Los de abajo
Autodefensa en pueblos de Guerrero
Gloria Muñoz Ramírez
El hartazgo y desesperación ante la violencia institucional y la del crimen organizado han llevado a miles de pobladores de las comunidades de Guerrero a organizarse para defenderse. Se trata de levantamientos genuinos que responden a un vacío institucional y a la prueba fehaciente de que la política de seguridad –iniciada por el gobierno anterior y continuada por el actual– es un fracaso total. El panorama es complejo, pues como advierte Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero (CRAC-PC),
los recientes levantamientos e instalación de retenes en las comunidades de los municipios Ayutla de los Libres y Tecoanapa son reales, pues la violencia se ha disparado en la región. El problema, indica, es que en un principio sus dirigentes los presentaron como parte de la CRAC y esto ha confundido a tanto a la gente de las comunidades como a la de fuera.
No estamos en contra de la gente que está participando en los retenes y la vigilancia. Sólo decimos que no es la Policía Comunitaria, que sus dirigentes no pueden hablar en nombre de ella y que se deben respetar los principios y estructura de la CRAC, que cuenta con sus formas organizativas y de incorporación muy definidas, señala el asesor jurídico. Tampoco
estamos descalificando a toda la organización de la Upoeg, pero se tiene que parar la simulación, advierte.
Plácido Valerio es también consejero de la CRAC, aunque, señalan los coordinadores regionales,
desde hace mucho tiempo no forma parte de la organización ni de la toma de decisiones. Actualmente, indica Valentín, mantiene acuerdos con el gobierno del estado encaminados a la instalación de más operativos militares en la zona de Ayutla y Tecoanapa, precisamente en la región en la que recientemente se incorporaron comunidades a la Policía Comunitaria, a través de los lineamientos definidos en su reglamento.
El gobernador, sabiendo quién es quién nombra a la Upoeg y a la CRAC como si fueran lo mismo. ¿Por y para qué?
Robo de combustibles y reforma energética
Se dio a conocer ayer que, tan sólo en la zona centro del país, operan diariamente unos 300 autotanques que comercializan gas LP robado, lo que equivale a la comercialización ilegal de entre 600 mil y 750 mil litros de ese combustible por día. La información proporcionada por la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) apunta, además, a dos de los elementos que acompañan desde hace años la proliferación del robo de hidrocarburos en el país, y que son sistemáticamente soslayados por las autoridades: la participación de empresas privadas en la red de distribución ilegal de ese derivado petroquímico, y la responsabiidad, así sea por omisión, de funcionarios del sector energético en lo que se refiere al control de ese ilícito.
En tal circunstancia, resulta desconcertante la insistencia de los grupos de poder económico y fáctico del país en la supuesta necesidad de aprobar una reforma energética que, entre otras cosas, permita la apertura de Pemex a la inversión de particulares, y lo son aún más los argumentos de que dicha modificación constitucional permitiría
generar la riqueza suficiente para poderla distribuir de mejor manera y cumplir con los 50 millones de mexicanos en la pobreza, como afirmó ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en un encuentro con el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Cabe preguntarse cómo se podrán corregir los rezagos históricos en materia de justicia social si el Estado compromete parte de las ganancias de su principal industria a los inversionistas privados, y si se adoptan medidas ofensivas para la economía popular, como la eliminación de los subsidios a los combustibles y a la electricidad, promovida por el propio CCE. Mucho más honesta, en todo caso, resulta la afirmación de que
hay un apetito muy importante de inversionistas extranjerosy nacionales en invertir en el estratégico rubro del petróleo y sus derivados, formulada también por el dirigente del organismo cúpula del empresariado.
Es de suponer que un combate frontal a las redes de corrupción que mantienen presencia en Pemex y en otras entidades del sector energético; una política de persecución efectiva al robo de combustibles, y la adopción de sanciones ejemplares para funcionarios omisos o cómplices y para empresas privadas que se benefician de ese delito, serían acciones mucho más efectivas –y mucho más apegadas al marco constitucional– para asegurar que la industria petrolera disponga de los recursos que necesita para financiar su propio desarrollo. En la medida en que no se avance en esa dirección, y en tanto no se ponga un alto al saqueo fiscal que padece la paraestatal, el gobierno federal carece de justificación para emprender un nuevo intento por ampliar la participación de intereses privados en el sector energético.
