Astillero
Pacto por pacto
PAN: coopela o cuello
Recuento condicionante
¿Gobernador provisional?
Julio Hernández López
INTERCAMBIO DE POSICIONES. Los legisladores Ricardo Monreal Ávila (de espaldas y con lentes), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Guerrero y Manuel Añorve Baños, durante las discusiones en la Comisión Permanente para la realización de un periodo extraordinario de sesiones
Foto Cristina Rodríguez
Se le ha aparecido al panismo su fantasma histórico: la exigencia del recuento electoral a detalle en circunstancias apretadas. Pero así como en 2000 el beneficiario de una larga lucha por la democracia no fue el frente de izquierda que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República, sino el oportunismo ignorante y efectista de Vicente Fox, ahora la bandera de la pulcritud aritmética que sostuvo el lopezobradorismo en 2006 ha sido tomada por el priísmo esencialmente antidemocrático que busca entrampar al partido de blanco y azul en la Baja California estratégica no sólo por ella misma (que lo es), sino en función del Pacto por México que vive momentos difíciles a causa del eventual despecho de los panistas-maderistas si es que les llegaran a echar abajo la muy cantada concesión en refrendo en la entidad fronteriza, pero también por los cálculos taimados del perredismo-chucho menospreciado a la hora del reparto de rebanadas del pastel dominical y sabedor del grave costo que le significaría el sostenerse en el pacto antedicho a la hora de las propuestas fiscal y energética, y de las movilizaciones en contra a las que estaría considerando sumarse escénicamente para no quedar fuera del foco electoral ‘‘de izquierda’’.
El arranque de los cómputos distritales en Baja California parecía transcurrir bajo el esquema centralmente aprobado de no hacer olas o, a lo mucho, unas pocas. Pero dos demarcaciones electorales (la II y la III, con cabecera en Mexicali) decidieron por sí mismas atender la inusual exigencia tricolor de abrir los paquetes electorales para pasar virtualmente al ábaco sugerido por el candidato Fernando Castro Trenti o, yendo más atrás, al voto por voto, casilla por casilla, de la resistencia civil de siete años atrás a nivel nacional. La decisión tomada en los dos distritos bajacalifornianos se produjo antes de que en la capital del estado el consejo general del instituto electoral dejara en libertad a esas comisiones para que actuaran conforme creyeran conveniente, a la luz del fracaso del programa de resultados preliminares y de las presiones priístas, lo que provocó que 12 de 17 sesiones decidieran optar por el recuento directo, en una tarea que tiene como límite el próximo domingo, pues a más tardar el lunes deberá estar la declaratoria de triunfador.
Aun cuando el alboroto norteño pareciera provenir del palpitar local, en el fondo sigue manteniéndose el control central con sede en la ciudad de México. Si los socios Madero y Zambrano no dan garantías de continuidad en el pacto, que es lo que realmente interesa a Peña Nieto, con la vista puesta sobre todo en la reforma energética, Los Pinos podrá agudizar y alargar el litigio, lo que implica la posibilidad de que la elección sea declarada nula y se nombre un gobernador provisional que a su vez convoque a nuevos comicios. Ayer mismo, horas después del amago de retiro (mediante el voto por voto) de la franquicia que permitiría al PAN mantener el poder en Baja California por tres décadas, EPN recordó las muchas virtudes que a su parecer sigue ofreciendo el Pacto por México a sus firmantes y se declaró en espera de que los partidos definan si seguirán en él o no: te lo digo respecto al pacto para que lo entiendas en Baja California.
El punto extremo de la nulidad y el gobierno provisional está a la vista si se toma en cuenta que ayer hubo un ‘‘manoseo’’ de los paquetes electorales bajo directrices que el panismo considera sin sustento legal y por lo cual hablan de iniciar acciones hasta penales contra los consejeros permisivos. Si el recuento les resultara adverso, los panistas podrán desconocer los resultados con base en las violaciones legales que ya plantean. Del plano netamente político y pactista, se ha entrado a una fase electoral y jurídica cuyo desenlace queda en manos de la autoridad aceptada por los contendientes (el jefe máximo del pacto en el que convergen los partidos ‘‘opositores’’), aunque con una ‘‘democratización’’ del proceso (las decisiones y la información ya no quedan en ámbitos cerrados, sino en planos abiertos en los conteos distritales, con suficientes partícipes como para que no se puedan guardar secretos ni cumplir órdenes tan fácilmente) que podría descarrilar o desviar las intenciones del poder central.
