Acteal: pasos en la azotea...

Jorge Camil

A

  

medida que se termina el sexenio se incrementa la presión para que el Congreso apruebe las reformas a la ley de seguridad nacional (LSN). En opinión del secretario de la Defensa, la nueva LSN es requerida con urgencia para tener mayores capacidades operativas y aumentar la eficacia de los soldados, y para terminar con el estado de indefinición. De no aprobarse las reformas –sentenció el general– podríacrearse confusión e incertidumbre en mandos y tropas, e inclusive en la ciudadanía. En opinión del secretario, las reformas son necesarias para continuar manteniendo el espíritu de cuerpo y la alta moral de las fuerzas armadas. Es importante analizar con detalle cada una de sus afirmaciones.

El militar no explicó cómo aumentarían la capacidad operativa y laeficacia de los soldados (conceptos militares) con la simple aprobación de unas reformas legales a la LSN. Parecen, y son, conceptos diferentes. Sin embargo, se contestó a sí mismo cuando definió la situación actual como un estado de indefinición. Habló deconfusión e incertidumbre en mandos y tropas, e inclusive en la ciudadanía, con lo cual reconoce la debilidad legal con la que están participando en la guerra contra los cárteles. Es un hecho que la confusión entre mandos y tropas anuncia dificultades preocupantes en la cadena de mando. Podría significar que algunos oficiales jóvenes, más instruidos y democráticos que sus jefes, y conscientes de los miles de quejas por violaciones a los derechos humanos, comienzan a cuestionar su participación en un conflicto cuyas orígenes, desarrollo y futuro ha mantenido in pectore Felipe Calderón. Lo más preocupante fue el comentario sobre la necesidad de mantener la alta moral de los militares. ¿Anuncia agotamiento de la tropa para continuar matando compatriotas y muriendo en una guerra perdida? El general tampoco explicó cómo ayudaría la nueva LSN a curar ese mal.

Los soldados no son los únicos que están intranquilos e inseguros. En días pasados los diputados comenzaron a discutir un dictamen que pretende establecer un marco jurídico para legalizar las operaciones en tierra de la Armada de México. ¡Hay incertidumbre por doquier!

En un artículo reciente en La Jornada(bit.ly/nqSH63) cité a José Luis Soberanes, ex ombudsman nacional, para quien el marco jurídico que piden los militares dentro de la LSN es para tener impunidad, a fin de no ser juzgados por delitos cometidos en tareas de seguridad nacional; quieren cambiar la ley para adecuarla a lo que están haciendo, como en Chile y Argentina, y así evitar los tribunales internacionales.

Las palabras de Soberanes resultaron premonitorias, porque el 16 de septiembre pasado un despacho de abogados de Miami, Florida, presentó una demanda por daños compensatorios y punitivos, y violaciones al derecho internacional contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por su presunta responsabilidad en las 45 ejecucionesextrajudiciales ocurridas durante su gobierno en la matanza de Acteal. Los demandantes, cuatro mujeres y seis hombres, deudos de las víctimas, procedieron en forma anónima para proteger su identidad. Acusan también al ex presidente de haber cometidocrímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y ejercido terror y violencia, para con ello impedir el ejercicio de sus derechos de libre asociación, libertad de pensamiento y de opinión política.

La demanda fue instaurada en Hartford, Connecticut, donde reside el ex presidente cuando atiende obligaciones académicas en la Universidad de Yale. La base jurídica fue la ley conocida comoAlien Tort Claims Act (ley para reclamaciones contra extranjeros), un estatuto que permite a las cortes estadunidenses juzgar casos sobre violaciones a derechos humanos presentados por extranjeros, por conductas cometidas fuera de Estados Unidos. Los abogados citaron otras disposiciones y convenciones internacionales en apoyo de su acción; le dan al ex presidente 21 días para contestar a partir del emplazamiento. Crearon una página bilingüe en Internet donde publican y reciben información:acteal97.

Uno de los anexos de la demanda lo constituye el Plan de Campaña Chiapas 94, revelado en Proceso el 4 de enero de 1998. En él se definían las metas de una guerra de baja intensidad, como estrategia para quitar el apoyo ciudadano al EZLN (a cuyos cuadros definen comotransgresores de la ley), y con ello provocar su derrota.

Esta demanda incrementará la urgencia para regularizar la participación militar en la guerra de Calderón. No se trata por supuesto de comparar vidas humanas. Todas son sagradas (incluyendo las de los criminales, ¡para asombro de Javier Duarte!). Pero las 45 víctimas de Acteal (siete varones, 20 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, y 18 menores) no se comparan con las 60 mil víctimas que dejará la guerra civil de Calderón.

La demanda contra Ernesto Zedillo demuestra que, en un mundo globalizado, abogados internacionales y jueces incorruptibles están encontrando canales ingeniosos para derribar fronteras y hacer cumplir los derechos humanos.

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DESESPERACION AUTORITARIA- ‘Los Matazetas’ o el cogobierno del crimen organizado-

‘Los Matazetas’ o el cogobierno del crimen organizado

José Gil Olmos
28 de septiembre de 2011 · 5 Comentarios
Análisis

El primer mensaje de 'Los Matazetas' en Youtube.

MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Desde hace más de año y medio, principios de 2010, para ser precisos, surgieron los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención, en octubre de 2009, de Óscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del cártel del Milenio.

A partir de ese hecho, el grupo que coordinaba El Lobo Valencia se dividió en dos, lo que dio origen a las agrupaciones arriba mencionadas, de las cuales la segunda se erigió como el nuevo brazo armado del cártel de Sinaloa, para terminar con Los Zetas en Veracruz.

Considerado ahora como un grupo paramilitar, ya se le compara con los paramilitares de Colombia, sin tomar en cuenta que en aquel país esos grupos fueron creados por empresarios y no por los mismos cárteles, como es el caso de “Los Matazetas” e incluso los propios Zetas, creados por Osiel Cárdenas como su equipo especial de seguridad.

El cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en Colima, Guanajuato, Jalisco y ahora Veracruz, lo que significa que ya tiene acuerdos con otro cártel que lo usa como su brazo ejecutor para apoderarse de una plaza históricamente importante para el tráfico de las drogas.

