Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 31 de enero de 2013

Impiden PRI y PVEM que consejeros del IFE comparezcan por ‘Monexgate’

Impiden PRI y PVEM que consejeros del IFE comparezcan por ‘Monexgate’

Leonardo Valdés Zurita; Alfredo Cristalinas, director de fiscalización; y Jacobo Molina, secretario. Foto: Benjamin Flores
Leonardo Valdés Zurita; Alfredo Cristalinas, director de fiscalización; y Jacobo Molina, secretario.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Legisladores de PRI y PVEM evitaron que el Poder Legislativo discutiera la destitución de Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización de órgano electoral, así como someter a juicio político a los nueve consejeros electorales y que éstos comparecieran ante la Comisión Monex para que argumenten por qué exoneraron al PRI en este caso.
En nombre de su bancada y con el respaldo del PRD, PT y MC, el panista Fernando Rodríguez Doval presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para remover a Cristalinas por no haber realizado un análisis exhaustivo del Monexgate y generar más suspicacias que respuestas.
Para los panistas, “la certeza y autenticidad de las elecciones quedaron en entredicho, cuando el IFE resolvió que no existían actos ilícitos por parte del PRI en lo relativo al financiamiento de su campaña electoral”.
Rodríguez Doval recordó que en la indagatoria de Cristalinas, misma que fue respaldada por cinco de los nueve consejeros, se generaron más dudas que certeza. Por ejemplo, sostuvo el diputado panista, no se aclaró cuánto dinero se encontró en los fondos paralelos que financiaron la campaña, no se explica quiénes fueron las personas físicas y morales que hicieron los depósitos en las empresa intermediarias, menos aún se detalló si éstas tienen o no relación con el PRI.
En la discusión, Ricardo Monreal, diputado por el PT, propuso otro punto de acuerdo en el que solicitó que se someta a juicio político a los nueve consejeros del IFE por violar, a juicio del legislador, la Constitución de la República al haber afectado el principio de imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
El panista Rodríguez Doval comentó en relación a las preguntas que no respondió Alfredo Cristalinas en su dictamen, que éstas no fueron solventadas por la autoridad electoral en dichas resoluciones y continúan generando suspicacias en la opinión pública, así como una falta absoluta de certeza en la revisión de la fiscalización de la campaña presidencial del PRI.
Luego, propuso en su punto de acuerdo que los nueve consejeros electorales “comparezcan”, en comisiones unidas de Gobernación y Monex para que argumenten por qué exoneraron al PRI.
“Respetamos la autonomía del IFE… y precisamente porque es un órgano público y está sujeto al control constitucional, no puede estar ajeno a este marco de rendición de cuentas que cualquier institución política debe de rendir a los ciudadanos; por lo tanto, también debe tener pesos y contrapesos, y tener también sus controles”, dijo desde tribuna.
Además, pidió que el IFE remita en copia certificada todo el expediente de la investigación sobre el Monexgate, “pues el día de hoy no conocemos el origen de esos recursos porque, simple y sencillamente, no está demostrado de dónde salieron, tampoco está demostrado en qué se emplearon esos recursos y seguimos sin tener la certeza del destino que tuvieron”.
La senadora panista Mariana Gómez del Campo recordó que “en ninguna auditoría o proceso de fiscalización es permisible que no se conozca el origen de los recursos o que queden en duda la comprobación de dicho ejercicio de recursos. ¡No puede quedar impune un acto ilegal!”.
Para argumentar la poca credibilidad que ha generado la resolución del IFE, el panista Fernando Rodríguez Doval recordó que ni siquiera los consejeros electorales quisieron discutir este miércoles el proyecto de dictamen que elaboró Cristalinas en relación con los topes de gastos de campaña presidencial. Ellos mismos, comentó, desconfían del informe.
El Consejo General del IFE tenía programado aprobar o rechazar este miércoles el dictamen elaborado por Alfredo Cristalinas en relación con estos gastos. Sin embargo, pospuso el análisis hasta la próxima semana.
En su turno, Ricardo Monreal, del PT, se refirió también a este dictamen sobre el tope de gastos de campaña, en el que se establece que el PRI y el PVEM nunca llegaron siquiera al tope permitido, pues les faltaron ocho millones de pesos para rebasarlo, en tanto que a la coalición del PRD, PT y MC que postuló a Andrés Manuel López Obrador, se dice que sí superaron el tope y pretende imponerles una sanción de 129 millones de pesos.
Luego de calificar como “kafkiana” la resolución, Monreal dio ejemplo de algunos casos en que Alfredo Cristalinas avaló lo reportado por el PRI:
“En el evento del estadio Azteca realizado por Enrique Peña Nieto, el PRI reporta un gasto de 20 mil pesos cuando ahí llegaron más de mil autobuses.”
Otro más, dijo, en el cierre de campaña en Toluca, la dupla PRI-PVEM reportó haber gastado 15 mil pesos.
“¿A quién quieren engañar? ¿Cómo permitimos que nos engañen y que estos señores todavía se manejen con la actitud de respetables? Hay que decir lo que son: burladores de la ley, cínicos, simuladores, traidores a la democracia”, dijo Monreal.
El panista Juan Francisco Cáceres de la Fuente aprovechó para descalificar al consejero electoral Sergio García Ramírez, quien hasta fue “precandidato presidencial del PRI”.
Inicialmente García Ramírez no participó en la discusión del Monexgate pero cuando se empató la votación apareció intempestivamente en la sesión para inclinar la balanza en favor del PRI y con ello evitó la aceptación de un financiamiento paralelo.
“Lo que está de por medio es la legitimidad de la elección, pésele a quien le pese. Para nosotros Peña Nieto es el presidente de los mexicanos, estamos claro en eso, eso no está en discusión; pero nos interesa tener un presidente que sea legítimo y en estos gastos pareciera que la elección no lo fue”, agregó Cáceres de la Fuente.
Durante el debate de las propuestas de puntos de acuerdo, los legisladores de PRI y PVEM nunca participaron, sólo lo hicieron para evitar, con sus votos, que en ese momento se decidiera la remoción de Cristalinas, la comparecencia de los consejeros ante la Cámara de Diputados y el posible juicio político en contra de éstos.
Con el voto de estos dos partidos, juez y parte en los temas, las propuestas fueron enviadas a la Comisión de Gobernación para que, en algún momento se lleven a tribuna.

Fonda "La Chayito"

La discusión de Reforma Energética, aunque vaya para septiembre, marca ritmo en Congreso de la Unión

La discusión de Reforma Energética, aunque vaya para septiembre, marca ritmo en Congreso de la Unión

