Generales: ¿Y el castigo a la mala praxis?
En abril pasado, ya sin Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia ni Morales Ibáñez en la PGR, los jueces se desistieron de la investigación contra el general Ángeles Dauahare, por no encontrar elementos que acreditaran delito alguno.
Es más, el actual Procurador, Jesús Murillo Karam, afirmó que se habían cometido graves irregularidades al “sembrar” pruebas en el caso y usar declaraciones de testigos protegidos de muy dudosa reputación y veracidad, por lo que incluso la PGR abrió una investigación sobre este asunto.
El 5 de julio pasado, el resto de los militares detenidos también recuperaron su libertad, tras pasar más de 70 días de arraigo, y un año y 19 días de encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, también conocido como Almoloya.
Ese día, Rodrigo Archundia Barrientos, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a nombre de Murillo Karam, entregó al juez la ratificación de las conclusiones no inculpatorias, para que todos los militares quedaran en libertad, “porque los testimonios en los que se sustentó la acusación no fueron corroborados y los testigos protegidos que los inculpaban también mintieron en otros juicios”.
A todos ellos, incluyendo al general Dauahare –quien desde el 1 de mayo pasado trabaja como asesor del titular del general Salvador Cienfuegos Zepeda– les fueron devueltos sus cargos y, además, desde el Ejército y en otros foros se les han hecho reconocimientos públicos.
Sin embargo, como hemos comentado aquí sobre otros casos, el “usted disculpe” –que tampoco ha llegado de parte de las autoridades que los acusaron– no es suficiente, pues en este asunto la fiscalía de Marisela Morales usó a la policía, a testigos, a jueces y a otros elementos de la Secretaría de la Defensa para armar un caso que, se ha dicho en los medios y por voz de los propios generales agraviados, fue netamente político.
Tampoco hay pruebas de que el general Guillermo Galván Galván, ex titular de la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón, se haya implicado en esta operación pero, por lo menos, sí pecó por omisión y no sacó la cara por sus colegas. Mucho menos se apegó a la frase que distingue al Ejército mexicano: “Siempre leales”.
Hubo lealtad, ni duda cabe, con el Presidente de la República pero no así con los militares a quien se les causó daño moral y sicológico, no sólo en lo particular sino también a sus familias.
Desde los primeros días del arresto y hasta ahora, el agravio contra estos altos mandos del Ejército ha dejado un sabor amargo entre los militares, particularmente de los círculos más altos. Muchos comentan que el arresto de Ángeles Dauahare por parte del gobierno de Felipe Calderón fue para impedir que éste fuera designado titular de Sedena por Enrique Peña Nieto. Al ex Presidente y al titular de la Defensa, Galván Galván, no les gustaban las críticas de Tomás Ángeles a la estrategia de guerra contra el crimen organizado desatada por el ex mandatario panista.
Menos que las hiciera tan públicas, pues justo días después de que el entonces ex Subsecretario de la Sedena criticara el combate de Calderón contra las drogas y grupos criminales, en un foro de la Fundación Colosio, que se detuvo a los seis militares.
Ahora, exonerados, están libres y han regresado al servicio público. Pero también están libres de toda culpa los funcionarios que, haciendo gala de una mala praxis, plagada de intereses políticos e irregularidades, los detuvieron y encarcelaron.
El de los generales, el de las demandas contra los productores de Presunto culpable, el de miles y miles de mexicanos que están en la cárcel por la corrupción y negligencia de las autoridades, son casos que evidencian lo fácil que es vulnerar la justicia en México.
Hay desequilibrios alarmantes en los procedimientos, pues la justicia no es referente para contener los abusos de políticos, gobernantes y otros grandes delincuentes. O simplemente el de ciudadanos que, con un poco de dinero, puede comprar a policías y jueces e inculpar a inocentes.
En el caso de los generales quedan muchas preguntas por responder y la PGR debe ahora perseguir, hasta sus últimas consecuencias como dice, a quienes armaron este teatro. Si no, de nuevo, todo quedará en la anécdota y en otro ejemplo de impunidad, de lo fácil que es –a todos los niveles– quebrantar la ley en este país.
¡Feliz fin de semana!
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