Astillero
Reacomodos entre confusión
Profes movilizados
Sedeso-Concertación
Diálogo Veloz
Julio Hernández López
ESTRENA SEDE EL IFAI. La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Jacqueline Peschard, encabezó la inauguración de la nueva sede del organismo en el sur de la ciudad de México
Foto Notimex
El rediseño sexenal genera escenarios enrevesados. Las ambiciones políticas, las zanahorias desde el poder y la imprecisión programática y operativa de la auténtica oposición propician viscosidad, yerros y aturdimiento. En los reacomodos es posible ver saltos inverosímiles, zigzagueos
tácticos, apresurados cambios de camisetas y subastas de lealtades.
Pero, también, realineamientos que, obligados por las circunstancias, acercan a bandos confrontados entre sí pero ahora afectados por el nuevo mundo según Peña. Uno de estos casos se ha producido en el tema de las reformas laboral y educativa, que ha movilizado a profesores independientes del control gordillista, en el primer caso, y a los propios seguidores de Elba Esther en el segundo. Sucede, incluso, que aún manteniendo severas críticas al funcionamiento del cacicazgo en el SNTE y con pleno conocimiento del daño que al proceso educativo ha provocado esa maquinaria sindical, la reforma peñista aparezca tan engañosa en sus presuntos propósitos de transformación positiva que, más allá de la cacica y su camarilla, comienza a fortalecerse la necesidad de defender la escuela pública ante las pretensiones privatizadoras del taimado reformismo de Peña, Televisa y los pactistas marcadamente dignos de desconfianza.
Mundillo político mexicano al revés: la Secretaría de Gobernación, esmeradamente reforzada para que cumpla funciones de policía política con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza, ahora anuncia preocupación y entusiasmo justiciero respecto a desaparecidos, cuando durante las décadas del poder priísta era Bucareli la instancia del poder federal normalmente acusada de provocar esas desapariciones, contra disidentes políticos y guerrilleros. O, para dar otro ejemplo: Francia se instala como celosa vigilante a distancia de lo que en las salas judiciales mexicanas hagan los ministros y el peñismo para desenredar el caso de Florence Cassez; de la agresividad de la pareja Calderón-García Luna a una posición tutelada en el expediente que deberá resolverse de manera aunque sea medianamente aceptable para el interés de París, para que el mexicano que adquirió Los Pinos pueda tener más adelante alguna gira sin contratiempos por Francia. O la significativa desmovilización acordada por el gobernador Arturo Nuñez y el PRD de Tabasco para que no hubiera protestas fuertes ni masivas ante la visita de Peña Nieto a la entidad, donde solamente los jóvenes del 132 y algunos grupos minoritarios sostuvieron la oposición al mexiquense, que con tanta placidez pudo visitar la tierra electoralmente cedida al lopezobradorismo.
En esos planos aún sin suficiente claridad se ha producido la designación de Jaime Martínez Veloz (quien renunció al PRI en 2002) como comisionado peñista ya no solamente para diálogos chiapanecos, sino en general con pueblos indígenas. El radio de acción se extiende por todo el país para quitar exclusividad al movimiento zapatista y se retira el concepto de
negociación, para quedar solamente en una Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Martínez Veloz fue, como diputado federal, un miembro clave de la Comisión para la Concordia y la Pacificación de Chiapas (Cocopa) y colaboró con gobiernos como el de Pablo Salazar Mendiguchía en una suerte de enlace con los movimientos indígenas locales. Coahuilense de origen, aunque ha hecho vida política en Baja California, adonde llegó como entusiasta promotor de programas de la Secretaría de Desarrollo Social, Martínez Veloz podrá tener conexión productiva con su paisano Javier Guerrero, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Rubén Moreira para ocupar una subsecretaría en el equipo de Rosario Robles.
