Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 13 de julio de 2013

Rumbo al EPU- Soberanía y espionaje; respuesta iberoamericana- El llano en nylon

Rumbo al EPU
Miguel Concha
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) del Sistema de Naciones Unidas. Empezó en 2008 y terminó el año pasado una primera revisión de la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU. Tiene entre sus objetivos revisar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los países en esa materia, así como evaluar los progresos y retos que cada uno registra. Para ello, la troika, conformada por tres naciones seleccionadas para preparar esta tarea, recibe y compila información proporcionada por el Estado que será examinado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por las organizaciones de la sociedad civil.
 
Actualmente está en curso la segunda ronda de revisión, y México, que por primera vez fue evaluado en 2009, será examinado por segunda ocasión en octubre próximo sobre la situación de las garantías fundamentales en el país y el cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron en la primera vuelta. Cabe subrayar que este nuevo mecanismo permite la revisión entre pares, es decir, que son los mismos estados parte los que evalúan el trabajo de determinado país. En 2009, el grupo de trabajo que revisó al Estado mexicano emitió 91 recomendaciones, de las cuales ocho fueron rechazadas con el argumento de que ya se estaban aplicando acciones para resarcir los errores y omisiones en esos temas. No se entiende entonces por qué el gobierno ha incumplido las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre cinco casos de violaciones a las garantías realizadas por el Estado mexicano.

Ante este importante mecanismo internacional de revisión, organizaciones de la sociedad civil han elaborado una serie de informes sombra que permiten hacer contrapeso a la opinión que el gobierno mexicano tiene sobre su gestión en materia de derechos humanos. Este tipo de informes adquieren gran relevancia por la falta de mecanismos oficiales de seguimiento a las recomendaciones hechas a México, y debido al reto que se tiene para integrar a la sociedad civil en el proceso de evaluación periódica sobre la situación de derechos humanos ante la ONU. A juicio de los grupos civiles, ¿cuáles son los puntos que desde 2009 están pendientes? Se tendría que comenzar señalando que el Estado mexicano no ha cumplido con sus tareas en materia de fuero militar, pues hasta la fecha se ha visto impedido un recurso legal efectivo que permita juzgar en tribunales civiles a militares responsables de violaciones a derechos humanos, con lo que ha prevalecido la impunidad.

Otro de los puntos tiene que ver con los delitos del pasado, pues pareciera que para los gobiernos este es un tema de menor importancia, y por ello estas graves violaciones a las garantías fundamentales se mantienen en una situación de excepción. Lo mismo hay que decir en relación con el tema del arraigo, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia lo había declarado inconstitucional, y de que nueve mecanismos internacionales han recomendado su eliminación de la Constitución y de las prácticas de investigación, éste se encuentra aún enquistado en el sistema judicial mexicano. Otro tema pendiente tiene que ver con la tipificación del delito de delincuencia organizada, pues México no ha logrado armonizar sus definiciones con la Convención de Palermo.
 
A cuatro años del primer examen periódico, México guarda una situación todavía más grave en materia de garantías fundamentales. En efecto, de acuerdo con uno de los informes presentados por la sociedad civil, el elaborado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, en conjunto con más de 30 organizaciones, el EPU en su segunda vuelta encuentra a México envuelto en un clima de violencia generalizada y en medio de una continua militarización, de asesinatos que oscilan entre 60 mil y 100 mil, de una fuerte criminalización de la protesta social, de cientos de miles de personas desplazadas y de periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados. Por ello, sin reparo, las organizaciones aseguran que México enfrenta un deterioro en materia de derechos humanos. Reconocen, sí, la trascendencia de la reforma constitucional en la materia realizada en junio de 2011.
 
Sin embargo, señalan la gravedad de iniciativas al interior del Congreso que pretenden revertirla, así como que la armonización de la legislación local tiene pocos avances. Asimismo, hacen evidente que en México se carece todavía de mecanismos adecuados para acceder a la justicia y reparar los daños en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que conlleva la falta de garantías del derecho de las comunidades al consentimiento previo, libre e informado en la aplicación de megaproyectos que, como se ha visto, generan un incremento alarmante de comunidades desplazadas, negación de un nivel de vida digno y alejado de contextos de miseria, ausencia de garantías de derechos culturales, y daños graves al medio ambiente.
 