Ciudad de México, 31 de ene (SinEmbargo).- La agenda del Congreso de la Unión en su segundo periodo ordinario estará limitada por los compromisos del Pacto por México, avalado por las dirigencias de los principales partidos políticos. Sin embargo, los líderes parlamentarios de PRI, PAN y PRD han reiterado que privilegiarán sus propios temas.
A estos puntos, como la deuda de los estados y municipios, telecomunicaciones, sistema hacendario, transparencia, transparencia electoral y combate a la pobreza, entre otros, se sumarán los estudios preliminares de la Reforma Energética, pues de concretarse se requerirían modificaciones legales que impulsen la asociación privada en procesos secundarios de la industria petrolera, garantizando la propiedad del petróleo para la Nación, así como la exploración y producción de hidrocarburos, y la explotación de gas seco o no convencional que permitan la reducción de precios de la energía eléctrica, todo esto a iniciativa de legisladores del PRI y PVEM.
Si bien esta Reforma Energética será presentada hasta septiembre, de acuerdo con el calendario del Pacto por México, su discusión marcará el ritmo y prioridad del resto de iniciativas previstas para el primer semestre del año, convirtiéndose desde ahora en moneda de cambio o presión entre las mismas fuerzas políticas.
La Reforma Energética fue presentada en el Pacto por México. Foto: Cuartoscuro
Tras participar ayer en la segunda reunión plenaria de los diputados priistas, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se negó a adelantar en que consistirá la propuesta energética. Dijo que el texto está en proceso de construcción. “Lo que tenemos de la Reforma Energética es lo que está establecido en el Pacto por México y que ustedes conocen, que va en el sentido de convertir a Pemex en una empresa productiva, de fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de estimular más competencia en el sector petroquímico y de posibilidades de asociación de Pemex; pero los detalles de esta reforma no podremos proporcionarla hasta que pueda ser presentada a consideración del Congreso de la Unión”.
La contrapropuesta ya fue difundida por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos diputados resolvieron en su reunión plenaria calificar como una violación al propio Pacto por México adelantar la discusión de la reforma energética antes de septiembre de este año. “Si revisan el calendario van a encontrar que para este periodo se prevé la revisión de la iniciativa en materia de deuda de los estados y municipios y también el caso de telecomunicaciones”, explicó Silvano Aureoles Conejo, coordinador en San Lázaro.
Otra de las reformas que saldrán a la luz durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, que abarcará del 1 de febrero al 30 de abril, será la minuta que reformará la ley del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, la cual se encuentra en este momento en los escritorios de los diputados.
Corresponderá a la Cámara baja aprobar enmiendas ya avaladas en la Cámara alta en diciembre del año pasado, como homologar los lineamientos de los órganos de transparencia locales. Por lo pronto, el PAN se ha pronunciado a favor de la demanda ciudadana de fortalecer al IFAI al dotarla de mayor autonomía.
“Para nosotros es fundamental que el derecho que tienen los ciudadanos a la transparencia, que el derecho que tienen los ciudadanos a conocer y a tener la información pública de cómo, cuándo, quiénes gastan los recursos de sus impuestos sea público y de que evitemos la opacidad y ahí también nos queda muy claro que para el PRI es muy incómoda esta realidad”, señaló el coordinador parlamentario del pAN en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal.
En la agenda legislativa subordinada al Pacto por México se encuentran también reformas en materia financiera para hacer más accesible el crédito para las pequeñas y medianas empresas.
También en la reunión plenaria de los diputados priistas, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseveró “en este periodo ordinario de sesiones -y así está previsto en el Pacto por México- habremos de trabajar en lo que será una iniciativa de reformas en materia financiera para hacer más accesible el crédito, abaratarlo, particularmente para las pequeñas y medianas empresas”.
Se trata de transformar al crédito bancario en palanca de desarrollo de hogares y empresas, al cambiar el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten dinero con intereses razonables.
También está pendiente de discusión una reforma en materia de Telecomunicaciones, la cual tiene un carácter inmediato en el Pacto por México. Tiene como objetivo fundamental introducir mayor competencia en todos los segmentos que componen a la industria de las telecomunicaciones, y facilitar el acceso a la tecnología de la información y la banda ancha a quienes estudian y trabajan.
Estos temas específicos y la gran mayoría de los 95 compromisos del Pacto por México requerirán una reforma hacendaria integral que dote los recursos económicos suficientes para ponerlos en práctica. Parte del debate de la reforma hacendaria se centrará en la demanda empresarial de gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas. Propuesta que, por ahora, han rechazado tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el PRD.
En su reunión plenaria, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su coordinador parlamentario, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que la aprobación de las reformas energética como hacendaria, requerirán la revisión de los estatutos partidistas del PRI, a fin de promover la modernización del país delineada desde Los Pinos, aunque eso signifique modificar sus documentos básicos.
“Somos un partido progresista que deberá descubrir que las oportunidades en el mundo no pasan por encima del pensamiento y las ideas concretas que tiene nuestro instituto político”.
Los partidos de izquierda han dicho categóricamente que rechazarán cualquier propuesta tendiente a gravar con IVA los productos de primera necesidad.
Con la sola discusión de estos temas se agotará el tiempo para debatir la agenda de los propios partidos políticos, que incluyen propuestas para resolver los problemas de endeudamiento de estados y municipios, en materia de derechos humanos, desarrollo social y competitividad, pues el periodo de sesiones abarcará solo tres meses de este año.

PRI, PAN Y PRD DIALOGARÁN PARA CONFORMAR AGENDA LEGISLATIVA

PAN PRIORIZA TRANSPARENCIA ELECTORAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRD INCLUYE REFORMAS AL DF Y AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

NO HABRÁ RESCATE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS: GAMBOA Y VIDEGARAY

EPN : “NUNCA HE HABLADO DE ‘PRIVATIZAR PEMEX

Serbia vive escándalo por broma al primer ministro al estilo de “Bajos Instintos” (VIDEO)

Serbia vive escándalo por broma al primer ministro al estilo de “Bajos Instintos” (VIDEO)


Belgrado, 31 ene (EFE).- Serbia vive sacudida por el escándalo provocado por una broma televisiva sufrida por el primer ministro, Ivica Dacic, en la que una entrevistadora imita una escena de la película “Instinto Básico”, en la que la actriz Sharon Stone cruza sus piernas sin ropa interior.
Dacic acudió la noche del lunes al programa “Misión imposible”, de la televisión Kopernikus, para una entrevista política que se convirtió en una encerrona para observar cómo se comportaba ante una antigua modelo de 36 años, con un ajustado vestido, que interpretó el papel de periodista.
En el video difundido por el canal se observa cómo el equipo del programa prepara los detalles y cómo la falsa periodista se quita la ropa interior antes del comienzo de la entrevista.
Durante la posterior conversación, se contraponen planos del sorprendido rostro de Dacic cuando ella cruza las piernas.
Ivica Toncev, consejero de Dacic para la seguridad nacional, informó de que se ha iniciado un procedimiento para que se castigue a los responsables del programa por abusar de la confianza del primer ministro.
“El caso será investigado”, declaró hoy Toncev al diario “Blic” y señaló que el vídeo difundido “se burla de Serbia, y no del primer ministro”.
Aseguró que “el Gabinete del primer ministro no permitirá que eso pase sin sancionar” a los que violaron la ley y los códigos periodísticos.
Toncev sostuvo que los responsables del programa abusaron de la confianza y trato amistoso que el primer ministro tiene con los medios de comunicación, y que algo así “no volverá a ocurrir nunca más”.
La polémica ha sido ampliamente tratada en la prensa serbia, los sindicatos de la policía pidieron que se depurasen responsabilidades entre los encargados de la seguridad de Dacic y una asociación de periodistas condenó “la provocación grosera e inaceptable” a la que se le expuso.
“Misión imposible” es un programa que incluye bromas con “cámara oculta” que se emite desde hace varios años, y, según coincide la prensa, el primer ministro no sabía de qué tipo de programa se trataba cuando entró en la televisión para la entrevista.EFE

ASTILLERO- México, país disonante- Pemex y el nuevo PRI- Privatizar y modernizar

Astillero
SME: portazo judicial
Negociar con Bucareli
Lázaro no anda
Descarta embajada
Julio Hernández López
Foto
DEBATE EN EL IFAI. Los comisionados Ángel Trinidad Zaldívar, Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Felipe Laveaga y María Elena Pérez-Jaen, al terminar la sesión del instituto este miércoles, en sus nuevas instalaciones
Foto Carlos Cisneros
 
La resolución de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja a los trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas en un desamparo jurídico que ahora habrá de derivar hacia Los Pinos y Bucareli, en un desventajoso plano de negociaciones netamente políticas.
 
