Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

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sábado, 1 de octubre de 2011

Mientras las momias de la Corte se conduelen con el cigoto...se olvidan de nosotros y nuestros hermanos mineros como trabajadores‏

Resistencia del SME
Organización Política Nacional
www.opnmex.org
La frase de hoy…
Por el amor de una rosa el jardinero es servidor de mil espinas
Proverbio turco
Documentos que leer…
Artículo de la Revista Siempre “Toque crítico” escrito por nuestro Secretario General Martín Esparza Flores
La industria eléctrica de 1960 a la actual
http://issuu.com/guerreros2010/docs/abismal_diferencia_la_industria_el_ctrica_de_1960_
Aquí les compartimos un extraordinario trabajo de nuestro camarada Representante Suplente Ángel Hernández orgulloso integrante del escalafón de Agencias Foráneas.
Guía para el usuario en contra de los abusos de CFE
http://issuu.com/radiosme/docs/guiaparaelusuariocontraabusosdelacfe
¿Qué hacer cuando llegan los contratistas de CFE a tu casa?
http://issuu.com/guerreros2010/docs/qu__hacer_cuando_llegan_los_contratistas_de_cfe___
Mensaje de la Hija y nieta de Adolfo López Mateos en el 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica
http://www.slideshare.net/rudos/mensaje-51-aniversario-de-la-nacionalizacin-de-la-indutria-elctrica
Martín Esparza Flores a través de Facebook: Ministros de SCJN 30 Septiembre 2011
Es increíble que los Ministros de la SCJN, digan que los derechos de los seres humanos se adquieren desde la concepción y por eso los debe de proteger la constitución.
Y entonces hay que preguntarles que entienden por trabajadores del Sindicato que fuimos despedidos desde el 2009 injustificadamente, negándonos el debido proceso.
Que descaro, que cinismo, que impunidad, que sumisión, que POCA M................

Fuente: Facebook Martín Esparza Flores
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Después del apagón ocurrido en el Aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México, los trabajadores del SME en Resistencia, les decimos que este hecho obedece nuevamente al desconocimiento en la operación del sistema eléctrico por parte de los contratistas de CFE, por lo que se hace inminente la reinserción de los más de 16 mil trabajadores que no nos hemos liquidado para que de manera inmediata con una experiencia de más de 100 años de atender la zona central del país, restablezcamos todos los problemas generados en materia de energía eléctrica a partir del injusto y tramposo golpe del gobierno autoritario de Calderón contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Cabe destacar que con LyF, nunca se paró la actividad del aeropuerto que impidiera entradas y salidas de vuelos, inimaginable que alguien se hubiera atrevido a justificar el hecho con el argumento de plantear un corto circuito o bien el calentamiento de un transformador, en otros tiempos los mercenarios medios de comunicación, hubieran hecho escarnio con una pregunta obligada, ¿qué no tenían que efectuar mantenimientos preventivos?. ¿A cuántos compañeros nuestros habrían sancionado por lo ocurrido?, afortunadamente nunca fue así. Hoy les decimos a los eruditos de la comunicación, no hay justificación para que un TRANSFORMADOR pare por completo la actividad del Aeropuerto de la ciudad más densamente poblada del mundo.

