Los priistas se ríen de Calderón
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Después de cinco años de complicidades, y ya en el ocaso de su estéril gestión, no es creíble la acción justiciera de Felipe Calderón contra exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aun contra su correligionario Vicente Fox.
Al contrario, los amagos de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente panista, así como los exgobernadores priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrignton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores ratifican el uso faccioso que ha hecho Calderón de la procuración de justicia, de suyo tan desacreditada en México.
La tentativa de proceder contra los exgobernadores de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha sometido a las instituciones –incluidas las federales y el Ejército mismo–, da la impresión no de ser una cruzada auténtica contra quienes se han coludido con la delincuencia, sino una señal para la negociación o un mero “estate quieto”.
Un ejemplo de cómo procede Calderón en asuntos de justicia es Coahuila: El senador Federico Döring hizo una acuciosa investigación sobre el manejo y el destino de la deuda de más de 34 mil millones de pesos del exgobernador Humberto Moreira, defenestrado presidente del PRI, y ordenó entregarle toda la información a su compadre, el también senador Guillermo Anaya Llamas.
¿Por qué razón tomó esta decisión? Ni el mismo Döring lo sabe. El caso es que Anaya fue el que, el 10 de enero, presentó ante la PGR una segunda denuncia contra Moreira, cuando ni siquiera hay avances de la primera y, más bien, lo que se presume es únicamente someter al actual gobernador, Rubén Moreira, justamente el hermano, para sólo neutralizarlo electoralmente.
Ese parece ser, también, el objetivo de difundir el decomiso de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz en un avión que aterrizó en Toluca, Estado de México, el fin de semana, y que supuestamente sería para pagar espectáculos de esa entidad, aunque la sospecha es que eran parte de la “vaquita” de los gobernadores a Peña Nieto, como si le hiciera falta.
El afán de justicia tampoco se aprecia que exista, por ejemplo, en el caso de Eugenio Hernández por la relación tan tersa de ambos durante sus gestiones y, sobre todo, la ayuda que el exgobernador le dio al PAN en las elecciones de 2006, como consta en una conversación de éste con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox, divulgada durante el conflicto poselectoral.
Más aún, conforme a lo que panistas prominentes confían bajo condición de anonimato, Calderón sí poseía y posee evidencias sólidas de la colusión de gobernadores y exgobernadores con criminales o de uso ilegal de recursos federales, entre ellos Ulises Ruiz, Ismael Hernández Deras y Mario Marín, pero los tres operaron a su favor en las elecciones de 2006 y no hay modo de que sean castigados.
De hecho, el embate del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra Javier García Ramírez y Alfredo Arango, secretarios de Obras Públicas y de Salud del gobierno de Marín, han sido pactadas con Calderón, pero no llegarán al exgobernador, por la misma razón que los otros: Por haber operado electoralmente por él en 2006.
¿Debe Calderón algo a Yarrington o a Cavazos Lerma? Por lo visto no, pero tampoco se ve cómo pueda llevarlos a juicio y tan es más viable un nuevo ridículo, como en el caso de Jorge Hank Rhon, que Cavazos apareció horas después de darse a conocer la orden de la PGR para no dejar salir del país a los exgobernadores, para retar al gobierno y acusarlo de instrumentar una guerra sucia contra el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto.
Con Fox pasa exactamente lo mismo: La ostensible riqueza del expresidente sólo se explica por corrupción, de él, de su mujer o de sus hijastros, pero Calderón no busca hacer justicia, que la habría hecho apenas asaltó el poder, sino amordazar a quien detesta, sobre todo por sus alabanzas a Peña Nieto, de quien es ya colaborador el citado Cerisola.
El riesgo para Calderón es que, si la PGR se pasa un poquito, Fox hable del proceso electoral de 2006 y lo desnude, exactamente igual que los exgobernadores priistas.
No, no hay modo de que Calderón se salga con la suya.
Apuntes
“No está cabrón, está cabronsísimo”, me dijo hoy lunes un cercano colaborador de la precandidasta Josefina Vázquez Mota al advertir que, en la jornada electoral del próximo domingo, se prevé una movilización de la maquinaria electoral de Ernesto Cordero para imponerse. Por eso, los josefinistas crearon una estrategia para proteger el voto, una especie de “cazamapaches azules”, que identifican con Cordero, en una contienda que, si nos atenemos a la historia de adulteración electoral en el PAN –como hace seis años–, se prevé que sea de mapaches contra tejones… En Guanajuato, el empresario Miguel Salim, precandidato panista a alcalde de León, no articula una explicación de por qué, como director del ISSEG, otorgó contratos por 200 millones de pesos para distribución y almacenamiento de medicamentos a una empresa con apenas un mes de constituida y cuyo accionista mayoritario es un humilde chofer. Aduce que es “fuego amigo”, pero este escándalo perfila al menos tráfico de influencias y corrupción.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado
Al contrario, los amagos de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente panista, así como los exgobernadores priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrignton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores ratifican el uso faccioso que ha hecho Calderón de la procuración de justicia, de suyo tan desacreditada en México.
