Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 2 de julio de 2011

OCULTAN SU DEUDA COAHUILA Y EDOMEX- ESTADO AL SERVICIO DEL CHAPO


Estado al servicio de “El Chapo”
Guzmán Loera asegura que los hermanos Ruffo Appel eran socios de los Arellano.
* En entrevista, la periodista Anabel Hernández asegura: “Lo que se vive hoy en Tijuana, esta supuesta paz, es porque el ‘Chapo’ Guzmán ya tomó posesión de la plaza”.
* “El narcotráfico y la política mexicana son una sola cosa”.
* “Los narcos no matan a Calderón porque no quieren”.
* “Antes de Vicente Fox había protección del Estado para todos los cárteles de la droga. Hoy sólo para ‘El Chapo’”.
* “Nacho Coronel está muy bien”.
* “¿Quién va a ganar la Presidencia? ¿El cártel que tenga más dinero?”.
* “Hoy vivimos en un narco-Estado”.

Isaí Lara Bermúdez

Enrique Mendoza Hernández

 Ante más de 350 personas en el vestíbulo de El Cubo del Centro Cultural Tijuana (CECUT), el martes 21 de junio la periodista Anabel Hernández presentó su más reciente título, “Los Señores del Narco”, bajo el cuidado editorial de Random House Mondadori.
La periodista llegó dispuesta a señalar a aquellos que protegen al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, “… desde el Presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna; Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación; a ex presidentes, desde Luis Echeverría Álvarez hasta Vicente Fox”, tesis plasmada en su libro “Los Señores del Narco”.
“La estrategia de la guerra de Felipe Calderón es combatir a los enemigos de ‘El Chapo’”, aseguró Anabel, y lo respalda con las versiones publicadas en su obra convertida en un éxito editorial y comercial, con seis reimpresiones y más de 50 mil copias vendidas en medio año.
La autora concedió una entrevista a ZETA, misma que se reproduce a continuación.
En tu libro se puede entender fácilmente, pero explícanos si es posible entender la política sin el narcotráfico y a la inversa; si se podría explicar y analizar el narcotráfico sin la política…
“Yo diría que no, yo diría que desde hace muchas décadas el narcotráfico y la política mexicana son una sola cosa. Lo que pasa es que a lo largo de las décadas, esta correlación de fuerzas ha ido modificándose conforme los narcotraficantes mexicanos fueron adquiriendo una mayor fortaleza económica, eso fue lo que fue cambiando el equilibrio de poderes.  Aunque han estado juntos desde hace muchas décadas, antes el gobierno, de acuerdo a la investigación que yo hice, sí ejercía cierto control.
“Había complicidad, había corrupción, por supuesto que sí, pero había cierto control sobre los narcotraficantes. Jamás en el gobierno de Luis Echeverría hubiera uno imaginado que iba a haber este baño de sangre, pero conforme fueron cambiando los narcotraficantes, es decir, fueron haciéndose más ricos, fueron rompiendo este control del Estado, y en vez de pagar grandes sumas de dinero a un Gobierno Federal en su conjunto, fueron sobornando militares, policías, gobernadores, pulverizando la corrupción y haciéndola más extendible”.
¿Qué reacciones han tenido los políticos que están involucrados y que mencionas en tu libro, como el propio Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo?
“Mira, yo te diría que evidentemente con mucho enojo. Ellos y los empresarios, porque a los narcotraficantes en realidad no les importa que uno hable de ellos; ‘El Chapo’ Guzmán, ‘El Mayo’ Zambada, a ellos les da igual, ya saben que son una leyenda negra pública y no tienen nada que perder al respecto; cuando hay realmente un enojo es cuando se habla de empresarios, de políticos o de funcionarios públicos que están ahorita en plena vigencia de su poder y que sí ven trastocados sus intereses con el libro. Por ejemplo la editorial tenía una gran inquietud cuando yo revelo que los hermanos Vázquez Raña, Olegario y Mario fueron protectores del narcotráfico durante mucho tiempo, y que incluso se habla de que lavaron dinero y ese tipo de cosas. Por lo pronto yo tengo la prueba fehaciente de que en el hangar que ocupaban en el Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México, se guardaban los aviones de Amado Carrillo Fuentes, de ‘El Chapo’ Guzmán y del ‘Güero’ Palma, y que de esos aviones se subía y se bajaba dinero y droga.
“La editorial tenía cierta preocupación de que los Vázquez Raña, utilizando sobre todo Olegario a sus medios de comunicación, tanto Excélsior, como todo el Grupo Imagen, hicieron una campaña en contra de (‘Los Señores del Narco’), y sin embargo, pues han quedado totalmente callados,  porque este tipo de gente es el tipo de gente que no hace protestas públicas, porque sabe que pierde más entre más se conozcan estos asuntos; saben que no pueden hacer protestas públicas porque saben que están metidos, que hay pruebas que los evidencian de que están metidos en el narco o en algún momento empresarial de sus vidas en el narcotráfico, y prefieren quedarse callados.
“En el caso por ejemplo de Genaro García Luna, públicamente no ha dicho nada, públicamente no ha desmentido ni una línea de mi libro, públicamente no ha presentado ni una denuncia civil, que en todo caso sería lo que correspondería si él se sintiera que yo lo estoy difamando; lo que sí ha hecho es soterradamente estarme amenazando de muerte, desde diciembre pasado yo fui informada de que supuestamente García Luna estaba contratando gente para matarme. Estas molestias, tanto en  grupos empresariales como en funcionarios públicos, son enterradas, no son tan públicas, no son batallas que se den públicamente porque a esta gente no les conviene, porque no tienen cómo refutar el contenido de libro”.
En el caso del secretario de Seguridad Pública, ¿cómo te explicas que Calderón lo mantenga ahí? A lo mejor puede ser o no su decisión, ¿cómo es que se mantiene ahí después del costo político?
“Mira, yo lo que te diría está por supuesto lo que yo narro en el libro, que está perfectamente documentado fehacientemente que Genaro García Luna y su gente han sido imputados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y de proteger a grupos de secuestradores desde hace muchos años. No es un asunto nuevo y Felipe Calderón lo sabía; en la época de transición entre el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón hubo una reunión de militares en activo, de militares de muy alto rango, que se reunieron con Juan Camilo Mouriño en un restaurante de la Ciudad de México. Estos militares, ante el rumor de que supuestamente García Luna iba a ocupar el puesto de director del CISEN, le entregan a Juan Camilo Mouriño un expediente con fotografías de Cárdenas Palomino, de Igor Labastida, de Edgar Millán, de Facundo Rosas Rosas y de otros funcionarios públicos muy cercanos a García Luna, sentados con los Beltrán Leyva, con ‘El Chapo’ Guzmán y con ‘El Mayo’ Zambada.
“Juan Camilo Mouriño recibe el expediente, recibe las fotografías y dice ‘nosotros no sabíamos esto, se lo vamos a informar inmediatamente al Presidente’. Los militares pensaron que ya habían cumplido con su trabajo, que Genaro García Luna seguramente no iba a aparecer mucho menos como director del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional); cuál es su sorpresa que la madrugada del primero de diciembre pasado, todos sabemos cómo Felipe Calderón tomó posesión, bueno, se enteran de que nombra… no sólo no lo nombró como director del CISEN, lo nombró como secretario de Seguridad Pública Federal.
“Yo la información que he recibido a raíz de la publicación del libro, y que me han dicho panistas de mucho nivel, es que hay secretarios de Estado que le han entregado al Presidente de la República expedientes actuales de la colusión de García Luna y su equipo con el Cártel de Sinaloa, y lo que el Presidente les responde, dándoles una palmadita en el hombro, es diciéndoles ‘déjenlo actuar, que estamos en guerra’”.
En un juego de especulación, ¿qué pasaría si las aspiraciones presidenciables de Genaro García Luna se cumplen? ¿Se lo imagina de presidente del país?
“Bueno, yo tengo entendido que sí las tiene, las ha tenido desde que estaba en la AFI (Agencia Federal de Investigación) y las sigue teniendo ahora, claro, él puede creer lo que se le ocurra. Otra cosa es que haya alguien que se lo tome en serio y lo solape, el problema es que pareciera que ya hay un alguien.
“Esta serie televisiva de ‘El Equipo’, que apenas vimos una primera parte, no se ha acabado, de aquí al 2012 vamos a ver otras temporadas producidas por Pedro Torres, exaltando la imagen de Genaro García Luna y este equipo nefasto que tiene, tratando de cubrirles las espaldas, tratando de limpiar un poco la pésima imagen pública que tienen… Esta serie televisiva no se le ocurrió a Genaro García Luna, esta serie televisiva fue supervisada directamente por Alejandra Sota, la vocera del Presidente de la República, que no ha hecho lo mismo con el secretario de Educación Pública, yo no veo que tengan alguna serie televisiva, de donde hable o él explique el gran valor que tienen las telenovelas, ni veo tampoco al secretario de Desarrollo Social en una serie televisiva exaltando cuantos pobres menos hay en México. Sólo vemos una serie televisiva que está en torno al peor funcionario, sin duda alguna, del gabinete.
“¿Qué pasaría?, pues realmente no me puedo ni imaginar. Cuando yo platicaba estas aspiraciones la gente  se reía de mí, me decía, ‘bueno, pues es que cómo crees, apenas si puede hablar, imagínate tomando posesión a este hombre’. Pero de la risa estamos pasando a una verdadera posibilidad, porque mientras los panistas están peleándose la candidatura, pues García Luna está con su serie televisiva, con sus spots, con su Día del Policía Federal, con sus condecoraciones, pues; ganando según él rating, claro…”.
¿Cuál sería tu hipótesis respecto a los avionazos de Camilo Mouriño y todos los que últimamente se han venido dando en los últimos años? ¿Está el narcotráfico detrás de todo esto?
“Mira, para escribir el libro de ‘Los Señores del Narco’, aunado a todos estos años de asuntos de amplia investigación, me senté con gente directamente vinculada a los diferentes cárteles, hablé con gente de ‘El Chapo’ Guzmán, hablé con gente de Arturo Beltrán Leyva, hablé con gente de ‘El Mayo’ Zambada, hablé con gente de Heriberto Lazcano, el líder de ‘Los Zetas’ y con gente del Cártel del Golfo, y en estas entrevistas que estuve haciendo, gente de ‘El Mayo’ Zambada me afirmó que supuestamente el avionazo en el que murió Juan Camilo Mouriño fue un atentado en realidad de ‘El Mayo’ Zambada por cobrarse un acuerdo y no cumplir. Para los narcotraficantes el que paga manda, y una vez que recibiste dinero, no hay manera de echarte para atrás, de que ‘ya no quiero, mejor te lo regreso, ya no se diga más del asunto’. Mucha gente ha perdido de vista que unos días antes del avionazo fue capturado casi de manera accidental, ridícula, el hermano de ‘El Mayo’ Zambada en la Ciudad de México, en la colonia Linda Vista, Reynaldo Zambada.
“El Gobierno Federal pasó más de veinticuatro horas sin decir que uno de los detenidos era hermano de ‘El Mayo’ Zambada porque estaba en las negociaciones de liberarlo; cuando el gobierno de Estados Unidos ve que uno de los detenidos es Reynaldo Zambada, ya el Gobierno Federal no puede concretar la… pues dejarlo libre, e incumplen este acuerdo con ‘El Mayo’ Zambada, y supuestamente ‘El Mayo’ Zambada se cobra esta factura de esta manera tan brutal, dándole al Presidente en lo que más le dolía, sin duda alguna, y en lo que más le sigue doliendo.
