Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 13 de julio de 2013

DINERO- Contrarreforma educativa: oposición e imposición- Por lo visto, sólo la acción directa funciona- IMSS-Peña: diagnóstico deliberadamente equivocado

Dinero
Elecciones sin electores
Hartazgo ciudadano
Dicen que no tiene sentido votar
Enrique Galván Ochoa
Foto
¿Por qué la gente no salió a votar? En las elecciones del domingo 7 de julio, sólo 3 de cada 10 ciudadanos votaron en algunas ciudades de la República. Y en el promedio general, menos de cinco de cada 10: 91 por ciento de nuestros encuestados de esta semana considera que la gente está hastiada de la clase política; por miedo a la violencia, dice 4 por ciento; por candidatos impopulares opinó 2 por ciento, y 3 por ciento expuso otras razones por las que se abstuvo.
Metodología
Tuvimos la participación de mil 741 personas en el sondeo de El Foro México. En las líneas de enseguida reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.
Opiniones
Porque sufragio efectivo ya sólo con efectivo.
Guillermo Castillo / Ciudad de México
Ya nadie cree en los procesos electorales. Ahí está el escandaloso caso de Soriana y Monex. ¿Qué sucedió? Nada. ¿Para qué sirve el Trife? Para nada. Las elecciones son costosas, ineficientes y nada confiables. En el caso de Baja California todo mundo se enteró de que Osorio Chong negoció el triunfo del PAN a cambio de que apoye la reforma energética y fiscal; entonces, ¿para qué votar?
Jorge Alberto Peón / La Paz
Harto de esta farsa. Violencia, impunidad, desesperanza y ¿todavía quieren que les votemos para que sigan robando a sus anchas?
Javier Contreras / Zacatecas
La lucha del hombre fue primero contra las fuerzas de la naturaleza y después contra las instituciones cuando éstas ya no cumplen el servicio para el que fueron creadas, pues se han corrompido y estorban al propio desarrollo humano.
Hugo Carvajal / Cuernavaca

La gente no sale a votar por el sentimiento de que no tiene caso: ni los candidatos ni los partidos y sus alianzas nos dan confianza. En segundo lugar está la inseguridad que impera en muchas regiones del país.
Antonio Flores / Ciudad de México
La mayoría de la población ya se dio cuenta de que las elecciones son una farsa. Que PRI, PAN y PRD son lo mismo. El que tiene dinero compra desde la Presidencia de la República hasta la más lejana alcaldía.
José Gutiérrez / Ciudad de México
Estamos hasta el gorro de tanta demagogia. Las autoridades no cuentan los votos; solamente se justifican los fraudes con propaganda (que nos sale carísima).
Elpidio Hernández / Tapachula
Los ciudadanos no salieron a votar porque esta vez no hubo tarjetas Soriana y hubo muy pocas y raquíticas despensas, a ese precio nadie se molestó en salir de su casa para emitir un sufragio que no va a servir para nada.
Carlos Jiménez Pérez / Aguascalientes
Estamos decepcionados, desanimados, temerosos y enojados.
Orlando Romero/ Hermosillo
Desde antes de las elecciones ya está repartido el botín, la votación es una mera pantalla para hacer creer a los incautos que la ciudadanía elige. El juego está claro, cada elección irá menos gente a votar, hasta que esto reviente.
Eduardo Sainoz / Tlaxcala
La mayoría de los mexicanos debería preocuparse frente a lo acontecido el pasado 7 de julio. Ya no les importa quién gobierne. La mayoría se ha convencido de que le van a poner a quien ellos pacten.
José A. Cervantes / Uruapan
Pues por el IFE... o mejor dicho, el inIFEciente ¿instituto? que solamente está para solapar a la turba de políticos malandrines que ya acabaron con nuestro país. Ya estamos hartos.
Gabriel Ávila / Puebla
El miedo, lo impopular y el hartazgo confluyen en el abstencionismo. En algunas regiones, unas más que las otras, pero son las tres.
José de Jesús Herrera / Reynosa
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Contrarreforma educativa: oposición e imposición
Concluyeron ayer los 11 foros de reflexión sobre la reforma constitucional en materia educativa –uno nacional y diez regionales, uno adicional a a los originalmente pactados– organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el contexto de los cuales más de 10 mil personas pudieron escuchar centenares de ponencias sobre la referida modificación constitucional en materia de enseñanza.
 
