SCJN: entre la reacción y la justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debate en estos días dos recursos de inconstitucionalidad de las reformas legales realizadas en Baja California y San Luis Potosí para definir la vida
El debate en la Corte tiene por telón de fondo la nunca zanjada polémica social en torno al tema. Por una parte, destacados juristas, académicos y organizaciones de derechos humanos han enviado al máximo tribunal un señalamiento en el sentido de que las legislaciones estatales antiabortistas vulneran los derechos fundamentales de las mujeres –particularmente, los reproductivos– al impedirles una decisión trascendental sobre su vida y su cuerpo y obligarlas a abortar en riesgosas condiciones de clandestinidad e insalubridad. En el bando contrario, varias organizaciones religiosas, encabezadas por la católica, emprendieron una andanada propagandística en contra del ministro de la SCJN Fernando Franco, favorable a invalidar las reformas mencionadas, a quien calificaron de desde el momento de la concepcióne impedir así cualquier intento de despenalización del aborto, la píldora del día siguiente y la fecundación in vitro.
genociday
ministro de la muerte.
De manera indirecta, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se sumó a las presiones sobre la Corte al enviar al Senado la petición de retirar la declaración interpretativa formulada por México en 1981 al párrafo 1, artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la que se señala que,
en general, el Estado protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción, aunque entonces el país dejó en claro que las naciones soberanas conservaban el derecho de fijar excepciones en sus leyes, como era el caso de excluyentes de responsabilidad en situaciones de aborto.
Si bien el tema de fondo analizado por la SCJN no es la procedencia o no de la penalización absoluta del aborto, sino la pertinencia o impertinencia constitucional de las reformas impulsadas por la reacción en diversas constituciones estatales, es claro que lo que está en juego en el momento actual es la posibilidad de avanzar en la debida secularización del marco legal en el país, en la consolidación de los derechos humanos –entre los cuales se encuentran los derechos de género y los reproductivos– y en la modernidad, o bien sufrir un retroceso grave en la vigencia del Estado laico, en la equidad de género y en las libertades individuales.
Cabe esperar que el máximo tribunal del país no se deje enredar en disquisiciones de tintes teológicos y bizantinos sobre el momento en que una persona empieza a poseer existencia jurídica –disquisiciones que distorsionarían de manera inevitable al conjunto de leyes nacionales–, con las cuales se busca imponer la moral religiosa a la legislación de una república laica. A contrapelo de los excesos verbales de dirigentes religiosos y el conjunto de membretes civiles que los siguen, la declaración de inconstitucionalidad de las reformas antiabortistas bajacaliforniana y potosina significaría un ensanchamiento de las libertades de la población en general, en la medida en que se permitiría a todas las mujeres tomar una decisión que reviste, sin duda, aspectos morales, pero que debe constreñirse al ámbito de lo personal e íntimo, que debe ser resuelta con base en las convicciones de cada persona, y en la cual el Estado no debe erigirse en regulador o penalizador de conductas.
Por lo demás, la prohibición legal del aborto no impide ni reduce las interrupciones voluntarias del embarazo. Simplemente colocan esa práctica en un territorio de clandestinidad y sordidez en el que proliferan la corrupción, los abusos y los riesgos, y la convierten en un grave problema de salud pública.
Otro tanto puede decirse de la pretensión de grupos religiosos de prohibir prácticas de fertilidad asistida que implican la manipulación de embriones humanos y que, al contrario que el aborto, va dirigida a producir nacimientos. La prohibición legal de que las mujeres puedan recurrir a las técnicas de fertilización in vitro para acceder a la maternidad sería una imposición inadmisible en pleno siglo XXI. En uno y otro caso, se estarían dando facultades al poder público para que encarcele a mujeres que quisieron ser madres, o a las que no quisieron serlo. La disyuntiva actual de la SCJN consiste, pues, en inclinarse por la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales, o bien en asumir como propios los lineamientos de la reacción política y religiosa y contribuir, de esa forma, a la definición de un país más opresivo, amargo y sombrío.
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Posted: 26 Sep 2011 05:04 PM PDT
- Mensaje en Twitter y en un chat de denuncia por @NenaDLaredo, la cuenta de la periodista María Elizabeth Macías que fue asesinada en Nuevo Laredo y su cuerpo fue localizado esta mañana.
Ya son tres los tuiteros que han sido ejecutados en México por advertir de situaciones de violencia en sus localidades. Las redes sociales que ahora quieren ser reguladas y censuradas por gobiernos estatales como el de Veracruz y Tabasco se han convertido en auténticos medios sociales donde la comunidad suple a los medios de comunicación tradicionales que han dejado de informar lo que ocurre y que se limitan a reproducir informes oficiales.