Las legiones de abogados enviadas por PAN y PRI para vigilar lo que se haga de aquí al domingo venidero podrían echar abajo los más elaborados planes que hubiese confeccionado para Baja California el peñismo-salinismo, otorgar a la dupla Castro Trenti-Beltrones una salida decorosa (sin derrota, pero tampoco con triunfo), reactivar a Jorge Hank Rhon, el aliado de Los Pinos significativamente indolente hasta ahora, y empujar a Gustavo Madero a buscar otra película y otro referente actoral (ya no Greta Garbo) para su eventual retiro sin aplausos triunfales. Pero, el pero central, estratégico, definitorio, es la reforma energética como gran negocio sexenal ya comprometido con grandes firmas extranjeras. Peña Nieto necesita a un lado los membretes del PAN y el PRD para enfrentar las anunciadas protestas por venir.
Astillas
Enrique Peña Nieto se refugia en una retórica volátil frente a los continuos y fundados señalamientos de que Estados Unidos espía a México. Otros países confrontan a Washington y exigen aclaraciones, pero en el dependiente país al sur del imperio se prefiere la suavidad especulativa, el beneficio de la improbable duda, la cortesía de lo condicional. En todo caso, resultaría ‘‘inaceptable’’... No pudo avanzar en primera fase la aberrante pretensión del IFE de castigar la campaña de López Obrador y poner estrellita de austeridad a la de EPN, así que el polémico dictamen sobre sanciones a partidos fue devuelto para su mejor integración... Y, mientras AMLO y Miguel Ángel Mancera confirman que juegan juntos, al menos ayer cuando el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal fue invitado por el tabasqueño a tirar el primer lanzamiento en un juego de beisbol de veteranos, ¡hasta mañana!
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FUENTE: LA JORNADA OPINION
Washington aclara-Fisgón 
Espionaje: necesarias, respuestas contundentes
Luego de las revelaciones de que Estados Unidos realizó tareas de espionaje sobre asuntos del sector energético y el combate al narcotráfico en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió ayer un escueto comunicado en el que indicó que
cuando se publicaron los primeros alegatos sobre programas estadunidenses de inteligencia, el gobierno de México estableció comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos; sostuvo que nuestro país ha reiterado
por los canales diplomáticos su exigencia de información amplia sobre el asunto, y que
las relaciones entre países se conducen con respeto y apego al marco legal. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al asunto como una
especulacióny como
temas que han surgido en la prensay sostuvo que
en este momento no hay una condición que altere el clima de respeto y de cordialidad que hemos establecido con el gobierno de Estados Unidos, aunque agregó que
si hubo espionaje sería inaceptable. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que iniciará pesquisas en torno a los presuntos acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con la Casa Blanca para llevar a cabo intervenciones de llamadas telefónicas y de correos electrónicos desde 2007. Por su lado, la comisión permanente del Congreso de la Unión decidió aplazar la discusión de un resolutivo de condena a las actividades ilegales de espionaje de Washington y de otro que insta al Ejecutivo a pedir explicaciones
precisas y urgentessobre la vigilancia del país vecino sobre funcionarios y legaciones diplomáticas de México.
surgidas en la prensa, sino hechos documentados que en ningún momento han sido desmentidos por Washington. Tales actos, por lo demás, son presumibles delitos de acuerdo con diversos instrumentos de la legislación nacional (por ejemplo, el Código Penal Federal, en sus artículos 127, 128 y 129) y de la internacional, que deben ser investigados y, en su caso, perseguidos por las autoridades nacionales. La vigilancia furtiva de funcionarios, instituciones y ciudadanos mexicanos por Washington difícilmente podría describirse como un hecho enmarcado en una relación bilateral de
respeto y cordialidad. Es, por el contrario, una actividad delictiva en varios sentidos –en tanto intromisión indebida en la confidencialidad gubernamental y en la privacidad ciudadana, y en tanto injerencia en los asuntos internos del país– que amerita una actitud enérgica y firme de defensa de la soberanía y del estado de derecho.