Con Manuel Espino por delante, el proyecto peñista-rosarista de creación de un nuevo partido abona también al confusionismo. Se multiplicarían las opciones electorales (con la vista puesta en obstruir a Morena) pero, sobre todo, se duplicaría el fenómeno del partido-gobierno, que tan afanosa como fallidamente practicó Calderón con el PAN y que ahora sostiene Los Pinos con César Camacho como comisionado en Insurgentes Norte 59. Ahora no solamente sería el clásico PRI-gobierno, sino el Concertación Mexicana-gobierno, en una maquiavélica apuesta de simulación opositora cuyos hilos desde ahora descansan en el regazo del titiritero Salinas y su muñeco de oportunidad.
Con Robles y los fondos de desarrollo social como puntos de referencia, habrá buena perspectiva de crecimiento político y electoral para el foxismo, que tiene a Espino como personero; para los hermanos Arce y Círigo, que entre otras miras tienen la de cerrar el paso al perredismo y al Morena en las siguientes elecciones capitalinas, y para Ramón Sosamontes, que compartió amarga suerte con Rosario Robles en los episodios ahumados en los que también fue involucrado como beneficiario de la envenenada vocación prestamista del empresario de origen argentino.
Sosamontes fue quien presentó a Carlos Ahumada a la entonces jefa del gobierno de la ciudad de México, Rosario Robles. En su libro, Derecho de réplica, el empresario menciona:
como simpatizaba con los proyectos de izquierda, me deslumbré con participar en el PRD, con gente como Ramón Sosamontes y Rosario Robles, en quienes creí ciegamente y que hoy sigo pensando estaban comprometidos con su proyecto. Posteriormente, me cautivó Lázaro Cárdenas (Batel), a quien considero una buena persona. Enredé todo esto con mi actividad principal que era la de empresario; me metí, como se dice, entre las patas de los caballos, en un conflicto de pesos pesados, como fue la pugna de Andrés Manuel con los Cárdenas. Después se sumaron a esto Salinas, Diego Fernández, la elección de 2006.
Así andan las cosas en el alrevesado escenario del rediseño sexenal. Y, mientras Mónica Mateos-Vega nos ha hecho saber que el desfile de huesos patrios organizado por el fúnebre Calderón en 2010 era, en varios aspectos, también espurio, rellenas las urnas con restos imprecisos o francamente ajenos, hasta asomos de venado como promiscuidad forense, ¡hasta mañana!
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Violencia que no cesa
Más allá de los propósitos expresados por la administración de Enrique Peña Nieto en el sentido de reformular la estrategia de seguridad pública, combate a la delincuencia y atención a las víctimas de la criminalidad y de los excesos cometidos por las corporaciones públicas en el contexto de la
guerradeclarada por su antecesor, la violencia extrema sigue causando estragos en el país y en el mes y medio transcurrido desde la conformación del nuevo gobierno ha provocado centenares de muertes. El elevado saldo de homicidios que se registró el fin de semana pasado en diversas zonas del país culminó con más de una decena de ejecutados en el estado de México, una de las entidades más afectadas por la violencia.
Sin embargo, entre la transición gubernamental de diciembre pasado, las fiestas decembrinas y el arranque de un nuevo año, pareciera haberse diluido en la sociedad la conciencia de que el país se encuentra sumido en una catástrofe de seguridad pública, de que la criminalidad organizada mantiene el control de regiones, las instituciones están infiltradas por la delincuencia y continúa la ola de homicidios en diversos puntos del territorio nacional.
Como se ha señalado en este espacio, el hecho de que la administración priísta haya expresado un deslinde claro con respecto a las desastrosas políticas de seguridad seguidas por su antecesora blanquiazul es, en sí mismo, un hecho positivo, pero se requiere formular, además, una estrategia integral –esto es: social, educativa, administrativa, política, económica y de salud, además de policial– para enfrentar la ofensiva de la delincuencia. Sigue siendo una asignatura pendiente y urgente, además, por cuanto resulta inaceptable que la nación siga sumida en un baño de sangre, en un vacío de autoridad que afecta a muchas de sus regiones, en una circunstancia de supeditación a Washington, en la zozobra y en el dolor de nuevas muertes violentas.