Un tribunal colegiado de circuito había otorgado el recurso de amparo a los trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad asumiera responsabilidades laborales como patrón sustituto pero ayer, por unanimidad, los ministros integrantes de la segunda sala de la Corte revocaron aquella decisión, establecieron que no hay tal suplencia patronal y dejaron como único camino jurídico para los electricistas el cobro de sus liquidaciones.
 
Aun cuando el golpe al SME forma parte del conjunto de excesos cometidos por el calderonismo, en esta ocasión no hubo las rectificaciones que el peñanietismo ha impulsado en otros casos (el de Cassez, en la propia Corte; el de los generales, a través de la PGR), de tal manera que en términos jurídicos acabaron triunfando las posturas del propio Calderón y de su secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón.
 
El desenlace agrava un problema social y aviva la frustración y enojo de quienes se han sostenido en pie de lucha hasta ahora. La dirección de ese movimiento requiere más que nunca de serenidad y madurez para no permitir que, sembrada o genuina, aparezca la violencia. Especial cuidado debe haber respecto a la marcha que se ha anunciado para hoy, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital del país.
 
Aun cuando ayer mismo se informó a los electricistas en resistencia que se explorarán alternativas internacionales en busca de justicia, el cauce más inmediato estará en las pláticas que antes del resolutivo de la Corte ya había adelantado la directiva del SME que se establecerán con la nueva administración federal, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la cabeza, según esa versión. Un movimiento reivindicatorio, como el del SME, debe establecer negociaciones con los poderes que pueden dar respuesta a sus reclamos, por lo cual la directiva sindical ha tenido acercamientos con el priísmo peñanietista desde antes de las pasadas elecciones presidenciales.
 
En estricto sentido, a Los Pinos le favorece en terrenos pragmáticos la resolución de la Corte, pues podrá proponer ciertas formas de auxilio al SME que en dado caso reditúen ganancia política al priísmo gobernante y presenten al emblema mexiquense como un personaje dispuesto a buscar salidas condicionadas y menores a un problema que él no creó. Quienes han maquinado las jugadas políticas del peñanietismo federal podrían buscar fórmulas compensatorias. Con una victoria judicial en sus manos, el SME sería una consolidada y persistente piedra en el actual zapato gobernante. En cambio, con una definitoria resolución adversa, Bucareli y Los Pinos podrán negociar en condiciones marcadamente dominantes.
 
Lázaro Cárdenas Batel descartó el planteamiento de ser embajador del gobierno peñista en Cuba. Lo hizo luego de que durante semanas se mencionara esa posibilidad en el ámbito gubernamental e incluso se publicara en portales informativos de Internet. Con los relojes políticos anteriores a Internet solía decirse que 24 horas era demasiado tiempo, pero en la era de la inmediatez electrónica el ex gobernador de Michoacán tardó más que eso (casi dos días) para fijar postura respecto a la nota publicada en este periódico (de la que ya había un adelanto en la página de Internet del día anterior) en la que con base en fuentes oficiales se confirmaba el envío de LCB a La Habana.
 
Luego de abundantes críticas y señalamientos (el Astillero del martes habló del Cárdenas legitimador http://bit.ly/VokspC, en un análisis que sigue en pie, si acaso con ajenas complicaciones de organigrama a última hora), Cárdenas Batel emitió una breve carta informativa (http://bit.ly/-WS0qW9) cuya esencia conceptual se reduce a esta frase: No hay tal cosa, en referencia a que lo habían confirmado como embajador.
 
En el marco de confusión y recelo que ha causado el pactismo de cierta izquierda con el PRI y EPN, hubiera resultado muy positivo que LCB fijara términos inequívocos de deslinde respecto al peñismo y que despejara sin sombra de duda cualquier posibilidad de posterior entendimiento o colaboración. Por lo pronto, sólo queda como certeza la volatilidad del presente que, como podría demostrarlo Pero Grullo, es cambiante: (hoy) no hay tal cosa, ¿mañana sí podría haber alguna cosa? (A propósito de perogrulladas, cuya pálida adaptación local podrían ser las frases del Filósofo de Güemez, es de recordarse una de las escritas por Francisco de Quevedo en 1622: Se volará con las plumas,/ andarase con los pies;/ serán seis dos veces tres/ por muy mal que hagas las sumas http://bit.ly/WyBjcX )./
 
¡Uf: qué alivio! Ante una distinguida concurrencia, comprometida con la verdad y la justicia e integrada por diputados del PRI y el Verde Ecologista, el licenciado Peña Nieto ha hecho saber con todas las letras de una especie de teleprompter salido de un corazón nacionalista que es mentira que la reforma energética pretenda privatizar Pemex. Luego de desahogar tan confiable compromiso hubo quienes se preguntaron si el enunciado del entusiasta lic. no estaría confundiendo el significado de las siglas Pemex, como en el caso del Ifai.
 
A propósito del lamentable manejo del quienes por parte de un tecleador astillado para tratar de encubrir su anterior observación de mala leche sobre el desconocimiento institucional de siglas, ha de acogerse al buen uso que, en cambio, hizo ayer mismo el antedicho licenciado en derecho al acusar, obviamente sin mencionarlos, a quienes pretenden engañar a la sociedad propagando que sí hay propósitos privatizadores respecto al Ifamex, perdón, al PemAI; es decir, a Pemex. Hubo una segunda referencia difusa: nos hemos ocupado en reiteradas ocasiones de tener que reafirmar (que no habrá privatización) por aquellos que pretenden engañar o confundir. ¡Hasta mañana!
México, país disonante
Adolfo Sánchez Rebolledo
Sin buscar explicaciones enrevesadas, es obvio que México vive inmerso en una suerte de disonancia permanente. Existe, por decir lo menos, una grieta enorme entre lo que la gente percibe, siente o piensa y las razones que las autoridades (de cualquier tipo) aducen para justificar determinadas conductas o actuaciones.
 
Pongamos por caso, la aplicación de la ley. ¿Puede haber para los mexicanos algo más intrínsicamente engañoso o contradictorio que la justicia? Se presume que vivimos en un estado de derecho, pero buena parte de la población –y no necesariamente sólo la más iletrada– desconfía de la imparcialidad de los jueces y agentes del Ministerio Público pues supone que detrás de cada acusación o cada fallo hay un interés particular, concreto y medible, pero finalmente ilegítimo. La legalidad funciona, se da por sentado, para quien puede comprarla, como si fuera una mercancía más.