“Ésa es la versión del crimen organizado, a mí lo que me sorprendió es cuando quise encontrarle cuerpo a esta versión del crimen organizado y empiezo a hablar con familiares de Juan Camilo Mouriño, me corroboran lo mismo; la familia de Juan Camilo Mouriño está absolutamente convencida de que fue un atentado. Yo a principios de año fui a presentar mi libro a Campeche, de donde es la familia de Juan Camilo Mouriño. Al terminar mi presentación se acerca a mí una de las amistades más cercanas a Juan Camilo Mouriño, a su madre, esta persona me pide tomarse un café conmigo y lo único que hace es ampliarme la versión de que efectivamente, la familia de Juan Camilo Mouriño está convencida de que fue el crimen organizado; pero no sólo está convencida la familia de Juan Camilo Mouriño, sino que el Presidente Felipe Calderón lo sabía y lo sabe”.
Eso significa que así como el crimen organizado tuvo o pudo haber tenido participación en el avionazo de Juan Camilo Mouriño, ¿igual puede tener acceso al avión presidencial?
“Lo que dicen los narcos es que no han matado al Presidente porque no han querido, tienen baterías anti-aéreas, tienen lanza-misiles, tienen el armamento más sofisticado que uno pueda pensar; no lo han matado, dicen ellos, porque no han querido, porque pese a todo, en este río revuelto, los narcos siguen ganando, hoy en México se producen más toneladas de marihuana, de acuerdo al reporte de la ONU de marzo pasado; hoy en México se producen más dosis de metanfetaminas; hoy en México hay más drogadictos, el consumo de crack aumentó en 600 por ciento en cinco años; el consumo en la población femenil aumentó el 100 por ciento en cinco años, sobre todo entre la población entre 12 y 18 años, de acuerdo a las propias encuestas, la Encuesta Nacional de Adicciones del Gobierno Federal. Han ganado, siguen ganando,  a ellos les sigue conviniendo toda esta violencia, para ellos estos cuarenta mil muertos son ganancias, no han perdido nada.
“Bueno, tan no han perdido nada que hoy la DEA es capaz de decir que hay un narcotraficante mexicano llamado Joaquín Guzmán Loera, que es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, del mundo, no de México, ¡del mundo!, claro que están ganando con esta situación… claro que por lo pronto no quieren al Presidente muerto, me queda claro”.
¿Qué pasaría si en 2012 el PRI regresara a Los Pinos? ¿Seguiría siendo “El Chapo” Guzmán el capo más poderoso del mundo?
“La fuerza, la dinámica de la guerra entre los cárteles, es tan fuerte que nada la va a parar. Es un asunto que no se va a acabar de la noche a la mañana, es un asunto que así viniera el Papa a gobernar México… es tal la violencia, el encono, el enfrentamiento, por ejemplo, del Cártel de Juárez o lo que queda el Cártel de Juárez con el Cártel de Sinaloa, que insisten en estar invadiéndose plaza; o es tal el encono de Heriberto Lazcano, el líder de ‘Los Zetas’ con ‘El Chapo’ Guzmán; o es tal el odio de Héctor Beltrán Leyva contra ‘El Chapo’ Guzmán por la muerte de su hermano y el encarcelamiento del otro hermano, que no hay manera de frenar esta dinámica, y lo peor de todo es que a través de todos estos años, cada vez que el gobierno le pega a un enemigo de ‘El Chapo’ o le corta la cabeza a Arturo (Beltrán Leyva), ¡pues le salen veinte!, y esas veinte se han convertido en pequeñas células que están distribuidas en todo el país y hacen lo que les da su gana, que ya no obedecen al ‘Chapo’, no obedecen a Héctor Beltrán Leyva ni obedecen a nadie… lo mismo ha pasado con ‘Los Zetas’, se han ido multiplicando y pulverizando, pero al pulverizarse se vuelven más peligrosos.
“El trabajo de la droga deja mucho dinero. Hoy, cuando sigo con esta investigación y me hablan de bodegas que hay en diferentes lugares de la República, donde la gente puede contratar a cincuenta, sesenta personas para contar 500 millones de dólares en efectivo, mi cabeza no me da para imaginar, y sucede. Yo estoy viendo documentos donde eso sucede. Estamos hablando que estas células, con ese poder económico, tienen el poder de corrupción, tienen el poder de comprar más droga y tienen el poder de comprar más armamento”.
Ahora que tocas precisamente el tema de la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y de Nacho Coronel, ¿cómo argumentas que se haya retirado, que no necesariamente fue abatido por el Gobierno Federal?
“Yo te diría que hace menos de un mes tuve una reunión con una persona que conoce a Nacho Coronel, quien me comentó que Nacho Coronel está muy bien, que se hizo injertos de pelo y que se cambió algo de la barba, pero que está muy bien. Yo hablé con gente cercana a los que hicieron la autopsia del cuerpo, y ese cuerpo que levantaron en Zapopan, por lo menos ese cuerpo de ese hombre, y también levantaron el cuerpo de una mujer, ese cuerpo no era de Nacho Coronel”.
En tu libro hay un apartado titulado El Primer Gobernador del PAN, Protector de Narcos, se refiere a Ernesto Ruffo Appel…
“Sí…”.
Ahora se sabe por presunción de él, que reaparece en la vida política como asesor y coordinador de la campaña política para 2012 con Josefina Vázquez Mota. No es el único caso, se repiten estos políticos que son señalados, ¿cómo se explica este reaparecer de él y de tantos más en proyectos electoreros 2012 en el caso de Ernesto Ruffo?
“La impunidad que impera en México permite ese tipo de cosas, que gente como Hank González, por ejemplo, con esta fama pública que tiene, hoy con estas actuaciones pésimamente realizadas por el Gobierno Federal, pues en lugar de salir perjudicado, pues salió beneficiado; casi, casi es una lavada de cara la que le dan al señor, lo mismo ocurre con gente como Ruffo Appel; Ruffo Appel tuvo imputaciones directas, yo tengo declaración ministerial de ‘El Chapo’ Guzmán, donde viene específicamente que Ernesto Ruffo Appel y su hermano eran amigos y socios de los Arellano Félix, que incluso el hermano de Ruffo Appel invirtió en un fraccionamiento llamado Puerta de Hierro en Guadalajara, Jalisco, y que él lo sabía porque en aquella época Ramón era su compadre, su amigo; le había ofrecido pues que le comprara en venta algunas de estas residencias o terrenos. Yo no encontré, no supe que existiera, ninguna averiguación previa abierta contra Ruffo Appel, que es lo menos que se podía hacer.
“Yo no digo que sea cierto o no, lo que dice ‘El Chapo’, lo que digo es que por supuesto que habría que investigarlo a conciencia, a ver, llamar a declarar, si tengo todas estas imputaciones, qué tiene qué decir al respecto; yo no he visto ninguna averiguación previa donde Ruffo Appel haya comparecido ante la PGR (Procuraduría General de la República) a decir si las acusaciones de ‘El Chapo’ son ciertas o falsas, y tampoco he visto alguna declaración pública, lo mismo ocurre con su hermano.
“Entonces, estamos hablando que muchos de estos personajes… si Ustedes ven, o sea, las averiguaciones previas donde hay imputaciones directas contra tanta gente, donde no hay ninguna investigación de por medio, el gobierno durante muchas décadas siempre ha sido tendencioso, por ejemplo los mismos testigos que acusan a Jesús Gutiérrez Rebollo de haber recibido dinero de Amado Carrillo Fuentes y todo, son los mismos que acusan a Raúl Salinas de Gortari, y son los mismos que acusan a Justo Ceja Martínez, secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, y son los mismos que acusan a Carlos Salinas de Gortari.
“Yo no he visto ninguna declaración ministerial de Carlos Salinas de Gortari diciendo si es verdad o no que recibió dinero de Amado Carrillo Fuentes. Entonces siempre ha sido muy tendenciosa la justicia, la evidencia no es justicia; la justicia sólo opera para algunos grupos de poder, y me parece que uno de esos beneficiados de estos grupos de poder, fue Ernesto Ruffo Appel, en el sexenio de Vicente Fox lo nombra como comisionado de la Frontera Norte, digo, en el colmo del cinismo, y ahora queriendo aparecer en estos papeles públicos sin que nadie los cuestione, me parece que es un momento en que esta gente tenga que aclarar y sacar todos estos fantasmas que tienen detrás”.
El caso de Tijuana se proyecta a nivel nacional como paradigma de la lucha anti-narco, al menos así se maneja desde la visión del gobierno, se pone a Tijuana como el ejemplo y como el triunfo del combate anti-narco. ¿Cómo desenmascarar esta mentira?
“Yo creo que es una de las cosas más graves que ha dicho el Presidente Calderón. Yo tuve acceso a averiguaciones previas, a investigaciones de la PGR donde se afirma que a finales del año 2001 ‘El Chapo’ Guzmán cita a un cónclave a diferentes narcotraficantes. Cita a Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; Juan José Esparragoza Moreno alias ‘El Azul’; Arturo Beltrán Leyva, sus hermanos, Nacho Coronel… se sientan todos en un cónclave y ‘El Chapo’ Guzmán les propone unirse en una sola organización que se llame ‘La Federación’, y que con la fuerza de esa federación y con el apoyo del Gobierno Federal, comiencen una guerra primero por el cártel, por la plaza de Tijuana.
“Aquí no lo pueden olvidar cómo en los primeros años del gobierno de Vicente Fox, aquí hubo un baño de sangre, aquí se vivió lo que se está viviendo en Ciudad Juárez, tantos muertos. Primero estuvo la ejecución de Ramón Arellano Félix, luego la detención de Benjamín (Arellano Félix), luego la batalla por la plaza. Me parece de acuerdo a la propia gente del Cártel de Sinaloa que lo que se vive hoy en Tijuana, esta supuesta paz, es porque ‘El Chapo’ Guzmán ya tomó posesión de la plaza o está casi a punto de tomar posesión en la plaza. Estaríamos hablando de que al Gobierno Federal no le interesa limpiar a México del narcotráfico, lo que le interesa es que ‘El Chapo’ Guzmán genere un monopolio del narcotráfico, que sea el dueño de todas las plazas”.
Incluso, ¿podríamos redefinir el concepto de Estado como del crimen organizado en su forma institucional?
“Hoy vivimos en un narco-Estado, nadie puede decir lo contrario, hoy vivimos en un narco-Estado, donde todos los niveles de poder están absolutamente penetrados, todos los niveles… no digo que todos los políticos ni todos los gobernantes.
“Yo cuando le pregunté a mis entrevistados, a los narcotraficantes, es la pregunta que siempre todos tenemos como periodistas, ‘¿bueno, qué son?’, o sea, para los narcotraficantes qué son los políticos, qué son los policías, qué son los jefes militares, y qué son los empresarios. Me contestaban que los empresarios para ellos son socios, porque es gente que según ellos, asume el riesgo de lavarles dinero, y que son partners, o sea, están al mismo nivel, pero que los políticos, policías o militares son criados, absolutamente sustituibles, porque ellos duran seis años o tres, los empresarios están ahí por siempre.
“Por eso hay tanto político muerto, porque no les importa, son desechables, porque siempre habrá alguien a quien sobornar”.
Finalmente, ¿a quién responsabilizarías de cualquier ataque en tu contra?
“Yo a quien responsabilizaría es a Genaro García Luna y a su equipo”.

