Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 19 de enero de 2013

LAS MAS DEL 19 DE ENERO DE LA PORTADA DE LA JORNADA EN INTERNET

Juzgado de Nicaragua sentencia a los 18 connacionales
Los mexicanos detenidos en Nicaragua escuchan la condena dictada en su contra en un juzgado de Managua. Tras la audiencia, integrantes del equipo de abogados anunciaron que apelarán de la sentencia en los próximos 12 días hábiles. No estamos de acuerdo con las penas, las veo muy desproporcionadas, expresó un defensor. Otro sostuvo que no hay sustento jurídico para el castigo Foto Ap
 
La condena, por tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado
Fueron detenidos en agosto pasado en posesión de 9.2 millones de dólares
Viajaban en seis camionetas con logotipos de la empresa televisora
Ordena juez el decomiso del dinero y los vehículos, entre otros bienes
 
Anuncia equipo de abogados que interpondrán recurso de apelación en 12 días hábiles
Impone Nicaragua 30 años de prisión a los 18 mexicanos del caso Televisa
Son culpables de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, según el juez Édgard Altamirano
Su captura fue en agosto de 2012 a bordo de seis camionetas con logotipos de la televisora
Foto
La mexicana Raquel Alatorre Correa reacciona al escuchar la sentencia dictada por el juez Édgard Altamirano, en NicaraguaFoto Ap
Gustavo Castillo y Agencias
Periódico La Jornada
Sábado 19 de enero de 2013, p. 5
El juzgado noveno de distrito con sede en Managua, Nicaragua, sentenció a 30 años de prisión a 18 mexicanos que fueron detenidos en agosto de 2012 en posesión de 9.2 millones de dólares cuando viajaban a bordo de seis camionetas con logotipos falsos de la empresa Televisa y fingieron ser empleados de la televisora mexicana.
Los mexicanos fueron encontrados culpables de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, por el juez Édgard Altamirano, quien también les impuso el pago de una multa equivalente a 4 mil 600 dólares a cada uno.
El veredicto fue leído ante los inculpados y la prensa en el complejo de juzgados en la capital nicaragüense, y como parte de la condena se ordenó el decomiso del dinero, vehículos y otros bienes encontrados en poder de los detenidos.
De acuerdo con la legislación de Nicaragua, los presuntos líderes del grupo delictivo, Raquel Alatorre y José Luis Torres, alcanzarían una condena de 35 años, y los otros 16 involucrados, 34 años de prisión. Pero la misma ley señala que solamente se pueden imponer como máximo 30 años de cárcel y el juez así lo determinó.
Tras la audiencia, Ramón Rojas, uno de los miembros del equipo de abogados de los mexicanos, anunció que se promoverá un recurso de apelación en los próximos 12 días hábiles contra la sentencia. No estamos de acuerdo con las penas (...) las veo muy desproporcionadas, y ese será uno de los argumentos en el recurso de apelación.
Desde nuestro punto de vista no hay sustento jurídico en tanto a delitos y penas, señaló el abogado Mike Woo.
La historia
Los mexicanos ingresaron a Nicaragua el 20 de agosto por el puesto migratorio de Las Manos, en la frontera con Honduras, y se movilizaban en seis camionetas con emblemas de la cadena Televisa. Durante una revisión, la policía encontró 9.2 millones de dólares ocultos en el piso de los vehículos.
