Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 11 de julio de 2013

¿Cuánto cuesta al país el Pacto por México (spots de tv, staff, etc)? Nadie sabe; ni los partidos políticos

¿Cuánto cuesta al país el Pacto por México (spots de tv, staff, etc)? Nadie sabe; ni los partidos políticos

 Foto: Cuartoscuro

 

Y todos contentos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El violinista porta camisa azul, pero el director de la orquesta lleva chaleco amarillo. Tanto el azul del violinista como el amarillo del director son refulgentes y llenan la mirada. Los atriles resplandecen, también, en amarillo. El resto de ejecutantes está de negro.

La voz en off, cuenta:
“Somos diferentes, cada quien con su visión, pero para nosotros, el bienestar de la gente está antes que todo; por eso elegimos tocar en armonía. El Pacto por México. PRD”.
El anuncio –spot– se llamó “Orquesta” y estuvo a cargo de Helix, Estrategias de Marca, bajo contrato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La intención del mensaje era llegar a los integrantes de la clase media de México y comunicar que el país se encontraba en un momento de oro, en el que podía llegar a acuerdos.
Lo explica Gerardo de la Mora, director general de Helix:
“La premisa que hay detrás de este mensaje es que hay momentos, y este es un momento del país que más allá de los intereses partidistas y los intereses de cada uno de los actores, se necesita lograr acuerdos para sacar al país adelante. No negociaciones, sino acuerdos”.
Sobre los destinatarios de este mensaje, el experto en estrategias de marca, abunda:
“La realización, la creatividad de estos anuncios responde a una estrategia global que tiene que ver con una construcción propositiva que se ha tenido del PRD de tres años para acá. Determinamos targets a los que queríamos llegar como partido, para sumar a los que ya se tienen por naturaleza. Y todos estos son el ciudadano promedio, de varios niveles socioeconómicos, pero específicamente de clase media”.
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–¿Cuánto costó “Orquesta”?
Protagonistas y observadores coinciden en que hay un rosario de datos que no se conocerán del Pacto por México. Este es sólo uno.
En diciembre de 2012, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a la Presidencia de la República, empezó a escribirse la biografía de este convenio político que parece haber arribado a su envejecimiento o, por lo menos, a su declive más pronunciado: los partidos de oposición viven un crispado desencuentro por el resultado de las elecciones de gobernador del domingo 7 en Baja California. Y, debido a ello, el Pacto por México está a punto de romperse y pasar a la historia como el convenio político que sobrevivió sin un solo mecanismo de Transparencia.