La tentativa de proceder contra los exgobernadores de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha sometido a las instituciones –incluidas las federales y el Ejército mismo–, da la impresión no de ser una cruzada auténtica contra quienes se han coludido con la delincuencia, sino una señal para la negociación o un mero “estate quieto”.
Un ejemplo de cómo procede Calderón en asuntos de justicia es Coahuila: El senador Federico Döring hizo una acuciosa investigación sobre el manejo y el destino de la deuda de más de 34 mil millones de pesos del exgobernador Humberto Moreira, defenestrado presidente del PRI, y ordenó entregarle toda la información a su compadre, el también senador Guillermo Anaya Llamas.
¿Por qué razón tomó esta decisión? Ni el mismo Döring lo sabe. El caso es que Anaya fue el que, el 10 de enero, presentó ante la PGR una segunda denuncia contra Moreira, cuando ni siquiera hay avances de la primera y, más bien, lo que se presume es únicamente someter al actual gobernador, Rubén Moreira, justamente el hermano, para sólo neutralizarlo electoralmente.
Ese parece ser, también, el objetivo de difundir el decomiso de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz en un avión que aterrizó en Toluca, Estado de México, el fin de semana, y que supuestamente sería para pagar espectáculos de esa entidad, aunque la sospecha es que eran parte de la “vaquita” de los gobernadores a Peña Nieto, como si le hiciera falta.
El afán de justicia tampoco se aprecia que exista, por ejemplo, en el caso de Eugenio Hernández por la relación tan tersa de ambos durante sus gestiones y, sobre todo, la ayuda que el exgobernador le dio al PAN en las elecciones de 2006, como consta en una conversación de éste con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox, divulgada durante el conflicto poselectoral.
Más aún, conforme a lo que panistas prominentes confían bajo condición de anonimato, Calderón sí poseía y posee evidencias sólidas de la colusión de gobernadores y exgobernadores con criminales o de uso ilegal de recursos federales, entre ellos Ulises Ruiz, Ismael Hernández Deras y Mario Marín, pero los tres operaron a su favor en las elecciones de 2006 y no hay modo de que sean castigados.
De hecho, el embate del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra Javier García Ramírez y Alfredo Arango, secretarios de Obras Públicas y de Salud del gobierno de Marín, han sido pactadas con Calderón, pero no llegarán al exgobernador, por la misma razón que los otros: Por haber operado electoralmente por él en 2006.
¿Debe Calderón algo a Yarrington o a Cavazos Lerma? Por lo visto no, pero tampoco se ve cómo pueda llevarlos a juicio y tan es más viable un nuevo ridículo, como en el caso de Jorge Hank Rhon, que Cavazos apareció horas después de darse a conocer la orden de la PGR para no dejar salir del país a los exgobernadores, para retar al gobierno y acusarlo de instrumentar una guerra sucia contra el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto.
Con Fox pasa exactamente lo mismo: La ostensible riqueza del expresidente sólo se explica por corrupción, de él, de su mujer o de sus hijastros, pero Calderón no busca hacer justicia, que la habría hecho apenas asaltó el poder, sino amordazar a quien detesta, sobre todo por sus alabanzas a Peña Nieto, de quien es ya colaborador el citado Cerisola.
El riesgo para Calderón es que, si la PGR se pasa un poquito, Fox hable del proceso electoral de 2006 y lo desnude, exactamente igual que los exgobernadores priistas.
No, no hay modo de que Calderón se salga con la suya.
Apuntes
“No está cabrón, está cabronsísimo”, me dijo hoy lunes un cercano colaborador de la precandidasta Josefina Vázquez Mota al advertir que, en la jornada electoral del próximo domingo, se prevé una movilización de la maquinaria electoral de Ernesto Cordero para imponerse. Por eso, los josefinistas crearon una estrategia para proteger el voto, una especie de “cazamapaches azules”, que identifican con Cordero, en una contienda que, si nos atenemos a la historia de adulteración electoral en el PAN –como hace seis años–, se prevé que sea de mapaches contra tejones… En Guanajuato, el empresario Miguel Salim, precandidato panista a alcalde de León, no articula una explicación de por qué, como director del ISSEG, otorgó contratos por 200 millones de pesos para distribución y almacenamiento de medicamentos a una empresa con apenas un mes de constituida y cuyo accionista mayoritario es un humilde chofer. Aduce que es “fuego amigo”, pero este escándalo perfila al menos tráfico de influencias y corrupción.
