Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 18 de julio de 2013

Demanda migratoria- ¿El IFE o los consejeros?- Modelos económicos y oportunidades políticas

Demanda migratoria

Ana María Aragonés
La investigación del BBVA La situación de la migración en México 2013 hace una propuesta en relación a por qué la migración mexicana hacia Estados Unidos prácticamente no ha mostrado crecimiento desde el año 2008. El documento analiza algunas de las propuestas que se han dado para explicar este fenómeno, entre ellas la cuestión demográfica y del crecimiento económico de México. El documento concluye que no puede atribuirse a un cambio demográfico importante pues México, entre otras cosas, presenta una tasa de natalidad aún mayor que la de otros países, asiáticos o europeos, cuyos flujos hacia Estados Unidos son más importantes que los de México. En cuanto al crecimiento económico de México señalan que, si bien es cierto que ha habido mejoras a nivel del PIB, y algunos potenciales migrantes pudieron desincentivarse, las diferencias salariales entre los dos países se han incrementado, por lo que es poco probable atribuir la disminución de los flujos a mejoras económicas. La propuesta del BBVA es que hay un desfase entre la demanda de trabajadores en el país vecino, que se centra en trabajadores altamente calificados, y la oferta de migrantes mexicanos que son trabajadores de baja calificación, que han estado laborando en sectores que se encuentran prácticamente estancados: construcción, manufacturas y servicios.
 
Sin duda que el planteamiento del BBVA es muy interesante y de hecho, como los autores señalan, abre la posibilidad de la discusión de un tema que resulta por supuesto central para México, por lo que no es de ninguna manera ocioso plantear nuestra propia propuesta.

En colaboraciones anteriores había señalado, y estoy de acuerdo con el documento, en que ni los cambios demográficos ni un posible crecimiento económico de México explicarían la disminución de los flujos migratorios. También he planteado que Estados Unidos requiere, por obstáculos estructurales internos, tanto demográficos como educativos, migrantes altamente calificados, pues la salida de la crisis pasa por profundizar a la economía del conocimiento. No es extraño que republicanos y demócratas estén de acuerdo en incrementar el número de visas para este tipo de trabajadores, y además quieren apoyar a los estudiantes del mundo que se encuentran cursando maestrías y doctorados en las universidades estadunidenses otorgándoles en forma rápida visas de residencia permanente para evitar, han dicho, que se conviertan en nuestros competidores. De hecho hemos analizado que esta demanda se está generalizando a un importante conjunto de países desarrollados quienes también presentan algunos problemas a nivel tanto demográfico como educativo, y requieren trabajadores altamente calificados, en la misma idea de profundizar la economía del conocimiento.
 
El documento del BBVA plantea que la disminución de la migración de México a Estados Unidos se debe a una contracción de los mercados laborales en Estados Unidos que son intensivos en mano de obra: construcción, manufacturas, servicios de alimentos y alojamiento y el comercio y han sido los sectores que menos han crecido a partir de la crisis, y no han logrado recuperar los empleos perdidos, y por lo tanto, la mano de obra migrante mexicana está siendo menos demandada.
 
Yo estoy de acuerdo en que la disminución de la migración se ha debido a la disminución de los empleos en Estados Unidos, y si algo nos enseñó esta crisis, con enorme claridad, es que esto es lo que realmente inhibe a los flujos migratorios. Pero lo que me parece un poco aventurado es plantear una nueva fase de la migración mexicana que no corresponde al ciclo económico en la medida en que Estados Unidos se está recuperando económicamente, y no así los flujos de migrantes mexicanos.
 
Es cierto que estamos presenciando un nuevo patrón migratorio cuyo peso importante lo forman los flujos de migrantes altamente calificados, pero la recuperación de Estados Unidos es aún muy débil y sumamente lenta, y eso es lo que ha provocado el desfase entre la oferta de trabajadores mexicanos y la demanda de Estados Unidos. Pero se trata de un fenómeno temporal, pues la recuperación sostenida de la economía sólo puede darse, como señalan algunos teóricos (Kalecki), a través de inversión pública en infraestructura alentando al sector de la construcción. El plan Obama-Biden tiene como eje central la generación de infraestructura en las energías limpias; sin embargo, la fracción republicana no ha permitido que se expanda el gasto público lo suficiente y prefiere direccionarlo hacia el sector especulativo y financiero haciendo que el crecimiento sea lento. Esto ha disminuido los flujos de trabajadores migrantes que se empleaban primordialmente en el sector de la construcción y otros de trabajo intensivo, y no parece claro que estemos ante una recuperación de la economía de Estados Unidos. Todavía no, lo que explica la divergencia. Pero al mismo tiempo habría que enfatizar que los flujos de trabajadores altamente calificados mexicanos están al alza.
 