Es urgente que en estos foros internacionales se inste al Estado mexicano a buscar por todos los medios la erradicación de la tortura y la tipificación correcta en los códigos penales federal y locales de la desaparición forzada. Temas de esta envergadura, y muchos otros que por espacio ahora no mencionamos, hacen visible que las organizaciones civiles están dando un cabal seguimiento a este proceso, y que su informe dista mucho de los datos que puedan proporcionar los diversos órganos del Estado mexicano. Las organizaciones insisten en la necesidad de que el gobierno dé a conocer cuanto antes el informe que presentará a las Naciones Unidas, que tiene como límite el próximo 22 de julio, pues a la fecha ninguna de las organizaciones que han hecho interlocución con organismos internacionales tienen claridad sobre los mecanismos de participación que supuestamente aplicó el gobierno para el EPU. Para conocer en cambio los informes de la sociedad civil, puede uno remitirse al sitio epumexico.wordpress.com
FUENTE LA JORNADA OPINION
 
Soberanía y espionaje; respuesta iberoamericana
Enrique Calderón
Luego de asistir a una reunión de jefes de Estado de los países productores de gas natural realizada en Rusia, el presidente constitucional de la República de Bolivia inició el regreso a su país, y se vio obligado a aterrizar en un aeropuerto de Austria, en virtud de que los gobiernos de Italia, Francia, España y Portugal negaron el permiso para que el avión boliviano que lo transportaba cruzara su espacio aéreo, para continuar el viaje a su destino siguiendo la ruta natural previamente definida.
 
El hecho de que se negara a un jefe de Estado el paso aéreo por naciones con las cuales tanto su país como su gobierno es reconocido como tal, constituye un agravio mucho más grave que el cometido por Vicente Fox con Cuba, con su célebre comes y te vas dirigido a Fidel Castro, sin importar su presencia como jefe de Estado de una nación reconocida como tal por el gobierno mexicano, hecho al que los medios de comunicación nacional trataron de restar importancia, pero que fue motivo de descrédito para nuestro país ante la comunidad internacional.

Mucho se comentó entonces esa pifia, aduciendo las conocidas limitaciones intelectuales de Fox, pero este no es el caso de lo sucedido al presidente constitucional de Bolivia, porque su comisión por parte de los gobiernos mencionados parece reflejar las viejas ideas europeas de superioridad y dominio, por encima de las leyes que debieran entender y respetar. El hecho de que la virtual detención del mandatario haya durado 11 horas y que en ese lapso funcionarios austriacos y un diplomático español hubiesen intentado inspeccionar el aparato, con la finalidad de cerciorarse de que en el mismo no viajaba un supuesto prófugo de quién sabe qué justicia, despeja cualquier duda sobre una posible confusión de esos gobiernos, y al mismo tiempo indica con claridad las ideas que tienen sobre la soberanía cuando se trata de países a los que consideran inferiores.

Porque podríamos preguntarnos si esos gobiernos habrían hecho lo mismo con el avión de Obama, de Putin o de la reina Isabel, aun sabiendo que en ese avión viajara alguno de los terroristas pagados para desestabilizar otras naciones. ¡Desde luego que no! Y entonces cabe la pregunta sobre cuál fue la motivación para cometer esta grave ofensa contra Bolivia, contra el pueblo boliviano y contra Iberoamérica en su conjunto.

Una posible respuesta son las semillas de odio y racismo que han caracterizado a gobiernos europeos por siglos, y que si bien parecían dispuestos a superar con la creación de la Comunidad Europea, hoy parecen ratificar con sus acciones, no obstante los fracasos que han venido acumulando en los últimos años y la condena mundial que ha tenido el racismo.