Urnas de los vivos y de los muertos-Rocha
¿Son legítimas la policía y la justicia comunitarias según usos y costumbres?
Enrique Dussel
Hemos leído en La Jornada (13/1/13) que en las Costas de Guerrero se ha organizado en muchas comunidades la policía comunitaria, y aun desde 1995 el ejercicio de la justicia según usos y costumbres (como en la CRAC2). Y se nos informa que la policía del Estado se ha hecho presente en algunos pueblos, según versiones, para tomar bajo su responsabilidad a algunas personas acusadas de actos contra la comunidad, contra las leyes establecidas. Se acusa igualmente de que este tipo de organizaciones está socavando la soberanía del Estado y se organizan fuera de éste, y aun contra éste. Pareciera que luchan por una autonomía que el Estado debiera concederles. Creo que se usan categorías políticas que sería bueno meditar un poco.
Los pueblos indígenas, afrodescendientes o mestizos de la Costa de Guerrero tienen entonces todo derecho a defender su seguridad, más cuando a la policía (y hasta al Ejército) se les ha visto negociar con grupos ilegales y por ello no defender las comunidades. Los hechos son por demás conocidos. La CRAC, en su inicio, debió luchar más contra la policía estatal que contra el crimen o los cárteles de la droga. Pero venció en su doble lucha y ha crecido, e imparte justicia sobre los criminales a quienes su policía comunal priva de la libertad y condena a penas impuestas según usos y costumbres. ¿Es esto ilegítimo o se trata de una autonomía usurpada antes de que le sea concedida?
Téngase claro. Dichas comunidades constituyeron (o debieron constituir constitucional y legalmente) al Estado. De todas maneras no hay que olvidar que siempre son Estado cuando están reunidas en comunidad en la base, según derechos ancestrales y racionalmente fundamentados. La legitimidad se deduce del consenso del pueblo (subjetivamente), desde donde se crean instituciones objetivas (por ejemplo, la Constitución o las leyes que la secundan). Si esto último falta (por injusticia histórica, por haber excluido a los indígenas o por falta de conciencia) sigue siendo legítimo el derecho consuetudinario que presiona para que el derecho promulgado lo instaure. Es decir, la autonomía o el derecho a la defensa de las comunidades indígenas a su seguridad no se lo otorga el Estado, sino que solamente lo reconoce y cuida que se cumpla. En su naturaleza (anterior a la juridicidad del acto) es legítima.
Pero además, el hecho de la presencia de la policía estatal para
recuperara los aprehendidos por la policía comunitaria debe situarse en el mismo contexto. La comunidad tiene derecho a juzgar en usos y costumbres a los delincuentes, derecho que no siempre reconoce el derecho promulgado. Dada la situación extrema de injusticia, de inseguridad, y contemplando la articulación existente de hecho entre el crimen y la policía estatal o el poder judicial, el pueblo (último sujeto de la soberanía, anterior al Estado, la policía, los jueces y el Ejército) tiene, por derecho humano, legitimidad en el ejercicio de su facultad judicativa. Que se reconozca legalmente o no puede ser objeto de negociación, pero teóricamente tiene ese derecho anterior al Estado representativo, o como el momento fundamental y primero del mismo Estado en su momento participativo en la asamblea de base, que es la olvidada esencia de la democracia.
El pueblo, las comunidades podrían exclamar:
¡El Estado somos nosotros!Y, por tanto: “Ustedes (policía, gobernador, presidente, diputados… representantes) deben ejercer un poder obediencial4, y están por tanto a nuestro servicio y no como autoridad despótica”. Si todas las comunidades indígenas, agrícolas, barriales organizaran policías comunitarias podrían realmente cambiar la tremenda situación de inseguridad que vive el pueblo mexicano. Pero sería extremadamente peligroso para los poderes fácticos que gobiernan el país.