Durante los interrogatorios declararon que habían ingresado a la nación centroamericana con la finalidad de llevar a cabo investigaciones de búsqueda de información de instituciones de Nicaragua, y allí Raquel Alatorre Correa se identificó como encargada del grupo, y declaró ser periodista, presentadora y jefa de información, según los reportes dados a conocer en agosto del año pasado por Rodrigo Zambrano, miembro de la Fiscalía General de Nicaragua.
Durante tres días los mexicanos permanecieron detenidos en una estación migratoria, mientras las autoridades centroamericanas comprobaban su identidad y encomienda en ese país. La televisora mexicana informó a la policía nacional que no eran sus empleados y que los vehículos no le pertenecían.
Según las autoridades de Nicaragua y las primeras investigaciones realizadas por la justicia mexicana, el grupo se ostentaba como periodistas y empleados de Televisa para facilitar el traslado de dinero desde México hacia Centro y Sudamérica y en sentido contrario droga, utilizando camionetas supuestamente adquiridas en México por la televisora.
Aminta Granera, directora general de la Policía Nacional de Nicaragua, afirmó que el grupo ya había sido detectado en varias ocasiones y ocupaban nuestro territorio para realizar el tráfico de droga, burlándose de los puestos fronterizos y de las autoridades que se encuentran en cada uno.
Otros detenidos y sentenciados fueron identificados como Julio César Alvarado Salas; Carlos Gustavo Reyes Arce; Salvador Guardado Núñez; Raúl Alejandro Salinas Cervantes; Juan Luis Torres Torres; Rodolfo Jiménez Camacho; Alfredo Mar Hernández; Valentín Delgado Guillén; Osvaldo López Uribe; Guillermo Villagómez Hernández; Iván Ricardo Cano Zúñiga; Alfonso Martínez Meraz; Omar José Castillo Amaya; Cecilio Torres Gutiérrez; Juan Alfredo Rivera Vázquez; Hiram Cesar Pacheco Basurto y Pablo Sosa Guerra.
Según las indagatorias, el grupo criminal compró un total de 12 camionetas en agencias automotrices en los estados de Guanajuato y Jalisco, y posteriormente hizo el registro con documentos falsificados para que quedaran a nombre de Televisa.
La captura y condena de la banda fue considerada por las autoridades nicaragüenses como uno de los golpes más contundentes a las redes logísticas del narcotráfico internacional en 2012.
Hasta ayer, Raquel Alatorre continuaba detenida en las celdas preventivas de Auxilio Judicial, a pesar de sus solicitudes de traslado a la cárcel de mujeres, informó la abogada Emy García.
La firma de Amador Narcia
El diario nicaragüense La Prensa.Com informó que la abogada del consorcio de Televisa, Orietta Benavides, expresó que están al pendiente de los resultados del análisis a la firma de Amador Narcia, empleado de esta empresa, para verificar si la fiscalía tendrá o no caso por uso indebido de los emblemas de la televisora, y que el cónsul mexicano Germán Munguía, otro de los asistentes a la audiencia, prefirió no referise al fallo.
Amador Narcia ha sido investigado por ser, presuntamente, quien firmaba algunos documentos utilizados por el grupo, y con quien tenían contacto telefónico en México.
En noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los peritajes habían resultado negativos y que la firma localizada por las autoridades de Nicaragua no correspondía a la del vicepresidente de información nacional de Televisa.
Sin embargo, la fiscalía de Nicaragua solicitó una nueva toma de muestras, y la investigación sigue abierta.
En México, la PGR no ha recibido información del gobierno de Nicaragua que le permita avanzar en la investigación de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de los 18 mexicanos.
 