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Explosivo coctel de incongruencias
Sesión en el TEPJF.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La actitud desafiante e incoherente de candidatos y partidos políticos; la pusilanimidad del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE); la incongruente y desigual aplicación de la Constitución, la ley y los criterios generales del derecho por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como la pertinaz oposición de los concesionarios de radio y televisión –particularmente del duopolio televisivo y sus personeros– a la reforma constitucional de 2007, conforman un explosivo coctel que puede estallar en cualquier momento y generar una tensión adicional en un de por sí controvertido proceso electoral.
Candidatos y partidos políticos, como han hecho siempre, buscan cualquier resquicio y/o debilidad de la legislación para burlarla y obtener ventajas sobre sus contrincantes. Así, para burlar la prohibición de comprar tiempos comerciales en radio y televisión, recurrieron a los infomerciales en los espacios noticiosos y a la compra disfrazada en todo el resto de la programación, particularmente programas deportivos, de espectáculos y de revista. Los ejemplos de esta práctica abundan y la realizan lo mismo gobernantes que aspirantes a un puesto de elección popular, con recursos públicos o privados. Como sea, obtienen espacios privilegiados en los programas y horarios de mayor audiencia, por vías ilegales.
Pero no se conforman con violar la normatividad vigente, sino que también se ocupan de impedir a sus contendientes que lo hagan o, al menos, de colocarles obstáculos, por lo que interponen todos los recursos a su alcance para que las autoridades sancionen a sus oponentes por las mismas acciones que ellos realizan defendiéndolas como legales.
Las resoluciones más recientes de la Sala Superior del TEPJF sobre el proceso electoral por la gubernatura de Michoacán evidencian lo antedicho con meridiana claridad. Y es que el PRD interpuso una queja contra la transmisión de la historia de vida y una entrevista a Luisa María Calderón, candidata del PAN y el Panal, en el programa Historias engarzadas, de Tv Azteca, el 29 de octubre de 2011, dos semanas antes de la elección constitucional, así como en contra de los promocionales difundidos previamente, considerando que se trataba de la adquisición, contratación y/o donación de tiempos en radio y televisión adicionales a los que pautaron a través del IFE.
Pero el PAN, a su vez, impugna la transmisión de más de 80 entrevistas de Fausto Vallejo en diversos noticiarios y programas de radio y televisión nacionales, regionales y locales, entre diciembre de 2010 y octubre de 2011, aduciendo exactamente lo mismo que el PRD esgrimía en su contra en el caso del programa transmitido en Tv Azteca. Candidatos y partidos políticos “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”.
Ante la desafiante actitud de los partidos y sus abanderados, el IFE se pasma: se niega a emitir reglamentos o lineamientos que permitan fijar límites claros a lo establecido en la Constitución y el Cofipe, pues como dijo su consejero presidente, Leonardo Valdés, en torno a la realización y transmisión de debates en los medios electrónicos, “en el Consejo General hay un ánimo de no sobrerregular el proceso electoral”. Además de que al resolver las quejas evita reiteradamente sancionar a los distintos actores políticos.
Un caso muy representativo de esto último fue la queja que interpuso el PAN en julio de 2010 en contra de unos promocionales de Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1814), para que finalmente, en agosto de 2011 –trece meses después–, se le aplicara una multa al Partido del Trabajo. Para llegar a ello el TEPJF tuvo que revocar tres resoluciones del Consejo General del IFE y éste tuvo que votar cuatro proyectos de resolución. El Consejo General del IFE se resistía a sancionar a cualquiera de los actores políticos involucrados.
Sin embargo, la cadena sigue con el TEPJF que, al parecer dominado reiteradamente por el “síndrome de La Chimoltrufia”, y con el argumento de que sus resoluciones son para casos específicos, lo mismo aplica un criterio en un caso que exactamente el contrario en otro. Esto sucedió con las actividades permitidas a los precandidatos únicos.
