Peña Nieto contra Atenco

Peña Nieto contra Atenco

Damián G. Camacho Guzmán *

Atenco nos duele pero también nos convoca. El grito de Atenco realizado en mayo de este año por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, confrontó al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Gracias a ello emergió el movimiento estudiantil #YoSoy132 que inauguró el rechazo social contra el ahora presidente electo.

Los argumentos de Peña Nieto para justificar su responsabilidad ante los hechos represivos del 4 de mayo de 2006 son indignantes, están fundamentados legalmente con la carta de impunidad otorgada por los ministros de la Suprema Corte en febrero de 2009, cuando fue exonerado del cargo de graves violaciones a las garantías constitucionales en agravio de Atenco. Por otra parte, el sentimiento social para incriminarlo se basa en un principio de justicia elemental: si él ordenó ese operativo, él es el responsable de los asesinatos de dos jóvenes, de la violación de una veintena de compañeras, del encarcelamiento de 207 personas y de las condenas que alcanzaron los 112 años y medio de prisión. Por eso, el premio recibido con la Presidencia de la Republica es socialmente inmoral.

Si algo le incomoda es que hayamos liberado a todos nuestros presos, pero lo que en verdad le duele es su imagen, su estigma represivo. A nosotros nos duele Atenco, porque su llegada a la Presidencia de la República representa la continuación de ese agravio, la falta de justicia para nuestros pueblos y la impunidad que otorga el poder. En 2001, el entonces gobernador del estado de México, Arturo Montiel, miembro del grupo Atlacomulco, al que Peña dice desconocer, sufrió una gran derrota al ver caer su megaproyecto de aeropuerto internacional en nuestras tierras. Para ellos representó una pérdida política y económica irreparable, incluso ni siquiera comparable con la represión de 2006.

El presidente electo aún no toma posesión y ya cuenta con una victoria: la aprobación de la ley laboral representa el primer objetivo para alcanzar las reformas estructurales impulsadas por el bloque dominante, del cual, tanto el PRI como el PAN forman parte. También, es su primera medición de fuerza frente al bloque social, es el nuevo signo del despojo en contra del pueblo mexicano. Lo que sigue en la codicia neoliberal son la reforma energética y la ley hacendaria.

El cálculo que hicimos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra después de las elecciones del 2 de julio, es que la nueva ofensiva viene contra todos. Sin embargo, hay agravios directos. Peña querrá confrontarnos para construir el aeropuerto y nosotros no sólo estamos dispuestos a luchar por defender nuestras tierras sino también por defender nuestra nación. Ante esta emergencia nacional, decidimos convocar junto a muchas organizaciones a la Convención Nacional Contra la Imposición (CNCI), cuyo programa consiste en oponernos a Peña como presidente y a reformas estructurales.

Nosotros no queremos estar aislados, por ello nos sumamos para conformar un bloque social desde el pueblo, que acumule fuerza para frenar la política neoliberal e impulsar un programa social, económico y político desde abajo. Se trata de impedir que siga el saqueo de nuestros pueblos con la minería, con la afectación de los recursos naturales, con el impulso de megaproyectos eólicos, gasoductos y termoeléctricas. Se pretende defender los procesos autonómicos de seguridad, justicia y educación, los autogestivos, de autorganización y construcción de democracia directa. Buscamos construir un México desde sus pueblos y no desde los grupos que hoy lo dominan.

El primero de diciembre se pretende consumar la llegada de un presidente respaldado por las televisoras. Con ese motivo, estamos convocando a una jornada de lucha que inicia el 20 de noviembre con un paro nacional y concluye con un cerco al Congreso de la Unión el primero de diciembre. Para preparar esas acciones, el día de hoy inicia la reunión de la Coordinadora Provisional de la CNCI, con una masiva movilización en Tula, Hidalgo, contra el retorno del PRI, convocada por el Fioac Cnpa-mn, el SME, el FPDT, estudiantes y otras organizaciones.

Hoy más que nunca el grito de Atenco somos todos es verdadero, porque en este momento todos nos sentimos amenazados con la llegada de Peña; sin embargo, la lección de Atenco, que aún hiere a los que dominan, es que con lucha, organización y dignidad ha logrado lo que pocos han alcanzando: derrotar al poderoso.

* Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco

Por la vida y el maíz: tejiendo luchas

Silvia Ribeiro*

El día comienza a clarear y a un costado de la plaza de Cherán se oyen los trinos de mujeres alrededor de fogatas y anafres, preparando las tortillas para los que llegarán a desayunar. Amasan en metate la masa de maíz azul que dejaron durmiendo el día anterior, para que la cal abriera los granos que nos brindan su corazón. Danzan las manos convirtiendo la masa en alas que se esponjan en el comal. Al olor cálido de las tortillas recién hechas se suma el de los frijoles, el café de olla, el té de cedrón. Las señoras de la Comunidad de Cherán K’eri, Michoacán, igual que su Consejo Mayor, reciben con generosidad a los cientos de delegados de todos el país reunidos para la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

