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Documental “Los
invisibles”
El drama de los indocumentados
en su paso por México
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Israel amenaza
nuevamente a flotilla de ayuda para Gaza
Entrevista con Farid
Suwwan, Embajador de Palestina en Venezuela, a propósito del primer aniversario
del ataque israelí a la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza. Suwwan dice que
Israel hoy vuelve a amenazar a una nueva flotilla de ayuda, sin que las
potencias mundiales le pongan freno. Análisis de la actual situación de la
tensión Israel-Palestina, avance del reconocimiento del Estado Palestino, y las
posibilidades de que este paso finalmente sea dado por la ONU en septiembre
próximo. TeleSUR
Indígenas peruanos
protestan contra concesión minera en Puno
Indígenas aymaras del
Perú, marcharon de Puno al Desaguadero, para expresar su oposición a la
instalación de una mina de plata en la zona, por parte de una empresa
canadiense, considerando que esta actividad dañaría el medio ambiente y la
producción agrícola. TeleSUR
Jóvenes franceses se reorganizan tras
desalojo
Tras el desalojo de la Plaza de la
Bastilla, en Francia los jóvenes se organizan y buscan popularizar su movimiento
en demanda de una democracia "real" más representativa y que promueva mayor
atención social, y que se une a las protestas que iniciaron en España, informó
Alex Merlo, miembro de la organización Revolución Española.
Irregulares,
compras de la Secretaría de Marina Armada de México en el extranjero:
ASF
Zósimo Camacho
La Secretaría de Marina mantiene un diferendo con la Auditoría Superior de la Federación en el que también están involucradas las secretarías de la Función Pública y de Hacienda. Para el máximo órgano de fiscalización del país, la Semar violó dos leyes federales y sus respectivos reglamentos al celebrar contratos multianuales sin autorización. Varios de los convenios amparan la adquisición en el extranjero de “bienes” que se utilizan en la “guerra” contra el narcotráfico, y que se resguardan en una bodega ubicada en Estados Unidos. Las dependencias federales justifican la legalidad del procedimiento en una norma interna de la Marina que tiene carácter de “reservada”. Las compras en entredicho ascienden a casi 320 millones de pesos
La
revisión de las cuentas de la Secretaría de Marina (Semar) provoca una
controversia entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las
secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para el máximo órgano de fiscalización del país –dependiente de la Cámara de
Diputados–, la Semar, la SHCP y la SFP no cumplieron con las leyes Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Público. Las secretarías del Poder Ejecutivo se amparan en
una norma interna de la Semar. La diferencia de criterios involucra 319 millones
353 mil 900 pesos utilizados para comprar “bienes” en el extranjero que la
Armada de México utiliza en el “combate al narcotráfico”.
Por
el diferendo, funcionarios de las cuatro instituciones podrían sostener una
reunión de alto nivel en los próximos días. La controversia se centra en los
contratos celebrados por la Semar para adquirir bienes –entre los que se
encuentran los que se almacenan en una bodega ubicada en Orange, Texas, Estados
Unidos– que comprometen recursos de dos o más ejercicios fiscales sin que hayan
sido autorizados por la Secretaría de Hacienda, señala la ASF.
La
Semar –en entrevista con Contralínea– aclara que
se trata de recursos de un solo ejercicio y que el procedimiento está amparado
en una normatividad interna que, en su conjunto, tiene carácter de reservada: la
Norma que Establece los Procedimientos para las Contrataciones de Adquisición de
Bienes, Arrendamientos y Servicios en el Extranjero Inherentes a los Programas
Presupuestarios de Seguridad y Nacional de la Secretaría de Marina. El director
General de Administración y Finanzas de la Semar, contralmirante José Manuel
Rodríguez Aguilar, argumenta que la Norma fue expedida por la propia SHCP y fue
validada por la Función Pública.
“La
tranquilidad de la Secretaría de Marina es que esa Norma está suscrita por las
autoridades hacendarias y por las de la Función Pública, que son parte del Poder
Ejecutivo. La preocupación de la Secretaría de Marina es que la Auditoría
Superior de la Federación no tiene el mismo criterio”, explica.