Pero hay otros casos iguales o más preocupantes, como el criterio establecido para emplazar o no a un presunto responsable de una violación a la normatividad vigente. En 2008, recién aprobada la nueva normatividad en materia de propaganda político-electoral y gubernamental, cuando el IFE instauró más de un centenar de procedimientos sancionatorios en contra de gobernantes que presuntamente violaban el artículo 134 de la Constitución, el TEPJF emitió una jurisprudencia donde obliga al IFE a realizar las diligencias pertinentes, antes de iniciar el procedimiento y emplazar a los gobernantes, para verificar “si existe la factibilidad real de estar frente a propaganda política o electoral contraria a la ley, es decir, contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; que contenga expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del proceso electoral; que contenga mensajes tendentes a la obtención del voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover la imagen personal de algún servidor público, o a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, así como que pueda afectar la equidad en la contienda”. Pues de lo contrario, continúa, se “generaría una molestia injustificada al emplazado”.
Ello, a pesar de que algunos de los aspectos que el TEPJF pide al IFE comprobar no son comprobables sin información oficial, lo que obliga a sustanciar el procedimiento y solicitar información a los gobernantes.
En contraparte, durante el pasado mes de enero, al resolver sobre las entrevistas del candidato priista al gobierno de Michoacán, señala: “La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, admite que no se realizaron los emplazamientos a los concesionarios y permisionarios vinculados con los hechos denunciados, bajo el argumento de evitar un acto de molestia al gobernado, lo que en el caso no se considera aplicable, pues el emplazamiento a un procedimiento administrativo sancionador de un sujeto denunciado o vinculado de manera evidente como partícipe de los hechos, a partir de los cuales se aduce una infracción a la normativa electoral federal, no constituye una diligencia menor que pueda obviarse para evitar un acto de molestia, sino por el contrario, se requiere de su emplazamiento a efecto de dilucidar su probable responsabilidad y otorgarle las debidas garantías de audiencia y defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador”.
Son dos casos y momentos diferentes, pero el asunto a dirimir es la molestia a terceros: en el primero, evitarla al máximo; en el segundo, emplazar al implicado de inmediato, pues el TEPJF considera que no es una molestia, sino una forma de preservar sus garantías. Esto significa que se protege al máximo a los gobernantes y al mínimo a los particulares, cuando debiese ser exactamente a la inversa.
Y todos estos elementos son utilizados por los opositores a la reforma electoral de 2007 y 2008 para seguir saboteando la nueva normatividad en materia de medios de comunicación (Proceso 1838). De manera que el duopolio televisivo y sus personeros aprovechan todas estas debilidades y contradicciones para lanzarse en contra de la misma, como sucedió con los debates y los emplazamientos a los concesionarios y comunicadores.
La historia muestra que no tiene sentido pedir a los actores políticos (incluyendo a los gobernantes) y a los concesionarios que tengan prudencia y apego voluntario a la legalidad, pues hasta hoy no los han mostrado nunca, de modo que la única opción para deshacer este explosivo coctel es una actuación más comprometida y proactiva del IFE y una mayor congruencia en las resoluciones y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy todavía es tiempo de cambiar y evitar el estallido
Candidatos y partidos políticos, como han hecho siempre, buscan cualquier resquicio y/o debilidad de la legislación para burlarla y obtener ventajas sobre sus contrincantes. Así, para burlar la prohibición de comprar tiempos comerciales en radio y televisión, recurrieron a los infomerciales en los espacios noticiosos y a la compra disfrazada en todo el resto de la programación, particularmente programas deportivos, de espectáculos y de revista. Los ejemplos de esta práctica abundan y la realizan lo mismo gobernantes que aspirantes a un puesto de elección popular, con recursos públicos o privados. Como sea, obtienen espacios privilegiados en los programas y horarios de mayor audiencia, por vías ilegales.
Pero no se conforman con violar la normatividad vigente, sino que también se ocupan de impedir a sus contendientes que lo hagan o, al menos, de colocarles obstáculos, por lo que interponen todos los recursos a su alcance para que las autoridades sancionen a sus oponentes por las mismas acciones que ellos realizan defendiéndolas como legales.
Las resoluciones más recientes de la Sala Superior del TEPJF sobre el proceso electoral por la gubernatura de Michoacán evidencian lo antedicho con meridiana claridad. Y es que el PRD interpuso una queja contra la transmisión de la historia de vida y una entrevista a Luisa María Calderón, candidata del PAN y el Panal, en el programa Historias engarzadas, de Tv Azteca, el 29 de octubre de 2011, dos semanas antes de la elección constitucional, así como en contra de los promocionales difundidos previamente, considerando que se trataba de la adquisición, contratación y/o donación de tiempos en radio y televisión adicionales a los que pautaron a través del IFE.
Pero el PAN, a su vez, impugna la transmisión de más de 80 entrevistas de Fausto Vallejo en diversos noticiarios y programas de radio y televisión nacionales, regionales y locales, entre diciembre de 2010 y octubre de 2011, aduciendo exactamente lo mismo que el PRD esgrimía en su contra en el caso del programa transmitido en Tv Azteca. Candidatos y partidos políticos “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”.