Fernando Oliva Quiroz
Secretario de Educación y Propaganda
LA LUCHA CONTRA LOS ABUSIVOS COBROS DEL SERVICIO POR LA CFE
¡Luchamos por la re-nacionalización energética!
Declaración final del 17 Foro de Energía del FTE de México, 27 de septiembre de 2011, 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica
Casi se ha llegado al 50% de privatización eléctrica furtiva. En 1995, el Banco Mundial recomendó a Ernesto Zedillo privatizar el 100% de la generación eléctrica. Fox y Calderón han acelerado ese proceso antinacional. La industria eléctrica nacionalizada, conquista de los electricistas democráticos y pueblo de México, sigue siendo destruida por los gobiernos en turno.
Con 666 permisos privados de generación, ilegales por inconstitucionales, la Comisión Federal de Electricidad tiende a ser estrangulada. La mayoría de los permisos privados son en la modalidad de Autoabastecimiento que, en buena medida son falsos e, incluso, fraudulentos pues no se trata de la generación para el consumo propio sino para abastecer a carteras de clientes privados.
De los permisos privados, los llamados de Producción Independiente de Energía son más relevantes pues se trata de proyectos de alta y muy alta potencia, que venden la energía generada a la CFE mediante contratos a 25 años prorrogables. Las 28 centrales eléctricas privadas, en operación y en construcción, son propiedad de corporaciones transnacionales, del tipo ciclo combinado a base de gas natural, combustible suministrado por la propia CFE y adquirido del extranjero a través de la transnacional española Repsol-YPF.
Las transnacionales participan también de la privatización de las fuentes renovables de energía, principalmente, a base del viento, cuya energía venden a la propia CFE y a clientes privados. Esto ocurre porque a la fecha hay 297 permisos, aparentemente “renunciados”, a base de diesel que tienden a ser sustituidos por generación eoloeléctrica. Tal es el caso de 96 permisos otorgados a Wal-Mart, así como otros a Bimbo, Telmex y otras empresas privadas.
Esto es, hay una restructuración de los permisos particulares que volverán a ser reactivados incrementando la capacidad privada de generación. Más grave es que los planes oficiales indican que la casi totalidad de la capacidad eléctrica adicional será también privada.
El anuncio de nuevas centrales privadas en el Valle de México y los nuevos parques eólicos en Oaxaca, Baja California, Puebla, Querétaro y Zacatecas, revela que la privatización furtiva será incrementada.
La situación es muy seria e incluye al energético vital: el agua. En este caso, casi todos los gobiernos estatales y municipales, gobernados por todos los partidos políticos, han entregado la gestión del agua potable a organismos operadores privados, representados por transnacionales.
Lo anterior tiene consecuencias tangibles, expresadas en el incremento a las tarifas eléctricas y del agua. Pero estos son los efectos, cuyas causas están en la privatización furtiva. Son ya 28 entidades federativas donde avanza la privatización del agua y, prácticamente, todo el territorio nacional en el caso eléctrico.
Es necesario atender las causas profundas del problema pues, de otra manera, no hay salida para la colectividad.
El FTE de México ha propuesto a la discusión la necesidad de reorganizar la insurgencia obrera y popular para hacer posible, más temprano que tarde, re-nacionalizar a la industria eléctrica de México y nacionalizar a los sistemas de agua.
La re-nacionalización no es una consigna, es parte del programa de lucha de los trabajadores y pueblo de México, que proponemos concretar con base en las siguientes banderas:
1- Propiedad colectiva de los recursos naturales energéticos e infraestructura industrial.
2- Una Política energética Independiente que aproveche racionalmente los recursos naturales, mediante administración directa, orientada a satisfacer las necesidades sociales de la nación.
3- La integración del proceso de trabajo energético, mediante el control obrero de la producción e investigación, y la vigilancia social organizada.
Para ello, proponemos:
4- Potenciar la organización social, estructurada en Consejos, en todo el territorio nacional.
5- Orientar la lucha con base en la independencia de clase.
Sobre estas bases, planteamos la recuperación del servicio público de energía eléctrica, incluyendo al agua, entendido como, el derecho social sobre todas las actividades que constituyen al proceso de trabajo eléctrico, orientado a la satisfacción de las necesidades energéticas de la nación, en condiciones de accesibilidad, continuidad, estabilidad y calidad.
Ya es la hora del pueblo, incluso, nos estamos tardando. Esta justa causa del pueblo de México requiere del concurso de todos los mexicanos (as) concientes. No debemos esperar a que la desnacionalización energética sea mayor. Los planes antinacionales del Estado y gobiernos en turno solamente podrán detenerse con la acción dinámica de los sectores agraviados.
Manos a la obra, todos. La causa del pueblo de México tiene que vencer y vencerá.
¡Proletarios del mundo, Uníos!
Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
Tod@s los jubilad@s a realizar 2da. PRUEBA DE SUPERVIVENCIA!
Se invita a todos los jubilados a realizar la siguiente prueba de supervivencia, lo que permitirá continuar con el cobro de sus cuotas de jubilación. Se realizará del 3 de octubre al 1 de diciembre de 2011, en días hábiles, de 9 a 15 hrs.
¿Si no estoy al corriente a dónde debo acudir?
Mesa de recepción de solicitudes de jubilados del Centro de Atención Personal (CAP) Portales, ubicado en Calzada de Tlalpan No. 1221, esq. Bretaña, Col. Portales, Delegación Benito Juárez, México, D.F., entre las estaciones del metro portales y Nativitas, cualquier día hábil de 9 a 15 hrs., donde podrá acreditar supervivencia en forma extemporánea.