En malos pasos-Fisgón
La historia para crear odio
Pedro Salmerón Sanginés
No fue fácil escribir este artículo. Lo hice con la impresión de estar dándole importancia a cosas que no la tienen; sin embargo, creo que hay que llamar la atención sobre ciertas ideologías y corrientes semisecretas que parten de una historia de odio y promueven un presente de odio. Y es que durante mi campaña contra los falsificadores de nuestra historia, encontré algo que va más allá: esa historia en que campean la hiel, la incapacidad absoluta de comprender y la certeza de hablar desde la verdad revelada. Entre estos historiadores del odio se cuenta el señor Enrique Sada Sandoval, quien entre otros sitios, escribe con frecuencia largas peroratas de tema histórico en El siglo de Torreón. Mostraré su método con base en su artículo del 1º de julio: Una intervención norteamericana en La Laguna...
más que sobre las cosas que habla, son el reflejo de quien habla, como ha escrito Bernardo Ibarrola. Así, para Sada Sandoval la acción de los liberales mexicanos merece lo siguiente:
Trágicas [...] consecuencias;
pérdida de [...] la dignidad nacional tanto como el decoro de las llamadas instituciones;
títere malogrado;
logias anfictónicas;
infame;
perniciosa y fatal;
infortunados;
impopular y facciosa;
ominoso... (y sólo en los tres primeros párrafos). Adjetivos que muestran la convicción de tener la verdad absoluta y el odio que destila la pluma.
Tras los adjetivos vienen los infundios. En la primera versión de este artículo intenté desmontarlos uno por uno, pero el texto amenazaba convertirse en un folleto, por lo que me limitaré a señalar dos series de mentiras. Las primeras, atribuyen la pérdida de Texas y la derrota en la guerra contra Estados Unidos, con la consiguiente mutilación de los territorios de California y Nuevo México, a pactos secretos e inconfesables signados por el Partido Liberal y, en particular, por Valentín Gómez Farías.
La segunda serie de calumnias achaca a los liberales de la generación de Juárez una constante serie de traiciones y de llamamientos a la intromisión de los estadunidenses en nuestro territorio. Discutir calumnia por calumnia nos llevaría columnas enteras, por lo que recurro a argumentos de lógica elemental: gana una guerra quien consigue sus objetivos. Los liberales ganaron las guerras contra el invasor extranjero (cerca de 50 mil soldados europeos pisaron nuestro suelo). Si el plan siniestro que Sada atribuye a los liberales tuviese un ápice de sustancia, ¿por qué no hubo en México soldados estadunidenses, salvo un puñado de aventureros en ambos bandos?, ¿por qué Sonora, Sinaloa, Baja California y Tehuantepec siguen siendo mexicanos?, ¿por qué los estadunidenses no obtuvieron nada, absolutamente nada, a pesar de sus abiertas amenazas y sus desaforadas pretensiones?
Entre las falacias del señor Sada hay otra que quisiera comentar: dado que los liberales estaban entregando la patria, los conservadores pidieron ayuda para salvarla y
la gran mayoría de los mexicanos celebraron la intervención francesa, viendo a los franceses como
un ejército libertador que, representando a la raza latina en el Nuevo Mundo, contrarrestaba con los filibusteros e invasores de siempre. ¿Cuál inmensa mayoría, quién la contó? Muy curioso el informe que el jefe del ejército francés envió a su emperador, a fines de 1863:
¿Queréis conocer la verdadera condición del país? Pues aquí la tenéis en pocas palabras. Dondequiera que ocupamos una plaza, rige la paz, y las poblaciones se declaran por la intervención y la monarquía; en todas las demás partes imperan la guerra y el mutismo más desalentador.