Aunque en términos formales estos espacios de discusión fueron producto de un acuerdo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación, su realización no se explica sino como resultado de las presiones y la inconformidad expresada por un amplio sector del magisterio en contra de la referida reforma, aprobada en el contexto de un acuerdo cupular –el Pacto por México– que no tomó en cuenta a los docentes y que estuvo acompañado de una campaña de descalificación en contra de los sectores críticos de la misma. Debe recordarse que el propio gobierno federal calificó a los opositores a la reforma como una minoría que no tenía nada que ver con la cantidad total de maestros que están dedicados a la educación de los niños y que se les acusó de pretender desinformar al conjunto del magisterio y de actuar de mala fe.

Sin embargo, los propios foros de análisis dieron cuenta de la necesidad de un debate profundo sobre las modificaciones constitucionales comentadas, habida cuenta de la proliferación de señalamientos críticos por su carácter lesivo para los derechos y condiciones de trabajo de los docentes; por representar una amenaza para la enseñanza pública, y por contravenir los esfuerzos de muchos sectores que desde hace años vienen pugnando por una reforma educativa integral que permita superar los rezagos actuales en la materia. En el contexto de las reuniones que concluyeron ayer, quienes se oponen a la reforma en los términos en que fue aprobada por el Legislativo fueron prolijos en hechos, cifras y reflexiones de alcance general; realizaron una documentada y razonada crítica de la modificación legal en los terrenos jurídico, laboral, social y pedagógico y pusieron de manifiesto la consolidación de un consenso social cada vez más amplio –que dista de ser minoritario– en contra de la reforma educativa.
 
Habría sido deseable y necesario contrastar estas posturas críticas con los argumentos de los defensores y promotores de la referida enmienda; por desgracia, los legisladores, las organizaciones empresariales que respaldan la enmienda constitucional y los partidos políticos aliados de la actual administración federal en el Pacto por México se marginaron a sí mismos de los mencionados ejercicios de discusión y análisis.
 
Tal circunstancia arroja una disyuntiva: o bien los promotores de la reforma desconfían de sus propios argumentos al punto de rehuir confrontarlos con opositores, o bien no tienen interés en las posturas o las ideas de docentes, políticos, líderes sociales, académicos, periodistas y demás actores de la sociedad que participaron en los encuentros que culminaron ayer.
 
De mantenerse sin cambio, la continuidad del empeño de las élites política y económica por profundizar el proceso iniciado con esta reforma –ahora mediante la discusión y aprobación de leyes reglamentarias– sin atender la opinión de importantes sectores de la sociedad, incluso cuando éstos se expresan por cauces ordenados, formales e institucionales, será un hecho contraproducente.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 Medallita-Helguera
Por lo visto, sólo la acción directa funciona
Arturo Alcalde Justiniani
Es lamentable que en un país que presume de normas laborales avanzadas, la justicia real y cotidiana sea prácticamente nula. Con más frecuencia presenciamos que la movilización y las acciones directas se imponen como vía de solución de conflictos.
 
Una de las enseñanzas que nos deja la elección sindical en la sección VII-Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es precisamente ésta: que debieron movilizarse y acudir a la acción directa para que su voto fuera respetado; si hubieran confiado sólo en las vías institucionales planteadas por la ley estarían todavía esperando. La realidad demuestra que no hay un árbitro confiable para lograr el respeto al estado de derecho.

En otro lado del país, La Jornada Jalisco nos da cuenta cabal de las marchas y protestas realizadas esta semana por más de 3 mil trabajadores de la Secretaría de Salud en ese estado, quienes un buen día fueron informados que deberían presentar su renuncia para pasar a las filas del ejército creciente del submundo precario denominado outsourcing. Ante sus protestas iniciales sólo lograron las respuestas de siempre: Háganle como puedan; si quieren demanden, es su derecho. Los trabajadores entienden que por la vía institucional no llegarían a ninguna parte, se enfrentarían a autoridades laborales sometidas al Ejecutivo que les darían largas, por ello, marchando por las calles y presionando con suspensión de labores, han logrado un mínimo de respeto.

Esta práctica del despido masivo, para luego ser contratados por otra razón social que no reconoce los derechos adquiridos, es denunciada también por los trabajadores de limpieza de la propia Cámara de Diputados; los trasladaron de la empresa Casper a la denominada Claver Servicios, sin antigüedad ni indemnización alguna. El salario que se les paga es francamente una vergüenza: 70 pesos diarios; pena deberían sentir los diputados con los sueldos que perciben. Una cláusula que se les impone da cuenta de su estado de indefensión: El trabajador se compromete a que en caso de presentarse diferencias derivadas de la prestación de sus servicios con el patrón, recurrirá a los representantes legales que la asociación sindical titular del contrato colectivo de trabajo designe para tales efectos; en caso de no ser así, y recurrir a alguien externo o ajeno a la relación laboral, será considerada como una falta de disciplina de acuerdo con lo que establece la ley, y facultará al patrón a rescindir, sin responsabilidad alguna para él, la relación individual de trabajo. El jurídico de la Cámara ha respondido a los reclamos de los empleados diciendo que no es su asunto, que tienen firmado un contrato mercantil con una outsourcing y que si no están conformes, para eso están las autoridades laborales. Sobran los comentarios.