Sin embargo, más allá de la respuesta de la PGR, las reacciones institucionales ante esta nueva práctica ilegal e injerencista del gobierno estadunidense resultan insuficientes, tibias y claramente orientadas a minimizar las revelaciones.
La tibieza es tanto más inaceptable si se considera que el espionaje sistemático en México ha permitido al gobierno estadunidense información sobre rubros estratégicos para la economía y la seguridad nacionales, pero no ha contribuido ni poco ni mucho a mermar la capacidad operativa, económica y de fuego de las bandas de narcotraficantes, a suspender el flujo de armas ilegales que provienen de Estados Unidos –con ayuda incluso de autoridades de ese país, como ocurrió con el operativo Rápido y Furioso–, a desactivar las redes de trata de personas que operan en ambos territorios o a combatir en forma mínimamente eficaz el masivo lavado de dinero que tiene lugar en ambos países, por mencionar sólo tres de las más graves expresiones de la delincuencia organizada.
En suma, el espionaje estadunidense en México confirma la discrecionalidad, impunidad y presumible ilegalidad con que operan dependencias y funcionarios del país vecino en el territorio nacional y agrava la pérdida de soberanía nacional frente a las autoridades de Washington. Lo menos que cabría esperar ante la revelación de estas actividades es una condena enérgica por parte de las autoridades nacionales, una ampliación de las pesquisas judiciales correspondientes hacia el ámbito de los funcionarios estadunidenses involucrados en el desarrollo de esas actividades en nuestro país, y la revisión profunda de los términos de la cooperación bilateral en asuntos como la política energética y la seguridad.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Vecino fisgón-Helguera 
No se atrevan (NSA)
Miguel Marín Bosch
Hace un mes, Edward J. Snowden era un desconocido. De pronto apareció en Hong Kong y confesó ser la fuente de los secretos acerca de los programas de espionaje masivo de Estados Unidos y la Gran Bretaña que días antes había divulgado el periódico británico The Guardian.
La NSA es un bicho curioso. Existe desde hace seis décadas y se sabe que forma parte del aparato de inteligencia (léase, espionaje) del gobierno estadunidense. Pero pocos conocen en detalle sus actividades y su presupuesto anual es un secreto.
Hacía tiempo que Snowden se había enterado del alcance del espionaje electrónico y telefónico de la NSA. Sabía que se intervenían las comunicaciones de individuos en el extranjero que podrían estar tramando un ataque contra Estados Unidos. Pero le preocupaba que también se estuviera espiando a los habitantes de Estados Unidos y que toda la información recabada luego se estuviera almacenando para un posible uso en el futuro.
Snowden decidió revelar algunos programas de espionaje a un reportero de The Guardian. Sabía que podría acabar en la cárcel, pero quería que el mundo supiera lo que el gobierno estadunidense estaba haciendo. Al parecer, su meta era (y es) mantenerse libre hasta que sus compatriotas y el resto del mundo entiendan lo que está ocurriendo con el aparato de espionaje gubernamental.
Lo que ha hecho Snowden ha sido objeto tanto de ataques feroces como de elogios. Se le ha descrito como traidor y espía, pero también como héroe y un whistleblower. Esta última expresión merece unas líneas.
Si uno descubre que su empleador, sea el gobierno o una compañía, está llevando a cabo actividades poco éticas, con las que no está de acuerdo, puede renunciar a su cargo, guardar silencio o quejarse. Si opta por quejarse, puede hacerlo de varias maneras. Puede valerse de los mecanismos existentes para ese fin dentro de la oficina gubernamental o empresa en la que trabaja. La experiencia en este renglón no parece muy positiva. De ahí que haya individuos que opten por denunciar en público lo que han descubierto.