Otra posible razón, un poco más elaborada, puede darse en los viejos sueños colonialistas que tan buenas cosechas han podido obtener de nuestro continente, al igual que del continente africano, tal como están descritos en la obra maestra de Vargas Llosa El sueño del celta, aventuras que hoy parecen difíciles de ser instrumentadas ante la presencia de la nueva casta de líderes sudamericanos que incluye a Evo Morales, Hugo Chávez y al nuevo mandatario de Venezuela, así como a Lula da Silva, de Brasil; a Néstor y Cristina Kirchner, de Argentina; a José Mujica, de Uruguay; a Rafael Correa, de Ecuador; a Daniel Ortega, en Nicaragua, y, por supuesto, al gran líder iberoamericano Fidel Castro, cuyas gestiones están convirtiendo en realidad la conformación de un bloque regional latinoamericano inspirado en el sueño de Bolívar. Una región digna que busca se reconozca su lugar y sus derechos en el contexto mundial. En este sentido, las acciones de los gobiernos europeos mencionados podrían estar reflejando su enojo ante las dificultades que estos líderes les representan, para seguir viendo a nuestro continente como un botín puesto a su disposición.
 
Una tercera posibilidad, nada despreciable, ya mencionada por Cuauhtémoc Cárdenas, es que se trate de un simple acto lacayuno hacia el gobierno de Estados Unidos, que ha externado su enojo y voluntad de castigo hacia uno de sus agentes secretos, ante el hecho de que ese agente hubiese revelado algunas acciones de espionaje a gobiernos con los que supuestamente la administración estadunidense sostiene relaciones diplomáticas, políticas y comerciales de buena voluntad, incluyendo desde luego a los países iberoamericanos.
 
Pero es claro que no se trata de un acto de traición de ese agente a su país por razones de carácter comercial (venta de información), sino de un acto de conciencia al verse inmerso en actos indebidos realizados por su gobierno; por ello es que varias naciones le han ofrecido asilo político de acuerdo con las leyes internacionales, y siendo este el caso, aun si este agente hubiese viajado como pasajero en el avión boliviano, la sola voluntad del presidente constituye un acto de soberanía ejercido por esa nación, de manera que las pretensiones de revisión del aparato y del impedimento para continuar su vuelo no admiten justificación alguna. Así, estos lacayos parecen no haber comprendido de la historia que quienes exhiben ese comportamiento para congraciarse con sus amos sólo reciben como recompensa el seguir siendo tratados como lo que son: ¡lacayos!
 
La respuesta serena y coordinada de los jefes de Estado sudamericanos, para la continuación del viaje del presidente Morales, constituye un ejemplo de dignidad y solidaridad con el gobierno de Bolivia, que debe ser refrendado por la comunidad toda de las naciones del continente.
 
En este sentido, la posición asumida por el gobierno mexicano de sólo lamentar el hecho resulta lamentable y una muestra de que lejos de rescatar la imagen de nuestro país en el contexto internacional, el gobierno actual de Enrique Peña Nieto parece seguir las mismas políticas de sometimiento tristemente exhibidas por los gobiernos panistas de los dos últimos sexenios; hago votos porque el mensaje de Cárdenas tenga un efecto positivo de cambio en la política exterior que México necesita para ser respetado y bienvenido en la nueva comunidad latinoamericana en proceso de gestación.
Enlaces:
FUENTE LA JORNADA OPINION
 
El llano en nylon
Silvia Ribeiro *
Arde el llano en llamas, herido por la codicia de trasnacionales como Monsanto, Nutrilite y empresas de producción de hortalizas con cínicos nombres como Desert Glory y Bioparques, cuyos viveros de plástico y su contaminación se extienden más allá de donde alcanza la vista. Si Juan Rulfo escribiera, ahora lo llamaría el llano en nylon, dicen los comuneros de San Isidro, Jalisco, que tercamente insisten en la lucha por su tierra. Los nombres cambiaron, las heridas siguen abiertas. Apenas en junio de este año, 275 jornaleros –hombres, mujeres, niños– fueron liberados de la esclavitud a la que los sometía Bioparques de Occidente, empresa que desde 2010 recibió 10 millones de pesos en subsidios estatales y federales y hasta certificación de empresa socialmente responsable (La Jornada, Proceso, junio 2013).
 
Atravesando el llano, el sol cae a plomo en el camino hasta el ejido San Isidro, donde refresca la calidez de los comuneros y comuneras que se afanan en ofrecer lo mejor de sí a los participantes de la preaudiencia Territorios, subsistencia y vida digna, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionó allí del 28 al 30 de junio.