¿Cuándo terminará esta fase? Si las condiciones estructurales de la economía mexicana no muestran un cambio, y México no pone en marcha una economía que los absorba en condiciones dignas y decentes, los trabajadores de baja calificación estarán a la espera de la recuperación de la economía de los Estados Unidos para poder alcanzar un horizonte de vida mejor que su país no les ofrece.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
nfermedad terminal-Ahumada
¿El IFE o los consejeros?

Octavio Rodríguez Araujo
No es un consejero el que falta por nombrarse en el Instituto Federal Electoral (IFE) por la renuncia del priísta Sergio García Ramírez. En realidad, el único consejero que merece tal nombre es, de acuerdo con las evidencias, Alfredo Figueroa, a quien, por cierto, no conozco personalmente. Todos los demás (o casi todos), aunque sea por vergüenza, deberían haber renunciado junto con García Ramírez.
 
Figueroa fue el único que votó en contra del dictamen de la Unidad de Fiscalización (UF) del IFE referido a los gastos de campañas federales de 2012. Y lo hizo, según nota de La Jornada (16/7/13), por haberlo considerado ilegal e inconstitucional y porque los demás consejeros actuaron con parcialidad evidente.

En ese dictamen resultó que Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato presidencial que rebasó el tope de campaña (ídem), lo cual es una aberración que le ha torcido la mano a la realidad que todos conocemos: AMLO usó aviones comerciales (no privados ni helicópteros) y la mayor parte de sus recorridos fueron por carretera y austeros, pueblo por pueblo, en todo el país. Es imposible pensar que gastó más que Enrique Peña Nieto, incluso si nos cayera mal el candidato de la coalición Movimiento Progresista, que no es el caso para mí.

La historia de este absurdo viene de atrás, desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se negó a atender las denuncias sobre el caso Monex, aduciendo que tenía que proteger el secreto bancario. La CNBV ignoró olímpicamente el artículo 41 constitucional, inciso V, que señala que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del IFE (Unidad de Fiscalización) y que en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal (las cursivas son mías). Se dijo en agosto del año pasado que la Unidad de Fiscalización del IFE no sólo investigó lo del asunto Monex sino que hizo más de 400 requerimientos de información que trascendían el secreto bancario. Sin embargo, la UF se lavaba las manos pues los resultados de su investigación se darían a conocer después de la calificación de las elecciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el famoso TEPJF, por sus tristes actuaciones). Y para entonces, ¿para qué si ya no se podría anular ninguna candidatura por rebasar los gastos de campaña? El mismo consejero Figueroa reconoció que el esquema de fiscalización debía revisarse, puesto que el dinero es uno de los elementos básicos de de la equidad electoral.

No deja de ser una ironía que la legislación electoral vigente contemple la cancelación del registro de precandidatos si exceden los gastos de precampaña (Cofipe, 214.4) y que, en cambio, la única sanción a los candidatos que también se excedan en los gastos de campaña sólo sea una multa cuando ya no se puede hacer nada en relación con los resultados electorales.
 
Si los resultados de las investigaciones de irregularidades, incluyendo el rebase de los topes de campañas y el lavado de dinero en el transcurso de éstas, se dan después de la calificación de la elección presidencial, ¿de qué sirve? ¿Multas que se cobrarían dos o tres años después, como ya ocurrió con lo de Pemexgate y los Amigos de Fox? Así fue, la mayoría de los consejeros del IFE deben haber pensado que cumplieron supuestamente con la ley y que todos quedaron con las manos limpias cuando, en realidad, ahora se trata de cosa juzgada y ninguna candidatura quedó invalidada. Dije supuestamente, pues contra la opinión del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, el consejero Alfredo Figueroa afirmó que lo investigado por el instituto no fue, de ninguna manera, exhaustivo y que es falso que haya investigado y valorado toda prueba y argumento de las partes ( Reforma, 29/08/12).
 
Se tardaron menos tiempo en emitir su dictamen que en los casos del Pemexgate y de Amigos de Fox, pero este lapso más corto no le quita lo aberrante al dictamen. Señala La Jornada del martes que el legislador del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía sostuvo que el dictamen es ‘‘parcial, irracional, revanchista, inconstitucional y encubridor. Parcial, por el trato diferenciado entre coaliciones y candidatos presidenciales; irracional, porque privilegia criterios absurdos para favorecer al candidato del PRI’’, y es claro que tiene razón.
 
Se está hablando ahora de la necesidad de reformar otra vez la legislación electoral. Mucho resta por hacer, pero la ley es una cosa y su manipulación a conveniencia es otra. Mientras las personas no cambien, de poco servirá que la ley sea incluso perfecta, si acaso puede haber leyes perfectas.
 