De
acuerdo con el Informe del
resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la
ASF practicó cinco auditorías a la Secretaría de Marina –entidad administrativa
del Poder Ejecutivo que organiza y prepara a la Armada de México–. Las
observaciones del órgano de fiscalización, realizadas por considerar que se
violaban las leyes federales, se concentraron en dos auditorías financieras y de
cumplimiento: “Adquisición de refacciones para la maquinaria de las unidades de
superficie de la Armada de México” (09-0-13100-02-0313) y “Adquisiciones de
bienes en el extranjero derivadas de las actividades de seguridad nacional”
(09-013100-02-0310).
En
conjunto, por estas dos auditorías la ASF realizó 13 observaciones. Tres de
ellas fueron solventadas por la Semar antes de la integración del Informe. Las 10
restantes generaron 11 recomendaciones y la promoción de tres procesos de
responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos que,
a consideración de la ASF, incumplieron la ley.
Contratos “multianuales”, irregulares
En
ambas auditorías, la ASF encontró que “la norma interna” en que se basa la
Marina para adquirir los bienes que se almacenan en una bodega contratada en
Orange, Texas, “no se ajusta a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria ni en su reglamento”.
Aunque
la Auditoría reconoce que la Norma “fue revisada y dictaminada por la Secretaría
de la Función Pública a través del oficio UNCP/309/NC/0.-0035/2009 del 6 de mayo
de 2009”, mantiene su posición de que tanto la Semar como Hacienda y la SFP
están violando leyes federales.
Doce
contratos celebrados al amparo de esta Norma fueron observados en la auditoría
09-0-13100-02-0313: SCIA/092-2009; SCIA/011-2009; SCIA/124-2009; SCIA/060-2009;
SCIA/048-2009; SCIA/099-2009; SCIA/122-2009; SCIA/121-2009; SCIA/022/2009;
SCIA/126-2009; SCIA/102-2009, y SCIA/123-2009. El monto de los recursos
involucrados asciende a 16 millones 890 mil 700 dólares que, señala la ASF,
equivalen a 206 millones 149 mil 300 pesos.
En la
auditoría 09-0-13100-02-0310, la ASF encontró tres contratos que amparan la
adquisición de bienes en el extranjero para realizar actividades de seguridad
nacional, de los cuales no se proporciona número. Estos tres contratos
involucran un importe total de 8 millones 534 mil dólares, que significan 113
millones 204 mil 600 pesos.
Ambas
auditorías demandan, “ante la Inspección y Contraloría General de Marina”, el
inicio de un “procedimiento administrativo para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u
omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron tramitar ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para celebrar
[contratos] que implicaron obligaciones con cargo en el presupuesto de años
posteriores”.
En
conjunto, los contratos que la ASF considera irregulares implican 25 millones
424 mil 700 dólares, es decir 319 millones 353 mil 900 pesos.
El
contralmirante José Manuel Rodríguez Aguilar rechaza que exista irregularidad
alguna. Recuerda que las adquisiciones que realiza la Armada de México “no son
algo que se pueda comprar en una ferretería”.
Explica
que el recurso comprometido en cada contrato señalado por la ASF corresponde a
un solo año fiscal (2009). Si el pago se realiza en un año posterior es porque
hasta ese momento se concreta la entrega del bien. A decir del director de
Finanzas y Administración de la Semar, esto puede ocurrir “porque se mandó
fabricar, porque los proveedores no tenían en existencia. Este fenómeno se da en
los motores y refacciones de los buques de la Armada de México. Un motor no está
en un aparador. Y a lo mejor me lo van a entregar en 12, 13 o 14 meses, y los
años nomás traen 12”.
Rodríguez
Aguilar considera que no se trata de contratos multianuales y, por lo tanto, no
se necesita de la autorización de la Secretaría de Hacienda: “Tengo a la vista
la norma que regula y que nos permite radicar los recursos a la cuenta de
nuestra Agregaduría Naval en Washington y mantenerlos hasta junio del siguiente
año [y, con ellos, saldar el pago de bienes entregados en el siguiente ejercicio
fiscal]”.
En
efecto, la Norma que Establece los Procedimientos para las Contrataciones de
Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios en el Extranjero Inherentes a
los Programas Presupuestarios de Seguridad Pública y Nacional de la Secretaría
de Marina, en su artículo 7, señala: “Los compromisos establecidos que por
cuestiones de proceso productivo y/o manejo administrativo rebasen el ejercicio
fiscal, deberán quedar finiquitados y pagados al mes de junio del año siguiente
al cierre del ejercicio fiscal correspondiente”.