En los años 70 Ralph Nader, un activista estadunidense que una década antes había denunciado como defectuosos algunos modelos de automóviles, inventó la palabra whistleblower para describir lo que había hecho. El término sirvió para distinguirlo de un
informanteo, peor aún, de un
soplón. Es como el silbatazo de un árbitro para señalar que se ha cometido una falta en un partido de futbol.
Los ejemplos más conocidos en Estados Unidos de un whistleblower incluyen a los empleados de las compañías tabacaleras que denunciaron por esconder o minimizar los riesgos para la salud que representan los cigarros para los fumadores. También existen innumerables casos de denuncias de las condiciones de trabajo en ciertas fábricas.
El antecedente más parecido al caso de Snowden quizás sea el de Daniel Ellsberg, el empleado de la Corporación Rand que obtuvo documentos secretos del Pentágono en los que se demostraba que el gobierno estaba mintiendo acerca de su conducción de la guerra en Vietnam. En 1971 The New York Times y otros periódicos publicaron esos documentos bajo el título de Los papeles del Pentágono y se desató una tormenta política y jurídica.
En el caso Ellsberg, el gobierno optó por tratar de detener la publicación de los documentos y, cuando no lo consiguió, llevó a juicio al periódico y al propio Ellsberg. A la postre las cortes estadunidenses fallaron a favor de Ellsberg y los periódicos involucrados.
Dos aspectos del caso Ellsberg son relevantes para lo que está haciendo Snowden. El primero es el papel de la prensa y la relación de confianza que debe existir entre el whistleblower y el periódico o medio de comunicación al que quiere entregarle la información pertinente. En ambos casos los respectivos periódicos resistieron las presiones y los embates de los gobiernos afectados.
El segundo aspecto es que el whistleblower debe aceptar las consecuencias de sus actos. Ellsberg estaba dispuesto a acabar en la cárcel y, al parecer, también lo está Snowden. Si es así, ¿por qué no se entrega a las autoridades de su país?
Al parecer, lo que está haciendo Snowden (viajar a Hong Kong y luego a Moscú) es tratar de ganar tiempo. Quiere que lo que ha divulgado (y sigue divulgando) detone un debate en Estados Unidos acerca del papel del aparato de inteligencia de ese país.
Quizás Snowden busca que el Congreso de su país lleve a cabo una investigación de las agencias de inteligencia como la que encabezó en 1975-1976 el senador Frank Church, de Idaho. En esos años se logró exponer los excesos de la FBI y la CIA en sus actividades de inteligencia y acciones encubiertas. Church temía que su país cayera en
el abismo de la tiraníasi la NSA y las demás agencias de inteligencia no operaban dentro de la ley y bajo una supervisión apropiada.
Empero, la reacción en Estados Unidos ante lo revelado por Snowden ha sido muy tibia. El gobierno ha insistido en que las agencias de inteligencia han logrado detener varios ataques terroristas y las encuestas indican que una mayoría de los compatriotas de Snowden aceptan que el gobierno espíe sus correos electrónicos, mensajes en el Internet y conversaciones telefónicas si ese es el precio que hay que pagar para sofocar la amenaza terrorista. Y muchos medios de comunicación y comentaristas han enmarcado el debate bajo el lema “seguridad versus privacidad”. Mientras los políticos no se atrevan a desafiar a la NSA, Snowden no conseguirá su propósito.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
El espacio aéreo según EU-Rocha 
México ante sus dilemas
Napoleón Gómez Urrutia
Con mayor lentitud que la esperada, se están dando algunos avances en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al cumplirse los primeros siete meses de la nueva administración, son pocos los resultados obtenidos y muchas veces son endebles. Repasando los hechos, todavía es mucho lo que falta por hacer al gobierno para que su política, tal como fue propuesta o enunciada en la campaña electoral y en algunos instrumentos institucionales, adquiera solidez y plena efectividad. Varios descalabros se han perfilado ya, como en la cruzada contra el hambre, a la que de modo espectacular, por ligereza, improvisación o por inercia se le descubrieron indebidas e ilegales desviaciones que han sido muy criticadas, no obstante que se dice que ya se han aplicado correctivos inmediatos.