El método seguido en el IFE para aprobar el dictamen en cuestión es el típico de toda organización donde una mayoría puede aplastar a una minoría sin tener que expresar argumentos y convencer con ellos. Es muy frustrante, y lo sé porque me ha pasado varias veces, la última en un órgano colegiado de tipo académico en el que uno de los consejeros me dijo que no estaban ahí para ser convencidos. Renuncié a esa comisión y, desde luego, aprobaron lo que por consigna tenían que aprobar. En esos momentos pensé que se trataba de un caso único, excepcional, pero con el tiempo he podido comprobar que así ocurre en casi todos (por no decir todos) los cuerpos colegiados, donde unos tienen intereses compartidos y otros, siempre en minoría, son verdaderamente independientes. Es una pena, pero así son las cosas y el IFE no es, de ninguna manera, un paradigma de conciencias libres, independientes y honestas (con algunas excepciones).
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Construyendo la confianza-Fisgón
Modelos económicos y oportunidades políticas

Orlando Delgado Selley
El regreso del priísmo al gobierno federal ha provocado que discusiones importantes que se habían abandonado recuperen su pertinencia. De nuevo, como se ha hecho ya varias veces en nuestro recorrido histórico, y como han hecho también en múltiples ocasiones en otras latitudes y en diferentes épocas, hemos regresado a debatir el papel del Estado en la conducción del funcionamiento económico. El debate no ha sido, ni lo será, solamente académico. Se trata de un debate esencialmente político, en el que se requiere determinar la necesidad de un proyecto nacional definido por quienes representan al Estado y, por supuesto, garantizar la conducción gubernamental de ese proyecto.
 
El priísmo peñista, contradictoriamente, ha impulsado en diferentes ámbitos económicos una redefinición de los límites entre los sectores público y el privado. En la reforma a las telecomunicaciones se impuso que el Estado tuviera mayores responsabilidades, al tiempo que se reducían espacios controlados por estructuras duopólicas y cuasi monopólicas. En contraste, en la iniciativa de reforma financiera con el propósito de ampliar el crédito y abaratarlo, se acepta que las entidades gubernamentales carezcan de protagonismo, pese a la necesidad de corregir una falla del mercado bancario, con fuertes implicaciones en términos de inclusión social.

En materia petrolera el planteo del priísmo gobernante es claramente privatista. Pese a los esfuerzos por ocultarlo, es claro que la propuesta presidencial se propondrá abrir espacios hasta ahora reservados a Pemex a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras. Consecuentemente se trata de que el sector privado aumente su participación reduciendo la del Estado. Así las cosas, las definiciones peñistas no dan cuenta de una clara redefinición de los límites entre el Estado y el mercado. No obedecen a un proyecto nacional en el que le corresponda al Estado un papel protagónico. Son, en realidad, ajustes provocados por un funcionamiento ineficiente que ha provocado que nuestra dinámica económica sea mediocre.

Sin embargo, estos ajustes planteados por el priísmo peñista han abierto las compuertas de un debate que podría desbordar los límites que sus diseñadores han establecido. En este sentido son útiles las aportaciones académicas que permitan abrir perspectivas a partir de comparaciones internacionales que ofrezcan la posibilidad de evaluar diversos acomodos políticos posibles en la época de la globalidad. Aportaciones analíticas que documentan que la idea de que la inserción a la globalidad sólo podía hacerse de una manera, como sostuvieron los diseñadores políticos del priísmo neoliberal y sus continuadores panistas, no tiene sustento.
 
Muchos de los formuladores del modelo económico neoliberal se dieron márgenes de maniobra. Un buen ejemplo es el Sistema de la Reserva Federal estadunidense. Aunque es un ente autónomo, esto no se entendió como la capacidad para decidir por sí mismo sus metas, sino como la capacidad de cumplir metas planteadas coordinadamente con el gobierno de la manera que consideraran conveniente. Además, nunca aceptó constreñir su actuación al logro de la estabilidad de precios. Mantuvo su mandato dual: la menor inflación alcanzable, compatible con el menor desempleo posible. En tiempos de bonanza este mandato dual ha sido importante, pero lo ha sido más en tiempos de crisis como los actuales.
 
La vida política nacional sigue llena de atrocidades electorales, que poco tienen que ver con la consolidación democrática. Sin embargo, la permanencia de opciones políticas e ideológicas diferentes permite confrontar plataformas en las que se plantean visiones discrepantes del papel del Estado en estos tiempos críticos. Discrepancias expresadas en valoraciones distintas del resultado de haber reducido drásticamente las capacidades de intervención estatal en la conducción del desarrollo nacional.
 
El debate sobre la necesidad de un proyecto nacional que se imponga al mercado abre la oportunidad de replantear los viejos anhelos de inclusión social expresados en la Revolución de 1910. Abre la puerta para retornar a la idea de la justicia social como responsabilidad fundamental del Estado mexicano.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Escarmiento-Hernández

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