El
mismo apartado agrega: “Cuando se trate de bienes que no puedan ser entregados
por los proveedores en el plazo señalado en el párrafo anterior, debido al
tiempo que tardan para ser manufacturados o construidos, las liquidaciones serán
efectuadas hasta que se reciban, de conformidad con lo estipulado en los
contratos”.
La
exhibición del documento ante los auditores de la ASF de poco le sirvió a la
Semar. El máximo órgano de fiscalización descalificó casi la totalidad de la
Norma. En las dos auditorías financieras y de cumplimiento se lee: “Con estas
disposiciones, la entidad fiscalizada no da cumplimiento a lo establecido en la
normativa, ya que celebra compromisos plurianuales y formaliza y adjudica
adquisiciones que por sus características se entregarán en ejercicios
posteriores sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público”.
Las
auditorías contenidas en el Informe del resultado de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 agregan que “el
mecanismo que utiliza la entidad fiscalizada [para adquirir bienes en el
extranjero] no se ajusta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento, por lo que se deberá coordinar con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para su revisión”.
Hasta
el momento, tanto la SHCP como la SFP han respaldado a la Marina. Y es que la
Norma impugnada fue expedida por Hacienda y también fue avalada por la Función
Pública. La Auditoría también ha descalificado por ello a las dos secretarías de
Estado.
Sin
embargo, el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la
Semar rechaza que existan contradicciones entre la ley, el reglamento y la
Norma.
“No.
Se me hace que es en el criterio donde hay dos interpretaciones. Existe una Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; existe un reglamento de esa ley. Y
la norma se deriva de esos dos ordenamientos en una cascada de jerarquías. La
Norma no contradice la ley ni el reglamento.”
Para
la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, no hay duda de
que “estamos ante una violación a la ley”. Sin embargo, matiza, “hasta donde se
observa, no hay daño al erario público; se trata de una falta administrativa que
podría derivar en una amonestación privada o pública”.
Ante
la controversia suscitada entre la ASF y las secretarías del Poder Ejecutivo, la
legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática
aclara que la Auditoría “no se pone a dirimir diferencias ni a polemizar; no
tiene la facultad de emitir opiniones ni jurisprudencia, sino de fiscalizar en
estricto apego a la norma”.
La bodega de Texas
Otro
tipo de observaciones genéricas realizadas por la ASF en las dos auditorías
practicadas a la Semar es el de incumplimiento en las fechas de entrega de los
bienes o servicios adquiridos sin que exista algún tipo de penalización para las
empresas contratadas.
En la
auditoría 09-0-13100-02-0310, la ASF identificó que en el caso de tres contratos
por 8 millones 163 mil 400 dólares, equivalentes a 117 millones 107 mil 800
pesos, los proveedores entregaron el bien 51 días después de que se vencieron
los plazos establecidos. Además, en otro contrato, un proveedor presentó la
garantía correspondiente a un anticipo 84 días después del plazo. En dos casos
más, la presentación de la fianza por el cumplimiento del contrato se efectuó 38
y 94 días, respectivamente, luego de los 10 días naturales siguientes a la
firma.
En la
auditoría 09-0-13100-02-0313 (relacionada con la adquisición de refacciones para
maquinaria), los retrasos adquieren una nueva característica: se trata de bienes
que se adquieren en Estados Unidos y se guardan en una bodega que la Semar ha
contratado en Orange, Texas. Ni quienes reciben los bienes adquiridos por la
Marina ni quienes los custodian son elementos de la Armada. Se trata de una
empresa particular que presta sus servicios a la dependencia.
En
los casos en que los bienes son entregados en la bodega de Orange, como en los
recintos fiscales de Houston y Laredo, Texas, “la entidad fiscalizada (la Semar)
no tiene ninguna participación en la recepción física de los bienes; por lo
tanto, no se certifica que éstos se entregaron en las cantidades y condiciones
pactadas en los contratos, lo que pone en riesgo a la dependencia en caso de
incumplimiento por parte de los proveedores”.