De acuerdo con informes oficiales, al CJNG se le conoce originalmente como Los Torcidos y sus líderes fundadores son Nemesio Oseguera, El Mencho, y Martín Arzola Ortega, El 53, quien fue detenido en julio del 2011 en compañía de Erick José Alcázar Limón, El Niño, responsable del traslado de dinero y de seguir las actividades de La Resistencia.

Desde sus inicios, el CJNG planteó un espíritu “justiciero” y “nacionalista” que ha ratificado en sus últimos dos comunicados, en los que ya se identifica como Los Matazetas.

En uno de sus primeros textos hizo el siguiente pronunciamiento: “Jalisco, tierra de libertad y gente de trabajo. Muerte a los secuestradores y extorsionadores. Aquí en Jalisco no permitiremos que quieran entrar otros grupos que quieran imponer sus famosas cuotas. Empresarios, gente del gobierno, funcionarios públicos, policías de todas las corporaciones y la ciudadanía entera del estado de Jalisco. ¡No se preocupen! Que mientras el Cártel de Jalisco siga aquí, no permitiremos la autodestrucción de nuestro propio estado”.

Hasta septiembre de este año el CJNG tenía una presencia regional, concentrando su negocio en la venta de cocaína y mariguana, y librando una pelea con Los Zetas por las plazas de Jalisco, sobre todo Guadalajara y su periferia, así como Aguascalientes.

Sin embargo, fue en este mes en el que, al parecer, hizo una nueva alianza con La Resistencia, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa para acabar con Los Zetas, que han extendido su territorio inicial, Tamaulipas, a la mitad del país.
Transformados en Los Matazetas, este grupo armado ha sacado un par de comunicados a través de internet, en los que nuevamente se presenta como un grupo “justiciero” y “nacionalista”, al declararse como un “ejército del pueblo y para el pueblo”, y pedir que no se haga caso de las “insidias” del exterior que, “a nombre de Dios y la democracia”, actúan en clara referencia al gobierno de Estados Unidos.

Esta agrupación armada, con un claro perfil militar y policiaco, es la expresión más nítida de la crisis del Estado mexicano en materia de seguridad, pues en los hechos está tomando el papel de persecución y justicia que las autoridades no han realizado. Aunque con una clara diferencia: no se detendrán en el uso de la violencia para asesinar a sus adversarios.

Este hecho, de por sí grave, se profundiza más si tomamos en cuenta que Los Zetas también se han aliado con los cárteles de Tijuana y una parte de los Beltrán Leyva, formando La Alianza o La Compañía , lo que significa que habrá más enfrentamientos y matanzas.

La proximidad de las elecciones federales del año entrante es otro de los factores que hacen más grave y complicado el contexto de violencia que se avecina y que significa el nivel más alto en esta guerra mal planteada por Felipe Calderón: el narcoterrorismo.

Ataques a sedes institucionales, secuestros a grandes empresarios, atentados a candidatos y dirigentes políticos, bombas en centros comerciales o plazas públicas, son parte de las amenazas que se ciernen si seguimos en la misma espiral de violencia desatada por la falta de firmeza del gobierno de Felipe Calderón, que en estos cinco años de gobierno se ha preocupado más por legitimarse mediante el uso del Ejército y en proteger a sus aliados ya corrompidos por el narcotráfico, que en el cuidado de la ciudadanía.

Los Matazetas son los nuevos protagonistas en este escenario de guerra incontrolable, y en este horizonte turbulento, donde es casi imposible distinguir quién es la autoridad que manda: los gobiernos o los cárteles del crimen organizado que han tomado en sus manos la aplicación de su justicia y en los hechos están demostrando que son cogobierno.
FUENTE: PROCESO

Desesperación autoritaria

John M. Ackerman
28 de septiembre de 2011 ·

Análisis

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Foto: Yahir Ceballos

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva. Recordemos que hace seis meses, el 24 de marzo, más de 50 medios de comunicación firmaron un Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia dentro del marco de la mal llamada Iniciativa México. Este pacto propuso “homologar” el trabajo periodístico-propagandístico con el fin de dar una sensación de mayor seguridad a la población, así como de apuntalar la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la clase política entera.
Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.
La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado.
Ante los pocos resultados del “Acuerdo” por parte de los medios nacionales, Calderón busca ahora mover su cortina de humo hacia el norte. La presentación del presidente, el jueves pasado en Nueva York en el programa televisivo The Royal Tour, donde fungió como guía de turistas, no es un esfuerzo genuino para promover la inversión y los viajes a nuestro país, sino un intento más de “blindar” la imagen del presidente ante las críticas cada vez más frecuentes a su gestión. El objetivo básico es apuntalar al eventual candidato del PAN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Pero en las últimas semanas el esfuerzo por controlar el flujo de información ha tomado un giro verdaderamente macabro. Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.
El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.
Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.
Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.
Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
FUENTE: PROCESO

Las aviadoras del carnal Marcelo (y primero los ricos y mi grupo)

Las aviadoras del carnal Marcelo (y primero los ricos y mi grupo)

Autor: Álvaro Cepeda Neri *	Sección: Conjeturas

Marcelo Ebrard fue priísta hasta que Salinas, el tenebroso que se embolsó toda la partida secreta, según declaró el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez (pillado éste en confesiones a través de su celular que dejó abierto, y quien quiso hacer de las suyas contra Purificación Carpinteyro quien lo puso en su lugar de bribón de siete suelas), dejó fuera de la sucesión presidencial a Manuel Camacho y ambos pintaron su raya para irse a la izquierda oportunista (tanto que son aliados de los Chuchos). Y así el hoy supuesto perredista (a la mejor se vuelve candidato presidencial de su amigocha Elba Esther Gordillo, quien ya le guiñó con su ojo derecho), ha tensado la cuerda que por un extremo tiene López Obrador, puesto que lo hicieron presidente de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), sólo para tener justificación de darle en público la mano a Calderón, con quien antes se ha entrevistado en Los Pinos, y hacer las paces para contar con su bendición para quitar de en medio al tabasqueño a quien Calderón odia a muerte.

