas por inauguración

Pacto pasmado

Zambrano estelar

Secretarías atoradas

Julio Hernández López

El presidente Felipe Calderón se lanza por la tirolesa durante la inauguración del Bioparque Urbano San AntonioFoto Notimex

E

 

El peñanietismo tuvo que improvisar ayer una sesión de aire y saliva para aparentar que sigue adelante la apuesta de pacto unitario con la que pretendía llegar al sábado del despegue. Sin nada en las manos, enmudecidos significativamente ante los reporteros a los que citaron sólo para efectos testimoniales, y enmarcados en los tres colores del priísmo y la conducción a cargo de los vicepresidentes virtuales, los voluntariosos de la versión política de Bailemos por México pretendieron darle a Enrique Peña Nieto cierto material de utilería para que el Primer Teleprompter del País (PTP) sea enriquecido con frases optimistas respecto a una supuesta versión atlacomulquense del Pacto de la Moncloa (ca... dicen algunos, como en Pregunta, ca..., aunque bien a bien este tecleador mal drenado no alcanza a entender la relación entre Moncloa y ca...).

 

Un pacto que significaría la máxima intención reformista global del peñanietismo y que con esas zanahorias de cambios daría soporte a un proyecto de rediseño político que duraría el sexenio, con papeles garantizados desde el poder pinolero para los aliados que hubieran aprovechado las ofertas por inauguración de tienda. Clientela distinguida y conocedora del valor de la compraventa política oportuna: por el PAN, plenamente decidido a practicar el neodieguismo de los tiempos salinistas que están de vuelta, Santiago Creel, Juan Francisco Molinar HorcABCitas y Gustavo Madero; por el PRD, los Chuchos que sólo con esta venta de garaje podrían aspirar a sobrevivir a migraciones morenas: Zambrano, Ortega (invitado a otras sesiones) y Carlos Navarrete; por el PRI, el protocolario Pedro Joaquín Coldwell.

 

Y los vicepresidentes. Luis Videgaray más suelto y Miguel Ángel Osorio Chong más inseguro, pero ambos someros, sin fuerza política, recitando algunas parrafadas fluctuantes entre la frialdad burocrática llena de lugares comunes y una especie de solemnidad forzada, de recurrencia desesperada a conceptos de patriotismo indemostrable, de amores (perros) por México, de fantasmales móviles profundos que alguna vez la Historia consignará en letras de oro (si oro quedare).

 

Pero no hay materia para regatear el hecho de que la izquierda dócil ha ganado un primerísimo lugar en el escenario peñista. El revoloteo vacuo de ayer tuvo como personaje estelar al Chucho en turno, Jesús Zambrano. Lo demás fue lo de menos: el PRI puso la idea pactista y la fue implantando a lo largo de pláticas discretas que detonaron en días pasados con una súbita vocación tripartidista por la unidad y la planeación política de largo plazo. El PAN, en la extrema derrota, se rige por el principio pragmático de agarrar lo que le pongan enfrente. Pero el PRD... Por auténtica defensa de principios o por sentirse desplazado del enchuchador reparto del pastel, un segmento de la élite del sol azteca se opuso a los avanzados tratos de Zambrano e impidió que se cerrara el contrato que EPN pretendía lucir el sábado próximo como demostración de control político absoluto, de concurrencia de los tres partidos principales en su proyecto de reformas, de habilidad tan deslumbrante que a horas de tomar el poder ya habría puesto a comer de su mano a las dos agrupaciones opositoras.

 

Sin PRD no hay paraíso, así que el pacto de nada serviría si sólo era firmado por el PRIAN. Por ello es que la sesión de ayer tuvo forma de tanque de oxígeno o de salvavidas para un Zambrano que hizo malabares para decir que por encima de las divergencias internas del sol azteca está el interés nacional (léase lo entrecomillado con voz temblorosa, propia de lo que debe ser un prócer). Respiración artificial para el dirigente Zambrano y para el propio pacto al que de cualquier manera (se haya pactado como se haya pactado) se intentará dar forma nomás que los de la izquierda no chuchista se desahoguen en San Lázaro y en las calles y luego de ese escape se puedan ya convenir los acuerdos debidamente socializados.

 

Pero las circunstancias y un aire retador de Zambrano hacia sus opositores internos llevó ayer a plantear que la Comisión Nacional del PRD retiraría al mencionado Chucho sus facultades de interlocución en solitario con el peñismo, a la espera de que un congreso nacional entre posadas decembrinas tome las decisiones del caso. Mientras tanto, Peña Nieto deberá manejar entre corchetes el pacto que ya había definido, creyéndolo cerrado, como un paso fundamental de su proyecto político.