Tener una conciencia clara de tales dificultades, las del desatino panista, ayudaría mucho a los actuales gobernantes para ir en el camino correcto, y exponerlas en público, lo cual orientaría a la sociedad para sumarse a un movimiento general por la senda correcta, que de tal manera estaría más dispuesta a colaborar con esa política, con el objetivo de que las diferentes fuerzas se sumaran al empuje general que se plantea. La funesta herencia panista de la guerra contra el narcotráfico es una de esas complicadas tramas, que enferma y bloquea todo intento de construcción política real, porque en ella prevalecen el asesinato y la perversa inseguridad pública. Otra herencia es la inmensa desigualdad económica, social y cultural, que los panistas no sólo no afrontaron ni redujeron, sino que se dedicaron irresponsable y alegremente a ignorarla y con ello ampliaron sus nefastas consecuencias. Una más es la corrupción, que empaña y ensucia el hacer público, de la cual a diario aparecen nuevas y lamentables manifestaciones incubadas o exacerbadas en los 12 años anteriores.
Una práctica muy concreta es la de la política laboral, donde los panistas se encargaron de complicar los problemas, debido a una alianza entre algunos sectores patronales y funcionarios y políticos que tuvieron que ver con ella directa o indirectamente. Así son los casos de conflicto con los trabajadores electricistas, con los de la aviación, los maestros, los campesinos, los ejidatarios y, significativamente, con los mineros, la cual ha llegado a prolongarse por más de siete años. En todos esos conflictos fueron atropellados la sensatez y el respeto hacia los intereses y derechos de los trabajadores y claramente se impusieron por la fuerza y la violencia los intereses patronales en estos escenarios, mediante una política que tuvo innegables contenidos fascistas.
Los gobernantes panistas no llegaron nunca ni siquiera a vislumbrar un nuevo modo de relación que no fuera el de la sujeción del pueblo por medio de la represión, o la manipulación contra los intereses populares, sino que sólo favorecieron a algunos grupos empresariales poderosos. No en vano Vicente Fox dijo que el suyo era un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios. Y Calderón lo mantuvo con extrema crueldad, donde simplemente se aplastó el entendimiento basado en la legalidad, en el respeto a la dignidad y a los derechos de los trabajadores, y se violaron día con día los preceptos constitucionales claves para el trato justo entre los factores de la producción.
Un dato positivo, en el que debe ahondar con firmeza y seriedad el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el haber cambiado el tono del trato hacia dos sectores sindicales muy importantes. El de los electricistas, con su compromiso de hacerles justicia a los jubilados, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de los mineros, con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, de que respeta a los dirigentes del sindicato nacional de mineros, al cual definió como uno de los más poderosos, y reconoció su capacidad de diálogo, muestra de lo cual fue su intervención positiva en la solución de dos graves conflictos de huelga en los estados de Sonora y de Chihuahua, que debe proseguir hacia todo el gremio minero trabajador. Este es el camino, no el de la represión fascista ni el pisoteo de los derechos de los trabajadores.
De ahí que durante los 12 años de complicidad entre los poderosos de la economía y de la industria y los gobernantes panistas, se destruyeron las bases de un entendimiento social que, a pesar de sus inocultables fallas, funcionaron en favor del país en otros momentos. Este es el camino del progreso de México, lo hemos reiterado durante todos estos años. Sin una política así y sin un verdadero sistema de justicia que se base en el respeto y la dignidad, México reduce las posibilidades de avance y su gobierno pierde credibilidad ante el mundo así como capacidad para actuar en el sentido que lo requieren las urgencias nacionales. Es el momento de detener tanto la destrucción del tejido social en el campo y en las ciudades, como la represión de los legítimos intereses de los trabajadores de la industria y los servicios. México no debe ya cargar el pesado lastre de esa ignominia.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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