Ebrard nos ha presumido con sus tres mujeres. Si bien se divorció de la primera, la contrató como representante de sus Relaciones Internacionales, con un súper sueldo, oficinas en el edificio de gobierno y otra en Washington; un cargo que no existe en la jefatura defeña, pero que él, por sus calzonsotes (como diría la India María, cómica de películas y televisión), creó con buena paga. La segunda esposa, de la que asegura también rescindió el contrato matrimonial, la tiene en un sanatorio allá por la capital de Morelos. Y la tercera, mientras fue su novia, ocho meses antes de anunciar su tercer enlace civil, exembajadora de Honduras, le dio un cargo con 53 mil pesos mensuales.

Cuando le dijeron que en el portal del gobierno defeño aparecía su ahora esposa cobrando, Marcelo manifestó que, como nada tiene que ocultar, abrió tal información como parte de la transparencia de su administración. Si fuera con su dinero y no con el de los contribuyentes del sufrido pueblo que sobrevive en la capital del país con altísimos impuestos y altos pagos de servicios, nada importaría. Pero Ebrard tiene a sus mujeres como aviadoras. Al fin y al cabo que prevalece en el sistema la corrupción (como ahora con los panistas pillados y el más reciente escándalo de Larrazábal Bretón en Monterrey) y la impunidad. Y él, supuesto izquierdista chuchista, quiere es demostrar que está casado (no por la “ley” natural, con todo y que ande del brazo y por la calle del cardenal Rivera), para tener uno de los requisitos extras para ser candidato del Partido Nueva Alianza y, como los panistas, competir sin siquiera salir a la cancha, donde López Obrador ya tiene asegurada la candidatura por la izquierda. En cuanto a sus aviadoras (ver el periódico Reforma del 8 de septiembre pasado), no importa. Como muchos otros de los funcionarios, se sirve de los dineros de la sociedad como si fuera un botín: a manos llenas.

 

 

Magistrados del TSJDF, nombramientos sin méritos

Magistrados del TSJDF, nombramientos sin méritos

Autor: Mayela Sánchez	Sección: Justicia

Las designaciones de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal están sometidas a intereses políticos antes que jurídicos. El carácter prácticamente inamovible del cargo –que les asegura jugosas prebendas económicas– propicia que entre los magistrados se origine una especie de “clase judicial” que únicamente vela por sus intereses. El mayor mérito de algunos designados, su cercanía con presidentes del Tribunal en turno

Los laxos requisitos para ocupar el cargo y el acatamiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales –a quienes deben su designación– caracterizan el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Y es que para ocupar el máximo cargo judicial en la capital del país no hace falta experiencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJDF. Basta con tener título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de 10 años. Respecto de la experiencia judicial, la ley señala que los nombramientos se harán “preferentemente” entre quienes se hayan desempeñado como jueces o hayan prestado sus servicios en la impartición o procuración de justicia.

Actualmente, cuando menos nueve de los 78 magistrados que integran el TSJDF no tienen antecedentes de carrera judicial. Se trata de Víctor Rolando Díaz Ortiz, Francisco José Huber Olea Contró, Raúl Jaime Campos Rábago, Óscar Gregorio Cervera Rivero, Manuel Enrique Díaz Infante de la Mora, Adriana Canales Pérez, Antonio Muñozcano Eternod, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Rebeca Florentina Pujol Rosas. A éstos se suman seis que carecen de práctica como juzgadores, ya que antes de ser designados magistrados fungían como secretarios de acuerdos o proyectistas de sentencias.

De acuerdo con sus fichas curriculares –disponibles en el portal electrónico del TSJDF (http://www.tsjdf.gob.mx)– ninguno de ellos cuenta con experiencia previa como juzgadores; en algunos casos, únicamente habían ocupado cargos cercanos a la presidencia del Tribunal.

Tal es el caso de Campos Rábago, de la Séptima Sala Penal, quien fue coordinador de asesores de la presidencia del TSJDF entre 2000 y 2003, año en que fue nombrado magistrado. Afín es el de Díaz Infante de la Mora, quien fue asesor del presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar, hasta el momento de ser designado magistrado. Previamente había fungido como consejero de la judicatura local, además de ocupar cargos públicos como delegado, asambleísta y legislador federal. Otros magistrados que habían trabajado dentro del Tribunal son Canales Pérez, Muñozcano Eternod y González Alcántara Carrancá, quienes cuentan en su experiencia profesional el haber dirigido las publicaciones Anales de jurisprudencia y el Boletín judicial.

En el caso del magistrado Díaz Ortiz, su currículo da cuenta de que ocupó cargos administrativos en el Poder Judicial local y en la Procuraduría de Justicia capitalina. Además, fue agente del Ministerio Público en Oaxaca y subgerente jurídico de lo contencioso en la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Los magistrados Pujol Rosas y Huber Olea Contró tienen experiencia como catedráticos; éste último se desempeñó, además, como abogado, asesor jurídico de empresas trasnacionales y trabajó en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Antes de ser magistrado, Cervera Rivero fue asesor jurídico en el área bancaria y asesor en derechos humanos en el gobierno capitalino, aparte de dedicarse al derecho “en sus distintas ramas”, como consigna en su currículo.

Los magistrados cuya anterior experiencia profesional fue como secretarios en el Tribunal son Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, adscrito a la Primera Sala Penal; Dora Isela Solís Sandoval, de la Segunda Sala Civil; Mónica Venegas Hernández, de la Tercera Sala Civil; Élfego Bautista Pardo, de la Quinta Sala Civil; Edilia Rivera Bahena, de la Cuarta Sala Familiar; y Martha Patricia Tarinda Azuara, de la Quinta Sala Familiar.

Con excepción de Guerrero Martínez y Solís Sandoval, quienes fungieron como secretarios del Pleno del Tribunal, todos se desempeñaron como secretarios de juzgado y forman parte de la decena de magistrados que fueron nombrados en febrero pasado.