Como este testimonio, podríamos citar 100 (todos franceses), pero los descalificaría Sada como
propaganda. Y luego, ¡el ejército francés
libertador! ¡Por Dios! Este hombre no tiene idea de lo que los franceses hacían entonces en Argelia o Indochina; ni de los planes de Napoleón III para México.
Lo grave es que estas posiciones campean en numerosas páginas de Internet a las que llegué googleando
Enrique Sada Sandoval, donde el señor es considerado autoridad. No sólo páginas en las redes sociales, donde partiendo del odio histórico se promueve abiertamente el odio de raza (sí, todavía), de clase, religioso y de género (el odio a feministas, homosexuales,
proabortistasy
alborotadores), sino sitios web de asociaciones católicas ultramontanas, monarquistas (¡sorpréndase, lector!) y abiertamente fascistas frente a las cuales el Yunque se queda pálido. Descubrí una faceta de la realidad mexicana muy poco estimulante.
Homenaje a Posada-Helguera
El principio
pro persona
Miguel Concha
La pretensión injustificable y regresiva del diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, de volver a introducir de manera por demás contradictoria en el artículo primero de la Constitución la prevalencia de ésta frente a los tratados internacionales aprobados por México, en la solución de conflictos entre normas que protegen derechos humanos, ha vuelto a plantear en el país la urgente necesidad de que los funcionarios judiciales, representantes populares, operadores políticos y abogados comprendan a cabalidad el nuevo paradigma en garantías individuales aprobado por el constituyente permanente en junio de 2011, el cual implica necesariamente la aplicación del principio pro persona. Cuanto más que en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello a pesar de los promocionales que pregonan su actuación de conformidad también con los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos, existen voces que patrioteramente ostentan su ignorancia culpable, pregonando que
en México no hay más principio pro persona que el que establece la Constitución.
En esa carta, que sigue recibiendo adhesiones en todo el país, y de organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, se le pide expresamente, de manera fundada y motivada, al diputado Arroyo Vieyra que la retire y que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la deseche. El principio pro persona, traducción fiel del principio pro homine, aunque con un sentido más amplio, y respetando la perspectiva de género, ha sido coherentemente desarrollado y descrito en el derecho internacional de las garantías individuales, asumido por los sistemas jurídicos de todos los países democráticos, como un criterio de interpretación en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.
Como expresa el especialista Karlos Castilla, en un texto titulado precisamente El principio pro persona en la administración de justicia, éste se basa en que los derechos inherentes a la persona, reconocidos por la conciencia jurídica universal, deben ser protegidos frente a las acciones u omisiones ilegítimas del Estado. Esto es,
de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos e irregulares a su servicio, así como frente a la red de interacciones institucionales que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos humanos. Añadiendo, por cierto, que este principio, que también puede manifestarse o ser aplicado por el resto de los operadores jurídicos: ministerio público, policía, defensor público, abogado, etcétera, es y debe ser un importante instrumento para el juzgador, y es también sin lugar a dudas un principio que debe ser observado por éste,
a fin de no crear normas regresivas-limitantes de la protección y vigencia de los derechos humanos, como es el caso de la iniciativa, publicada ya inoportunamente en la Gaceta Parlamentaria.
Por ello, los firmantes y adherentes a la carta afirman que esa propuesta de reforma va en contra del propio artículo primero, que expresamente establece la aplicación del principio pro persona en la resolución de conflictos entre normas relativas a los derechos humanos, al incumplir la obligación que la misma Constitución le impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, incluido el Poder Legislativo, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo cual hace caer por su propio peso la presunta intención de esa contradictoria iniciativa que comentamos, de clarificar con ella supuestamente confusiones en la práctica entre normas protectoras de derechos humanos.
Los autores de la carta afirman con razón que el hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre garantías individuales, “implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios –como el de referencia–, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos”. Es importante subrayar que en la misma carta se menciona que esto no implica que la Constitución pierda su supremacía, pues el Artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico mexicano, de manera que la Constitución queda como
filtrode ingreso al sistema, ni que los derechos se conviertan en absolutos. Es por tanto urgente que tal iniciativa sea retirada y que la Comisión de Puntos Constitucionales la deseche cuanto antes.
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