Ante la desafiante actitud de los partidos y sus abanderados, el IFE se pasma: se niega a emitir reglamentos o lineamientos que permitan fijar límites claros a lo establecido en la Constitución y el Cofipe, pues como dijo su consejero presidente, Leonardo Valdés, en torno a la realización y transmisión de debates en los medios electrónicos, “en el Consejo General hay un ánimo de no sobrerregular el proceso electoral”. Además de que al resolver las quejas evita reiteradamente sancionar a los distintos actores políticos.
Un caso muy representativo de esto último fue la queja que interpuso el PAN en julio de 2010 en contra de unos promocionales de Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1814), para que finalmente, en agosto de 2011 –trece meses después–, se le aplicara una multa al Partido del Trabajo. Para llegar a ello el TEPJF tuvo que revocar tres resoluciones del Consejo General del IFE y éste tuvo que votar cuatro proyectos de resolución. El Consejo General del IFE se resistía a sancionar a cualquiera de los actores políticos involucrados.
Sin embargo, la cadena sigue con el TEPJF que, al parecer dominado reiteradamente por el “síndrome de La Chimoltrufia”, y con el argumento de que sus resoluciones son para casos específicos, lo mismo aplica un criterio en un caso que exactamente el contrario en otro. Esto sucedió con las actividades permitidas a los precandidatos únicos.
Pero hay otros casos iguales o más preocupantes, como el criterio establecido para emplazar o no a un presunto responsable de una violación a la normatividad vigente. En 2008, recién aprobada la nueva normatividad en materia de propaganda político-electoral y gubernamental, cuando el IFE instauró más de un centenar de procedimientos sancionatorios en contra de gobernantes que presuntamente violaban el artículo 134 de la Constitución, el TEPJF emitió una jurisprudencia donde obliga al IFE a realizar las diligencias pertinentes, antes de iniciar el procedimiento y emplazar a los gobernantes, para verificar “si existe la factibilidad real de estar frente a propaganda política o electoral contraria a la ley, es decir, contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; que contenga expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del proceso electoral; que contenga mensajes tendentes a la obtención del voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover la imagen personal de algún servidor público, o a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, así como que pueda afectar la equidad en la contienda”. Pues de lo contrario, continúa, se “generaría una molestia injustificada al emplazado”.
Ello, a pesar de que algunos de los aspectos que el TEPJF pide al IFE comprobar no son comprobables sin información oficial, lo que obliga a sustanciar el procedimiento y solicitar información a los gobernantes.
En contraparte, durante el pasado mes de enero, al resolver sobre las entrevistas del candidato priista al gobierno de Michoacán, señala: “La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, admite que no se realizaron los emplazamientos a los concesionarios y permisionarios vinculados con los hechos denunciados, bajo el argumento de evitar un acto de molestia al gobernado, lo que en el caso no se considera aplicable, pues el emplazamiento a un procedimiento administrativo sancionador de un sujeto denunciado o vinculado de manera evidente como partícipe de los hechos, a partir de los cuales se aduce una infracción a la normativa electoral federal, no constituye una diligencia menor que pueda obviarse para evitar un acto de molestia, sino por el contrario, se requiere de su emplazamiento a efecto de dilucidar su probable responsabilidad y otorgarle las debidas garantías de audiencia y defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador”.
Son dos casos y momentos diferentes, pero el asunto a dirimir es la molestia a terceros: en el primero, evitarla al máximo; en el segundo, emplazar al implicado de inmediato, pues el TEPJF considera que no es una molestia, sino una forma de preservar sus garantías. Esto significa que se protege al máximo a los gobernantes y al mínimo a los particulares, cuando debiese ser exactamente a la inversa.
Y todos estos elementos son utilizados por los opositores a la reforma electoral de 2007 y 2008 para seguir saboteando la nueva normatividad en materia de medios de comunicación (Proceso 1838). De manera que el duopolio televisivo y sus personeros aprovechan todas estas debilidades y contradicciones para lanzarse en contra de la misma, como sucedió con los debates y los emplazamientos a los concesionarios y comunicadores.
La historia muestra que no tiene sentido pedir a los actores políticos (incluyendo a los gobernantes) y a los concesionarios que tengan prudencia y apego voluntario a la legalidad, pues hasta hoy no los han mostrado nunca, de modo que la única opción para deshacer este explosivo coctel es una actuación más comprometida y proactiva del IFE y una mayor congruencia en las resoluciones y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy todavía es tiempo de cambiar y evitar el estallido