En el caso de Mónica Venegas Hernández –aunque su principal experiencia profesional es como secretaria de acuerdos–, en diversas ocasiones se desempeñó como jueza por ministerio de ley, de acuerdo con la información de su ficha curricular. Pero en el caso de Bautista Pardo, si bien tiene experiencia como secretario de acuerdos y actuario, hasta el momento de su designación fungía como procurador de la defensa del trabajo en el Distrito Federal, puesto que le fue asignado por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Previamente, el magistrado a cargo de la tercera ponencia en la Quinta Sala Civil se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, secretario general del Sindicato de Trabajadores del TSJDF y titular de la Unidad Jurídica de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

A diferencia de lo que ocurre con los aspirantes a jueces, quienes son postulados al cargo de magistrado no son sometidos a un concurso de oposición ni examen alguno para acceder al puesto. Antes bien, la ley hace idóneos al cargo a aquéllos que “por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla”.

Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero de la Judicatura del Distrito Federal, considera provechoso y “enriquecedor” el que no todos los magistrados provengan de la carrera judicial. En su opinión, otras visiones, como las de litigantes o académicos contribuyen a nutrir los criterios jurídicos del Tribunal. Sin embargo, el diputado federal y doctor en derecho no soslaya la necesidad de incrementar los requisitos para acceder al cargo de magistrado, “para que no llegue cualquiera, sino que sean personas con conocimiento jurídico”.

Independencia vulnerada

Aunque el TSJDF es un órgano del Poder Judicial local, la designación de los magistrados está en manos de los otros dos poderes: el jefe del gobierno capitalino los nombra y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) los ratifica.

Cárdenas Gracia considera que este mecanismo vulnera tanto la independencia del Poder Judicial como la de los magistrados, cuyo desempeño puede verse condicionado al menos mientras permanezca en el puesto el titular del Ejecutivo local que lo nombró y cuando tenga que ser ratificado en el cargo.

Una postura contraria es la del diputado local Carlo Fabián Pizano Salinas, vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la ALDF, para quien el mecanismo de designación de los magistrados “representa un equilibrio de poderes”. El integrante del Partido Acción Nacional sostiene que la participación del jefe de gobierno capitalino y de los legisladores no vulnera la independencia de los magistrados, sino que es el “sistema de contrapesos más idóneo” para controlar y supervisar el funcionamiento del TSJDF.

Para Cárdenas Gracia, los nombramientos de los magistrados están más sometidos a intereses de partidos que al conocimiento en materia jurídica que puedan tener los designados en el puesto.

“Siempre va a haber algunos cercanos al jefe de gobierno [del Distrito Federal], otros que definan los partidos en la Asamblea y una parte también de la presión que haga el Tribunal”.

Asimismo, recuerda que en la más reciente designación de magistrados –efectuada en febrero pasado– la terna propuesta respondió a los intereses de dichos actores. Por ello, concluye el legislador, el asunto de fondo tiene que ver con el método de designación: “O hacemos que todos se sometan a un concurso o que los elija el pueblo”.

El diputado Pizano Salinas considera que la ciudadanía todavía no está en el nivel de desarrollo democrático para concederle tal responsabilidad.

Magistrados vitalicios

Aunque el encargo de magistrado tiene una duración de seis años, la Ley Orgánica del TSJDF es concesiva respecto a que, una vez en el cargo, éste puede ser ratificado indefinidamente. Con excepción de los nombramientos que fueron hechos en 2008 y 2011, todos los magistrados del TSJDF han ocupado sus puestos por más de un periodo. Entre ellos se encuentra Jorge Valentín Vázquez Castellanos, adscrito a la Cuarta Sala Civil, quien ha ocupado el cargo desde 1993. Otro caso es el del magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, nombrado en 1994. De acuerdo con su ficha curricular, su experiencia profesional ha sido en cargos administrativos fuera del Poder Judicial local; dentro del TSJDF su desempeño fue como oficial mayor y secretario de acuerdos del Pleno.

Laura Pérez Ríos de Hurtado también se encuentra entre los magistrados más longevos, no sólo porque ha permanecido en el cargo desde 1996, sino por que actualmente cuenta con 74 años de edad. A pesar de que la ley no establece un límite de ratificaciones en el cargo de magistrado, sí señala que los máximos juzgadores locales tienen que jubilarse a los 70 años.

Pero el de Pérez Ríos de Hurtado no es el único caso de un magistrado que rebasa la edad estipulada en la ley. Jorge Rodríguez y Rodríguez, tiene 79 años de edad; Ana Marcela Pasquel y Ramírez y María Esperanza Rico Macías, 75; y Cleotilde Susana Schettino Pym y Víctor Rolando Días Ortiz, 73 años.

Cuestionado sobre la pertinencia de que los magistrados puedan permanecer en el puesto de forma prácticamente indefinida, el diputado Pizano Salinas considera que la valoración está en función de “la calidad de personas que integran el Tribunal: si ésta es buena, el resultado tiene que ser necesariamente bueno”.

El panista arguye que la subsistencia que les otorga el nombramiento funciona como un elemento de independencia para tomar decisiones, ya que eso los exime de las presiones del gobierno o de “poderes fácticos” que pudieran condicionar su permanencia.

Para Cárdenas Gracia, diputado federal por el Partido del Trabajo, la prolongada estadía de los magistrados en sus cargos implica que se ocasione una especie de “clase judicial gremial, que únicamente vela por sus intereses, sus pensiones, sus prestaciones, como ocurre actualmente en el Tribunal”.

El exconsejero propone que, al igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se restrinja el periodo en el cargo a 15 años, lo que garantizaría que llegara gente más joven y con nuevos criterios judiciales.

Reforma ad hoc

El marco legal vigente para el Poder Judicial del Distrito Federal no sólo permite la ratificación indefinida de los magistrados, sino que les garantiza una pensión vitalicia una vez que abandonen el cargo (Contralínea, 5 de junio de 2011).

Por si fuera poco, la última reforma a la Ley Orgánica del TSJDF, aprobada por la ALDF en febrero pasado, legaliza la reelección del magistrado presidente, cargo que actualmente ocupa Edgar Elías Azar. La reforma a la ley permitiría a éste –cuyo periodo concluye en diciembre próximo– mantenerse en el puesto por cuatro años más.