Y la
Auditoría cuenta con ejemplos concretos. Uno de ellos es del contrato
SCIA/015-2009. La Semar pagó el ciento por ciento de lo convenido, 302 mil 900
dólares (4 millones 21 mil 500 pesos), el 31 de julio de 2009, considerando que
el proveedor había efectuado las entregas físicas en la bodega de Orange. Sin
embargo, la entrega total de los bienes ocurrió días después: el 13 de agosto de
2009.
Para
la ASF, se trata de una “práctica que pone en desventaja a la Armada de México
en caso de existir faltante de bienes”.
Por
ello, una de las recomendaciones que realiza la Auditoría a la Semar es que
“implemente los mecanismos de control que garanticen que cuando se reciban
bienes en la bodega contratada en Orange, Texas, o en los recintos fiscales del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Houston y de Laredo, Texas,
esté presente personal de la Secretaría de Marina que certifique que los
proveedores entreguen los bienes adquiridos en las cantidades y condiciones
pactadas en los contratos, con el fin de que los pagos que se efectúen a los
proveedores estén devengados”.
El
contralmirante José Manuel Rodríguez Aguilar asegura que todos los bienes son
entregados a la Secretaría de Marina “en tiempo y forma”. Lo que ocurre es que
la ASF no considera entregados los bienes que se almacenan en Orange, Texas.
Para la Auditoría, los bienes están en posesión de la Armada hasta que se
encuentran en territorio mexicano.
“Son
bienes y servicios de los cuales en sus contratos se ha establecido que la
entrega es libre a bordo en nuestra bodega de Orange, Texas. Así, el bien no se
encuentra en territorio mexicano, sino en una bodega que tenemos contratada. Un
buque de la Armada de México, cada mes o cada mes y medio, va por todo lo que
tenemos ahí de pertrechos, aprovisionamientos, insumos, municiones. Y aunque los
bienes estén en nuestra bodega, la ASF no nos los está reconociendo como
entregados sino hasta que están en territorio mexicano. Es una diferencia de
criterios.”
—¿En
algún momento los bienes quedan en el limbo?
—No,
no, no, no. La observación consistió en que, a los ojos de la Auditoría
Superior de la Federación, el bien no ha sido entregado porque está en la bodega
de Orange y no en territorio nacional, y que la persona que está ahí no tiene
uniforme de nosotros.
—¿Se
podría tener un representante de la Marina en esa bodega?
—Tratamos
de plantearle al señor almirante secretario [Mariano Francisco Saynez Mendoza]
si valdría la pena generar un representante diplomático ahí. Pero se tendría que
hacer una serie de trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para
abrir una agregaduría militar adjunta en Orange, Texas. Y se nos antoja
irracional estarle pagando en dólares a un servidor público nomás por estar
poniendo sellitos, cuando nosotros tenemos contratada a una compañía seria que
nos está llevando los fletes, las maniobras, las cargas, las
descargas…
Con la
reforma laboral se habrían evitado accidentes en minas, afirma Lozano
No están para vigilarnos, sino para legislar, reclama a integrantes
de la Permanente
Se enfrenta a PRI, PRD y PT al comparecer con los titulares de
Economía, Energía y Ecología
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La
Jornada
Miércoles 1º de junio de 2011, p. 7
Miércoles 1º de junio de 2011, p. 7
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Javier Lozano Alarcón, se confrontó ayer con legisladores de PRI, PRD y PT,
principalmente con los priístas, a quienes reclamó que son ellos quienes
deberían comparecer ante la sociedad para responder por qué no aprobaron la
reforma laboral, cambio legislativo que, aseguró, habría evitado muchos de los
38 mil accidentes que han ocurrido en minas en los 10 años
recientes.
Incluso, puso en duda la facultad del Congreso para llamar a
cuentas a los servidores públicos. Ustedes no están para vigilarnos, están para
legislar, afirmó. Y ante la insistencia de los legisladores acerca de las fallas
y omisiones en los casos de Pasta de Conchos y Sabinas, el secretario del
Trabajo elevó el tono de la confrontación.
Eso provocó que el diputado Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) le
pidiera serenarse, y le dijo: Mal hacen los que mucho ladran, poco aportan y
nada construyen, mientras el coordinador del PRD en San Lázaro, Armado Ríos
Piter, le advirtió que no es interlocutor con el Congreso para la reforma
laboral.
Lozano compareció ante senadores y diputados de la Comisión
Permanente, junto con los secretarios de Economía, Bruno Ferrari; de Energía,
José Antonio Meade, y de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan
Rafael Elvira, además de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Daniel Karam, y de la Comisión Federal de Electricidad, Antonio Vivanco
Casamadrid.