Ocultan su deuda Edomex y Coahuila
La mayor disparidad la tiene Coahuila con una deuda no registrada equivalente a 23 mil 644 millones de pesos

Dos de las entidades que este domingo tendrán elecciones para elegir nuevo Gobernador, Coahuila y Estado de México, son las que tienen el registro de deuda más opaco.

Ambas entidades, junto con el Distrito Federal, Nuevo León y Tabasco, encabezan la lista de estados que presentan una mayor diferencia entre la deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda y la que contabilizan bancos y otros intermediarios financieros.

La mayor disparidad la tiene Coahuila con una deuda no registrada equivalente a 23 mil 644 millones de pesos, pues ante Hacienda registra una cifra de 8 mil 329 millones, mientras que las instituciones financieras confirman que suma 31 mil 973 millones.

En un lejano segundo lugar se encuentra el Estado de México, que ante Hacienda reportó una deuda de 37 mil 731 millones de pesos, pero los intermediarios financieros aseguran que es de 40 mil 738 millones; es decir, tiene una deuda no registrada de 3 mil 7 millones.

Héctor Villarreal, Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Coahuila, explicó que la deuda estatal se encuentra en orden, pues dijo que la diferencia en sus obligaciones financieras corresponde a deuda de corto plazo y fuentes de repago.

"La deuda que está garantizada con participaciones es lo que está en la Secretaría de Hacienda, el resto de la deuda el estado no tiene la obligación de darla a conocer", aseguró.

El funcionario coahuilense explicó que la deuda estatal es de alrededor de 21 mil 800 millones de pesos y nos los 23 mil 644 millones que señalan los intermediarios financieros.

"Son 21.8 millones de pesos lo que nosotros estamos manejando; entonces, no sabemos cuáles son los números que está registrando Hacienda. Aquí tengo todos los papeles, los tengo estructurados", comentó.

La deuda de Coahuila está compuesta por 8 mil 329 millones de pesos que registra la SHCP, 8 mil 100 millones de deuda de corto plazo que tienen ante Nacional Financiera (Nafin), y 6 mil 500 millones en crédito con fuente propia de repago.

Después de Coahuila y el Edomex siguen, con una diferencia de más de 2 mil millones de pesos, Chihuahua, con 5 mil 168 millones; Distrito Federal, con 2 mil 941 millones; Chiapas, con 2 mil 596 millones; Nuevo León, con 2 mil 269 millones, y Tabasco, con 2 mil 60 millones de pesos.

Ayer, REFORMA publicó que la deuda no registrada de las entidades federativas del País suma 48 mil 994 millones de pesos, pues la Secretaría de Hacienda reporta una deuda de 314 mil 428 millones y los intermediarios financieros ubican la cifra en 363 mil 422 millones de pesos.

Acusan falsificación

En Coahuila, diputados del PAN presentaron ante la Fiscalía del Estado una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la presunta falsificación de documentos para justificar el endeudamiento por tres mil millones de pesos durante el Gobierno de Humberto Moreira.

El legislador Mario Alberto Dávila explicó que los delitos que señalan son falsificación de documentos, simulación de un acto jurídico y posible fraude.

"(Hubo) falsificación de dos decretos del Congreso de Coahuila, uno se utilizó para un crédito de mil millones de pesos y otro para otro empréstito de dos mil millones de pesos", expuso Dávila.

Armando Rico, director de Responsabilidades de la Fiscalía del Estado, señaló que investigarán si hay delito qué perseguir y quiénes pudieron intervenir en los hechos.