La impunidad es la regla de oro que mantiene en orden las piezas del rompecabezas, tan estrechamente asido a las redes del poder, a la desigualdad como expresión permanente de una sociedad rota y enfrentada a sí misma. Esa idea, favorecida por la telaraña de corruptelas que anuda espacios considerables de la vida pública, es tan fuerte y está tan arraigada que eliminarla parece una tarea titánica, incumplible en el lapso de una generación, sobre todo si al mismo tiempo no se reforman los cimientos mismos de la sociedad y si, en vez de promover una pedagogía de la legalidad, algunas figuras públicas e instituciones promueven la crispación y la duda, atizan la sospecha o parten de la ilusión formalista de considerar como dado el estado de derecho, cuando en el mejor de los casos se trata de una aspiración, de un objetivo a alcanzar y no de una realidad incuestionable.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación favoreció hace unos años la legislación que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, un cardenal salió a decir sin pudor (ni prueba alguna) que los magistrados fueron maiceados, como si poner en duda la verdad moral de una cierta confesión religiosa justificara la obvia difamación. Cada vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre un tema importante se cuestionan las intenciones secretas de los jueces, más que las razones jurídicas, normalmente aducidas, también hay que decirlo, sin interés de educar o subir la comprensión media del ciudadano. Paradójicamente, a los magistrados, vistos a partir del sentido común, se les presume puros, ajenos casi a la vida social (despersonalización a la que ellos contribuyen cada vez que se declaran blindados contra las presiones del mundo exterior), pero en cuanto surge una cuestión debatible todo se reduce a descubrir quién está detrás, a quién sirven, en ocasiones siguiendo preguntas nada ingenuas inscritas en el libreto que prescribe cómo hacer de estos bandazos de pasiones confrontadas un juego de presiones políticas a varias bandas, con lo cual se empobrece la escena nacional y se degrada la valoración de la acción de la justicia.
 
De ahí que a la hora de pensar en un acuerdo en lo fundamental, como diría en su tiempo Otero, lo primero que tendría que pactarse en serio y a fondo sería un piso común de respeto ante la ley y los mecanismos de aplicación de la justicia, mejorados y fiscalizados como es natural y necesario. Superar la corrupción, la colusión con los que pagan y mandan, en fin la mímesis con los delincuentes, es hoy un objetivo nacional.
 
¿Puede alguien asombrarse por la reacción ciudadana ante la liberación de la secuestradora Florence Cassez, cuyo caso se convirtió para el gobierno anterior en una cuestión de Estado (sin serlo, pese a las gesticulaciones ridículas de Nicolas Sarkozy), si el asunto del debido proceso irrumpe ante la opinión pública como si fuera una cortina de humo y no el corazón mismo de la justicia? Al parecer, también la Suprema Corte advirtió a posteriori que sus razones no eran lo suficientemente explicativas para satisfacer las inquietudes suscitadas y divulgó una definición que retomo de La Jornada: el debido proceso, escribe, “es el respeto a los derechos de una persona durante un juicio –incluso desde la propia averiguación previa–, plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, encaminados a la obtención de una resolución equilibrada y justa”.
 
Ese es el nivel en el que estamos. Naturalmente que en México, la promesa contenida en la oferta de debido proceso, suena a quimera, pues es sabido –y sufrido– el infierno al que se ven sometidos los presuntos culpables que pueblan las cárceles, muy a pesar de los avances logrados en materia de derechos humanos. Y, sin embargo, la exigencia de la aplicación estricta del debido proceso es una necesidad ineludible para resolver la trágica situación en la que se encuentran miles de detenidos arbitrariamente, sujetos a procesos que darían vergüenza en otros países. Rectificar en este sentido, hay que reafirmarlo, es la única garantía que tenemos para comenzar a ver el final del túnel, así moleste a los que han hecho de todo esto un mal espectáculo mediático.
 
PD. Seguramente el señor Cristalinas (así se apellida) tiene el tinglado muy en regla para demostrar la transparencia de sus asertos sobre las cuentas de las campañas presidenciales (o habrá que esperar a que los afectados recurran si es necesario al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Pero sus conclusiones no nos ahorrarán una nueva vuelta de tuerca a favor de la desconfianza que corroe a las instituciones, incluyendo al IFE. Exonera a quien se le atribuían los mayores excesos y se castiga al que hizo las mayores denuncias. Peligroso juego de espejos. La paradoja envenenada del señor Cristalinas, a querer o no, se instala en el juego político. El árbitro también quiere meter goles.
No es lo mismo que lo mesmo-Rocha
Pemex y el nuevo PRI
Javier Jiménez Espriú
El PRI modificará, dicen sus líderes nominales, los documentos básicos del partido, para estar en condiciones de entregar Pemex y el sector petrolero –o lo que falta– a la iniciativa privada nacional y extranjera. Esto, desde luego, no dicho con tal claridad, sino disfrazado de argumentos falaces, como: para modernizar al sector energético, ir a la pluralidad económica y otras lindezas de igual talante, y evitar la expresión vergonzante de: para adecuarlo a las instrucciones de la oligarquía mundial y nacional y a los compromisos adquiridos sin firma notarial.
 
“Sin que deje de ser nuestro –el petróleo–, lo podemos aprovechar a cabalidad, de forma eficaz y rentable (...) Es absurdo y oneroso, que hoy estemos exportando petróleo crudo a Estados Unidos y compremos gasolina” –¿y las refinerías, apá?–, dice el presidente del PRI, casualmente también ex gobernador del estado de México y, casualmente también, elegido democráticamente.

Y agrega: “Un partido debe tener ideología, pero ésta no debe rayar en el dogmatismo –pausa para asimilar la profundidad del pronunciamiento–. Tenemos una ideología robusta y queremos afirmarla y ponerla al día” –pausa ineficaz para tratar de aclarar la confusión.

La puesta al día no es otra cosa que cambiar los dogmas de la Revolución y la expropiación petrolera, por los dogmas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, confirmados en un amplio documento entregado a Enrique Peña Nieto por la OCDE, titulado Getting it right -así, en inglés-, una agenda estratégica para las reformas en México, como instructivo para su ejercicio de gobierno y recibido públicamente y con particular entusiasmo por el Presidente.

Como botón de muestra de la finalidad del documento, baste una de sus recomendaciones que transcribo: Los compromisos asentados en el Pacto por México de realizar una reforma energética que amplíe la capacidad de exploración y producción de Pemex y facilite la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, así como el impulso al desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética, son muy bienvenidas. ¿Por quién?

Sobre la eficiencia energética dice: “Es la forma más rentable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la seguridad de suministro. Se trata de una elección estratégica no sólo para países importadores de energía, sino también para los exportadores, porque puede liberarse la producción interna de petróleo para la exportación”. Queda claro en beneficio de quién se pretende “incrementar la seguridad de suministro”.
 
Rápidamente y sin tapujos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial manifestó que hay un gran apetito de inversionistas extranjeros para invertir en Pemex; nada más eso faltaba, claro que hay un gran apetito para limpiar Pemex, pero no de la incompetencia de los directivos, la corrupción y la ineficiencia, que es lo que procede, sino para limpiarlo, literalmente.
 
Qué tragedia, que los funcionarios del gobierno mexicano estén tan lejos de “los Sentimientos de la nación” y tan cerca de las instrucciones de los organismos internacionales. Seguramente el PRI borrará de sus documentos básicos, para hacerlos congruentes con la vocación del gobierno, el estorboso dogma de la soberanía.
 
Estamos frente a una nueva traición al movimiento de 1910 –ahora por el partido que engendró– y a la expropiación petrolera. Nuevos documentos básicos, para hacer suya –o suyos los negocios– la propuesta del gobierno anterior panista.
 
La propuesta del PAN era nacionalmente inaceptable, pero ideológicamente entendible, dados los autores de la misma, fieles a su concepción de nación. La del PRI, ahora, sigue siendo igualmente inaceptable desde el punto de vista nacional, pero resulta nauseabunda e ideológicamente reprobable, incluso seguramente hasta para la inmensa mayoría de los priístas. ¿O todos entran por disciplina, sin chistar, a la puesta al día de documentos básicos y de conciencias?
 