Twitter concretamente por su inmediatez se ha convertido en el medio ideal para informar y advertir de situaciones de violencia. Para denunciar y protestar y contrastar la información que es emitida por organismos oficiales.
Qué ocurre en un país donde en el extremo los mismos ciudadanos suplen a los medios y a las instituciones para informarse y protegerse. Por qué estos gobiernos estatales promueven leyes que buscan censurar a los usuarios y a la información manejada en redes sociales.
La ventaja de las redes sociales es que la información se verifica y alimenta de manera colectiva, incluso en caso de rumores es la misma comunidad que desmiente pues se tiene acceso a fotografías y testimonios que ayudan a corroborar o desmentir lo que se emite en tiempo real.
Vimos el caso de la balacera en Camargo en Tamaulipas donde tras desmentidos de las autoridades y la negación de los medios tradicionales de comunicación una ciudadana anónima grabó y compartió en YouTube la devastación en la ciudad tras enfrentamientos de grupos criminales. Desde entonces las redes sociales se han convertido en el único medio a confiar en algunas zonas del país.
Se debe reflexionar sobre el papel de las autoridades y los medios tradicionales que descalifican y tratan de censurar a las redes sociales. Una nueva forma de informar ha nacido y es mejor aporvecharla que censurarla. De censurar y reprimir esta forma de expresión no habrá forma de saber lo que pasa o quizá ocurra que como en Egipto en medio de las protestas al bajar el switch de internet la gente siguió organizándose y comunicándose.
La sociedad busca llenar los vacíos que los medios y las autoridades dejan, cada vez de forma organizad en procesos de inteligencia colectiva. Proteger a las redes y sus usuarios es una prioridad en lugar de emitir leyes retrógadas y descalificar sus esfuerzos.
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Posted: 26 Sep 2011 02:54 PM PDT
Yotam Ronen
Más de 800 integrantes del grupo marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TPNIS) descansaban en el campamento de San Lorenzo, Bolivia cuando decenas de uniformados comenzaron a atacarlos sin motivo aparente, durante el operativo desaparecieron 37 personas, entre ellos siete niños.
Alrededor de las 16:30 del domingo 25 de septiembre, sin previo aviso, los policías comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra el campamento, lo que desató el pánico entre los manifestantes y provocó la muerte de un bebé por intoxicación.
Luego de dispersar la acampada los uniformados comenzaron a perseguir a los manifestantes, cuando les daban alcance los golpeaban brutalmente, mientras los demás incendiaban en campamento y retiraban las cámaras fotográficas y pertenencias de los integrantes del movimiento que busca detener la construcción de la Carretera Villa Tunari- San Ignacio Moxos.
Yotam Ronen
Los detenidos fueron obligados a subir a autobuses con dirección a Yucumo, el resto de los manifestantes corrieron a resguardarse en el bosque mientras que decenas de madres buscaban desesperadas a sus hijos.
En respuesta a la represión habitantes de los poblados vecinos salieron bloquearon el paso de la carretera a San Miguel para evitar que los integrantes de los TIPNIS, que buscan llegar hasta la capital de Bolivia, sean regresados a sus lugares de origen.
Los pobladores de San Borja salieron a las calles al escuchar el repique de las campanas, minutos después se interrumpió el servicio eléctrico y la población quedó a obscuras, sin embargo eso no los detuvo pues improvisaron fogatas para continuar con el bloqueo. La policía volvió a hacer uso de gas lacrimógeno para dispersarlos, pero ellos volvían reagruparse y obligaron a regresar a cuatro autobuses llenos.
Yotam Ronen
Sin paso por la carretera de San Miguel los autobuses regresaron a Yucumo donde organizaciones de derechos humanos atendieron a los lesionados y les ofrecieron alimentos, luego el convoy continúo por el viaje con fuerte resguardo policial. En tanto los dirigentes del movimiento eran trasladados en dos camionetas a la comunidad de San Borja resguardados por la policía para que no escaparan.
En entrevista con la red de noticias comunitarias, Erbol, la dirigente indígena, Tania Suárez, relató el viaje a bordo de los camiones: “no teníamos agua, estábamos yendo sin rumbo, los policías nos tenían atrapados en los buses”. Los activistas ya fueron liberados.
Este lunes miles de bolivianos salieron las calles para manifestar su repudio a la represión autorizada por el presidente del país, Evo Morales, mientras que en Santa Cruz más de 20 personas organizaron un campamento en el atrio de la iglesia, amenazan con iniciar una huelga de hambre si las demandas de los TIPNIS no son escuchadas.
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