Fuente:
Reforma
Ecatepec, Neza y anexas-Fisgón

DESAIRAN CALDE-RON Y PEÑA NIETO A DAMNIFICADOS DE ECATEPEC Y NEZA

2 de julio de 2011
Videos del Mundo
Rueda de prensa de abogados de Strauss Khan
El fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York accedió liberar a Dominique Strauss-Kahn sin fianza.
Videos de México
Werever tu mono
Exige justicia a Calderón padre de civil acribillado por soldados en Nuevo León
MONTERREY, N.L. (apro).- Otilio Cantú González, padre de un civil acribillado por militares vestidos de policías en abril pasado, en esta ciudad, exigió al presidente Felipe Calderón que reconozca los crímenes cometidos por miembros del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
Cantú González, médico de profesión, recordó que en la reunión del 23 de junio con el escritor y activista Javier Sicilia, que lidera la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, el mandatario pidió perdón por las víctimas inocentes, pero defendió su estrategia de mantener al Ejército en las calles para combatir a los criminales.
Lamentó que el jefe del Ejecutivo no reprochó la acción de soldados que violan la ley, como los siete que actualmente son procesados por el asesinato de su hijo Jorge Otilio Cantú Cantú, cometido el 18 de abril, en la colonia Las Brisas, al sur de esta ciudad.
El joven, que regresaba de su luna de miel, fue acribillado de 19 disparos por militares que inicialmente alegaron que pereció en fuego cruzado, aunque después se comprobó que lo habían atacado en forma directa, aparentemente confundiéndolo con un delincuente.
Este 2 de julio Jorge Otilio cumpliría 30 años.
“Usted pidió perdón, sí, pero no por proteger a las víctimas a manos de criminales y no por actuar sobre ellos con la celeridad debida, y que son (los criminales) los que están matando a estas víctimas. No me arrepiento, concluyó, de enviar a las fuerzas federales a combatir a los criminales.
“Yo le pregunto, ¿qué no son igual de criminales las fuerzas federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio y que envió de apoyo a Nuevo León?, y, ojo, no se vaya a confundir, no estoy generalizando. Pero no es el único caso en donde soldados infringen sus códigos de honor y denigran así su prestigio y su presencia”, señaló en un texto que escribió con motivo de los sucesos posteriores al crimen de su hijo, quien al momento del incidente, cumplía, apenas, dos semanas de casado y regresaba a incorporarse a su trabajo tras su luna de miel.
En otra parte del texto, Cantú González cuestiona al presidente si los elementos del Ejército son sometidos a pruebas de confianza y si están capacitados para hacer trabajo policiaco en la ciudad.
Recordó que el día de los hechos, el coche de su hijo recibió casi 40 disparos; el hombre murió de 19 balazos, de los cuales, cuatro fueron a quemarropa en la cara.
Señala que actualmente no sabe quién juzgará a los militares involucrados en el asesinato, pues la Procuraduría General de Justicia del estado inició las averiguaciones, que luego turnó a una corte militar que, posteriormente, regresó por incompetente al fuero común.
“¿Por qué estar dejando transcurrir el tiempo, será para que pase la memoria dolorosa de un inocente muerto más en esta guerra insensata y cruel asesinato por fuerzas federales? ¿Le será tan difícil a un tribunal colegiado tomar una decisión que podría reivindicar al Poder Judicial tan criticado últimamente (…)?”
El doctor Cantú González se despide haciéndole un reclamo directo a Calderón Hinojosa: “¿Nos acostumbraremos a la ausencia de nuestro hijo? ¿Se acostumbraría usted, señor presidente? Ni nosotros, ni todos los padres agraviados olvidaremos jamás las injusticias, no de la vida, sino de las autoridades carentes de interés en resolver los crímenes, ya sea por dolo, impunidad por corrupción, ineptitud o por fuero”.
El martes 7 de junio, Cantú fue uno de los oradores de la manifestación en Monterrey de la Caravana, que reunió a unas tres mil personas en la Plaza de Colegio Civil.
Él mismo estaba programado para tomar la palabra en el encuentro con Calderón pero, según refiere, ya estando en la Ciudad de México, tuvo problemas de salud que le impidieron acudir a la cita en el Castillo de Chapultepec.
         Inundación en Ecatepec.jpg


Desairan Calderón y Peña Nieto a damnificados de Ecatepec y Neza
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón modificó de último momento su agenda de actividades para realizar un recorrido por aire por los municipios mexiquenses más afectados por las intensas lluvias.
Luego de encabezar la inauguración del nuevo Laboratorio de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), el mandatario se trasladó a la residencia oficial de Los Pinos, de donde partió, en helicóptero, a Ecatepec, donde sostuvo una reunión de evaluación con el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Durante el encuentro, Calderón sostuvo que los gobiernos estatal y el federal trabajarán en conjunto para atender la contingencia. No obstante, Peña Nieto advirtió que lo están haciendo en condiciones muy limitadas; incluso, aseguró que el número de personas afectadas por las lluvias es muy superior al que se ha manejado públicamente.
Esto último salió a relucir cuando el Ejecutivo federal comentó que había unas 20 mil familias afectadas, mientras que Peña Nieto cuantificó 85 mil damnificados.
Calderón realizó un sobrevuelo para supervisar personalmente las acciones de ayuda.
En su intervención, el presidente de México calificó de inusual la precipitación, tanto que, comentó que se impuso un nuevo récord histórico al ascender a 49 milímetros, lo cual, sostuvo, es casi el doble de lo que el sistema de drenaje de la zona metropolitana de la Ciudad de México puede soportar.
Aunque admitió que el drenaje profundo se halla saturado con el nivel del agua, Calderón censuró el hecho de que los cauces naturales del agua se conviertan en depósitos de basura.
Particularmente, se refirió al canal del Río los Remedios, que a su juicio, por la presencia de basura, desató la inundación. Al respecto, se pronunció por que sea una sola autoridad la responsable de vigilar la totalidad de la infraestructura hidráulica, a fin de evitar nuevas inundaciones y en su caso, tener un solo responsable al cual reclamar.
Como hizo en febrero de 2010, cuando otra inundación provocó graves daños en la zona, Calderón sostuvo que cuando se concluya el Túnel Emisor Oriente, se podrá dar viabilidad a los canales y al Río de los Remedios.
En aquella ocasión, Calderón dijo que la construcción de dicho desagüe era la solución definitiva a las inundaciones, aunque concluiría hasta después del 2012.
Durante su intervención, el mandatario federal envió sus condolencias a la familia del joven que murió al caerle un rayo.
También comprometió apoyos a las familias afectadas, al anunciar que su gobierno intentará restituir bienes hasta el límite de sus posibilidades.
Casi al término de la reunión de evaluación, se informó que los pronósticos indican una disminución en las precipitaciones para las próximas horas.
Afectados chocan con la policía
Afectados por las inundaciones en Ecatepec y Nezahualcóyotl, se enfrentaron con elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y bloquearon la avenida Central en su entronque con Periférico Oriente para exigir la presencia del presidente Calderón y el gobernador Peña Nieto.
Más de un centenar de residentes de las colonias dañadas por el desbordamiento del Río de los Remedios cerraron la avenida Central en sus dos sentidos con la intención de obligar a Calderón y Peña –que se encontraban evaluando los daños en un hotel del centro comercial Las Américas– a que los atendieran personalmente.
En respuesta, un grupo de alrededor de 150 granaderos mexiquenses les lanzaron gases lacrimógenos para replegarlos, lo que ocasionó que se originara un enfrentamiento.
Un hombre de 41 años, identificado como Magdaleno Maximino Piedra, residente de la colonia Renacimiento, fue herido en la cabeza al ser alcanzado por una piedra lanzada por los policías municipales.
Dijo que su única intención era pedir ayuda por los problemas ocasionados por el desbordamiento de aguas negras, pero fue agredido por policías estatales.
Tras el enfrentamiento la vialidad fue liberada en ambos sentidos por los agentes estatales, aunque los vecinos continuaron con los reclamos para desalojar más rápido las aguas residuales de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Premio nobel de quimica a Calderón.jpg
La carga doble del IETU
Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
La Secretaría de Hacienda ha entregado a San Lázaro un estudio sobre la conveniencia de sostener el IETU y el ISR, o uno de los dos. En resumen, propone que continúen los dos, porque no sólo ha servido para recaudar los 60 mil millones de pesos calculados para ingresar a las arcas por ese impuesto, sino indirectamente hasta 100 mil millones. En un documento de 155 páginas, el Ejecutivo Federal ha intentado pergeñar lo que ya el PRI criticó como “una evaluación estrictamente fiscal, y no económica”.