 
Jordy Herrera solapó mercado ilícito, acusan empresarios
Exigen a Pedro Joaquín Coldwell detener la distribución clandestina
En el centro del país hay 300 autotanques ilegales y 3 mil formales
Pide a Joaquín Coldwell intensificar vigilancia de vehículos que operan al margen de la ley
Herrera, ex titular de Energía, toleró mercado ilícito de gas LP: Amexgas
Laboran en el centro del país 300 autotanques irregulares; ponen en riesgo a la población, advierte
Foto
Extracción de gas natural cerca de Towanda, Pennsilvania, en imagen de archivo. A pesar de que los precios del combustible se han recuperado y están lejos de los mínimos de abril de 2012, la Comisión de Valores de Estados Unidos obliga a las empresas a reportar las reservas para 12 mesesFoto Reuters
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Sábado 19 de enero de 2013, p. 22
El mercado ilícito de gas licuado de petróleo (LP) creció en el pasado por la complacencia del entonces secretario de Energía, Jordy Herrera, aseguró Octavio Pérez, director general de la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
En conferencia de prensa, el representante de las empresas de Gas LP pidieron al nuevo titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, intensifique la vigilancia sobre los vehículos distribuidores de este energético que operan al margen de la ley.
Octavio Pérez dijo: En la zona centro, por ejemplo, existen 3 mil autotanques formales y 300 ilegales, esto últimos ponen en riesgo a la población porque no cumplen con las normas establecidas. Estimó que cada autoanque ilegal comercializa 2 mil 500 litros de gas LP diariamente, volumen muy significativo.
Un cálculo que se puede inferir es que se comercializan alrededor de 600 mil litros diarios de gas robado en la zona metropolitana y el Valle de México. Estamos esperanzados de que las autoridades tomen cartas en el asunto, señaló.
En los últimos tres años, la industria de gas LP en México ha observado el surgimiento de una red ilegal de distribución de gas LP robado, que opera con autotanques que ostentan una gran variedad de marcas. Inclusive algunos de ellos tienen sobrepuestas marcas de empresas formales, que usurpan impunemente.
Todos sabemos que los distribuidores clandestinos son la columna vertebral del gas robado de los ductos de Petróleos Mexicanos. Precisó que alrededor de 5 por ciento del gas que se distribuye en el Valle de México tiene un origen desconocido.
El director general de la Amexgas, Octavio Pérez, dijo: La administración pasada, encabezada por Jordy Herrera fue complaciente con la red de distribuidores informales. La administración pasada no hizo la tarea. Nosotros estamos en proceso de arreglar esto con la nueva administración. Tenemos reunión con el secretario de Energía la próxima semana y esperamos conocer cuáles son los lineamientos generales de esta nueva administración, pero esperamos una nueva política de precios.
Derivado de una política de precios inadecuada tenemos hoy a 30 por ciento, unos 24 millones, de los consumidores mexicanos utilizando leña y eso hoy es inaceptable, dijo el líder empresarial.
Por eso, dijo, era nuestra urgencia de que la Secretaría de Energía y particularmente la Dirección de Gas asumiera su papel como autoridad. Sin embargo, la Dirección de Gas de la Sener es como Hacienda se va por lo más cómodo como el SAT. Es muy cómodo verificar a los permisionarios que existen, pero no es nada cómodo ir a tratar de detener a los que están ejerciendo la actividad sin permisos y esa debería ser su principal función porque ponen en riego a la población.
Explicó que en 2012, las empresas distribuidoras del Valle de México donaron a la Sener los equipos necesarios para mantener un registro de todos los autotanques, así como cinco lectores portátiles de radio frecuencia para verificar en campo los vehículos.
Esta infraestructura sirve para detectar a los vehículos que están operando sin registro ante la Sener, explicó el directivo.
Sin embargo, la vigilancia en campo que ha hecho la Sener, sobre todo en la administración pasada, ha sido esporádica e insuficiente. Las autoridades no cumplieron con su obligación de combatir la distribución ilegal y fueron complacientes con esta actividad ilícita, puntualizó.
Uno de los puntos más conflictivos que ha detectado la industria es Ecatepec, sin embargo, es un problema que se comparte con toda los accesos desde la zona metropolitana hasta la ciudad de México.
En esta región se lleva la mayor actividad de distribución de gas LP de todo el país.
Durante 2012, la dependencia solo efectuó dos operativos de vigilancia, pero esperábamos mucho más operativos, enfatizó.
En los dos operativos realizados, la Sener detuvo ocho autotanques ilegales, que siguen inmovilizados desde julio del año pasado.
 