 

A esa precariedad inicial debe sumarse la eventualidad de que EPN no pueda trabajar de entrada con la banda deseada (no la tricolor, sino la de funcionarios), pues PAN y PRD, jugando al sabido tianguis político, se negaban calculadoramente a aprobar las modificaciones de organigrama propuestas por el mexiquense, colocándolo en el riesgo de que hoy al mediodía tuviera que incluir en su paquete de nombramientos a quienes ocuparán así sea por unos días las secretarías de seguridad pública y de la función pública. Lo bueno para QuePeNi es que, ya con ganas de cerrar trato, el PRI ofrecía cambalaches pero a futuro, comprometiéndose a ciertas restricciones a la supersecretaría de Gobernación, entre otros, que los nombramientos policiacos de primer nivel sean sometidos a ratificación senatorial. Al final, es de suponerse que el espíritu político-comercial será bien servido y triunfará.

 

Mientras el entrante trata de poner buena cara a estos momentos de descontrol, el saliente se divierte de lo lindo. Tirolesa en una delegación del DF, inauguraciones de obras a medias y de otras muy impugnadas (el acueducto de Sonora), decretos de última hora para modificar la poligonal del parque Sistema Arrecifal Veracruzano, otorgamiento de ascensos a la grisura diplomática con la canciller Espinosa como emérita y sus cercanos groseramente premiados.

 

Se va Felipe y llega Enrique. Se cierra un ciclo de doce años de corrupción, frivolidad, atraso y sangre. Ya se verá si el retorno de los dinos modernizados significa algo más que cambio de siglas y personal, aunque los primeros indicios son escalofriantes. ¡Feliz fin de sexenio!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

 Doctor Harvardstein-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Adiós al ejido

Francisco López Bárcenas

Tres días antes de dejar el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó en el Senado una iniciativa para modificar el contenido de la Ley Agraria, reformando 23 artículos, derogando cuatro e incorporando uno nuevo. En total, propuso al Congreso de la Unión 28 modificaciones a la Ley Agraria, con la finalidad de terminar con las pocas características de propiedad social que le quedaron al ejido desde que en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprobó una nueva Ley Agraria. De entonces a la fecha la legislación se ha modificado en seis ocasiones, la mayor de ellas el 9 de julio de 1993, cuando se reformaron dieciséis artículos relacionados con los juicios agrarios. Todas las demás fueron para ajustar sus disposiciones a la realidad del campo y las políticas gubernamentales relacionadas con él.

 

Ahora la cosa es distinta. La iniciativa busca acabar con el ejido y convertirlo en propiedad privada, conservando sólo el nombre. La exposición de motivos es clara al respecto. En ella se afirma que el mercado de tierras no ha podido crecer debido a la falta de titulación de los derechos de propiedad entre los ejidatarios; de ahí, dice, que se justifique el otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. En esa misma parte de la iniciativa se critican las limitaciones que la actual ley establece para que las tierras ejidales puedan entrar al mercado, así como las condiciones para que sea posible. Finalmente, advierte que si los ejidatarios mantienen sólo el usufructo de las tierras, como hasta ahora, estas seguirán teniendo un valor menor en el mercado, comparado con el de la propiedad privada, y no podrán acceder a créditos para hacerlas producir.

El asunto es grave, porque la iniciativa claramente busca terminar con un régimen de propiedad de las tierras establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien se sabe, el Congreso Constituyente de 1917 estableció en el artículo 27 de la Carta Magna la propiedad originaria de las tierras y aguas en favor de la Nación, otorgándole la facultad de transmitirlas a los particulares, creando la propiedad derivada, que podía ser privada, pública y social, incluyendo dentro de esta última los ejidos y las comunidades agrarias. El rasgo distintivo de la propiedad social es que debía satisfacer las necesidades de las familias campesinas y por lo mismo era inalienable, imprescriptible e inembargable. Con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución y la aprobación de la Ley Agraria que lo regula, estos atributos se mantuvieron, pero se crearon mecanismos para suprimirlos si la asamblea y los ejidatarios así lo decidían.
 

Esos mecanismos son los que la iniciativa del Presidente de la República busca terminar. Para hacerlo, entre otras cosas, propone que los ejidatarios no sean poseedores sino propietarios de su parcela, con lo cual rompe la unidad del núcleo ejidal, pues no es concebible que dentro de una propiedad ejidal pueda existir una parcela privada; además, la asamblea general de ejidatarios pierde el control sobre las tierras del ejido, pues si las parcelas se convierten en propiedad de los ejidatarios podrán realizar cualquier acto de dominio sobre ellas sin necesidad de solicitar autorización de la asamblea. Ese es el centro de la iniciativa. Para eso se propone reformar varios artículos de la ley. Lo demás es retórica para encubrir los verdaderos objetivos.