1 Filósofo.
2 Véase en Internet, bajo el concepto de
CRAC, información sobre la
policía comunitaria.
3 Véanse estos conceptos en mi libro Carta a los indignados, Editorial La Jornada, México, 2011:
La democracia participativa, pp. 28ss.
4 Véase mi obra 20 tesis de política, Siglo XXI, México, 2006.
Albricias-Fisgón
Hemos cambiado
Pedro Miguel
En sólo seis semanas ustedes han podido constatar cuánto hemos cambiado: somos un equipo incluyente, plural, con visión de país y sensibilidad política. Sobre todo, tenemos propuestas y ofertas concretas para todos los sectores, como ya se han ido enterando.
No, perdón: como nunca antes.
A ustedes, los integrantes de una sociedad cada vez más insumisa, les proponemos un pacto: ustedes se olvidan de las circunstancias de nuestro triunfo –el favoritisimo mediático, los millones de votos comprados, el dinero lavado, la brutalidad policial– y nosotros les perdonamos sus exigencias de honestidad, su antipriísmo mayoritario y (concedamos) acaso irremediable, sus extravíos ciudadanos –esperemos que pasajeros–, su desprecio, su irritación, sus burlas y, sobre todo, sus afanes de organizarse al margen de estructuras corporativas y su empecinamiento en llenar las calles para repudiarnos.
Ya lo verán: tenemos cargos, encargos y escritorios para opositores de todas clases. Podemos forjarle una nueva vida a académicos desencantados; procurarle un futuro digno (es decir, con yate) a dirigentes sindicales hasta ahora independientes; mimar a activistas sociales; hacer la claridad en la cabeza de intelectuales melancólicos; rehabilitar a princesas mancilladas por el escándalo; resucitar a cadáveres políticos. Contamos con recompensas para cualquiera que aspire a superar la plaga populista del lopezobradorismo, a curarse del virus #YoSoy132, a sanar del zapatismo, a capitalizar su disidencia, a convertir en posición cómoda y honorable su lucha de toda la vida. A los panistas no necesitamos reclutarlos porque son nuestros: lo han sido desde 1988 y hasta nos hemos dado el lujo de gobernar por medio de ellos. Ah: y contaremos con una izquierda civilizada, educada, bien vestida, pasteurizada y con agregado de vitaminas por la vía de las prerrogativas electorales. Para ella, la promesa de que no la olvidaremos a la hora de formular los presupuestos.
Conocemos al dedillo las artes de la cooptación y de la seducción y si con ellas no bastara, sabemos también la manera de provocarles las peores pesadillas.
Aunque, claro, esto último no vamos a pregonarlo a voz en cuello como lo hicieron nuestros torpes antecesores panistas. A buen acatador, pocos garrotazos.
Las viejas generaciones conocen nuestras habilidades en la guerra sucia, en la desaparición, la tortura, el descrédito y el silencio. En cuanto a las más recientes, algo habrán aprendido en mayo de 2006 en Atenco, y las últimas han tenido su lección el pasado 1º de diciembre y en las semanas sucesivas.
Dennos un punto de apoyo y moveremos al mundo. No importa que no nos crean: simulen creernos y verán qué bien nos entendemos. Pronto caerán en la cuenta de que nosotros hemos sido, somos y seguiremos siendo su mejor opción, por más que no hayan optado por nosotros. Reconocemos los problemas, los encapsulamos y procuramos resolverlos de manera quirúrgica, es decir, sin tocar más que lo indispensable, sin trastocar este orden que le hemos dado al país, sin alterar las lógicas a las cuales servimos. Sabemos que forma es fondo y, por lo tanto, la apariencia de paz es paz, la apariencia de democracia es democracia y la apariencia de honestidad es honestidad. Ni le busquen.
Resistan, pero fortalézcannos. Opónganse, pero sírvannos, y ya verán que no vamos a tener ningún disgusto.