En cualquier caso, la solución es fácil: adopten los documentos básicos del PAN y santo remedio. No necesitan cambiar ni las siglas del partido: PRI, Partido Reaccionario Institucional. Con ello harán congruente una reforma educativa también privatizadora; una reforma laboral pactada entre cúpulas, sin tomar en cuenta a los trabajadores; el IVA a alimentos y medicinas, y así… de frente. Sólo faltará considerar el despertar del pueblo para que se le tome en cuenta.
 
Hace algunos meses, algunos amigos y otros no tanto, me acusaron de jacobino, porque cité en un discurso a Maximiliano Robespierre. Ya con la etiqueta, hoy recurro a otra cita del incorruptible revolucionario francés, en un discurso ante su asamblea: Hasta aquí, el arte de gobernar no ha sido otra cosa que el arte de despojar y dominar a la mayoría en provecho de la minoría, y la legislación, el medio de convertir estos atentados en sistema.
¡No traten de hacerlo!
Privatizar y modernizar
Orlando Delgado Selley
Con insistencia, el gobierno de Peña Nieto ha planteado que Pemex debe modernizarse y que, para lograrlo, es indispensable la concurrencia de inversionistas privados. Se argumenta que urge hacerla más eficiente, transparente, eliminando subsidiarias y duplicidades, aprovechando la oportunidad que ofrecen los mercados para incorporar nuevas tecnologías, lo que se conseguiría aceptando que grandes empresas petroleras globales se hagan cargo, por ejemplo, de la extracción de crudo en aguas profundas.
 
Han planteado que, además, esta reforma energética se llevará a cabo este 2013, como está signado por los partidos que acordaron el Pacto por México. Se usa la firma de este Pacto como garantía de que habrá acuerdo parlamentario para modificar la Carta Magna en esta materia. Sin embargo, es claro que entre las distintas fuerzas políticas hay diferencias sustanciales sobre lo que significa modernizar esta paraestatal. La diferencia mayor es que modernizar no necesariamente implica aceptar la participación privada en la industria petrolera.

En la reunión de senadores del PRD, por ejemplo, se ha propuesto dotar a la paraestatal de autonomía de gestión, prohibiendo la inversión privada en el sector. Así que ésta es otra reforma energética. Además, la principal fuerza de las izquierdas electorales ha señalado expresamente su rechazo a la propuesta del gobierno federal. De modo que las garantías que ofrece Peña Nieto a los inversionistas extranjeros no tienen ningún valor.

Los operadores políticos del gobierno esperan que en ambas Cámaras sea posible construir los acuerdos necesarios para lograr la mayoría calificada que demandan los cambios constitucionales: 330 diputados y 87 senadores. Esta mayoría puede lograrse con la participación de los legisladores de Acción Nacional, de modo que no hacen falta legisladores perredistas. La importancia del tema ha llevado a que se recupere la propuesta de que en temas torales para la vida nacional es indispensable consultar a la ciudadanía.

Como acordaron los senadores del PRD habrá que someter a la consideración ciudadana la reforma energética, así como la posible reforma fiscal. Se trata de reconocer que es necesaria la participación de la ciudadanía en decisiones legislativas cruciales. Evidentemente, la bancada priísta considerará que con conseguir los votos necesarios en las Cámaras será posible cambiar la Constitución abriendo Pemex a la inversión privada. Evitarlo implicará que la resistencia que existe se organice adecuadamente y pueda establecer diferentes batallas.
 
Para ello los ciudadanos que aportaron sus votos por la candidatura de López Obrador serán fundamentales. Habrá que convertirlos en una fuerza en movimiento que se despliegue en todo el país y que obligue al Legislativo a aceptar la consulta popular como mecanismo de decisión política no solamente válido, sino indispensable. Para conseguirlo hace falta que las izquierdas se reúnan nuevamente. Separadas no lograrán frenar el impulso privatista del príísmo gobernante.
 
El asunto es verdaderamente decisivo. Si ocurre como con la reforma laboral que lograron imponer, los próximos tiempos estarán determinados por un proyecto peñista, que se propone ser transexenal. Proyecto que, a contrapelo de lo que ocurre en América Latina, mantiene una fidelidad terca a las medidas neoliberales propugnadas por organismos financieros internacionales, particularmente la OCDE. Poco importa que hayan demostrado su incapacidad para detonar un crecimiento económico alto y sostenido.
 
La privatización de Pemex no generará beneficios para el pueblo. Por el contrario, agudizará la profunda desigualdad que caracteriza a nuestro país al permitir que partes sustanciales de los ingresos petroleros queden en manos privadas. Detener el proyecto del gobierno peñista debiera ser de la máxima prioridad para las fuerzas progresistas. De su comprensión y conversión en las acciones necesarias para crear una fuerza social significativa, que se proponga la defensa de Pemex, dependerá el futuro mediato e inmediato del país.

EU: migración e hipocresía-Cameron y la Unión Europea -La Celac y las luchas contra el neoliberalismo

EU: migración e hipocresía
Luego de dar a conocer los lineamientos para una reforma migratoria integral –que incluiría la regularización de 11 millones de indocumentados, la verificación de centros de trabajo de migrantes y el reforzamiento de la seguridad fronteriza– y tras haber recibido el respaldo de organizaciones de latinoamericanos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dijo ayer confiado en que la reforma pasará antes de fin de año y llamó a los legisladores de su partido y de la oposición a colaborar en una redacción de la nueva ley.
 
Al colocar la migración como uno de los temas centrales de la agenda política de Washington –al plan del Ejecutivo se suma la propuesta elaborada por una comisión bipartidista en el Senado–, resulta inevitable recordar la improcedencia y la doble moral de la política antimigrante que ha mantenido ese gobierno en décadas recientes: en efecto, las medidas persecución en contra de la migración indocumentada no están orientadas tanto a la eliminación de ese fenómeno en el vecino país –perspectiva que derivaría en el estancamiento y hasta en la parálisis de varios sectores de su economía– cuanto a modular, mediante el relajamiento o la intensificación de esa persecución, la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades del mercado laboral de ese país, y a proveer a su economía de un factor de competitividad financiera.
 
Es falso, pues, que la migración indocumentada constituya una amenaza de desestabilización o inseguridad para Estados Unidos, como han sostenido reiteradamente los estamentos más conservadores, chovinistas y xenófobos de la nación vecina; en cambio, la penalización de ese fenómeno ha constituido históricamente una forma inmoral, inhumana e insostenible de subsidiar la economía de ese país.
 
Por lo demás, la perspectiva de la aprobación de una reforma migratoria adquiere relevancia adicional para nuestro país, en tanto que permitiría corregir, así sea parcialmente, uno de los rasgos más perversos del proceso de integración regional a que fue sometido México desde el gobierno de Carlos Salinas: cabe recordar que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estableció la apertura de las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá para las mercancías y los capitales, pero las cerró a las personas; de esa manera, se otorgó a las trasnacionales el derecho a buscar mejores condiciones de desarrollo y se le negó a los trabajadores.
 
Tal discriminación resulta doblemente perversa, habida cuenta de que la aplicación de ese acuerdo ha tenido efectos catastróficos en nuestro país, empezando por la pérdida sostenida de independencia económica y alimentaria, la devastación de los entornos agrícolas, la aniquilación de la industria nacional –sometida a una competencia inequitativa y desleal con la estadunidense y la canadiense– y la consecuente pérdida masiva de puestos de trabajo, fenómenos que, en conjunto, han dejado a un sector importante de la población sin otra alternativa que la migración o la incorporación a las distintas vertientes de la economía informal, incluida la delincuencia.
 