Al respecto, Cárdenas Gracia considera que se trató de una reforma “ad hoc” para el actual presidente del TSJDF, lograda por la cercanía de Elías Azar con el jefe de gobierno capitalino y el legislativo local. A decir del petista, permitir la reelección del magistrado presidente hace del Tribunal una institución “muy presidencialista”, ya que favorece la concentración del poder en la figura de quien es presidente tanto de los magistrados como del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

El diputado Pizano Salinas, quien forma parte de la Comisión de Administración de Justicia local, señala que la reelección “no es lo más benéfico para la institución”, pues coincide con que la posibilidad de reelección implica la concentración de poder en una sola persona, cuando hay otros pares que pudieran desempeñar el cargo.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó entrevista con el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, por medio de Denisse Santoyo, de la Coordinación de Comunicación Social, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 252 / 25 de septiembre de 2011

SCJN: la moral sobre los derechos

SCJN: la moral sobre los derechos

Cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimaron ayer el dictamen elaborado por su colega Fernando Franco que proponía invalidar el precepto de la Constitución de Baja California que define la vida humana desde el momento de la concepción y cancela, de esa forma, la posibilidad de una despenalización del aborto en esa entidad. En consecuencia, el citado proyecto no obtuvo los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad del artículo citado y el máximo tribunal fue incapaz de revertir una reforma oscurantista, peligrosa, opresiva y violatoria de derechos fundamentales.

Es importante recordar que las reformas antiabortistas a la Constitución de Baja California –al igual que las aplicadas a la de San Luis Potosí, cuya discusión judicial quedó pendiente, y las efectuadas en otros estados– tienen su origen en una distorsión y una extralimitación de la funciones del Legislativo local: como coincidió en señalar ayer la mayoría de los ministros de la Corte, y sin desconocer los alcances del pacto federal que rige en el país, los congresos estatales no están facultados para legislar sobre ámbitos que corresponden exclusivamente al orden federal, como es el de la ampliación o reducción de derechos fundamentales –como la vida– o la definición de los sujetos de esas garantías.
Pero aun suponiendo que los legislativos bajacaliforniano y potosino no hubiesen incurrido en funciones fuera de su competencia, el aval del máximo tribunal a las normativas mencionadas constituye un despropósito mayúsculo en términos constitucionales: como señaló ayer el ministro Arturo Zalívar durante su intervención, la protección legal de la vida desde el momento de la concepción no sólo implica cambiar la lógica penal de todo el mundo, sino atropellar el derecho de las mujeres al control sobre su cuerpo, su fecundidad y su maternidad, cuyo ejercicio no debiera depender más que de la capacidad de decisión de las involucradas y que está reconocido en la propia Constitución.
Adicionalmente, en un contexto nacional marcado por la insuficiencia de información y de educación sexual, por las condiciones de pobreza y marginación para el común de la población, y por el clima de discrminación y de presión que padecen las mujeres en el ejercicio de su sexualidad –sobre todo las de escasos recursos–, la prohibición del aborto en las legislaturas estatales constituye una irresponsabilidad mayúscula en materia de salud pública, porque coloca a gran cantidad de mujeres con embarazos no deseados ante la perspectiva de practicarse abortos en condiciones clandestinas e insalubres, además de que facilita la criminalización de la población femenina y el encarnizamiento del Estado en contra de ella.

Por lo anterior, resulta lamentable que haya bastado la minoría de cuatro integrantes del pleno de la SCJN para mantener vigente la penalización mencionada y que se haya desvirtuado, de esa forma, la actuación de la mayoría de los integrantes del máximo tribunal, que en esta ocasión se desempeñaron con sentido de justicia y, a contrapelo de las posturas chantajistas del conservadurismo clerical y secular y de los intentos por ubicar el asunto en un falso debate a favor o en contra de la vida, se pronunciaron por salvaguardar una concepción moderna, laica y humanista del estado de derecho.

Mención aparte merece la intromisión del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el debate, al enviar, en los mismos días en que el máximo tribunal discutía el tema, una solicitud al Senado para retirar la declaración interpretativa formulada por México en el Pacto de San José, a efecto de que el Estado mexicano defienda la vida desde la concepción. Como señaló ayer el propio Arturo Zaldívar, un Estado democrático no puede imponer un determinado modelo de conducta o de virtud (sino que) tiene que respetar la pluralidad y la libertad de todas las personas. En cambio, con la conducta referida, el gobernante michoacano tomó partido en un tema de suyo polémico y polarizante a favor de una postura regresiva y contraria a la vigencia de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida.

Corresponderá a la ciudadanía en general, y a las mujeres en particular, impulsar la conformación de mayorías progresistas en los legislativos estatales y en el federal, a fin de revertir las reformas mencionadas y realizar los cambios necesarios para que las leyes nacionales garanticen sus derechos en toda la República.

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Suárez Coppel y Del Rivero fueron vapuleados en la reunión; Brufau fue el gran vencedor

Comienzan trámites para expulsar a la mexicana del consejo de administración

Repsol insta a Pemex y Sacyr a anular su alianza de acciones

Las dos empresas cuestionadas anuncian impugnaciones porque les vulneraron derechos

Suárez Coppel y Del Rivero fueron vapuleados en la reunión; Brufau fue el gran vencedor

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 26

Madrid, 28 de septiembre. El consejo de administración de Repsol decidió instar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la constructora española Sacyr a dejar sin efecto su alianza de sindicación de acciones, que anunciaron el pasado 29 de agosto y que supuso una inversión de mil 150 millones de euros (unos 19 mil 550 millones de pesos) para la paraestatal mexicana.