El diputado David Penchyna, del PRI, dijo: “(Hacienda) no está haciendo una valoración económica en el marco de lo que necesita este país, que es, a nuestro juicio, principalmente hacer crecer la economía, ampliar la posibilidad de la construcción de empresas formales y la valoración real para las personas físicas que pagan el Impuesto Sobre la Renta, de lo conveniente económicamente”.

Cuando se aprobó la ley del Impuesto Especial a Tasa Única (IETU), hace tres años, se dispuso en un artículo transitorio que el 30 de junio de 2011 tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presentar al Congreso una evaluación sobre la existencia del IETU, un impuesto que desde su inicio fue criticado dentro y fuera del país porque se le ha considerado muy similar al Impuesto Sobre la Renta; lo que ha provocado que en Estados Unidos las empresas de ese país hayan entablado juicios contra el IETU; argumentando que pagarlo es pagar doble impuesto a la producción en México.

Penchyna siguió: “En una primera aproximación, después de ver este estudio, decimos que la valoración es estrictamente fiscal, y que lamentablemente, pese a que tuvieron tres años para hacerlo, no hay una valoración económica donde se tome en cuenta las demandas y opiniones del sector productivo nacional, a lo que nosotros sí lo consideraremos”.

En otro momento, el diputado federal del PAN Luis Enrique Mercado había dicho que el IETU es una suerte de “parche”, ante la ausencia de acuerdos para concretar una reforma fiscal integral.

El priísta Penchyna reviró a Mercado así: “El IETU es un impuesto de control al ISR. Lo que está haciendo falta en México es una valoración de otros impuestos al amparo no sólo del ISR. Es cierto, es chistoso y simpático escuchar al diputado Mercado sobre la valoración de un parche, cuando él pertenece a un partido que, por cierto, en los últimos cuatros años y medio no han sido capaces de presentar una reforma fiscal”.

Penchyna no fue el único que opinó ayer sobre el documento de las 155 hojas. “Está incompleto y es tendencioso”, dijo el petista Mario di Costanzo. Y apostilló: “El IETU apenas representa el 4 % de los ingresos totales del Gobierno. Y ha representado ese impuesto más costos a las empresas mexicanas en términos de administración, de liquidez, que lo que le ha aportado al gobierno, cuya ineficiencia en la recaudación sólo ha orillado a Hacienda a tener un impuesto (el IETU) que sirva como base mínima de recaudación”.

Di Costanzo agregó: “Hacienda ha preferido trasladar a los contribuyentes el costo de su ineficiencia recaudatoria, cobrando el IETU, a cambio de sostener los regímenes especiales que permiten a las grandes empresas del país a eludir impuestos”.

-Penchyna ha advertido al Gobierno que el PRI remirará al IETU desde el punto de vista económico y no sólo fiscal. Y que harán reconsideraciones a la hora de discutir la Ley de Ingresos. ¿Qué opina?

“No le puedo creer al PRI”, respondió Di Costanzo. “Porque suelen decir una cosa en tiempos electorales y hacer otra muy distinta a la hora de votar el presupuesto. Pero, tomémosle la palabra. Que en septiembre y octubre próximos contribuyan los priístas a derogar el IETU. A ver si es cierto.

El documento fue entregado a la Cámara de Diputados la noche de este jueves 30 de junio. Lo que seguiría es que la Comisión de Hacienda de San Lázaro sesionara, pero su presidente, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, es uno de los tipos más porfiados que se recuerde en las últimas legislaturas. Ha evitado a toda costa sesionar. En lo que va del año, sólo se han reunido allí tres ocasiones.



Al diablo ese instituto-Helguera
Propone Solalinde desaparecer Instituto Nacional de Migración
Está muy viciado, no es confiable, dice coordinador de albergue
Acuerda trabajo conjunto con el gobernador de Veracruz
Andrés Timoteo Morales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 2 de julio de 2011, p. 7
Jalapa, Ver., 1° de julio. El sacerdote Alejandro Solalinde propuso desaparecer el Instituto Nacional de Migración (INM), pues ya no garantiza la protección de los migrantes que transitan por territorio mexicano. El gobierno federal, sugirió, debería rescatar a algunas personas valiosas que tiene y formar otra dependencia, una subsecretaría, por ejemplo. Es lo más propicio, lo más pertinente desaparecerlo y hacer una nueva institución. Esta ya está muy viciada, es corrupta, obsoleta, no es confiable y realmente no responde a las iniciativas del comisionado, apuntó, al final de su encuentro con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
El mandatario estatal, por su parte, expresó su compromiso de mantener las investigaciones sobre el caso de Medias Aguas y el respeto del gobierno estatal a la integridad física y las libertades de los migrantes que transitan por territorio estatal. Mi intención fundamental es el poder quitar a Veracruz este estigma donde no se respeta el derecho de los migrantes, y vamos a trabajar de manera conjunta el gobierno del estado y la asociación civil que el padre representa para poder atender esta circunstancia, expresó.
Duarte de Ochoa y Solalinde informaron, al final de su encuentro, que se ha confirmado el secuestro de cinco migrantes centroamericanos en el poblado de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán, cometido por integrantes del crimen organizado el pasado 24 de junio, y se sigue investigando la posibilidad de otros casos, pero tomamos el acuerdo de no generar nada (a la prensa) hasta no hacerlo todo institucionalmente, agregó Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, quien también señaló: Encontramos más disposición en el gobierno de Veracruz que el federal para investigar los casos.
Reveló que entregó al gobernador Duarte de Ochoa un expediente con testimonios que involucran al ex mandatario Fidel Herrera Beltrán con bandas dedicadas al secuestro, extorsión y homicidio de migrantes. Le dije: yo tengo desconfianza del gobierno de Veracruz por muchas razones y una de ellas es su vinculación con Fidel Herrera. Él (Duarte) sólo me dijo: padre yo le puedo asegurar que Fidel Herrera es Fidel Herrera y yo soy yo, y en los hechos voy a demostrarle que así es. Duarte fue honesto y se deslindó (de Herrera Beltrán).
El gobernador Duarte de Ochoa informó que hay el compromiso de continuar con la depuración de las corporaciones policiacas y el combate al crimen organizado, que también tiene que ver con el tema de la seguridad de los migrantes extranjeros que pasan por territorio estatal.
Anunció una campaña mediática dirigida a los diversos sectores de la sociedad para convocar al trato humanitario y respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como para coadyuvar a las autoridades en la información sobre casos de violencia y abusos en su contra.

GUARDIANES DE LOS MONTES SE ENFRENTAN A TALADORES

Guardianes de los montes se enfrentan a taladores

Autor: IPS
Sección: Línea Global
29 Junio 2011

Perú pierde cada año 150 mil hectáreas boscosas por tala ilegal en la Amazonia. Comunidades campesinas e indígenas se organizan para defender los montes que los gobiernos no han podido resguardar. Los agricultores consideran que vale la pena proteger la selva aunque tengan que enfrentarse a una de las mafias más poderosas de la región