La comunidad indígena de Cherán es un ejemplo de dignidad y resistencia para todos los asistentes, que lo repiten una y otra vez en los tres días que duran las sesiones, con alrededor de mil participantes de 15 estados de México y expertos del exterior que vienen como dictaminadores del TPP. Para defender sus bosques, su maíz y su forma de vida, en Cherán se han enfrentado a muchas formas de violencia: talamontes, crimen organizado, represión oficial, mentiras en medios oficiosos. Desde abril de 2011, cuando mujeres y jóvenes no aguantaron más y se lanzaron a detener los camiones de talamontes cargados de madera robada a la comunidad, han muerto doce comuneros y cuatro están desaparecidos. La comunidad logró frenar la devastación, tomar control de su territorio con rondas comunitarias de defensa, fortalecer las asambleas. Todos, hasta los niños, participan ahora en jornadas de reforestación con especies locales. En toda la comunidad las miradas y el aire son limpios y serenos, se respira solidaridad y orgullo.

No podía haber mejor marco para la realización de esta preaudiencia del TPP y la octava ANAA, donde se presentaron múltiples luchas por atropellos ambientales y de derechos de los pueblos y comunidades: talamontes y monocultivos de aguacate asociados al crimen organizado privado y oficial, atropellos urbanos, contaminación industrial de ríos y lagos, carreteras que hieren milpas, bosques, comunidades y barrios para favorecer empresas y a los ricos, fumigación con agrotóxicos prohibidos en otros países, parques eólicos en el Istmo contra las comunidades, mineras que por todo el país mafiosamente matan a la tierra y a los que la defienden, como a Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez de San José del Progreso, Oaxaca, anfitriones de la sexta ANAA. Éstas y otras luchas, como la de estudiantes y maestros democráticos en Michoacán, junto a otras denuncias y compromisos de organización, se plasmaron en la declaración de la asamblea (afectadosambientales.org).

Fue motivo de celebración el veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua, que el 9 de noviembre condenó al Estado mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional y la violación del derecho humano al agua, a partir de la demanda presentada por la ANAA, cuidadosamente argumentada y enriquecida por las muchas experiencias de lucha que integran la asamblea.

La amenaza que representan las extensas siembras de maíz transgénico que el gobierno quiere autorizar en el norte del país, fue tema central de la octava asamblea, que llamó en el pronunciamiento Emergencia nacional: maíz transgénico a punto de envenenar nuestras mesas, al magisterio democrático, a los jóvenes en las redes sociales, a los pueblos y a todos los que comemos maíz en México y en cualquier parte del mundo, a movilizarse, desarrollando formas creativas y diversas de acción para denunciar y detener este ataque de las trasnacionales por controlar la alimentación de todos, sin importarles siquiera que sea tóxica (texto en redendefensadelmaiz.net)

También la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) lanzó esta semana un Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México (www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es) denunciando la gravedad de la inminente contaminación transgénica y los riesgos que implicará para la salud y la biodiversidad, suscrita al momento por más de 800 científicos y expertos de México y el mundo, así como varias redes internacionales de científicos.

Igualmente conmocionados por este ataque contra los pueblos del maíz, el Grupo ETC, como organización internacional con estatus consultivo en Naciones Unidas, llevará el tema ante la FAO y el Convenio de Diversidad Biológica, organismos que deben proteger los centros de origen de los cultivos. Si se aprobaran las solicitudes de las trasnacionales en México, sería la primer liberación masiva en el centro de origen de un cultivo de importancia global para la alimentación. ETC señala que la erosión de la biodiversidad del maíz que causarán los transgénicos, tendrá impactos en América Latina, Asia y África, donde actualmente los países surafricanos Lesotho, Zambia y Malawi tienen el mayor consumo por persona de maíz y dependen de su biodiversidad para adaptarlo. (Ver www.etcgroup.org )

Las empresas y el gobierno de Calderón (o el de Peña Nieto) comen lumbre si creen que podrán aprobar las siembras de Monsanto sin quemarse las manos. Es justamente en las fogatas, alrededor de los anafres cociendo tortillas de maíz, que se gestó en Cherán la resistencia de esa comunidad indígena, que contra toda lógica de arriba y a fuerza de dignidad y organización comunitaria ha logrado detener a los más poderosos y violentos.

* Investigadora del Grupo ETC

Nueva ley laboral, evaluación inicial

Arturo Alcalde Justiniani

Concluido el proceso de reforma laboral, es necesario evaluar sus resultados. Una buena ley sería aquella que resolviese los principales problemas del mundo del trabajo en nuestro país: el rescate de la contratación colectiva de la corrupción y simulación, contar con una justicia imparcial y compensar las medidas de flexibilidad laboral con protección social. Ninguno de estos tres objetivos se lograron, en consecuencia, se trata de una mala ley.

Sin embargo, hoy se requiere también identificar el contenido y alcances de esta nueva ley, sobre todo porque su grado de cumplimiento dependerá en buena medida de la interpretación que le den los destinatarios directos, las autoridades laborales y, en su caso, los tribunales de amparo.

