‘Los Matazetas’ o el cogobierno del crimen organizado
El primer mensaje de 'Los Matazetas' en Youtube.
MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Desde hace más de año y medio, principios de 2010, para ser precisos, surgieron los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención, en octubre de 2009, de Óscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del cártel del Milenio.
A partir de ese hecho, el grupo que coordinaba El Lobo Valencia se dividió en dos, lo que dio origen a las agrupaciones arriba mencionadas, de las cuales la segunda se erigió como el nuevo brazo armado del cártel de Sinaloa, para terminar con Los Zetas en Veracruz.
Considerado ahora como un grupo paramilitar, ya se le compara con los paramilitares de Colombia, sin tomar en cuenta que en aquel país esos grupos fueron creados por empresarios y no por los mismos cárteles, como es el caso de “Los Matazetas” e incluso los propios Zetas, creados por Osiel Cárdenas como su equipo especial de seguridad.
El cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en Colima, Guanajuato, Jalisco y ahora Veracruz, lo que significa que ya tiene acuerdos con otro cártel que lo usa como su brazo ejecutor para apoderarse de una plaza históricamente importante para el tráfico de las drogas.
De acuerdo con informes oficiales, al CJNG se le conoce originalmente como Los Torcidos y sus líderes fundadores son Nemesio Oseguera, El Mencho, y Martín Arzola Ortega, El 53, quien fue detenido en julio del 2011 en compañía de Erick José Alcázar Limón, El Niño, responsable del traslado de dinero y de seguir las actividades de La Resistencia.
Desde sus inicios, el CJNG planteó un espíritu “justiciero” y “nacionalista” que ha ratificado en sus últimos dos comunicados, en los que ya se identifica como Los Matazetas.
En uno de sus primeros textos hizo el siguiente pronunciamiento: “Jalisco, tierra de libertad y gente de trabajo. Muerte a los secuestradores y extorsionadores. Aquí en Jalisco no permitiremos que quieran entrar otros grupos que quieran imponer sus famosas cuotas. Empresarios, gente del gobierno, funcionarios públicos, policías de todas las corporaciones y la ciudadanía entera del estado de Jalisco. ¡No se preocupen! Que mientras el Cártel de Jalisco siga aquí, no permitiremos la autodestrucción de nuestro propio estado”.
Hasta septiembre de este año el CJNG tenía una presencia regional, concentrando su negocio en la venta de cocaína y mariguana, y librando una pelea con Los Zetas por las plazas de Jalisco, sobre todo Guadalajara y su periferia, así como Aguascalientes.
Sin embargo, fue en este mes en el que, al parecer, hizo una nueva alianza con La Resistencia, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa para acabar con Los Zetas, que han extendido su territorio inicial, Tamaulipas, a la mitad del país.
Transformados en Los Matazetas, este grupo armado ha sacado un par de comunicados a través de internet, en los que nuevamente se presenta como un grupo “justiciero” y “nacionalista”, al declararse como un “ejército del pueblo y para el pueblo”, y pedir que no se haga caso de las “insidias” del exterior que, “a nombre de Dios y la democracia”, actúan en clara referencia al gobierno de Estados Unidos.
Transformados en Los Matazetas, este grupo armado ha sacado un par de comunicados a través de internet, en los que nuevamente se presenta como un grupo “justiciero” y “nacionalista”, al declararse como un “ejército del pueblo y para el pueblo”, y pedir que no se haga caso de las “insidias” del exterior que, “a nombre de Dios y la democracia”, actúan en clara referencia al gobierno de Estados Unidos.
Esta agrupación armada, con un claro perfil militar y policiaco, es la expresión más nítida de la crisis del Estado mexicano en materia de seguridad, pues en los hechos está tomando el papel de persecución y justicia que las autoridades no han realizado. Aunque con una clara diferencia: no se detendrán en el uso de la violencia para asesinar a sus adversarios.
Este hecho, de por sí grave, se profundiza más si tomamos en cuenta que Los Zetas también se han aliado con los cárteles de Tijuana y una parte de los Beltrán Leyva, formando La Alianza o La Compañía , lo que significa que habrá más enfrentamientos y matanzas.
La proximidad de las elecciones federales del año entrante es otro de los factores que hacen más grave y complicado el contexto de violencia que se avecina y que significa el nivel más alto en esta guerra mal planteada por Felipe Calderón: el narcoterrorismo.
Ataques a sedes institucionales, secuestros a grandes empresarios, atentados a candidatos y dirigentes políticos, bombas en centros comerciales o plazas públicas, son parte de las amenazas que se ciernen si seguimos en la misma espiral de violencia desatada por la falta de firmeza del gobierno de Felipe Calderón, que en estos cinco años de gobierno se ha preocupado más por legitimarse mediante el uso del Ejército y en proteger a sus aliados ya corrompidos por el narcotráfico, que en el cuidado de la ciudadanía.