Los jubilados que estén al corriente en la acreditación de supervivencia de acuerdo a la letra inicial del 1er. apellido del jubilado.
A la C del 3 al 12 de octubre de 2011.
D a la H 14 al 25 de octubre de 2011.
I a la M 27 de octubre al 7 de noviembre de 2011.
N a la R 9 al 18 de noviembre de 2011.
S a la Z 23 de noviembre al 1º diciembre de 2011.
¿En dónde? Hay 3 Centros de Atención Personal (CAP) en la zona metropolitana.
Cuajimalpa. José Ma. Castorena 10, Col. San José de los Cedros, Delegación Cuajimalpa de Morelos.
Doctores. Dr. La Vista, esquina Dr. Andrade, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc.
Portales. Calzada de Tlalpan No. 1224, esquina Bretaña, Col. Zacahuitzo, Delegación Benito Juárez.
¿Con qué documentación?
Credencial IFE, credencial de supervivencia, pasaporte, credencial INAPAM.
Comprobante de domicilio en original y copia, (teléfono, predial, agua)
Original del último recibo de CFE.
Original y copia de su último estado de cuenta en caso de recibir abono en cuenta bancaria.
Nota: Si no tienes el recibo de CFE, no es necesario presentarlo, ya que esto no debe ser pretexto para suspender la prueba de supervivencia.
Se hace chiquita la CFE
En abierto desafío a una resolución de la Suprema Corte que declaró contraria a la Constitución la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 por la entonces aplanadora priista, está creciendo una oferta de energía eléctrica paralela a la de la Comisión Federal de Electricidad
Del tamaño de la ilegalidad que vuelve en los hechos letra muerta la exclusividad para el Estado reclamada en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, habla el que la energía producida y distribuida por instancias privadas alcanza ya el 76.28 por ciento del potencial de la paraestatal.
Dicho con todos los números, mientras ésta mantiene un nivel de 39 mil 265 megawatts, la oferta paralela llega a 27 mil 755.
Sin molestarse, pues, en modificar la Constitución, ya ve que a veces los señores integrantes del Congreso se vuelven rejegos, el gobierno ha privatizado de facto la energía eléctrica.
De hecho, ya ni quien se acuerde de lanzar al menos un cohete el 27 de septiembre, en la conmemoración de aquel 1961 en que el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria.
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido el 85 por ciento de sus clientes de élite, es decir los grandes corporativos.
En la lista de quienes han dejado de recibir los tradicionalmente abusivos recibos de la paraestatal están la totalidad de las empresas cementeras, léase Cementos Mexicanos, Holcim-Apasco, Cementos Chihuahua…; los consorcios industriales como Alfa, Femsa, Cervecería Modelo, Kimberly Clark, Procter & Gamble, Sabritas; las cadenas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y Liverpool; las mineras como Peñoles y Autlán; las cadenas de autoservicio como Wal Mart; las firmas de servicios como Teléfonos de México…
De acuerdo al ordenamiento empujado por el gobierno salinista para reducir el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y entonces aún de Luz y Fuerza del Centro, en favor de la causa privada, se integraron varias opciones de generación privada.
Una de ellas, supuestamente la más socorrida, hablaba de que se permitiría a firmas generación privada sin distingo de capital nacional o extranjero, bajo la modalidad de ciclo combinado, cuya producción, hasta un límite, se destinaría a una clientela específica, vendiéndose los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
Ahora que en todos los casos la distribución del fluido sería vía la red de transmisión de la empresa pública.
Otra de las modalidades hablaba de permitir la generación privada para autoconsumo, es decir no había forma de vender los excedentes a la causa pública.
Lo cierto es que abierta la rendija, pronto surgieron decenas de empresas que bajo la formulita generan energía… que la venden a entidades privadas ajenas a ellas, en competencia con el Estado.
La trampita se ha multiplicado al infinito, por más que en los libros de la Comisión Reguladora de Energía se habla sólo de la entrega de 936 permisos de autogeneración y autoabasto, de los cuales 374 ya caducaron o los dieron de baja los concesionarios.
Los 562 vigentes, con todo, representan, decíamos una oferta paralela de 72 mil 755 megawatts.
La paradoja del caso es que ante la explosión de plantas generadoras de energía privada, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se expediría un nuevo reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que incrementaba la posibilidad de vender excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
La maniobra, orquestada por el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens, quien había sido director general del Grupo Vitro y presidente de Cintra, provocaría la promoción por parte de la oposición en el Congreso de una Controversia Constitucional.
La exposición de motivos era simple: No se vale modificar una ley bajo el método simple de plantear un nuevo reglamento.
El Ejecutivo, pues, asumía olímpicamente atribuciones del Congreso.
Naturalmente, la Suprema Corte le dio la razón a los quejosos… con la novedad de que la resolución iría más lejos, al determinarse que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica violaba lo dispuesto en la Constitución.
Lo inaudito del caso es que ni la propia Corte ni el Congreso hayan movido un dedo, en congruencia, para derogar el ordenamiento.
En la manga ancha se volvió, o mejor dicho la volvieron, chiquita la Comisión Federal de Electricidad.
Total, qué tanto es tantito, diría el cinismo.