El máximo órgano de Repsol también anunció en una dura nota como hecho relevante el comienzo de los trámites legales para estudiar una eventual expulsión de Pemex del consejo, en el que tiene un sillón de consejero y ostenta la presidencia de la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad.
Tanto Pemex –que estuvo representada por su director general, Juan José Suárez Coppel– como Sacyr respondieron con un comunicado conjunto en el que anunciaron la impugnación de algunas de las decisiones adoptadas en la reunión por haberles vulnerado sus derechos.
Después de más de seis horas de tensa reunión en la sede central de Repsol en Madrid se confirmó el peor escenario para Pemex y para su multimillonaria inversión en Repsol, que tiene por objeto controlar 9.8 por ciento de las acciones para, junto al 20 por ciento de Sacyr, asumir el control operativo de la empresa española.
De los 16 consejeros que integran el consejo de sdministración, una aplastante mayoría –12 frente a cuatro– decidieron respaldar a la actual dirección y abrir una investigación sobre la actuación de Pemex en la operación, bajo la sospecha de haber incurrido en conflicto de intereses permanente, lo que supone la expulsión fulminante del órgano ejecutivo.
En el hecho relevante que trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol informó que el consejo había decidido ratificar la total confianza en el actual equipo directivo, presidido por Antonio Brufau, y en las medidas legales que ha emprendido para neutralizar la alianza suscrita en secreto entre Pemex y Sacyr, incluida la denuncia ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), máximo órgano regulador.
Además, en el documento se insta a Sacyr y Pemex a dejar sin efecto la sindicación de acciones, lo que supone la neutralización de la medida y el comienzo de una batalla legal y administrativa para la que Repsol ya dio el primer paso, con el anuncio de una serie de reformas de sus estatutos internos para fortalecer la autonomía y protegerse de la incursión de consejeros que estén en riesgo de incurrir en conflicto de intereses permanente. Eso parece un articulado hecho a la medida para neutralizar a Pemex y Sacyr a futuro.

La nota dice a la letra que se iniciarán las reformas con carácter de urgencia de los artículos 19 y 22 del reglamento interno para adoptar mecanismos de protección del interés social ante dos situaciones de conflicto de interés (sic) especialmente relevantes, que son: la designación de un competidor como consejero y la aprobación de operaciones vinculadas.

Pero el consejo de administración fue más allá y anunció los trámites para una eventual expulsión de Pemex, para lo que se va a someter al análisis de los consejeros independientes el acuerdo de sindicación de Sacyr y Pemex para determinar los riesgos, daños y perjuicios que el mismo pueda ocasionar a Repsol, y las responsabilidades derivadas de ello, y entablar acciones para preservar el interés social.

Durante la reunión del consejo, Suárez Coppel y el constructor español Luis del Rivero no lograron convencer a ningún consejero independiente de las supuestas bondades de la operación, con lo que sólo recibieron el apoyo de los tres consejeros designados por Sacyr en Repsol –el propio Del Rivero, Juan Abelló (quien abandonó la reunión visiblemente molesto por la estrategia adoptada por su socio en Sacyr) y José Manuel Loureda–, además del sillón de consejero que asumió el director de Pemex.

Suárez Coppel y Del Rivero fueron vapuleados durante la reunión, mientras Brufau fue el gran vencedor, al cosechar los apoyos de los consejeros independientes y de los del segundo accionista de Repsol, CaixaBank.

A la salida de la reunión se confirmó la ruptura de Pemex y Sacyr con el resto del consejo de Repsol, al emitir un comunicado conjunto en el que ambas empresas anuncian impugnaciones porque se ha pretendido quitarnos nuestros derechos y se nos ha negado la información más elemental por un inexistente conflicto de intereses.

La polémica operación de Pemex en Repsol todavía tiene varios frentes abiertos: ante la CMNV, que deberá resolver si se incurrió en falta por el uso de información privilegiada; ante la CNE, que debe estudiar si evalúa la operación ante un supuesto de fraude a la ley y una vulneración de la legislación del sector energético, en concreto por la presencia de una empresa extranjera en un sector estratégico. Mientras Sacyr deberá afrontar en menos de dos meses las negociaciones de la deuda de 5 mil millones de euros por la compra de las acciones de Repsol que, de solventarlas, podría suponer que sus participaciones pasen a manos de los más de 20 bancos acreedores.

Cronología de la despenalización del aborto en México

Cronología de la despenalización del aborto en México

Posted: 28 Sep 2011 03:31 PM PDT

La libertad es el derecho de decidir sin coerción alguna, sin embargo, este término no es homogéneo en México; por cientos de años las mujeres han sido castigadas por elegir lo que mejor les conviene para su vida y su cuerpo y en algunos casos lo han pagado con cárcel.

Los derechos femeninos han recorrido un largo trayecto, desde la época prehispánica eran castigadas con la muerte si decidían interrumpir su embarazo, fuera cual fuera la causa.

En más de 500 años la historia no cambió mucho, el año pasado en Guanajuato, la llamada cuna de la independencia, anunció que siete mujeres que purgaban condena por homicidio en relación de parentesco verían reducida su condena y podrían salir en libertad. En México la condena por elegir continúa vigente.

La misma situación se repite en 16 estados de la República Mexicana, donde la pena por abortar oscila entre cinco y ochos años de prisión, sólo en caso de abuso sexual, malformaciones congénitas o que la vida de la madre corra peligro se exenta de este castigo. Mientras que en Baja California Sur, no existe atenuante alguno, quien sea descubierta tratando de interrumpir su embarazo, es condenada.

El Código Penal Federal en su artículo 1871 sanciona el aborto consentido, procurado y sufrido. La legalidad de este artículo entró en debate en 2007 cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas gestación, la respuesta no se hizo esperar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de la Nación.

La respuesta fue contundente, el 28 de agosto de 2008 la máxima autoridad Judicial en México aprobó el derecho de las mujeres a decidir en el Distrito Federal, mientras que el resto de las entidades continúa el debate.