Un primer aspecto a considerar, es que la iniciativa del Ejecutivo Federal no fue producto de un diagnóstico sobre las necesidades del mercado laboral y del país; se pretendió básicamente responder a las exigencias de un sector del empresariado que sostenía que existía una excesiva rigidez y demasiada estabilidad laboral, por lo que planteó liberar y abaratar el despido, crear nuevas formas de contratación tanto temporal como por horas y reconocer la legalidad de una subcontratación sin límites que sustituyera los principios generales de la ley en materia de responsabilidad patronal frente a sus trabajadores. Para lograr estos fines, las organizaciones empresariales no sólo se aliaron con el gobierno panista, sino también lo hicieron con el gobierno entrante.

Los verdaderos fines de la reforma fueron encubiertos con un discurso falso, que repetía a diestra y siniestra que su intención era incrementar el empleo, la competitividad, mejorar la impartición de justicia y elevar el nivel de vida de los trabajadores. Razones expuestas por especialistas demostraron que el mercado no era tan rígido como se afirmaba, que tales reformas no crearían los empleos prometidos y que las propuestas de cambio no sólo carecían de un calificativo estructural, sino que mantenían en esencia los vicios y carencias del espectro laboral actual.

Una segunda cuestión se refiere a que el proceso legislativo logró marcar una diferencia importante entre la propuesta calderonista y el texto final de la ley en varios de sus aspectos centrales. En el tema de la subcontratación, contrasta la iniciativa presidencial carente de requisitos, con los cambios aprobados; se establecieron entre otras, cuatro nuevas exigencias para el reconocimiento legal de esta forma excepcional de contratación: no podrá abarcar la totalidad de las actividades, deberá justificarse por su carácter especializado, no comprenderá tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del verdadero patrón y no se permitirá este régimen cuando se transfieran trabajadores con el fin de disminuir derechos laborales. Esta regulación es sin duda incompleta y debió haber sido más precisa, acotando su carácter excepcional, pues no debe abarcar lo que constituye el objeto social de una empresa; era necesario además, regular su registro y sancionar de manera más concreta su abuso. Pero los cambios que se hicieron limitan los grandes abusos que se cometen hoy en día, basta señalar que las miles de empresas denominadas de servicios, creadas bajo el principio de una subcontratación general, hacen hoy evidente su ilegalidad. Por ello, crecen las quejas empresariales frente a esta regulación.

En relación al tema del pago por horas, que como se recuerda, ya existía en la ley bajo la figura de pago por unidad de tiempo, la iniciativa proponía el reconocimiento de una forma de contratación bajo esta modalidad con la única limitación de que no excediera la jornada máxima de ley. En el texto aprobado se agregan tres condiciones adicionales: que el salario sea remunerador, que se respeten los derechos laborales y la seguridad social que corresponda al puesto de que se trate, y que el ingreso en ningún caso sea inferior al que corresponda a una jornada diaria. Sin duda, el texto es confuso y será de gran controversia su interpretación, cuestión que seguramente inhibirá la acción de los patrones por los riesgos que implicará acudir a esta forma de contratación; es obvio que la pretensión que tenían consistente en que se les otorgara seguridad jurídica para optar por ella no se cumplió.

Respecto al rubro de los salarios caídos limitados a un año en el caso de despido injustificado, el golpe a los trabajadores es tajante, porque constituye un atractivo para el despido libre y barato. Este punto es sin duda el más lesivo de la reforma, pues se hace cargar a los asalariados la lentitud de un procedimiento que es imputable al Estado; ahora deberá insistirse en la necesidad de que los procedimientos laborales duren en lugar de cuatro o cinco años, el tiempo que señala la ley, que es menor a un año y que en la práctica no se cumple.

En materia de derechos colectivos, la propuesta de la iniciativa de limitar el derecho de huelga y la posibilidad de cambio sindical por la vía de los juicios de titularidad, fueron desechadas desde un principio. Los temas de transparencia y de acceso público a la información contenida en los registros de las autoridades laborales, se aprobaron; sin embargo, en lo que se refiere al voto secreto, quedó un texto obscuro, ya que si bien reconoce el carácter secreto, directo o indirecto del voto, se señala que las asambleas lo decidirán, lo que significa que la decisión se tomará en cada caso, y dada la ausencia de democracia que priva en el ámbito sindical, esto constituye un verdadero galimatías. En materia de rendición de cuentas, se suprimió el párrafo central que obligaba a los líderes a entregar a los trabajadores los informes financieros, planteando que sean éstos los que los soliciten, lo cual es absurdo si consideramos los riesgos que deben afrontar, como son la represión y el despido.

Finalmente, en este capítulo colectivo, lo más lamentable fue haber desatendido la propuesta del ya famoso Artículo 388 Bis, que permitía a los trabajadores intervenir en la firma de los contratos colectivos, evitando así los contratos colectivos de protección patronal y las extorsiones de los llamados sindicatos fantasma, lastre que venimos arrastrando desde hace muchos años.