Más allá de las propuestas legales, un paso fundamental para la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos es el abandono –por parte de las autoridades representantes y la sociedad en general de ese país– de la hipocresía estructural que subyace en el entramado legal vigente en materia migratoria y que consiste en satanizar la migración indocumentada y, al mismo tiempo, beneficiarse del invaluable aporte de ese fenómeno a la economía y la cultura estadunidenses.
 
El gobierno mexicano, por su parte, debe abandonar la indolencia y la inacción sistemáticas que ha mostrado en torno al asunto –con el falso argumento de que compete exclusivamente al ámbito interno de Estados Unidos– y colocarlo como un punto central de la agenda de negociaciones bilaterales.
 
Cameron y la Unión Europea
Jorge Eduardo Navarrete
Para el primer ministro británico –con su país al borde de una tercera caída en recesión desde 2008, que ocurrirá si a la contracción del cuarto trimestre de 2012 se suma la del primero del actual–, el discurso sobre Europa era definitorio en más de un sentido. Él mismo lo veía como el pronunciamiento del que dependerá su lugar en la historia, al menos en la historia inmediata, cuando sigan apreciándose acontecimientos que, en una perspectiva secular, quizá no alcancen ese rango. Quizá por eso titubeó tanto en cuanto a la oportunidad para proferirlo. Lo hizo, a fin de cuentas y tras al menos una diferición, el miércoles 23 de enero.
 
Significados. Para el resto de la Unión Europea, que no lo recibió con júbilo, podría haber sido peor y más inoportuno, de no haber esperado a que más o menos se diera por establecido el momento positivo en que parece encontrarse la crisis del euro. La relativa tranquilidad derivada de la promesa del Banco Central Europeo de adquirir bonos soberanos, sin limitaciones a priori, y el retorno de España y Portugal a los mercados financieros, configuran ese momento, que debía ser aprovechado, ante el riesgo de que se disipe. Para el socio especial del otro lado del Atlántico, que se había permitido dejar saber, mediante declaraciones y enviados especiales, cuán inoportuna consideraría una asunción demasiado súbita y drástica de las posiciones del euroescepticismo radical, puede haber resultado, a fin de cuentas, algo manejable, que no llega a envenenar la atmósfera de las eventuales negociaciones de liberalización comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Para la propia opinión política británica, verdadera destinataria del discurso, la oportunidad estuvo dictada por una combinación de factores: la necesidad de no esperar más para reducir la brecha a favor del laborismo, tan persistente y amplia en las encuestas de intención de voto; la urgencia de salir al paso a los rumores de indecisión y falta de rumbo, que alimentaban la idea de una posible sustitución anticipada del líder conservador; la conveniencia de enviar una señal clara e inequívoca al ala euroescéptica de los conservadores, fortalecida por los avatares de la crisis y, sobre todo, evitar una fuga masiva de sus integrantes al Ukip (el partido IndependenciaRU), que tremola la demagógica pero atractiva bandera de poner salvo a la nación del monstruo burocrático y federalista de Bruselas. Para los socios de coalición, los liberal-demócratas, un recordatorio de quién adopta las decisiones y quién es el socio menor. Cameron über alles.

Contenido. El núcleo del discurso de Cameron –que se extendió por casi 40 minutos y rebasó las 5 mil 500 palabras– puede resumirse en la floritura retórica de su penúltima cláusula: Porque hay algo en lo que creo muy profundamente: que el interés nacional británico puede ser mejor servido en una Unión Europea flexible, adaptable y abierta y que esa Unión Europea es mejor con la presencia británica. En otras palabras: la UE debe ser como el Reino Unido quiere y esa UE es mejor si el Reino Unido forma parte de ella. El Reino Unido es, entonces, el país indispensable para la Europa adecuada.

Para alcanzar este objetivo, Cameron planteó una estrategia que abarca los próximos cuatro o cinco años. Es una estrategia clonada de la que usó, a mediados de los años 70 del siglo pasado, un gobierno laborista. Como recordó John F. Burns en The New York Times (23/1/13), Harold Wilson, el líder laborista, renegoció la posición británica en Europa y después obtuvo un respaldo decisivo del resultado alcanzado en un referéndum celebrado en 1975, el único hasta ahora.
 
Cameron se propone negociar una unión más escueta, menos burocrática; una unión más flexible, que acoja a los que desean profundizarla y también a los que, como el Reino Unido, nunca perseguirán tal objetivo; una unión que devuelva poderes a sus miembros, más que continuar retirándolos de ellos; una unión más transparente, que rinda mejores cuentas a los parlamentos nacionales de sus miembros, y una unión más equitativa, tanto para los que son parte de la eurozona como para los que nunca adoptarán la moneda única, como el Reino Unido. La incorporación de estos cinco elementos exigirá negociar un nuevo tratado y Cameron anunció que en la próxima elección general, en 2015, pedirá al electorado británico el mandato para que un nuevo gobierno conservador lleve adelante esa negociación. Y cuando hayamos negociado ese nuevo arreglo, realizaremos un referéndum para que el pueblo británico opte por permanecer o salir de la unión. En otras palabras, condicionado a ser relegido con mayoría suficiente, Cameron promete la realización del referéndum.
 
Reacciones. No se hicieron esperar. Los liberal-demócratas, socios menores de la coalición en el poder, fueron muy críticos. Condenaron la estrategia anunciada al considerar que la misma condenaba al país y al continente a una incertidumbre extendida por varios años, convirtiéndose en un elemento de freno de las decisiones urgentes que deben adoptarse. El electorado conservador, en especial los euroescépticos de diversos matices, quedó deleitado y se informó de un repunte casi inmediato de los conservadores en las encuestas. En la Unión Europea misma las reacciones fueron diversas, con el común denominador de la mesura. Parecen entenderse los imperativos políticos internos que determinan en buena medida la actitud de Cameron. Merkel, que se ha convertido en una suerte de vocera mayor de la eurozona, fue en extremo conciliadora. Expresó la necesidad de hallar un terreno común con el gobierno británico y no se opuso a que se abriera una negociación en la que, sin embargo, también debería atenderse a los puntos de vista y proposiciones diferentes a las adelantadas, todavía en términos vagos, por el primer ministro británico.
 
Es difícil abandonar la impresión de que Cameron planteó una apuesta complicada y riesgosa. La celebración misma de un referéndum se considera inevitable, pero el planteamiento de optar entre permanecer en la unión o abandonarla es considerado por muchos como una invitación a saltar al abismo. No es claro hasta dónde está Europa dispuesta a reconocer la excepcionalidad británica y qué costo está dispuesta a pagar por ella. Queda la impresión de que el Reino Unido necesitará mucho más de Europa en los años y decenios por venir, que ésta de quizá el menos cooperativo y más exigente de sus miembros.
 
La Celac y las luchas contra el neoliberalismo
Ángel Guerra Cabrera/I
Los países de América Latina y el Caribe hicieron historia al acordar en la Riviera Maya, México (2010), la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Significaba que los 33 estados de la región se reunieran por primera vez en una organización sin Estados Unidos ni Canadá y que en su gran diversidad hablaran a una sola y soberana voz en el concierto mundial de naciones. Su trayectoria hasta hoy, los pronunciamientos de su primera cumbre en Santiago de Chile (28/1) y la elección unánime de Cuba para encabezarla hasta la segunda cumbre de La Habana (2014), así lo demuestran. Esta decisión, indicando a Washington el apoyo latinocaribeño a Cuba y los clamorosos reclamos que debió escuchar Obama sobre la argentinidad de las Malvinas y contra el bloqueo y la ausencia de la isla en la llamada Cumbre de las Américas de Cartagena (2012) señalan el crucial giro político de América Latina y el Caribe.
 