Fuente: El Universal
Publicado por "BONO PETROLERO PARA EL HIJO DEL OBRERO" en 4:14 0 comentarios

Províctima, una simulación

Províctima, una simulación


17 de octubre de 2011 · 3 Comentarios
Reportaje Especial
Províctima. Artimaña del calderonismo. Foto: Miguel Dimayuga
Províctima. Artimaña del calderonismo.
Foto: Miguel Dimayuga
Creada sobre las rodillas, sin presupuesto ni objetivos claros o consultados con expertos, la nueva Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito surge como una artimaña del calderonismo para arrebatarle banderas a movimientos ciudadanos, como el encabezado por Javier Sicilia. Así lo aseguran especialistas consultados por Proceso, para quienes la nueva dependencia es sólo una simulación que busca desactivar el potencial de protesta y de movilización social ciudadana.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El piso 10 huele a pintura. La funcionaria se excusa por las cajas apiladas que no ha podido desempacar. Unos albañiles entran y salen del edificio. Los pasillos lucen sin gente y desocupados los pocos trabajadores encontrados durante el recorrido.
Así es la novatada de Sara Irene Herrerías Guerra, recién designada titular de la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), quien con la misma premura de los albañiles intenta dar forma a esa dependencia que nació de un decreto presidencial no cabildeado con expertos, sin presupuesto, hecho a las prisas, carente de diseño, y con misión y alcances poco claros.
De acuerdo con varios analistas, Províctimas es una maniobra de Felipe Calderón para arrebatarle banderas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia.
Herrerías es una funcionaria que parece bien intencionada, bien vista por organizaciones feministas. Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que este año encontró a 213 mujeres reportadas como desaparecidas.
En la entrevista con Proceso, intenta aclarar las dudas sobre la función y los alcances de Províctimas, pero no tiene respuestas para todo. De entrada, desconoce el presupuesto que manejará.
Por lo sorpresiva de su creación, Províctimas no fue incluida en el presupuesto de 2012 y trabajará con recursos y personal de los Centros de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fevimtra y de la poco conocida área para víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública.
“No tengo números. Estamos funcionando con lo que nos pasaron y viendo lo que tenemos que pedir para el próximo año”, dice la abogada y criminóloga, enterada días antes de su nuevo cargo.
De entrada, aclara que la nueva dependencia dará atención psicológica, jurídica, médica, ayudas sociales y asesoría a las víctimas de “delitos graves” –entre los que menciona únicamente el secuestro, el homicidio y la desaparición forzada– sin importar si el victimario es un particular o un servidor público.
Llama la atención el repentino interés de Los Pinos en las víctimas de la violencia, cuando en este sexenio esos fondos se han reducido 35% en relación con su monto durante el último año de Vicente Fox.
Alberto Serdán, experto en presupuesto, rendición de cuentas y políticas públicas, demuestra que las tres áreas de la PGR relacionadas con la atención a víctimas –la Fevimtra, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito que administra los CAV– sufrieron recortes a pesar de que en la actual administración se recrudeció la violencia que ha dejado más de 40 mil muertos, al menos 50 mil niños huérfanos, 10 mil desaparecidos y un sinnúmero de personas heridas.
Entre las tres oficinas han recibido 790 millones de pesos durante el sexenio. “Tan sólo con la mitad del dinero que se destinará a los partidos políticos en 2012 para las elecciones federales, se financiarían 17 años de operación de estas instancias”, apunta el experto.
Aunque la PGR ha tenido un incremento presupuestal de 24% en términos reales, Serdán indica que la atención a las víctimas representó 1.1% del gasto (casi la mitad del presupuesto con que inició el sexenio) y de éste 88% de los recursos va al pago de sueldos y sólo 4% para “ayudas sociales” a víctimas.
Sin cobertura
La única oficina de Províctimas que está en operación es la del Distrito Federal. Desde ahí extenderá sus brazos a otras 12 entidades del país donde operan los CAV de la PGR, encargados hasta el momento de brindar ayuda médica, psicológica y jurídica a las víctimas de delitos federales. Este sexenio, el gobierno federal no creó más a pesar de la insistencia del Consejo Ciudadano de la PGR.
