Televisa y TVAzteca pretenden lavar su complicidad
Cassez
Televisa y TV Azteca, que exhibieron a Florence Cassez como secuestradora antes del juicio e hicieron pasar la “recreación” de su captura como una transmisión en directo de un golpe a la delincuencia organizada, ahora se dicen engañadas por la AFI. Sin embargo hay testimonios suficientes para reconstruir su corresponsabilidad en esa farsa que, para levantar la imagen de Genaro García Luna, canceló la posibilidad de hacer justicia a varios secuestrados.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Siete años después del arresto “en vivo y en directo” de integrantes de la “peligrosa banda” de secuestradores conocida como Los Zodiaco y tras la liberación de Florence Cassez, las dos grandes televisoras se lavan las manos frente a la gran irregularidad del proceso de detención de la francesa: El telemontaje.
“Yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa”, se justificó Carlos Loret de Mola el lunes 21, dos días antes de que se conociera la decisión de amparar a Cassez, en su emisión de Primero Noticias en Canal 2. En ese noticiero se trasmitió la mañana del 9 de diciembre de 2005 la detención de Cassez como si estuviera ocurriendo en el momento en que llegaron las cámaras de televisión.
“El caso implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. Nos tocó transmitir la información de su captura y luego supimos que se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, se justificó Loret de Mola.
Sin hacer sus características bromas, el conductor también pidió disculpas y se comparó con un árbitro de futbol: “En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de futbol que no tiene acceso a la repetición y debe decidir de botepronto (sic), no lo hice. Y lo lamento”.
Durante ocho minutos Loret de Mola reconstruyó su versión del caso y presumió que “Televisa fue el primer medio que dio a conocer el montaje”. Hacía referencia a la transmisión del 11 de febrero de 2006, en el programa Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, cuando Cassez denunció vía telefónica que a ella la detuvieron el 8 de diciembre, un día antes de la transmisión y en un lugar distinto al de la “recreación”.
También TV Azteca estuvo presente en la transmisión del 9 de diciembre e igualmente se lavó las manos.
“Es importante destacar que los primeros engañados fuimos los medios de comunicación que respondimos a la invitación de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) de Genaro García Luna, quien con tal de publicitar sus capturas mintió a los medios y mintió a la sociedad. Pero al final, como siempre sucede, la verdad salió a flote”, leyó el conductor de Hechos del Canal 13, Javier Alatorre, la noche del miércoles 23.
Y en su portal de internet Azteca Noticias fijó así la posición de la televisora: “La detención de la banda de los secuestradores Los Zodiaco fue una farsa para los medios de comunicación, el 9 de diciembre de 2005”.
No lo dijeron así de claro durante los siete años de prisión de Cassez ni en la primera discusión del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2012. Todavía García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y mantenía una relación privilegiada con ambas televisoras, especialmente con Televisa, empresa a la que le financió con 118 millones de pesos la teleserie El equipo.
Otros indicios revelan que tanto las empresas de Emilio Azcárraga Jean como las de Ricardo Salinas Pliego participaron en ese y en otros montajes o “recreaciones” televisivas para publicitar los logros del entonces director de la AFI y después titular de la SSP durante el sexenio de Felipe Calderón.
Días antes de la espectacular “captura” de Cassez y de su novio Israel Vallarta, la AFI ofreció “en exclusiva” para TV Azteca la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, provocando un airado reclamo de Televisa.
En respuesta a las presiones de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, García Luna y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, le ofrecieron al vicepresidente de Noticias Nacionales de la televisora, Amador Narcia, una nota de alto impacto similar a la liberación de Romano. Y fue cuando se pactó el caso de la banda Los Zodiaco.
De acuerdo con testimonios recabados por Proceso, no estuvieron enterados de ese arreglo ni el vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, jefe inmediato de Amador Narcia, ni el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis López Atienzo.
Por eso la PGR convocó a otros medios a estar presentes en la “recreación”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
Cassez: la gran derrota del “superpolicía” y su jefe Calderón
Florence Cassez a su llegada a Francia.
Foto: AP / Christophe Ena
Foto: AP / Christophe Ena
Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático del calderonismo montado por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaboradores con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo a los responsables de las irregularidades, pero del caso se desprende una importante consecuencia natural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano, basado en los abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos humanos de presuntos o verdaderos culpables.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Retardada, ya sin presiones desde el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra el abuso de poder del gobierno de Felipe Calderón. Después de casi dos años los ministros de la Primera Sala echaron abajo uno de los casos emblemáticos de la actuación del expresidente panista y del que fuera su secretario de Estado favorito: Genaro García Luna.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención de Cassez, el personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser, evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Retardada, ya sin presiones desde el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra el abuso de poder del gobierno de Felipe Calderón. Después de casi dos años los ministros de la Primera Sala echaron abajo uno de los casos emblemáticos de la actuación del expresidente panista y del que fuera su secretario de Estado favorito: Genaro García Luna.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención de Cassez, el personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser, evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
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