Milagros Salazar / Tierramérica / IPS-Voces de la Tierra
Picota, Perú. Desde un furgón que ruge como un búfalo todoterreno, el agricultor peruano Pablo Escudero señala una muralla verde en las alturas. “Ése es nuestro ‘llama lluvias’, el lugar por el que hemos luchado tanto y será la herencia de nuestros hijos”.
Poco después, un letrero en el camino indica “Bosque del Futuro Ojos de Agua”.
Escudero, de 50 años, avanza hasta el corazón de este bosque seco de más de 2 mil 400 hectáreas en el Sur de la región norteña de San Martín, en la provincia de Picota, atrincherado en uno de los afluentes del caudaloso y turbio Río Huallaga.
Él preside la Asociación Bosque del Futuro Ojos de Agua, creada en abril de 2006 y que ahora cuenta con 16 miembros que decidieron privilegiar la protección boscosa en lugar de seguir talando árboles para cultivar.
La Asociación fue la primera en obtener una concesión de conservación privada y comunal en San Martín. Su lucha, que comenzó en 2003, fue premiada por organizaciones no gubernamentales y aplaudida por muchos pobladores inicialmente incrédulos.
En los últimos 50 años, la conservación de los bosques recayó en el Estado, pero en 2000 la Ley Forestal y de Fauna Silvestre estableció que la sociedad civil también podía asumir la tarea.
En forma paulatina, la gente se ha organizado en algunas regiones para aprovechar esta norma, como los agricultores de Picota.
La moneda tiene dos caras: cada año, el país pierde 150 mil hectáreas de bosque por la deforestación de la Amazonia. Pero hay casi 994 mil hectáreas protegidas bajo distintos instrumentos, una superficie más grande que la del suroriental lago Titicaca.
“Cuando llegamos, encontramos motosierras, mafias que querían hacernos daño y nos denunciaron”, cuenta Escudero, quien entre 2007 y 2009 tuvo que enfrentar una denuncia ante la fiscalía del municipio de Pucacaca, al que pertenece el bosque.
Con el apoyo de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Escudero y otros dirigentes se libraron de la denuncia para seguir trabajando en la conservación. Sólo en mayo de 2010, la asociación obtuvo la concesión por un plazo de 40 años.
Cinco de los 25 gobiernos regionales tienen competencias para otorgar concesiones forestales. San Martín fue el primero en hacerlo y optó por proyectos de conservación no maderables.
“Estos agricultores han trabajado pensando en proteger las cabeceras de cuenca”, dijo a Tierramérica el biólogo Miguel Tang, de la Asociación Amazónicos por la Amazonia (AMPA). “Es un grupo valioso que ha dedicado su tiempo y renunciado a cultivar en un bosque para conservarlo. Creo que es el primer caso nacional”.
Los agricultores migraron a isla Falingahua, a una hora de Ojos de Agua en furgón, donde plantan coco. Antes, la caminata podía llevarles casi cuatro horas.
“Hemos tratado de proteger el bosque de muchas formas: con la inscripción en los registros públicos, fijando hitos, con cuadrillas de compañeros que cuidan y hablando con la gente para que entienda que sin bosque no tendremos agua ni vida”, describe Escudero.
En grupos de tres, recorren el bosque a diario. Ya colocaron 200 hitos de 100 kilogramos para delimitar el territorio y evitar el ingreso de leñadores o de empresas que plantan maíz en los alrededores.
El bosque soporta varias amenazas. Cuando la asociación empezó la tarea, encontró 60 hectáreas deforestadas que se recuperaron en forma natural.
El nombre de este hábitat responde a unos pequeños pozos de agua en las partes altas de este bosque enclavado en un lugar donde el recurso hídrico es escaso.
“Cuando el mono coto (Alouatta seniculus), que es de color naranja y grande, empieza a rugir, el bosque tiembla, pero si grita es porque va a llegar la lluvia”, narra Escudero. Su paraíso también tiene sapos de colores, muchos insectos y una gran variedad de árboles. “Hay mucha riqueza aquí, pero falta investigación”, agrega.
Según indagaciones preliminares para elaborar el plan maestro de la zona, Ojos de Agua tiene árboles quinilla (Manilkara bidentata), especie endémica de los bosques secos, y manchinga (Brosimum alicastrum), cuyos frutos son como nueces pequeñas de alto valor proteico.
Arnaldo Paredes, de 46 años, acompaña a Tierramérica en la expedición y reconoce las huellas de los animales, por ejemplo una sachavaca (tapir amazónico) que estuvo al pie de una manchinga.
Los asociados están construyendo un local para albergar a investigadores y visitantes, y un auditorio.
“Pero no hemos estado solos”, indica Escudero. Desde 2009, reciben recursos de la embajada de Finlandia y apoyo de las autoridades locales, así como asesoría técnica de la SPDA y la AMPA.
Lo que sí hicieron solos fue decidir en qué gastar. En lugar de comprar una camioneta con casi 28 mil dólares que les entregó en 2010 la embajada de Finlandia, adquirieron un furgón que no costó más de 5 mil dólares.
Así pudieron invertir en la fabricación de los hitos, en teléfonos celulares –clave para una comunicación rápida en la custodia del predio– y en una computadora para redactar y guardar los proyectos.
Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

viernes, 1 de julio de 2011

EL GOBIERNO DESOBEDECE A LA CORTE INTERAMERICANA

El gobierno desobedece a la Corte Interamericana

Galván y Calderón. Oídos sordos. Foto: Miguel Dimayuga
Galván y Calderón. Oídos sordos.
Foto: Miguel Dimayuga
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que el gobierno de Felipe Calderón se muestra omiso para sancionar a militares implicados en desapariciones forzadas y violaciones a mujeres indígenas. Para el presidente de esa instancia, el peruano Diego García Sayán, la falta de voluntad política se observa en la renuencia de las autoridades mexicanas a responder a las sentencias sobre tres guerrerenses: el luchador social Rosendo Radilla y las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras el gobierno de Felipe Calderón se afana por presentar al Ejército como una institución respetuosa de las garantías individuales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en duda la voluntad política del Estado mexicano, toda vez que éste se niega a acatar las sentencias internacionales en su contra por violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense.
En su 43 periodo extraordinario de sesiones del 15 de mayo pasado, el tribunal internacional emitió severas condenas contra México: una relacionada con la sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, y dos más relativas a las violaciones sexuales contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002. En los tres casos estuvieron involucrados miembros del Ejército.
En su edición 1790, Proceso informó sobre las maniobras del gobierno calderonista para evadir el cumplimiento de las sentencias del organismo regional que señalan a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su implicación en actos violatorios de los derechos de la población civil.
En lo que atañe al cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana resalta que hasta hoy la administración calderonista sólo ha acatado uno de los 10 puntos de la resolución emitida en diciembre de 2009: la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico El Universal y en el portal electrónico de la Procuraduría General de la República (PGR).
El documento de supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte, organismo que preside el peruano Diego García Sayán, incluye un análisis pormenorizado de siete informes enviados al tribunal por el gobierno de Calderón entre diciembre de 2010 y mayo de 2011; también contiene dos informes de los representantes legales de la familia Radilla Martínez, y otros tantos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El tribunal internacional también tomó en cuenta los amicus curiae (una figura del derecho internacional de respaldo a las víctimas) enviados por el Human Rights Committee of the Bar of England and Wales y Solicitor’s International Human Rights Group. De la revisión de los avances sobre el caso Radilla, los jueces resaltan las deficiencias de la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar enviada por el presidente Calderón al Senado en octubre de 2010.
Estancada aún en esa instancia, la propuesta prevé excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles. De entrada, según el documento, las autoridades castrenses revisarán los casos y enviarán al Ministerio Público de la federación los desgloses correspondientes; para ello, tomarán en consideración que “las actuaciones que forman parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado (el Código de Justicia Militar) y con posterioridad el Código de Procedimientos Penales”.
Para los integrantes de la Corte, la iniciativa calderonista “es insuficiente”, pues no cumple plenamente con los estándares indicados en la sentencia emitida por ellos, según la cual “el fuero militar sólo debe juzgar a tropas en activo por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, por lo cual las violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles no pueden ser objeto de la competencia de la jurisdicción militar”.

Tibias respuestas
Los jueces de la Corte Interamericana insisten en que en su sentencia se refieren a “la incompetencia de la jurisdicción militar no solamente para juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables, sino también para la investigación de todo hecho que sea constitutivo de violaciones de derechos humanos de civiles (por lo que) se desprende que el Ministerio Público Militar tampoco es competente para investigar tales violaciones de derechos humanos”.
Con respecto a la iniciativa de reforma del artículo 215A del Código Penal Federal, referente a la desaparición forzada, enviada también por Calderón al Senado, representantes de la familia Radilla Martínez y la CIDH arguyen que representa un retroceso conforme a los parámetros establecidos por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, signada por México, toda vez que establece una prescripción de 35 años.
Ese dato contraviene los tratados internacionales que, dicen, consideran que por ser un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada es imprescriptible. Por ello, los jueces de la Corte advierten que darán seguimiento a la reforma legislativa para la tipificación clara de la desaparición forzada, “hasta su plena adecuación” a los estándares internacionales indicados en la sentencia.
Asimismo, en su texto de revisión del fallo, señalan las deficiencias en el proceso de esclarecimiento de la desaparición del dirigente guerrerense Rosendo Radilla y su localización. Le recuerdan al gobierno de Calderón que la sentencia es clara en ordenar “investigaciones tendientes a determinar las responsabilidades penales y la aplicación eficaz de las sanciones que eventualmente correspondan y las consecuencias que la ley prevea”.
Sobre las actuaciones de la PGR para ubicar a Rosendo Radilla, el tribunal sostiene que las excavaciones realizadas en el excuartel militar de Atoyac se realizaron sólo dos meses antes de que se cumpliera el plazo para que el Estado rindiera un informe de los avances en el cumplimiento de la sentencia.
La Corte critica también que la PGR alegue falta de recursos para solventar la contratación de peritos especializados y equipo para la búsqueda; que niegue copias de la averiguación previa a los representantes de la familia Radilla Martínez y que les limiten el acceso a diligencias judiciales. Asimismo, da cuenta de la inconformidad de los familiares porque, dicen, la dependencia no ha llamado a comparecer a ningún exfuncionario ni a los oficiales del Ejército destacamentados en Atoyac o que tuvieran información de lo ocurrido al señor Radilla.
Entre los puntos que los jueces de la Corte consideran incumplidos por falta de acuerdo entre los representantes de la familia Radilla y funcionarios del gobierno de Calderón destacan los siguientes: la negativa de los familiares de la víctima a aceptar el pago de indemnizaciones; el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado en cuanto a la desaparición de Rosendo mientras no haya avances en las investigaciones, y la resistencia gubernamental a incluir en el texto de la placa de reconocimiento los hechos que ocurrieron en el contexto de la guerra sucia.
Y aun cuando en su informe el Estado mexicano incluye una larga lista de “cursos de capacitación en derechos humanos”, ninguno cumple con las especificaciones de la sentencia; además, de diciembre de 2009, cuando fue emitido el dictamen contra el Estado mexicano, a la fecha sus representantes aún no definen qué dependencia dará atención psicológica a los familiares de Rosendo Radilla.