NO ES BUENO HABLAR DE DINERO
Del dinero del Pacto nadie quiere hablar. Ni en la entraña del consejo rector, ni fuera de él. El ex Senador Alejandro Zapata Perogordo, integrante del organismo, relata en entrevista que los miembros de la rectoría jamás tuvieron informes internos que revelaran los costos del convenio.
El panista afirma que las notificaciones de la Presidencia rotativa se limitaban al progreso de los temas acordados y nunca a informes contables.
Orientado a sacar reformas estructurales que durante 12 años –los de los gobiernos panistas– permanecieron en el pantano, una de las críticas que recibió el Pacto por México fue haberse convertido en un congreso alterno. Pero si la ruta del dinero es desconocida, de las sesiones deliberativas en las que se acordaron las reformas tampoco hay minutas. Nada se sabe de cuáles fueron los debates entre partidos y el Presidente para acordar las enmiendas constitucionales. Nada se conoce de qué se dijeron antes de acordar.
Alejandro González Arreola es director general de la asociación civil, Gestión Social y Cooperación (Gesoc) y ha observado al Pacto desde su nacimiento. En su perspectiva, “el Pacto por México es un espacio que desplazó la deliberación pública y abierta de la ciudadanía en un contexto de opacidad que ni siquiera permite identificar cuáles son sus sustentos y de dónde vienen sus recursos”.
El observador exclama: “¿Por qué en los congresos el proceso suele ser abierto? Porque los acuerdos generan ganadores y perdedores; beneficios y costos. El procedimiento es tan importante como el resultado”.
El señalamiento de que el Pacto se había convertido en un poder legislativo alterno, no interrumpió su marcha. El verdadero tropiezo ocurrió cuando el PAN y el PRD amagaron con abandonarlo debido al uso electoral por parte del PRI de los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa Oportunidades en Veracruz. Es decir, el PRI había utilizado el padrón y el dinero de los pobres para atraer votos.
Pese a todos los pesares, la Reforma Educativa, la de Telecomunicaciones y la Financiera fueron enviadas por el Ejecutivo al Legislativo bajo su cobijo. Estos logros fueron anunciados por el Presidente Enrique Peña Nieto en medio de aplausos y sonrisas.
Más que una institución, el Pacto por México se había erigido en un personaje al que había que entender, tomarle la talla, educarlo y vestirlo para luego, presentarlo. Un personaje con psicología compleja por su novedad. Gerardo de la Mora, el director de Helix Estrategias, narra: “Costó trabajo entender (al Pacto). Es una manera inédita en México de hacer política. Estás hablando de acuerdos, que no tienen que ver con intereses partidistas ni propios, sino con el interés del país”.
PERO NADIE SABE NADA
SinEmbargo solicitó información a todos y cada uno de los integrantes del Pacto por México sobre los costos de los anuncios en televisión, los llamados spots. Ninguno de los integrantes del convenio político admitió conocer esa información.
A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Presidencia de la República –el único actor del acuerdo obligado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública– indicó que los datos sobre los anuncios en medios del Pacto, no eran de su competencia.
Aunque la Presidencia entabló una negativa, la Secretaría de Gobernación, en una respuesta a través del mismo IFAI, indicó que por el spot “Pizarrón”, el gobierno federal pagó siete millones 539 mil pesos y por el titulado “Lista” en el cual se oye a una profesora mencionar los los nombres de los héroes de la Independencia, la inversión fue de dos millones 239 mil pesos.
Con esos anuncios, la Reforma Educativa fue presentada ante los ciudadanos por la Presidencia de la República, desde su gestación hasta la formación del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que ocasionó las manifestaciones en contra sobre todo de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Mientras eran transmitidos, ocurrió la fulminante detención de la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, lo que abonó al posicionamiento del mensaje.
Para la realización de estos anuncios estuvo contratada la empresa The Mates Contents, de la que es dueño Pedro Torres, el mismo productor bajo cuyo cargo estuvo la campaña de Peña Nieto.
Pero no fueron los únicos anuncios. Los partidos pusieron los suyos. Y dado que no están obligados a responder legalmente, su explicación para este texto quedó bajo voluntad.
Ante la pregunta sobre cuál había sido el costo de anunciar el Pacto por México, el ex Senador Alejandro Zapata Perogordo, del PAN, respondió: “No tenemos conocimiento de que haya costo para los partidos políticos o para el gobierno. Se trata de espacios oficiales. No sé si en la producción de los anuncios haya habido algún costo, pero yo tengo entendido que no”.
Fue enfático: “Si me pregunta si trae costo el Pacto por México, yo diría que no hay costo. Si hay algunos costos adicionales por los promocionales, no estamos enterados nosotros en relación a eso. Quiero pensar que todo esto es en espacios oficiales”.
El PRD y el PRI se negaron a hablar.
LA SUSPICACIA
¿Cuánto costó el posicionamiento del Pacto por México?
¿Cuánto le costó el Pacto por México a la sociedad mexicana?
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) piensa que el abanico de preguntas puede estirarse. “De que eso costó, costó. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo?” –se pregunta Villanueva.
El experto en Transparencia y Combate a la Corrupción piensa que a estas alturas, el Pacto por México debiera presentar documentos públicos con sus números y sesiones. De todo. Porque al final, el acuerdo ha tenido un costo para la población mexicana.
Alejandro González Arreola, el director de Gesoc, hace una advertencia: “En ausencia de mecanismos de transparencia, apertura de información y rendición de cuentas se abre el espacio a la sospecha. Esos recursos darían una ventana para entender mejor la lógica del Pacto por México. Todo puede ser o no puede ser. Pero a mayor opacidad, mayor riesgo”.
 EL PARADÓJICO PACTO
Colgado en el sitio cibernético de la Presidencia de la República, pero alojado en una dirección propia, el Pacto por México cuenta con una declaración de acuerdos en la que se lee: “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno”.
En el punto 4.3 que remite al compromiso 85, el Pacto por México se refiere a la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción mediante la reforma constitucional que establecerá una Comisión Nacional, así como comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.
Dice el texto del Pacto que se pondrá énfasis en entidades como Pemex y CFE.
De acuerdo con el compromiso 86, los integrantes del convenio político, aspiran a crear un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones contra la corrupción.
Pero, como dice Alejandro González Arreola, de Gesoc, ni una palabra de este contenido se refiere a sí mismo. “El acuerdo es de buena voluntad, pero no es corresponsable. Si así fuera, estaría éticamente obligado a ofrecer una explicación de su funcionamiento”.
Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas –una ONG-, opina que la Transparencia es un tema que aún no está asimilado ni en el ámbito político ni en el social. “Todavía pensamos que no es connatural a cualquier cosa que sea de interés público”.
Si del Pacto por México se desprende un rosario de dudas, lo natural para Gómez Magaña, sería que el mismo organismo respondiera “o nos diera una entrada a la ruta. Así, reconocería que hay un compromiso con la Transparencia. Pero no tenemos asimilado el tema, ni (nosotros) como ciudadanos, ni ellos como funcionarios públicos”.
SÍ ERA NECESARIO
Ahora que los partidos políticos analizan si continúan bajo su manto, el Pacto por México pasará a la historia como un acuerdo con poca legitimidad debido a su falta de Transparencia. No hay marcha atrás. La biografía de este organismo, sin precedentes, está escrita. Para los observadores, el Pacto ha envejecido y sobrevive por inanición. Más allá de los desacuerdos entre partidos, fue la falta de mecanismos de Transparencia lo que lo volvió insostenible.
“Al parecer, se pensó en una lógica de coyuntura. (Era previsible) que se llegaría a un punto donde se votarían diferencias ideológicas y de posición política. El uso de los recursos para los pobres en Veracruz estuvo a punto de romperlo. Sobrevivió, pero ahora, hay dos reformas estructurales donde no hay acuerdo. En esta etapa estamos”, relata Alejandro González Arreola, uno de los observadores más sistemáticos del Pacto por México.
–¿De qué serviría contar con Transparencia?
– El Congreso permite dirimir de manera pública y abierta. Permite convocar a una discusión nacional sobre reformas tan importantes como la petrolera y la fiscal. Cuando no hay acuerdos y hay posiciones diferentes –que eso es lo normal de los congresos- están los mecanismos regulados para que se genere la discusión formalizada en minutas. En cambio, el Pacto llegó a un punto crítico sin ningún mecanismo. Y está claro: se verán obligados a trasladar la discusión al Congreso.

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