Ésta es una cronología del largo proceso que ha tenido en nuestro país la despenalización del aborto:

1931 Se aprobó el Código Penal para el Distrito Federal, en el que se incluyó la despenalización del aborto en casos de violación, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando el aborto es producto de una imprudencia de la mujer. 1936 Ante la Convención de Unificación Penal, celebrada en el Distrito Federal, la médica cirujana Matilde Rodríguez Cabo leyó la ponencia “El aborto por causas sociales y económicas”, donde se pedía derogar los artículos que prohíben esa práctica. La autora del escrito fue la Dra. Ofelia Domínguez Navarro. En junio se publicó el trabajo de la Dra. Ofelia Domínguez Navarro en la revista Futuro, dirigida por Vicente Lombardo Toledano, quien, aunque no secundaba sus propuestas, avaló la necesidad de tratar el tema. 1974 Se reformó la Constitución para incluir, en su artículo 4°, el derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. 1976 La Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presentó una propuesta para despenalizar el aborto en la Cámara de Diputados. No hubo respuesta. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) creó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México (GIEA), constituido por especialistas y ministros de culto. Recomendó suprimir toda sanción penal a las mujeres que, por voluntad expresa, decidan hacerse un aborto, lo mismo que al personal que lo practique. Pidió el dictado de normas sanitarias para que el servicio se preste en óptimas condiciones. 1977 La CMF volvió a presentar, a la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley a favor del aborto voluntario. No hubo respuesta. 1979 Se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) que buscó, junto con la CMF, trabajar a favor del proyecto de despenalización presentado en 1977. La CMF y el FNALIDM elaboraron el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante la Cámara de Diputados. Se declaró el 10 de mayo como “Día de la maternidad libre y voluntaria”. 1982 CONAPO planteó, en el Anteproyecto de plan de acción para la integración de la mujer al desarrollo, que “es necesario normar y no sólo despenalizar lo referente al aborto; es la ilegalidad del servicio el que le da su carácter de clandestino, y lo que trae riesgos”. 1983 El Presidente Miguel De la Madrid intentó modificar el Código Penal para reformar las disposiciones relativas al aborto y al adulterio. Ante la fuerte reacción de la jerarquía de la Iglesia Católica y grupos conservadores, la iniciativa fue archivada. 1989 Se cerraron tres clínicas donde se practicaban abortos, se detuvo violentamente al personal y a las mujeres que acababan de abortar. Se publicó el primer desplegado a favor de la despenalización del aborto. La Procuraduría de Justicia del DF y la Secretaría de Salud (SSA) establecieron las bases para el Programa de Servicios Legales y de Salud en el DF que permitió que las embarazadas por violación puedan abortar legalmente en cuatro hospitales de la Ciudad de México. 1990 Se fundó la Coordinadora Feminista del Distrito Federal (CFDF), que retomó los objetivos de la CMF: por la libertad sexual, contra la violencia a las mujeres y por la despenalización del aborto. El Congreso de Chiapas aprobó ampliar las causas por las que el aborto no sería castigado: a solicitud de la pareja, con el fin de planificación familiar, a petición de una madre soltera o por razones económicas. La jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron la reforma y diversas organizaciones civiles se movilizaron a favor. La reforma penal fue congelada. 1991 Congelar la ley del aborto en Chiapas produjo en el DF un debate entre los partidos políticos. Sindicatos, organizaciones de mujeres, de feministas y de salud, y partidos políticos formaron el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. El presidente Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para permitir el aborto por razones económicas. El PAN consiguió que se rechazara. 1998 El 28 de mayo, “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, a través de un desplegado promovido por GIRE, personalidades de la cultura y la ciencia —entre ellas Octavio Paz— solicitaron la modernización del Código Penal del DF para incluir las causas por las que no se castiga el aborto en otros estados de la república. 1999 Más de 40 organizaciones civiles agrupadas en la campaña “Acceso a la Justicia para las Mujeres” presentaron propuestas de reformas al Código Penal; entre ellas, ampliar las excepciones por las que se permite el aborto en el DF. La propuesta no fue aprobada. En Mexicali fue violada Paulina, adolescente a quien las autoridades estatales le impidieron que aborte. El caso adquirió repercusión nacional e internacional. A la fecha, continúa el proceso penal a los funcionarios públicos involucrados. 2000 El Congreso del estado de Guanajuato aprobó un nuevo Código Penal en el que se volvía a penalizar el aborto en casos de violación. Hubo reacciones en contra en todo el país. El gobernador de Guanajuato vetó dicho Código y quedó sin efecto el retroceso. 14 de agosto: la Jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, envió una propuesta a la Asamblea Legislativa (ALDF) para modificar la legislación penal en materia de aborto, aumentar algunas causas de despenalización y establecer mecanismos claros para acceder al aborto por violación y por inseminación artificial no consentida. 18 de agosto: la ALDF aprobó la propuesta de Robles. Se aumentaron tres causas para abortar legalmente en la capital del país: por inseminación artificial no consentida, por grave daño a la salud de la mujer y cuando el producto presenta malformaciones congénitas o genéticas graves. También se obligó a los médicos a dar información precisa sobre el procedimiento y las consecuencias del aborto. 25 de septiembre: asambleístas del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una Acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra las reformas aprobadas. Argumentaron que era inconstitucional permitir el aborto por malformaciones congénitas o genéticas graves del producto y que el Ministerio Público pudiera autorizar el aborto en casos de violación. Fue la primera vez que la SCJN enfrentó una controversia relativa al aborto. 2001 En Los Mochis, una adolescente violada y embarazada por su padre fue sometida a un aborto legal en un hospital estatal. 2002 29 y 30 de enero: la SCJN declaró la constitucionalidad de las reformas penales cuestionadas por asambleístas del PAN y del PVEM. En esta ocasión, el presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, manifestó: “¡Qué bien, por el bien de las mujeres!” La sentencia es irrevocable. [Descargar esta Sentencia de la SCJN en texto completo] 23 de abril: La Secretaría de Salud (SSDF) publicó la Circular que establece los lineamientos para organizar y prestar en el DF los servicios de salud (en instituciones públicas, privadas y sociales) relacionados con el aborto legal. 11 de julio: la Procuraduría General de Justicia del DF publicó el Acuerdo que establece los lineamientos para los Agentes del Ministerio Público, para autorizar el aborto cuando éste es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida. 25 de agosto: la titular de la SSDF afirmó que desde la vigencia de la Circular se han practicado tres abortos por violación en el DF, y que las modificaciones legales no significaron abortos masivos ni incrementos considerables en el número de solicitudes para practicarlos. 