La Celac es el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante de nuestra historia contemporánea señaló en memorable carta a la reunión de Santiago el presidente Hugo Chávez. Nadie más indicado para hacer esta valoración que quien ha entregado todo su talento y dotes de líder para conseguirlo. En la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, Brasil (2008), con la capacidad de convocatoria del presidente Lula da Silva se dio el primer paso, dijo entonces su homólogo Raúl Castro, y la reunión constitutiva, preparada exquisitamente por la diplomacia chavista, se realizó en la capital venezolana (2011). Allí se adoptaron la Declaración y el Plan de Acción de Caracas, así como otros documentos previamente sometidos al consenso de todos los gobiernos participantes. En ellos, como en los adoptados en Santiago esta semana se advierte una manera de pensar y un lenguaje propio humanistas y solidarios, alejados del cosmopolitismo y la tecnocracia neoliberales.

Y es que la Celac no es fruto de una decisión burocrática o cupular. Sólo fue posible como resultado de un nuevo y superior capítulo de la lucha de emancipación de los pueblos de América Latina. Cuando se anunciaba el fin de la historia y las políticas neoliberales parecían eternas, nuestros pueblos cambiaron la geografía política y el sentido común que parecía prevalecer entonces en la región. Lo hicieron a partir del estremecedor caracazo (1989) y la rebelión cívico-militar encabezado por Chávez (1992), pasando por el levantamiento indio de Chiapas (1994) y otros potentes combates populares que condujeron al advenimiento de gobiernos defensores del interés nacional y popular en Venezuela, Brasil, Argentina Bolivia, Uruguay, Ecuador y Nicaragua. La Celac es resultado de la aparición de estos gobiernos, de la rebelión antineoliberal que los entronizó y de un acumulado cultural a favor de la unidad como única vía de independencia. Alargando la perspectiva histórica, es también consecuencia de cinco siglos de luchas populares y se asienta en la solidez de las dos grandes civilizaciones de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe y en el fecundo mestizaje indo-latino-africano. Encarna el postergado e indispensable objetivo unitario de Bolívar, de Martí y de muchos de nuestros próceres.
 
La cumbre de Santiago muestra una Celac en trance de consolidarse que inspira justificado optimismo aunque sería ingenuo suponer que estará exenta de escollos. Los sectores burgueses más entreguistas en cada país harán todo lo posible por poner palos en la rueda. Estados Unidos intentará aprovechar las evidentes diferencias de criterio en su interior para dividirla. En la organización están los países de la Alba así como Argentina, Brasil Y Uruguay –que se oponen al libre comercio– y están México, Colombia, Perú y Chile, agrupados en la Alianza Pacífico, que persisten por ahora en esa fórmula fracasada y socialmente ruinosa. Sin embargo, ambos grupos están demostrando la capacidad de trabajar juntos enfatizando en lo que los une y no en lo que los separa.
 
Raúl lo definió así en Santiago: Entre nosotros hay pensamientos distintos e, incluso, diferencias, pero la Celac ha surgido sobre el acervo de 200 años de lucha por la independencia y se basa en una profunda comunidad de objetivos. No es la Celac, por tanto, una sucesión de meras reuniones ni coincidencias pragmáticas, sino una visión común de la patria grande latinoamericana y caribeña que sólo se debe a sus pueblos.
Twitter: aguerraguerra

El SME vuelve a las calles, tras el balde de agua fría de la Suprema Corte; pero, ¿tendrá la misma fuerza?

El SME vuelve a las calles, tras el balde de agua fría de la Suprema Corte; pero, ¿tendrá la misma fuerza?

Ciudad de México, 31 de ene (SinEmbargo).- Todos recuerdan la primera manifestación. “El SME muestra músculo”, dijeron casi todos los periódicos impresos de la capital del país, de El Universal a Milenio. Fue una semana después del 11 de octubre de 2009, cuando el entonces Presidente Felipe Calderon Hinojosa decretó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Por las calles del centro del Distrito Federal corrían ríos de manifestantes, afectados o simples simpatizantes. Andrés Manuel López Obrador, un afecto a su causa, se perdió en la multitud e incluso no alcanzó a llegar a tiempo al mitin en el Zócalo.
Ahora, tras tres años de lucha, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vuelve a convocar a las calles. La pregunta obligada es: ¿Tendrá el mismo arrastre, la misma fuerza? Manuel Esparza, dirigente del sindicato, ha recibido golpes fuertes. No sólo en las cortes: también por detractores y por una parte de la prensa que siempre consideró su liderazgo como el de Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps, desde la izquierda. Algunos ex sindicalizados aceptaron ser liquidados por el gobierno, y otros, simplemente, tomaron otro rumbo mientras el SME era sacudido por ex directivos que afirman hubo desvíos de fondos.
El camino legal parecen haber llegado a su fin. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desechar el amparo de reinserción laboral de 16 mil personas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, avaló el golpe que el ex Presidente Felipe Calderón le dio a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) al ordenar su extinción en 2009.
En ese año, el entonces Mandatario Federal argumentó que los costos de LyFC eran mayores a sus ventas. Según informes oficiales al cierre del 2011, la CFE también reportaba pérdidas por 17 mil 118 millones de pesos, es decir subieron 21.4% respecto al año anterior.
Para Martín Esparza, líder del SME, Calderón tomó una decisión equivocada, autoritaria, violentando la legislación mexicana, los tratados internacionales, con el único objetivo de acabar con el contrato colectivo del SME que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora en 98 años, dijo el dirigente sindical en entrevista con CNN.
Jubilados y liquidados del SME solicitaron al Presidente Enrique Peña Nieto iniciar el programa de reinserción laboral, tras denunciar “que fueron engañados y abandonados por la administración pasada”.
Sin embargo, un día después de que Esparza informara que se instalarían mesas de diálogo, encabezadas por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la SCJN dio un revés a los agremiados y les negó ser recontratados por la CFE.
Aunque el SME anunció que continuará con huelgas y manifestaciones, y que acudirá a instancias internacionales. La decisión está tomada y los 16 mil trabajadores deberán acudir por sus liquidaciones y buscar otra fuente de empleo.
SME, UNA HISTORIA DE EXTINCIÓN
El 10 de octubre de 2009 por decreto presidencial se ordenó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la Policía Federal tomó las instalaciones de la compañía y pronto los órganos gubernamentales reconocieron la medida mientras los trabajadores -44 empleados fueron despedidos- se plantaron el el Zócalo, realizaron huelgas de hambre y marcharon en distintos puntos del país.
Las pugnas del SME, con 98 años de vida, han continuado y no cesan ante al paso del tiempo y la defensa del decreto de Calderón por él mismo y de quien fuera su secretario de Trabajo, Javier Lozano.