Para otros trabajadores, hacer valer sus derechos es más difícil. En días pasados, a pesar de un amparo en su favor, se confirmó por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la cancelación del registro del sindicato democrático de Honda, por haber tenido la osadía de solicitar un recuento entre este gremio y el impuesto por la trasnacional. Han padecido durante varios años un verdadero calvario, con el agregado común de despidos, detenciones arbitrarias y represión física. La última maniobra de la empresa fue obligar a los trabajadores, miembros del sindicato democrático, so pena de despido, a renunciar por escrito al mismo, incluyendo la petición de cancelación de su agrupación sindical. Tanta opresión explica el paro repentino de los trabajadores cuando la trasnacional, como es regla general, se negó a pagar utilidades. Otra vez la acción directa.
 
El despojo creciente a los trabajadores no tiene contrapeso alguno, lo fomentan los patrones y también los gobiernos. Puede uno confirmarlo en cualquier región del país; es el caso de los empleados de Sandak Calpulalpan, en Tlaxcala, obligados a convertirse en maquila familiar por la trasnacional BATA. Estos obreros continúan combatiendo y reclamando su derecho a tener una fuente de trabajo con seguridad social, por medio de una huelga que se niegan a reconocer las autoridades. Han tocado todas las puertas y desahogado una larga batalla jurídica, pero la permanente complicidad de la junta laboral local y el gobierno de esa entidad con la trasnacional ha impedido la reparación de sus derechos. Por lo visto, deberán acceder a formas de movilización y acciones más intensas para hacerse oír en este país de sordos.
 
Los sobrecargos de Aeroméxico enfrentan con valentía un chantaje que pretende inaugurar un nuevo estilo de trato laboral: la presión sobre los trabajadores en activo para que accedan a la cancelación total de los derechos del personal de nuevo ingreso. La petición patronal es sencilla: reducir el salario a un tercio. La parte empresarial presiona ostentando el apoyo del gobierno federal, que se hizo evidente con una inusitada promoción legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyando el despojo laboral claramente inconstitucional. En otro país esta acción legal sería motivo de destitución del titular de la dependencia. (Ver La Jornada 10/07/2013, p15). En Mexicana de Aviación, los sobrecargos jubilados continúan en huelga de hambre dentro de las instalaciones del aeropuerto de la ciudad de México, exigiendo que se les cumplan sus pensiones jubilatorias. Por su parte, los sobrecargos de Aeroméxico-Connect protestan por sus precarias condiciones de trabajo.
 
Los ya conocidos como indocumentados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también se desesperan; han pasado largos años reclamando su derecho a ser simplemente considerados como trabajadores de base y no han logrado siquiera su reconocimiento en el régimen de seguridad social; día con día expresan sus protestas logrando el apoyo del resto de los trabajadores de la institución. La pregunta es: ¿qué hacer? Por lo pronto, la respuesta nos la dan aquellos trabajadores que se movilizan y luchan a partir de respuestas y acciones que no tienen calculadas los que provocan sus agobios.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
IMSS-Peña: diagnóstico deliberadamente equivocado
Gustavo Leal F *
Primero lo despojaron, con la reforma 1995-1997, de su principal soporte financiero: los fondos pensionarios, que fueron privatizados en el SAR. Lógicamente, muy poco después las finanzas institucionales y el evidente deterioro en los servicios mostraron los estragos de la decisión tomada por Ernesto Zedillo.
 
En las ganancias de las Afores está, ahora, ese ahorro financiero que suma casi 2 billones de pesos. Antes de la reforma-Zedillo permitió cubrir religiosamente al IMSS, sin fallo alguno, pensiones hasta de 25 salarios mínimos. Pero ese ahorro forzoso pagará, en 2021, pensiones de apenas 2 mil 179 pesos a 71 por ciento de quienes se jubilarán. Un trabajador promedio se irá con una pensión mínima garantizada igual a 25 por ciento de su último salario, después de 30 años de servicio.

Además del hoyo financiero que generó la privatización pensionaria, la nueva ley 1995-1997 contempló un flujo de recursos frescos por concepto de los gastos médicos para pensionados a cargo de gobierno federal (Ley del Seguro Social, duodécimo transitorio). Dieciséis años después, el gobierno federal nunca ha cumplido.