Entre 23 casos y testimonios de varios estados del país, denunciando entre otros los impactos de la devastación ambiental, supervías, minería, maíz transgénico, violencia obstétrica y de género, despojos de empresas y gobiernos; San Isidro presenta su historia. Tienen una resolución presidencial de dotación de tierras ejidales desde 1939, pero las autoridades nunca le entregaron 280 hectáreas. Han sufrido manipulaciones, artimañas leguleyas de los ex hacendados, ocupación de empresas que aprovechan el conflicto y la colusión entre funcionarios del gobierno estatal y secretarías federales. Aunque no había validez jurídica para operaciones de compraventa, la empresa Nutrilite, subsidiaria de la trasnacional Amway, se posesionó de esas 280 hectáreas, para producción hortícola de exportación, en el llamado rancho El Petacal, que vende como producción orgánica. Los comuneros de San Isidro denuncian que desde la instalación de Nutrilite, han secado diversidad de árboles, “órganos, guamúchiles, mezquite, nopal… no había fronteras, toda la gente gozaba los frutos. Arrasaron con todo, acabaron con los animales: la malcoa, víbora, camaleón, iguana, ardilla, codorniz, conejo, liebre, coyote, tejón. Se apropiaron del agua de las presas que abastecían la región y destruyeron la red de agua potable sustituyéndola por pozos de agua de mala calidad.”

El llano en llamas, la tierra que nadie quería, ahora la disputan empresas para producción en viveros, por la estabilidad de temperatura y la falta de lluvia (prefieren regar dentro los viveros, abusando las fuentes locales del líquido). Por ello, continúa el testimonio de San Isidro, después de Nutrilite llegaron otras empresas, todas con impactos graves en el ambiente y las comunidades de la región. Empresas que manejan tecnología de punta, a base de despojo, de explotación, hasta esclavos como en Bioparques.
 
Otro caso cercano llega a la preaudiencia como denuncia anónima, porque se sienten amenazados. Se trata de una instalación de Monsanto en El Petacal, donde producen semillas de hortalizas, también en viveros, con alto uso de agrotóxicos. Como el negocio es vender semilla, el resto de frutas y hortalizas las descartan en pilas que se pudren generando una plaga infernal de moscas y enfermedades a los vecinos, o en el arroyo, contaminándolo y con olor nauseabundo. Además, agregan en su denuncia, los viveros están a pocos metros de una guardería infantil donde usan químicos continuamente; las enfermedades de los niños van en aumento.
 
Pese a estos y otros horrores, los que traen los casos a esta audiencia siguen resistiendo y contagian. Más que resistir, afirman la defensa de la vida comunitaria, la lucha por el territorio y todo su entorno, por su derecho a decidir y mantener las bases de su sustento. Por ejemplo, los colectivos de jóvenes Caracol Psicosocial y Juxmapa de Palos Altos, Jalisco, la mayoría aún en secundaria, presentaron un detallado testimonio de cómo los jóvenes del medio rural son compelidos a dejar el campo, cómo la educación formal avasalla los saberes de sus comunidades, cómo lo que les ofrecen para su futuro es migrar, estudiar una carrera para salir del campo, hacer carrera política para ganarse algún cargo, o dedicarse al narcotráfico. Pero reivindican con argumentos y entusiasmo ante el tribunal su derecho a quedarse en el campo, a sus culturas y a otra educación, a la producción sin transgénicos, sin agrotóxicos, con sus propias semillas. Junto a Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Yo soy 132 Ambiental y otros, planean una pre-audiencia de jóvenes, transversal a todos los temas del TPP en México.
 
La lucha de la comunidad de San Isidro que lleva más de 70 años, atraviesa varias generaciones y no se explica por 280 hectáreas de tierra, sino porque son parte de algo muy profundo, del derecho a ser pueblos campesinos, a tener asambleas para decidir sobre los bienes comunes, a cuidar y compartir los medios y fuentes de la subsistencia, a la vida digna. Además del mapa de abusos que va constituyendo el expediente general de acusación del TPP capítulo México, el dictamen de esta preaudiencia, elaborado por Jean Robert (Suiza), Fernanda Vallejo (Ecuador), Dora Lucy Arias (Colombia) y Alfredo Zepeda (México), reconoce esta actitud como una particularidad de los pueblos en México, esencial para recuperar el derecho a la subsistencia de todos.
* Investigadora del Grupo ETC
FUENTE LA JORNADA OPINION

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