 

Detrás de la iniciativa pueden verse los problemas que las empresas mineras, de energía eólica, turísticas y otras similares, igual que las instituciones estatales, están teniendo para ocupar las tierras de los ejidos y despojar a sus integrantes de su patrimonio. En los años recientes, los conflictos por renta de la tierra han crecido exponencialmente, debido a que no se ha informado a los ejidatarios de las consecuencias de hacerlo, y cuando estos se dan cuenta luchan por nulificar o rescindir los contratos; de igual manera, los ejidos que pertenecen a algún pueblo indígena se defienden alegando que se violó su derecho a la consulta previa, antes de afectar sus territorios. Aunque debilitados, la renta y el derecho de consulta representan frenos al capital que busca apropiarse de los recursos naturales, de ahí el interés porque las tierras entren al mercado, pues para ellos sería más fácil el acceso. Ese es el verdadero sentido para que los empresarios quieran decir adiós al ejido. Pero falta lo que digan los ejidatarios cuando se enteren de la pretensión y sus consecuencias.

Frase de cajón-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Corte de caja y nuevo pacto social

Jaime Martínez Veloz

Doce años de panismo en el gobierno dejan un país sumido en la incertidumbre y la desesperanza. Con ellos no empezó la crisis, pero se agudizó a niveles inimaginables.

 

Los incipientes pasos hacia la construcción de un pacto por México caminan por la única ruta que es posible para solucionar los grandes desencuentros nacionales, que es la vía de la política.

En esa dinámica es necesario realizar un diagnóstico puntual de aquellas situaciones que deben estar debidamente clarificadas frente a la sociedad. Algunas preguntas que es necesario responder son las siguientes, aunque no las únicas, pero sus respuestas nos permitirán trazar las rutas que el país reclama frente a la construcción de su futuro:

¿A cuánto ascienden los ingresos de las compañías mineras ubicadas en las regiones indígenas y rurales mexicanas y qué porcentaje de éstos se queda en los estados, municipios y comunidades?

¿Cuál es el arancel que pagan las empresas trasnacionales por la importación de gas natural y, comparativamente, cuál es el impuesto que deben pagar en caso de la extracción de gas metano en territorio mexicano?

¿Por qué las termoeléctricas de exportación están registradas dentro del rubro de maquiladoras y a Pemex y CFE se les impone un impuesto elevado por sus actividades productivas?

¿A cuánto asciende el ingreso por concepto de excedentes petroleros durante los recientes 12 años y en qué se invirtió?

¿Qué porcentaje de la producción de energía en el país corresponde a empresas privadas y a cuánto ascienden sus ganancias?

A partir de la privatización aeroportuaria, ¿cual es el monto de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), y de esa cifra, cuánto se ha reinvertido en los aeropuertos mexicanos?

¿En dónde se nombra a los administradores de los puertos y aeropuertos mexicanos?

¿A cuánto ascienden las ganancias anuales de las compañías mineras extranjeras y nacionales y cuánto es el impuesto que recaba la Secretaría de Hacienda por dicho concepto?

¿A cuánto asciende el monto de los contratos de seguridad de los aeropuertos mexicanos y cuál es el análisis comparativo con el pago a las distintas fuerzas de seguridad mexicanas?

¿A cuánto asciende el pago anual, por concepto de intereses, que México tiene que pagar al Fobaproa?
 

¿Cuánto fue lo que pagaron los actuales dueños de los bancos por los mismos y a cuánto ascienden sus utilidades anuales?

 

¿Cuánto se ha pagado por los intereses de la deuda, cuánto se paga anualmente, a cuánto asciende, y cuales son los plazos de vencimiento?

 

¿Cuáles son las ganancias que reportan anualmente la banca malamente llamada mexicana?

 

¿Quiénes fijan los precios de los medicamentos y cuánta es su utilidad anual?

¿A cuánto ascienden las ganancias anuales de los monopolios de telefonía y medios electrónicos?

 

Responder a estas interrogantes nos permitirá avanzar hacia un mejor futuro, el cual no corresponde sólo al gobierno, sino también la sociedad habrá de ser partícipe de ello. De esta manera podremos construir el tiempo de sumar los esfuerzos de todos para construir el país que los mexicanos merecemos, mediante compromisos puntuales y verificables, entre el Estado y la sociedad.

 

Vivimos un momento crucial de definiciones. Nuestro país reclama aquí y ahora, urgentemente, un cambio verdadero, un nuevo proyecto de nación de raíces profundas, que tenga el alma del pueblo mexicano y se nutra de sus gestas libertarias.

 

Es necesario que todas las personas de bien contribuyamos a construir un México en el que se combatan las causas y no los efectos de la pobreza y la ignorancia; y en el que el desarrollo social sea concebido como un derecho de las comunidades, un asunto de Estado y uno de los principales retos nacionales que habrá de enfrentarse hasta en el último rincón de la patria, para transformar las condiciones de injusticia y desigualdad y cambiar la vida y el futuro de México.

 

Es necesario constituir un gobierno fuerte, pero no autoritario; cercano a la gente, que se maneje con ética y austeridad republicana integrado por los mejores y más capaces y experimentados hombres y mujeres en sus respectivos campos; y quienes sean personas con alto sentido del deber, capacidad y honestidad; con espíritu de servicio a toda prueba y profundo amor a este país nuestro y a su gente. Necesitamos un México justo y digno, ojalá podamos estar a la altura de lo que la nación reclama. La suerte está echada.