Manipulaciones
Con respecto a las sentencias de los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, el gobierno de Felipe Calderón manipuló un recurso legal dentro del sistema interamericano para inconformarse por los fallos que responsabilizan a miembros del Ejército Mexicano de haber agredido sexualmente a las dos indígenas.
En ambas sentencias la Corte Interamericana ordenó que las indagatorias se remitieran al fuero ordinario, pero hasta ahora los expedientes de las agresiones sexuales contra Valentina e Inés por parte de militares siguen en el fuero castrense, sin que se haya sancionado a los soldados implicados.
El 29 de diciembre de 2010, casi tres meses después de conocidas las sentencias del tribunal internacional, México interpuso dos solicitudes de interpretación de las sentencias prácticamente idénticas, encaminadas a cuestionar la mención de soldados como agresores de Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Calderón impugnó a los jueces de la Corte por “ir más allá de su competencia”. Al órgano interamericano, dijo, “no le corresponde determinar responsabilidades penales individuales”, mucho menos cuando “no se han agotado los procedimientos penales respectivos”. Según Calderón, la Corte estaba violando el principio de presunción de inocencia (Proceso 1790).
No obstante, los jueces, incluido el mexicano Alejandro Carlos Espinosa, desecharon por unanimidad las solicitudes de interpretación de las sentencias y las ratificaron:
“Se desprende que México cuestionó la competencia de la Corte sobre el establecimiento de los hechos probados (…) y la consecuente responsabilidad internacional declarada. Es un criterio reiterado en la jurisprudencia de este tribunal que la solicitud de interpretación de sentencia no debe utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se solicita.”
Sobre el reclamo de mencionar en las sentencias a militares como responsables de las agresiones sexuales, en las resoluciones la Corte refiere que para llegar a esa conclusión se fundamentó en las probanzas presentadas por las agraviadas; en la documentación de las fallas al integrar las averiguaciones previas y para resguardar pruebas periciales; en el reconocimiento de esas fallas por parte del Estado; en las constancias del despliegue militar en la región indígena de Ayutla; en testimonios de quienes socorrieron a las víctimas (en el caso de Inés, de su hija, quien presenció la violación), entre otros elementos.
En el caso de Inés Fernández, los jueces incluyeron un párrafo que explica claramente el porqué de la mención de la responsabilidad del personal castrense: “El hecho de que después de más de ocho años de ocurrida la agresión el Estado no aportó evidencia que permitiera contradecir la existencia de la violación sexual (…) el Estado no podía justificarse exclusivamente con base en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, cuando ello era consecuencia de sus propios errores o falencias, al destruir una prueba que estaba bajo su custodia”.
En el caso de Valentina Rosendo, se agrega que el Estado no presentó ante la Corte “avances en la investigación iniciada por las autoridades que permitieran desvirtuar los indicios que apuntaban a la existencia de la violación sexual por militares (…); por el contrario, la defensa del Estado se apoyó en el desconocimiento de la violación y su autoría, lo cual es atribuible a sus propias autoridades”.
En ambos resolutivos sobre las solicitudes de interpretación, la Corte señala que el no considerar la responsabilidad de miembros del Ejército en las agresiones sexuales “implica permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad (internacional)”.
La Corte niega haber traspasado su competencia al mencionar a los militares como responsables sin incluir nombres, lo que, según el gobierno de Calderón, es una violación a la presunción de inocencia.
La decisión se tomó para “establecer si la responsabilidad internacional estatal se encuentra comprometida en un caso sometido a su conocimiento. De ser así, debe determinar si hubo una conducta activa u omisiva de sus agentes”, situaciones que se corroboraron durante el proceso ante el órgano interamericano.
Además, la Corte Interamericana aclara que no se excedió en su competencia porque en sus sentencias no hizo ninguna “individualización e identificación de los presuntos autores y sus respectivas sanciones penales”. En lo que sí insistieron los jueces de esa instancia internacional es en que las indagatorias de las violaciones sexuales deben ser conducidas por la justicia civil, aun cuando los agresores sean militares.
“La violación sexual cometida por personal militar no guarda ningún tipo de relación con la disciplina o la misión castrense, y por ello su investigación está excluida de la competencia militar”, aseguran los jueces de la Corte.

En Coahuila, “familiocracia” vs. “compadrocracia”

En Coahuila, “familiocracia” vs. “compadrocracia”

Guillermo Anaya, candidato del PAN al gobierno de Coahuila. Foto: Benjamin Flores
Guillermo Anaya, candidato del PAN al gobierno de Coahuila.
Foto: Benjamin Flores
La calidad de los padrinazgos que se hallan detrás de los dos principales aspirantes al gobierno de Coahuila convirtió la contienda en un show nacional. El aspirante priista, Rubén Moreira, es hermano del presidente nacional del PRI; mientras que el panista Guillermo Anaya tiene la tutela del Ejecutivo federal. En esas condiciones, los dos candidatos comenzaron a cubrirse de lodo, en tanto que otros partidos sospechan que uno y otro han sido apoyados con recursos públicos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En lo que constituye una situación inédita, la próxima elección de gobernador en Coahuila ha acaparado la atención nacional por ser quienes son los dos principales candidatos y por el cuestionamiento sobre la legitimidad de sus postulaciones.
El PRI, partido dominante en el estado, hizo candidato a Rubén Ignacio Moreira Valdés, hermano de Humberto Moreira, presidente nacional priista y exgobernador de Coahuila.
El PAN presentó como candidato al senador con licencia José Guillermo Anaya Llamas, compadre del presidente Felipe Calderón.
Con esos padrinazgos han ido tomando forma los señalamientos de diversos actores políticos y sociales ante una eventual entrada de recursos públicos para favorecer a alguno de los candidatos. También han empezado las campañas negras.
Una grabación hecha llegar a Proceso registra la voz de quien se identifica como Gerardo García Téllez, director general de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien pide una serie de datos partidarios de Monclova, Coahuila, por orden “del secretario”.
“Me pide Samuel unos datos para el secretario, pero lo quiere para hoy; es más, para al ratito”, le advierte antes de pedir información.
Entre otras cosas solicita nombres de funcionarios, grupos políticos panistas, con qué precandidato a diputado federal participa cada grupo y, finalmente, solicita una recomendación:
“¿Cómo podríamos mejorar nuestra posición? Sé que es muy ambiguo, pero…”, plantea en espera de una respuesta que no se grabó.
Otro archivo de audio registra la supuesta conversación entre Gerardo Encinas Urquídez, subsecretario de Hacienda de Sonora, con Luis Fernando Salazar, coordinador de campaña de Guillermo Anaya, a quien le indica que recibirá una llamada en los siguientes términos.
“Te va a hablar la persona de la empresa, ya tiene él línea ahí para como lo hemos ido tratando; tú le pides ahí lo que ocupes, ahí le vas a decir qué es y en friega te lo hacemos y te lo enviamos” (sic).
La siguiente llamada es entre dos personas que se identifican como Luis Fernando Salazar y Alejandro Corral, quienes luego de intercambiar saludos dialogan:
“¿Qué tal? Me estaba comunicando contigo, me dijeron que me pusiera de acuerdo contigo (inaudible) más o menos qué requerimientos traes ahorita”, dice Corral.
“Pues mira, quizá voy a necesitar lonas, pero estoy demandando muchísimo volante”, responde el supuesto Salazar.


Los embates tricolores
Contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el entrometimiento del gobierno de Coahuila también hay señalamientos.
A principios de marzo una camioneta con propaganda panista fue detenida en un inusual retén municipal de la carretera Torreón-Matamoros. A bordo iban cuatro supuestos empleados de la Sedesol federal que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), transportaban propaganda.
El 4 de abril el candidato Guillermo Anaya Llamas, así como el dirigente estatal del PAN, Carlos Orta, denunciaron que cuatro activistas blanquiazules fueron levantados mientras repartían propaganda en un crucero.
Los volantes que repartían eran parte de una campaña negra de la que se desligaron el partido y su candidato, en fechas, además, en las que aún no estaba autorizada por ley la propaganda electoral. Los cuatro jóvenes aparecieron después en sus domicilios, según Anaya y Orta, torturados.
Un caso más se presentó el viernes 10 cuando cinco panistas fueron detenidos, según la FGE, por robo en flagrancia. No obstante las familias de los detenidos aseguraron que repartían propaganda de Guillermo Anaya.
Ante esos casos el delegado del comité nacional del PAN, Federico Döring, denunció que el gobierno estatal incurría en prácticas de intimidación, violencia y secuestro para evitar el proselitismo panista.