En 2000 arribaron los panistas al poder y con ellos Santiago Levy. Entonces nació el diagnóstico deliberadamente equivocado sobre el peso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS, intentando encubrir la magnitud del hoyo financiero generado por la reforma-Zedillo y culpar –desprestigiándolos– al principal activo institucional: médicos, enfermeras y profesiones afines amparados en el mejor contrato colectivo de trabajo (CCT) de América Latina.

Lamentablemente, el primer informe 2012-2013 sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS -Peña, a cargo de José Antonio González Anaya –que como primera pieza de la segunda alternancia debió haberle cambiado hasta el título–, ha comprado ese apocalíptico diagnóstico sin atreverse a reconocer los verdaderos determinantes de la encrucijada financiera de la principal institución que dota de salud y seguridad social integral a los mexicanos. Tampoco atina la respuesta de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su secretario general, Manuel Vallejo –recién afiliado al PRI–, ni menciona la reforma-Zedillo ni propone alternativas.

Pero tan o más grave que lo que compra del diagnóstico panista es lo que, ya como nuevo, el PRI propone y, sobre todo, lo que no dice.

A diferencia de los panistas, sugiere ¡no pedir ni medio centavo al gobierno federal!, ni, por supuesto, elevar las cuotas-obrero-patronales, aunque quiere, simultáneamente, mejorar la productividad institucionalidad conteniendo el gasto. Amenaza con buscar esquemas innovadores (¿como los que casi les exige el sector asegurador vía Fernando Solís Soberón, la AMIS, Banorte y Funsalud?) y alude a mejores prácticas, cuando la norma del IMSS heredado por Calderón son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.
 
Propone (con ecos de los tiempos idos del otro priísmo) mejorar el modelo de atención; desarrollar áreas de gestión desconcentrada así como desconcentración y autonomía de los procesos. Claro que sin decir cómo ni con qué impactos. En suma: un informe que regresa al pasado, con escaso registro del debate contemporáneo, pero que no renuncia a ampliar la seguridad social para cumplir con la universalidad Peña Nieto. ¿Cómo?
 
El informe no dice una palabra sobre la corrupción endémica que desató el panismo. Y al intentar tomar distancia de ellos en relación con el incremento de aportaciones del gobierno federal, asume una modernización que, para operar, requiere cambios en el CCT y cuya revisión integral acontecerá en 2013. Sobre esto: ¡nada!
 
Recientemente, González Anaya declaró que todos los trabajadores que han entrado de 2008 en adelante, ingresan a un sistema financieramente sostenible y autosustentable. Debemos ver más allá de este tema. Y que hay que hacer un plan integral de mejoramiento de la calidad. ( Reforma, 24/6/13) ¿En qué quedamos?
 
Mientras Emilio Gamboa, ex director del instituto, frena en el Senado una de las pocas reformas que aportaría a sus finanzas, porque estamos analizando si viene una reforma más amplia para darle viabilidad. ¿Ni un peso más para el IMSS?
 
La pregunta clave es: ¿alcanzarán las propuestas del nuevo PRI para cubrir el déficit institucional en 2013? ¿Alcanzarán para cubrir el acumulado de los próximos años? ¡Desde luego que no! González Anaya está al frente del instituto para no pedirle nada al gobierno federal. ¿Cómo cumplirá?
 
Sólo la merma de los recursos pensionarios de los trabajadores (minusvalías) de mayo-junio 2013 en Afores: ¡155 mil mp! Superan varias veces los diferentes estimados del informe sobre ese déficit institucional, mientras el rebalanceo de cuotas (para transferir excedentes de las reservas de invalidez, vida y riesgos de trabajo al de enfermedades y maternidad) significa que el IMSS vuelve, de facto, al entramado de su ley 1973. El rebalanceo propone lo que la reforma-Zedillo se propuso evitar.
 
El primer informe neopriísta aún apocalíptico, con propuestas añejas y peligrosos silencios, muestra que Peña puede conducir el IMSS a donde quiera, sin ruta estratégica para atender la principal y más urgente demanda de la derechohabiencia: mejorar los servicios y actualizar el catálogo de prestaciones a la altura de una ciudadanía plural del siglo XXI.
 
El IMSS-Peña y su director entrante enfrentarán ahora el difícil reto de conciliar la falta de un análisis veraz sobre los determinantes que presionan sobre la institución con la urgencia de cumplir la publicitada universalización. Ciertamente, un reto difícil y con muchos costos, si de cumplirle a las mayorías nacionales con mejores servicios y prestaciones integrales se tratara.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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