El secretario del Trabajo intervino más que los otros funcionarios
y convirtió la comparecencia de cinco horas en un ríspido debate. El diputado
Heliodoro Díaz (PRI) pidió que se le llamara al orden cuando Lozano, en
respuesta a los priístas Marcela Guerra y Miguel Pompa Corella, así como al
perredista Vidal Llerena, reclamó: El problema es que ustedes no comparecen ante
la sociedad por no haber aprobado la reforma a la Ley Federal del
Trabajo.
Antes, le dijo al perredista que lo cuestionó por la nula reacción
después del accidente en Pasta de Conchos: O no estuvo usted presente cuando di
mi explicación, o no me oyó o no la entendió.
Desorden que cuesta vidas: García
Cervantes
No sólo priístas y perredistas lo cuestionaron. El senador Ricardo
García Cervantes (PAN) advirtió que el sector minero es un desorden que cuesta
vidas y se debe asumir con mucha seriedad porque causa muertes, cobra vidas,
mutila a jóvenes trabajadores y enluta familias.
Destacó ante los seis funcionarios que hay un absoluto desorden en
el sector gubernamental que debe regular la actividad minera, porque no existe
colaboración, cooperación ni responsabilidad entre dependencias. El panista
refutó la acusación de Lozano de que México no ha ratificado el convenio 144 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que la edad
mínima para laborar es de 15 años, porque el Senado no lo ha
aprobado.
En su exposición inicial, el secretario del Trabajo sostuvo que el
sector minero no es el que más accidentes laborales y defunciones registra. Dijo
que en 38 mil percances ocurridos en 10 años recientes han fallecido 340
trabajadores, mientras en un solo año en la industria de la construcción
murieron 216.
Aseguró que después del accidente de Pasta de Conchos se expidió
una nueva norma, la 032, para dar más seguridad a los trabajadores de las minas
de carbón y que la STPS llevó a cabo 138 inspecciones. Se quejó de la falta de
inspectores y de que hay un déficit de mil 395 plazas.
El priísta David Penchyna –el vocero del PRI que anunció en días
pasados que Lozano ya no es interlocutor con su partido– refutó esa aseveración
y dijo que, en todo caso, es responsabilidad del Ejecutivo por no haberlo
incluido en el Presupuesto. Sin embargo, el funcionario insistió durante la
comparecencia en ese punto.
¿Ustedes creen que con 376 inspectores podemos vigilar todo el
tiempo y en todo lugar 835 mil centros de trabajo en el país?, recalcó
Lozano.
Ríos Piter señaló que Lozano mostró gran capacidad para deshacerse
de su responsabilidad frente al sector minero con el argumento de que no cuenta
con presupuesto ni personal suficiente para realizar las
inspecciones.
También fue cuestionado el secretario de Economía, Bruno Ferrari,
quien sostuvo que la minería es una de las actividades más importantes del país
y representa 4.6 por ciento del producto interno bruto. Indicó que se han
otorgado más de 26 mil concesiones a particulares para explotar minas y planteó
un decálogo para mejorar esa actividad, que incluye reformas a la ley en la
materia.
Los demás funcionarios poco intervinieron. El director del IMSS
señaló que poco tenía que informar acerca del accidente en la mina de Sabinas,
donde fallecieron 14 trabajadores y un menor resultó lesionado, porque todo lo
había dicho el titular de la STPS.
La diputada Laura Itzel Castillo (PT) expuso que lo único que quedó
claro es la soberbia de los representantes de este gobierno espurio. Lerdo de
Tejada recomendó a Lozano leer el artículo 74 constitucional, el cual establece
que es atribución del Legislativo verificar al gobierno y le dijo que tanto él
como los demás funcionarios son empleados del presidente de la
República.
Al final, Lozano lamentó que los legisladores puedan llamar a
comparecer a los funcionarios durante varias horas, hablar de gobiernos espurios
y de perros que ladran, pero son incapaces de aceptar la menor
crítica.
En entrevista, sostuvo: Me enfrento en los debates y los gano con
fundamento. Agregó que no le importa que la dirigencia del PRI rompa con él.
Mientras no sea la del PAN, me tiene sin cuidado.