2003 13 de octubre: Se aprueba una reforma al Código Penal de Veracruz en donde se disminuye la sanción al delito de aborto cuando hay consentimiento de la mujer. Las penas aumentan cuando falta el consentimiento de la mujer y cuando hay violencia física o moral. La reforma añade además la inseminación artificial no consentida y la malformación genética como dos nuevos supuestos de aborto permitidos por la ley. 26 de diciembre: Se aprueban en la ALDF reformas en el tema de aborto al Nuevo Código Penal (CPDF) y adiciones a la Ley de Salud para el Distrito Federal (LSDF). La nueva legislación penal incrementa el castigo para quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento y establece un castigo mayor cuando hay violencia física o psicológica (Artículo 145 del CPDF). Las reformas a la LSDF establecen que en los casos permitidos por la ley, las instituciones públicas de salud en el DF deberán realizar la interrupción del embarazo gratuitamente , en condiciones de calidad y en un plazo no mayor de cinco días a partir de la solicitud de la mujer (Artículo 16 Bis 6). Se regula también la objeción de conciencia de los médicos para que la mujer que solicite un aborto legal tenga garantizado ese servicio. La reforma estipula que la Secretaría de Salud del DF deberá contar permanentemente con personal no objetor. 2004 27 de enero: Las reformas del 2003 se publican en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entran en vigor al día siguiente. 2 de diciembre: Se aprueba una nueva Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, la cual establece un plazo para proceder a la interrupción del embarazo cuando haya sido autorizado por el Ministerio Público bajo condiciones de gratuidad y calidad. Obliga, de igual manera, a los servicios de salud del estado a suministrar anticoncepción de emergencia, en las siguientes 72 horas de sucedida una relación sexual no protegida, efectuada o no mediante violencia. 31 de diciembre: Se publica en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Salud para el estado de Baja California Sur. 2005 1 de marzo: El Congreso Estatal de Baja California Sur aprueba nuevos códigos: Penal y de Procedimientos Penales. El nuevo Código Penal de Baja California Sur establece una de las penas más bajas en la práctica de un aborto para la República Mexicana: de dos meses a dos años. Asimismo, se agrega una nueva causal de no punibilidad: cuando la salud de la mujer sufra grave afectación si no es practicado el aborto.También se reglamentó el aborto legal por violación o inseminación artificial en el Código de Procedimientos Penales. En éste, se señala la facultad del Ministerio Público de autorizar en un término de 24 horas el aborto cuando se cumplen cinco requisitos. 20 de marzo: Se publica en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales para el estado de Baja California Sur. 20 de septiembre: Entran en vigencia el nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales para el estado de Baja California Sur. 2006 15 de noviembre: La Secretaría de Salud del DF publica, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los nuevos Lineamientos Generales de Organización de los Servicios de Salud relacionados con la Interrupción del Embarazo en el Distrito Federal, sustituyendo a los Lineamientos publicados el 23 de abril de 2002. 29 de diciembre: Se publica el nuevo Código Penal para el Estado de Chihuahua donde se incluye una nueva excluyente de responsabilidad penal para el aborto: en casos de inseminación artificial no consentida y se suprime el castigo por aborto imprudencial o culposo. 2007 Marzo: En el Distrito Federal se discute ampliamente, en la sociedad y en los medios de comunicación, una iniciativa para la despenalización del aborto, sin restricción alguna, en las primeras doce semanas de gestación. El PRD presenta sendas iniciativas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la finalidad de despenalizar el aborto voluntario en las primeras semanas de gestación. Ambas propuestas buscan la modificación del Código Penal Federal. 24 de abril: En un hecho histórico, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación. Esta ley incluye mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados y mejora los mecanismos para la protección a una maternidad libre, informada y responsable. 26 de abril: A dos días de la aprobación de la despenalización del aborto en la ALDF, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal” con las modificaciones relacionadas al aborto y servicios de salud. 4 de mayo: La Secretaría de Salud del DF publica, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los nuevos Lineamientos Generales de Organización de los Servicios de Salud relacionados con la Interrupción del Embarazo en el Distrito Federal, reformando, adicionando y derogando diversos puntos de la Circular GDF/SSDF/01/06 publicada el 15 de noviembre de 2006. Estos Lineamientos reglamentan la prestación de servicios para la interrupción del embarazo hasta la 12a semana de acuerdo con lo publicado el 26 de abril en la Gaceta Oficial del DF. 24-29 de mayo: El día 24 de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el día 25, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron sendas demandas de inconstitucionalidad en contra de las reformas que despenalizaron la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. El día 29, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, admitió dichas demandas. Se les denominaron Acciones de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. 2008 31 de marzo: El presidente Ministro de la Suprema Corte de Justicia anuncia la celebración de seis audiencias públicas para escuchar opiniones en torno a las Acciones de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 contra las reformas en el DF que despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas de gestación por parte de los promoventes, demandados, organizaciones y particulares. Las audiencias se establecen por considerarlas de interés jurídico y relevantes a nivel nacional. 11 de abril-27 de junio: Se llevan a cabo las seis audiencias públicas (tres a favor de las reformas y tres en contra). Por ser de gran interés, las audiencias públicas se transmiten en vivo por canales de televisión de paga, y por medio de internet en el sitio web de la Suprema Corte. En aras de la transparencia, la SCJN presenta un sitio web especialmente dedicado al análisis integral de las Acciones de Inconstitucionalidad. (http://informa.sjcn.gob.mx). 21 de abril: Se publican modificaciones al Código Penal para el Estado de Hidalgo donde se incluye una nueva excluyente de responsabilidad penal para el aborto: Por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto e igualmente amplía de 75 a 90 días el plazo permitido para efectuar el aborto por motivos de violación o inseminación artificial no consentida. 25-27 de agosto: El pleno de la Suprema Corte de Justicia analiza las Acciones de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. 28 de agosto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, mediante una votación de 8 votos a favor, declarar la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el DF antes de las 12 semanas de gestación. Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México. 2009 26 de febrero: La Suprema Corte de Justicia de la Nación publica en su micrositio de internet sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal [http://informa.scjn.gob.mx], la “Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007″ cuyo engrose fue elaborado por el Ministro José Ramón Cossío.

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