Los Matazetas son los nuevos protagonistas en este escenario de guerra incontrolable, y en este horizonte turbulento, donde es casi imposible distinguir quién es la autoridad que manda: los gobiernos o los cárteles del crimen organizado que han tomado en sus manos la aplicación de su justicia y en los hechos están demostrando que son cogobierno.
FUENTE: PROCESO
FUENTE: PROCESO
Desesperación autoritaria
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva. Recordemos que hace seis meses, el 24 de marzo, más de 50 medios de comunicación firmaron un Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia dentro del marco de la mal llamada Iniciativa México. Este pacto propuso “homologar” el trabajo periodístico-propagandístico con el fin de dar una sensación de mayor seguridad a la población, así como de apuntalar la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la clase política entera.
Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.
La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado.
Ante los pocos resultados del “Acuerdo” por parte de los medios nacionales, Calderón busca ahora mover su cortina de humo hacia el norte. La presentación del presidente, el jueves pasado en Nueva York en el programa televisivo The Royal Tour, donde fungió como guía de turistas, no es un esfuerzo genuino para promover la inversión y los viajes a nuestro país, sino un intento más de “blindar” la imagen del presidente ante las críticas cada vez más frecuentes a su gestión. El objetivo básico es apuntalar al eventual candidato del PAN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Pero en las últimas semanas el esfuerzo por controlar el flujo de información ha tomado un giro verdaderamente macabro. Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.
El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.
Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.
Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.
Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
FUENTE: PROCESO
Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.
La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado.
Ante los pocos resultados del “Acuerdo” por parte de los medios nacionales, Calderón busca ahora mover su cortina de humo hacia el norte. La presentación del presidente, el jueves pasado en Nueva York en el programa televisivo The Royal Tour, donde fungió como guía de turistas, no es un esfuerzo genuino para promover la inversión y los viajes a nuestro país, sino un intento más de “blindar” la imagen del presidente ante las críticas cada vez más frecuentes a su gestión. El objetivo básico es apuntalar al eventual candidato del PAN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Pero en las últimas semanas el esfuerzo por controlar el flujo de información ha tomado un giro verdaderamente macabro. Hace tres semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, encarceló injustamente a la periodista María de Jesús Bravo y al maestro Gilberto Martínez por reenviar en las redes sociales información que tenían, pero que resultó ser falsa, sobre la comisión de actos de violencia en algunas escuelas primarias de Veracruz. (Mi análisis aquí: http://bit.ly/oVyB37.) Si bien el gobernador ya los “perdonó” por un delito que nunca cometieron, simultáneamente ha hecho aprobar en el Congreso del estado una verdadera aberración jurídica que penaliza no solamente la libertad de expresión, sino también el miedo y la solidaridad social.
El pasado martes 20 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz una reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo delito de “perturbación del orden público”. A quien, “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Esta reforma viola todos los tratados y criterios internacionales en materia de libertad de expresión, ya que castiga la comunicación “por cualquier medio”, sin especificar, y no exige la existencia de “dolo” o alguna intencionalidad antisocial. Así, hoy en Veracruz cualquier ama de casa que advierta a su vecina que tenga cuidado cuando va al mercado porque escuchó disparos en la esquina, aunque esto no haya ocurrido, puede ser aprendida y llevada a la cárcel por cuatro años. En contraste, los verdaderos delincuentes tienen permiso para colocar en la vía pública 35 cadáveres con toda calma y a plena luz del día en medio de una de las zonas más transitadas y turísticas de la entidad.
Esta grosera e insultante contradicción es el perfecto botón de muestra de la crisis institucional que existe hoy en México. Nuestros gobernantes están más preocupados por callar a los ciudadanos y a la crítica social que por detener la violencia y la corrupción.
Afortunadamente, todavía existen algunas vías jurídicas para revertir la Ley Duarte. El ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, debería presentar inmediatamente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. (Aquí la solicitud redactada por dos destacados activistas: http://bit.ly/p63QO9.) La procuradora general de la República, Marisela Morales, también debería hacer lo propio. De otra forma, se evidenciará ante la opinión pública nacional e internacional como una cómplice directa de la represión encabezada por Duarte.
Una omisión en la materia de parte de la PGR también daría luz verde para la eventual aprobación de reformas similares en otras entidades federativas e incluso a nivel federal. Por ejemplo, el Congreso de Tabasco ya se encuentra en proceso de dictaminación de una reforma que penaría la “alarma social” al estilo veracruzano. Lo que está en juego es ni más ni menos que nuestra misma convivencia democrática.
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FUENTE: PROCESO
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