“Voto oculto”
Con un padrón de 1 millón 582 mil votantes, en los comicios del próximo 3 de julio se elegirá en Coahuila al nuevo gobernador, a 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional.
La entidad tiene 10 partidos políticos: los nacionales PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Convergencia y Panal, y los estatales Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Primero Coahuila (PPC).
Salvo el PRD, los demás se aliaron para designar candidato a gobernador. El PAN y UDC registraron a Guillermo Anaya Llamas; el PRI, aliado con el Verde, Panal, PSD y PPC, a Rubén Moreira; el PT y Convergencia a Jesús González Schmal, en tanto que el PRD, con un registro de última hora, postuló a Genaro Fuantos Sánchez.
En un contexto electoral local marcado por una campaña negra contra el candidato priista, además de la difusión de presuntos actos de corrupción de personajes de uno y otro partido, las encuestas dan una ventaja de dos a uno al PRI en los cálculos más conservadores.
Pero Anaya ha desestimado esos índices argumentando que en otras elecciones, como las de Guerrero y Oaxaca, se revirtieron sus pronósticos. El jueves 23, Anaya aseguró que está en empate técnico según sus estudios de opinión internos y advirtió que “el voto oculto” es el arma con la que ganará la elección.
El proceso electoral ha sido atropellado desde principios de año. Mientras Humberto Moreira solicitó licencia el 3 de enero, su hermano Rubén se registró en el PRI como candidato de unidad el día 6.
Por otra parte, el 14 de enero se anunció que se integraría una coalición PAN-PRD-UDC, cuyo registro se formalizó el 16 de febrero. Para finales de abril, el PRD rompió la alianza al no lograr un acuerdo sobre la lista plurinominal.
Al fragor de la lucha electoral, Anaya ha realizado una campaña en la que descalifica al candidato del PRI a partir de su relación familiar con Humberto Moreira, así como de los demás hermanos con cargos públicos. De hecho, su lema de campaña es: “Mi familia es Coahuila”.
Con la asesoría del publicista Antonio Solá, Anaya Llamas ha realizado una campaña desafiante, en la que además de sus críticas a los Moreira, entre otras cosas tuvo actos anticipados de campaña y repartió propaganda en oficinas gubernamentales, lo que está prohibido por ley.
Entre el PRI y el PAN se han interpuesto 49 denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), de las que prosperaron al menos tres, imponiendo al PAN sanciones que suman 1 millón 149 mil pesos.

Clientelismo
El clientelismo del PRI y del PAN adoptó ahora un formato de tarjetas de beneficio, en las que se comprometen a entregar recursos y aplicar programas sociales si sus candidatos llegan a la gubernatura.
La tarjeta del PAN se llama La Cumplidora y reproduce el formato de la tarjeta entregada por el excandidato del PRD y actual gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Por el PRI se reparte una tarjeta denominada MásMejor, lema de la campaña de Rubén Moreira y que también promete programas sociales. Ambas tarjetas ofrecen hacerse válidas a partir del 1 de diciembre, fecha en que tomará protesta quien gane la elección.

Misma madre
El candidato de la alianza PT-Convergencia, Jesús González Schmal, sostiene que la elección es una mascarada antidemocrática en la que se desarrolló una subasta entre PRI y PAN por comprar el voto de la gente.
“Son gemelos en esto. Son hijos de una misma madre, que es la ambición política, que conceptualiza el poder como un botín y en eso no hay diferencia entre uno y otro, tienen los mismos grados de compulsión por el poder, de ambición desmedida y patológica para conservar privilegios.”
“Esto nos acerca a un régimen de terror político porque conecta al elector con el pánico de quedarse en el vacío, sin programas sociales, si no se adhiere a la corriente oficial federal u oficial local, y esto anula la libertad ciudadana para tomar una decisión electoral”, sostiene.
Respecto al uso de recursos públicos en campañas, asegura:
“Son manifiestos y evidentes. El gobierno federal tiene en acción permanente a todos los delegados de las secretarías de Estado haciendo campaña. En el caso del PRI, son recursos estatales, con todo el aparato burocrático operando para la campaña”.
Al calificar la elección como un choque entre la “familiocracia” y la “compadrocracia”, González Schmal advierte un riesgo mayor: “De triunfar cualquiera de los dos es un precedente para toda la República, que se repite ahora en Michoacán con Cocoa (Luisa María, hermana de Felipe Calderón) que ya es víctima del apetito insano de aprovechar el padrinazgo de su hermano para entronizarse”.

Calderón en el ‘país de las maravillas’

Calderón en el ‘país de las maravillas’

Calderón. Un inquilino en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez
Calderón. Un inquilino en Los Pinos.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (apro).- En el mundo de Felipe Calderón hay una lógica de poder que, en la medida de los resultados y de frente ante la realidad, es todo lo contrario. Algo así como Alicia en el país de las maravillas.
A lo largo de su gobierno hay señales que marcan este estilo de pensar y de gobernar. Por ejemplo, ahora que se alza como un presidente demócrata, contrario a las viejas formas del presidencialismo priista, que es capaz de abrir las puertas del poder para que entre la sociedad civil a dialogar en la misma mesa, se olvida que su primer pacto político lo hizo con Elba Esther Gordillo, quien le alzó la mano ungiéndolo como el triunfador en el 2006, a pesar de que el Instituto Federal Electoral (IFE) aún no daba los resultados finales de los comicios.
Otro ejemplo igualmente memorable es la declaración de guerra que Calderón hizo al narcotráfico y que ahora niega rotundamente, a pesar de que en varios medios salieron a relucir sus propias palabras aludiendo a esta afirmación que hoy ha corregido, al señalar que se trata de una lucha contra la inseguridad.
Pero quizá lo más reciente sea el diálogo que tuvo en el Castillo de Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Al concluir ese encuentro, Calderón ha querido capitalizarlo a través de entrevistas y en varios eventos como el mejor momento de su gobierno, sin ver que fue lo contrario: el momento en que la sociedad civil, las víctimas de su guerra absurda, hicieron el reclamo más fuerte de seguridad y justicia, que son las principales deficiencias de su gobierno.
En su mundo, Calderón vio el encuentro de Chapultepec como una oportunidad de lucimiento y no como el diálogo al que está obligado con un sector de la sociedad lastimado por su empecinamiento.
Es decir, en su mundo, Calderón tomó el reclamo de las víctimas para que cambie su política militar y policiaca de combate al crimen organizado, como una oportunidad para ratificar su voluntad de seguir el mismo camino de la guerra con miles de muertes civiles a las que ha llamado “daños colaterales”.
Desde su lógica de poder, tomó el encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como un gesto bondadoso de su parte, como una buena acción de samaritano, como una señal de buena fe ante quienes no están de acuerdo con él.
Así, de la tragedia relatada en la misma mesa que compartió con mujeres y hombres dolidos por la muerte de uno de los suyos, vio la oportunidad de salir airoso como el presidente de la democracia y que, a diferencia de los mandatarios autoritarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), él si es capaz de sentarse a escuchar a sus adversarios, aunque sin tomar en cuenta lo que éstos propusieron.
Desde los jardines de Los Pinos, Felipe Calderón mira al país con un talante distinto. Por ejemplo, de las historias de terror, abandono e impunidad que fueron expuestas en Chapultepec, al día siguiente dijo que se había tratado de un diálogo “franco, emotivo y muy difícil”, sin darle el sentido real al reclamo que le plantaron en la cara, entre ellos y uno de los más fuertes, el que hizo Julián Le Barón, quien pidió en vano que modificara la estrategia anticrimen para no pasar a la historia como “el presidente de los 40 mil muertos”.
Desde su burbuja, Calderón tomó con aires de héroe la tarea histórica de ser el responsable de estas miles de muertes, como lo hiciera Gustavo Díaz Ordaz en 1968, cuando, al dejar la Presidencia, asumió la responsabilidad por la matanza de Tlatelolco. Sólo la muerte lo salvó de ser llevado a juicio por tribunales internacionales.
Desde su posición, Calderón mira todo a su conveniencia y cuando explica la evolución del poder de los narcotraficantes mexicanos, cobrando impuestos, dominando territorio, imponiendo su ley frente a las autoridades, lo que describe sin darse cuenta es el fracaso del Estado ante el crimen organizado.
Pero quizá lo más grave es que, queriendo pasar como demócrata, se cierra ante la demanda ciudadana de cambiar su estrategia militar y policial de combate al crimen organizado, y sostiene que, “hasta con piedras”, enfrentaría a los malos, echando mano de la violencia en lugar de la inteligencia.