Sabemos ser diferentes sin perder nuestra esencia; somos capaces de cambiar todo lo que sea necesario para que no cambie nada y tenemos una vasta experiencia en el intercambio de dignidad por comodidad y, como pueden ver, hemos cambiado.
Twitter: @Navegaciones
Lo realmente importante-Hernández
Acuerdos de San Andrés: 17 años de incumplimiento activo
Magdalena Gómez
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha recolocado en la agenda política el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Es legítimo que lo haga, pues constituyen un parteaguas emblemático en la conflictiva relación con el Estado mexicano en el marco de un diálogo suspendido. Considero que ello no implica confianza en que en 2013 el priísmo al timón tomará en serio unos acuerdos que fueron saboteados por esta fuerza inmediatamente después de ser firmados . Pero algo harán discursivamente, por lo cual es importante advertir que ya no se trata solamente de incluir o modificar una frase en el texto constitucional de 2001, pues durante más de una década se ha operado una política de Estado antiautonómica, por esencia neoliberal, que hemos caracterizado como indigenismo de baja intensidad.
Ya hemos documentado cómo en 2001 se expresó en la contrarreforma indígena la definición de una razón de Estado frente a los pueblos, que se reflejó en eludir que la implicación de los derechos fuera otorgarles poder con el reconocimiento a la autonomía y libre determinación. Se procuró evitar que los pueblos indígenas se reconstituyeran y contaran con el uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y negarles el carácter de entidades de derecho público.
En conclusión, si se pretendió que el artículo segundo constitucional fuera la evidencia del cumplimiento a los emblemáticos acuerdos de San Andrés, encontramos en su texto el reflejo de la esquizofrenia que desnuda la estrategia frente a los pueblos indígenas. En su apartado A se dice que los pueblos indígenas tienen autonomía y libre determinación, y en el B se les niega, al sentar las bases también constitucionales de la antiautonomía, señalando o reiterando que el Estado aplicará programas, sólo que no se vinculan ambos apartados y en la práctica el B camina, ese sí con plena autonomía respecto a los pueblos.
La clase política mexicana se mostró dispuesta a continuar tratando a las y los integrantes de los pueblos indígenas como potenciales beneficiarios individuales de derechos que son propios de todas y todos, indígenas o no. Hoy como ayer las políticas de combate a la pobreza son el caballo de Troya contra los derechos colectivos de los pueblos. Basta con revisar las reglas de operación de Oportunidades (DOF, 2009) para dar cuenta de la ausencia de intervención de las autoridades indígenas de pueblos y comunidades, lo más colectivo que encontramos es la unidad familiar.
En esta década hubo recambio institucional indigenista que ofrece a los pueblos más de lo mismo sólo que con nuevo disfraz. La Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDPI) también aplica políticas marginales, como en su tiempo el Instituto Nacional Indigenista (INI) y, sin embargo, valida y aplica la contrautonomía de derechos reconocidos a los pueblos. Es evidente que el grueso de la política que impacta a los pueblos indígenas no se impulsa desde ahí. Son principalmente Sedeso, Semarnat y Secretaría de Economía quienes se hacen cargo de la misma, esto es, la inclusión de familias indígenas en programas de combate a la pobreza y las masivas concesiones mineras y otros megaproyectos. Hemos señalado sólo la punta del iceberg de los saldos del incumplimiento a los acuerdos de San Andrés. De manera que hacer cuadros comparativos entre qué decía la iniciativa Cocopa y qué debe decir está fuera de lugar. ¿Estará dispuesto el Estado a revisar las concesiones otorgadas a trasnacionales mineras en territorios indígenas? ¿Se evaluará el destino de la danza millonaria que se ha considerado
presupuestos indígenas transversales? ¿Colocarán en los pueblos y sus comunidades la definición y operación de los llamados recursos de combate a la pobreza? ¿Da para tanto la supuesta voluntad oficial, o está en lógica de simulación y contención, preludio de nuevas traiciones de febrero?
Aclaración oportuna-Magú
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