Luz y Fuerza del Centro fue un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que fue declarado en liquidez desde la década de los setenta. Permaneció así hasta 2009.
De acuerdo con El Universal, la industria eléctrica nacional surgió de manos de particulares y comenzó a hablarse de su nacionalización en 1938, pero este proceso culminó hasta 1960.
En tanto, la historia de su sindicalismo se remonta a 1911 cuando nace la Liga Mexicana de Electricistas. En 1914 se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), vigente hasta nuestros días.
LyFC se encargó durante años de transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica al Distrito Federal, 80 municipios del Estado de México, cinco en Hidalgo y algunos más en Puebla y Morelos.
El 10 de octubre de 2009 Felipe Calderón decretó la extinción de la empresa, argumentado que sus costos eran mayores a sus ventas. Esa noche, elementos de la Policía Federal ocuparon las instalaciones de la compañía.
Tras esta medida, 44 mil personas quedaron sin empleo.
Antes de esta resolución, la Secretaría de Trabajo había negado la toma de nota a Martín Esparza, líder del SME. Pero casi un año más tarde, en septiembre de 2011 Calderón le otorgó la toma y le dio facultades para la administración de los bienes sindicales.
En este conflicto Calderón no fue el único político implicado, acusan ex empleados de la Comisión, quienes señalan a Javier Lozano Alarcón, entonces titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) como responsable de la medida que les costó el trabajo.
El ex mandatario continuaría defendiendo su decisión y en mayo de 2012 dijo que había servido para paliar la crisis y “que de no haberse hecho así, México estaría en estos momentos como muchos países europeos: en la línea de fuego”.
Lozano siempre se mostró a favor de la extinción y días después de haberse realizado, afirmó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que el proceso fue “legal, legítimo, oportuno y conveniente a la economía general y al interés de la nación”. También dijo que los trabajadores que quisieran ampararse o protestar estaban en su derecho, pero no habría marcha atrás.
Incluso sus opositores buscaron llevarlo a juicio político por este hecho, pero no lo lograron.
Por su parte, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció la posibilidad de recontratar a unos 10 mil trabajadores; algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron y empezaron movilizaciones. El gobierno anunció que procedería con la liquidación de los trabajadores a partir del 14 de octubre.
Los trabajadores presentaron entonces un recurso de amparo colectivo que fue admitido por un juez federal el 30 de octubre de 2009. Pero el 11 de diciembre la jueza federal Guillermina Coutiño Mata, negó a los trabajadores el amparo solicitado contra el decreto de extinción de LyFC.
La liquidación de la paraestatal fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2010; sin embargo, el 13 de septiembre de 2012 el Segundo Tribunal Colegiado resolvió que se debía mantener la relación laboral entre el sindicato con Luz y Fuerza del Centro o con un patrón sustituto.
La empresa fue sustituida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que actualmente suministra electricidad a todo el país, mientras su ex trabajadores continúan con marchas y protestas.
Foto: Cuartoscuro
Las manifestaciones, plantones, huelgas de hambre y protestas han continuado a lo largo de más de tres años.
El 16 de marzo de 2010, los inconformes, encabezados por Martín Esparza, realizaron una huelga en siete estados del país y el Distrito Federal, preámbulo de una huelga de hambre colectiva y un plantón en el Zócalo que inició el 24 de abril de ese año.
Una de las marchas tuvo lugar el 9 de marzo de 2011, cuando, según La Jornada, al grito de “agarren a todos cabrones, que no los traigo a vacacionar”, que presuntamente dio un oficial de la Policía Federal Preventiva (PFP) “más de 100 integrantes de este cuerpo de seguridad detuvieron a golpes a 11 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que estaban en plantón frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de avenida Juárez 90, y los arrastraron hasta vehículos sin logotipos”.
Los detenidos fueron trasladados posteriormente al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
También este año, y con motivo del segundo aniversario de la extinción, Lozano Alarcón dijo que el tiempo dio la razón de “la valiente decisión que tomó el presidente Felipe Calderón por ser una determinación responsable y acertada”.
A través de su cuenta de Twitter enumeró 20 puntos para justificar la medida y detalló que para entonces se estimaba haber ahorrado en transferencias fiscales casi 145 mil millones de pesos, se incrementaron las ventas y 28 mil 742 trabajadores ya habían recibido su liquidación, lo que representaba 64.57 por ciento de la planta laboral. Además, puntualizó, tres mil 33 ex empleados habían sido contratados por la Comisión Federal de Electricidad, mientras que 17 mil 863 ex trabajadores de LyFC habían sido apoyados con un nuevo empleo o capacitación en el Servicio Nacional de Empleo.
Otro encontronazo tuvo lugar el el 26 de junio de 2012, cuando representantes del SME se manifestaron a las afueras de la Segob, la protesta originó un enfrentamiento que dejó como saldo 52 personas lesionadas.
Foto: Cuartoscuro
El 11 de octubre de 2012 el entonces Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que la extinción de la empresa era definitiva, no se podía revertir y estaba apegado a la Constitución.
También anunció que presentaría un recurso de revisión por el fallo del Tribunal Colegiado.
El funcionario aseguró que cuando se realizó el decreto en 2009, el presupuesto del organismo equivalía al del programa Oportunidades, o al doble del otorgado a la UNAM y a la mitad del que recibe la Secretaría de Salud.
A finales de ese mismo mes, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó hacer un exhorto al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que en el proyecto de presupuesto 2013 se contemplaran recursos para recontratar y pagar salarios caídos a electricistas.
Foto: Cuartoscuro
A tres años de la extinción de la paraestatal, el líder del Sindicato, Martín Esparza y el abogado Carlos de Buen, asistieron al programa Carmen Aristegui de CNN en Español, donde hablaron de la situación del SME.
A tres años, compañeros fallecieron, compañeros se suicidaron, asesinaron a compañeros en las puertas de su casa, tenemos a 11 compañeros en la cárcel, el único delito fue defender su derecho al trabajo, han sido tres años muy difíciles para un sindicato democrático independiente (…) Felipe Calderón tomó una decisión equivocada, autoritaria, violentando la legislación mexicana, los tratados internacionales, con el único objetivo de acabar con el contrato colectivo del SME que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora en 98 años ”, señaló Esparza.
Este año la pugna continuó y jubilados y liquidados del SME solicitaron al Presidente Enrique Peña Nieto iniciar un programa de reinserción laboral para más de 16 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, “que fueron engañados y abandonados por la administración del ex presidente Felipe Calderón”.
Los inconformes han asegurado que de los 44 mil trabajadores despedidos, sólo 2 mil 900 tienen empleo actualmente.
Pero la petición no es nueva, viene de meses atrás e incluso el Gobierno del Distrito Federal actuó como mediador el año pasado, pero la relación se rompió cuando los sindicalistas rechazaron quitar un plantón que mantenían en el Zócalo del Distrito Federal. Pese a esto, el gobierno local dijo que seguiría dentro del caso siempre y cuando el sindicato y las autoridades federales mostraran su disposición a dialogar y reinstalar una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación.
Además, el 11 de octubre de 2012 el dirigente del SME informó que los 16 mil 599 integrantes del SME que no habían sido liquidados, podrían ser reinstalados a la CFE, ya que el Segundo Tribunal en Materia de Trabajo les otorgó un amparo donde reconocen a la misma como patrón sustituto. Mas esto no sería tan sencillo.
El 29 de enero el líder del SME, Martín Esparza, informó que el gobierno federal instalaría mesas de diálogo, encabezadas por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con ese gremio para buscar una solución al conflicto generado por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Pero esta vez no triunfó el Sindicato. El 30 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas para que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro sean recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por unanimidad se avaló el dictamen que elaboró el Ministro Luis María Aguilar.
Así, la Suprema Corte revocó la resolución emitida en septiembre pasado por Tribunal Colegiado que había concedido al SME el reconocimiento del patrón sustituto (la CFE).
Además de María Aguilar, José Fernando Franco González Salas, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Sergio Valls y Margarita Luna también aprobaron el proyecto que negó la posibilidad de que la CFE se convierta en patrón sustituto de más de 16 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Martín Esparza. Foto: Cuartoscuro