En asamblea, pobladores del municipio guerrerense acordaron mantener el toque de queda que iniciaron el pasado día 6, para detener a integrantes del crimen organizado. Desde esa fecha retienen a 44 presuntos delincuentes Foto Cuartoscuro
 
 
Pobladores guerrerenses apoyan acciones de la policía comunitaria
Ayutla seguirá con retenes, toque de queda y suspensión de clases
Foto
Cientos de habitantes de Ayutla de los Libres, Guerrero, acudieron a la asamblea popular realizada en el zócalo municipal donde se tomaron, entre otros acuerdos, la permanencia de los puestos de revisión de la policía comunitaria para detener a integrantes del crimen organizado y solicitaron depurar la corporación municipalFoto Lenin Ocampo
S. Ocampo y H. Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 19 de enero de 2013, p. 26
Ayutla de los Libres, Gro.,18 de enero. En una asamblea realizada en el zócalo de esta cabecera municipal, unos mil ciudadanos acordaron continuar con el toque de queda que rige desde el 6 de enero, mantener la suspensión de clases en las escuelas públicas y los puestos de revisión para detener a integrantes del crimen organizado, con el apoyo del Ejército, la Marina y la policía estatal; sin embargo, pidieron depurar la corporación de agentes municipales.
Allí, donde Juan Álvarez promulgó el Plan de Ayutla en 1857, el comandante Guerrero, uno de los coordinadores de la autodefensa armada en esta zona de la Costa Chica, con el rostro cubierto, encabezó la reunión rodeado de hombres armados.
Primero sometió a votación la propuesta de Cicerón Nájera Romero, director general de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación en Guerrero, de reiniciar clases el próximo lunes en unas 40 escuelas del municipio. Con gritos y manos alzadas, la gente votó en contra y la decisión quedó supeditada a lo que se acuerde en una reunión que habrá ese día con Silvia Romero, titular de la dependencia.
Guerrero continuó: Del toque de queda, por la policía comunitaria y como pueblo, pensamos que es hora de ya no quedarnos encerrados en la casa, que tengamos libertad de andar a la hora que queramos, siempre que sea por necesidad, por derecho como ciudadano. Nuestra propuesta es que se levante. La gente respondió en coro: ¡No!, que siga, que quede como está, permanente.
De los retenes en los caminos, preguntó: ¿Están de acuerdo que la policía comunitaria siga operando? La gente respondió .
Solamente va a operar con nosotros la policía estatal, el Ejército, la Marina, y nada más. La municipal, lo sentimos mucho, hasta que llegue la depuración (aplausos). Las corporaciones de tránsito se van a depurar, incluso la estructura que tiene el ayuntamiento (aplausos).
Señaló: “El tema siguiente es la consulta, en la cual se van a hacer asambleas para ver a quién queremos que sea nuestro presidente municipal. Los partidos seguirán a un lado (aplausos). Hoy vamos a trabajar con la gente luchadora, la que le gusta el desarrollo de su pueblo, con la gente que dice ‘¡ya basta, no más delincuencia!’.
Impiden acceso a funcionarios de derechos humanos
Habitantes de El Zapote, municipio de Ayutla de los Libres, impidieron a una comitiva encabezada por Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, el acceso para visitar a los 44 presuntos delincuentes retenidos por los campesinos armados desde el 6 de enero. Se desconoce en qué lugar se encuentran los apresados.
El ombsudman dijo estar desconcertado porque la noche del jueves hablé con el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien aceptó que hoy visitara a los detenidos, para verificar las condiciones en que se encuentran.
En Acapulco, el gobernador Ángel Aguirre Rivero exhortó a los campesinos y miembros de la UPOEG a entregar a las 44 personas detenidas para seguir un procedimiento de carácter judicial, y que no oculten sus rostros.
Sostuvo que el levantamiento de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa se debió a una situación muy particular originada por el secuestro de un comisario. Lo que hemos visto en Ayutla, y recientemente en Ahuehuepan (municipio de Iguala), son expresiones de mucha desesperación, de mucho coraje ante situaciones que se han presentado que son sumamente condenables.
El jueves, durante dos horas, civiles armados y encapuchados, habitantes de las comunidades de Ahuehuepan, municipio de Iguala, y de Coatepec de los Costales y Tonalapa del Río, municipio de Teloloapan, establecieron retenes en la carretera Iguala-Teloloapan para hacer frente a las bandas delictivas.
Rosana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos, informó hoy que la protesta se levantó luego que se acordó con los manifestantes que el gobierno estatal solicitará formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional que instale un retén permanente en esa carretera, y desde hoy ya están las fuerzas del orden.
Aguirre Rivero señaló también que el Ejército Mexicano ya se hizo cargo de la situación e insistió que el operativo Guerrero Seguro sí ha funcionado, prueba de ello es la alta ocupación hotelera registrada en Acapulco en diciembre.

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