De entrada, 19 estados se encuentran sin oficina de atención a víctimas, pese a que algunos de éstos como Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Colima y San Luis Potosí son de los más afectados por la guerra contra el narcotráfico.
Consciente de este panorama, Herrerías dice que intentará fundar un centro en cada estado para dar cobertura nacional y bosqueja fórmulas para lograrlo –sin presupuesto–, como pedir al SAE casas decomisadas donde estos centros puedan operar.
Asegura que su reto no sólo será fundar centros o contratar y capacitar personal sensible a la problemática, sino también, superar la desconfianza de la gente hacia la atención gubernamental. Promete que los datos se trabajarán de manera confidencial, que no se criminalizará a ninguna víctima ni se le excluirá aunque sea familiar de delincuentes.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Marcos Fastlicht, dice que en los 14 CAV que existen en el país fueron atendidas 2 mil 860 personas el año pasado –una cifra menor para la capacidad instalada– porque la gente no se acerca a la PGR por la mala fama de la dependencia. Según cálculos de Serdán, cada víctima representó un gasto de 4 mil 109 pesos.
“No es fácil convencer a las víctimas de que vayan a esos centros de atención (…) nos ha costado trabajo convencerlas de que aunque pertenecen a la PGR van a recibir un trato humano, anónimo, de primera. A la gente le da miedo, y la fama que traía la PGR hasta hace unos años ha sido difícil de borrar”, explica Fastlicht a Proceso.
Este empresario fue uno de los sorprendidos por la creación de la nueva instancia y al momento de la entrevista desconocía qué ocurriría con los CAV y su personal.
“El anuncio nos tomó por sorpresa (…) No lo vemos mal, si se va a hacer de manera profesional, constante y no como un hecho político electoral. Pero sí quisiéramos saber cómo se va a desarrollar”, dice.
Los cuatro años al frente del consejo peleó infructuosamente contra los recortes a la atención a víctimas, pero, según le dijeron, fueron destinados a “los aumentos a seguridad, defensa y Secretaría de Seguridad Pública”.
Desconfianza
Durante el anuncio de la nueva procuraduría, Calderón reconoció que en las instancias de gobierno las víctimas “enfrentan condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos”, y dijo que Províctimas servirá para evitar esta doble victimización.
Sobre este punto, el poeta Javier Sicilia expone: “Como vivimos en un lodo, obviamente la gente no tiene confianza –para acercarse a los centros del gobierno–, las víctimas que hemos recibido son maltratadas por la PGR, por las procuradurías estatales. No sólo se les ha matado o desaparecido un esposo, un hijo, un padre; sus casos son despreciados, se quedan sin seguimiento, hasta se les llega a amenazar y nadie las protege. ¿Cómo van a tener confianza? Por eso necesitamos dotarla de verdaderos instrumentos ciudadanos”.
La prioridad de Províctima, según Herrerías deja ver, será la investigación de casos de los desaparecidos, por eso se compromete a hacer una base de datos nacional en la que se allegará información de la SSP, PGR, las procuradurías estatales, la CNDH y las organizaciones que atienden a víctimas. Además, convocará a expertos para diseñar un protocolo de búsqueda y de exhumaciones que se aplique en todos los estados.
–¿Y qué ocurrirá en los casos de competencia local, como son la mayoría?
–Un abogado nuestro los acompañará.
Todos sus ejemplos de cómo actuará la nueva instancia los extrae de cómo operaba la Fevimtra, donde tenía 20 personas a su cargo y comunicación directa con los procuradores estatales. Habla de llevar gente a “refugios”, como se hace con las mujeres maltratadas.
Las organizaciones han expresado su temor de que esta procuraduría excluya a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos; pulverice la escasa oferta que brinda el gobierno a las víctimas; no atienda a delitos locales, y sea desmantelada por el próximo presidente.
“Esta nueva estructura que están haciendo tomando recursos de todos lados, sin dialogar con la gente que conoce los temas, a la carrera, puede resultar un engendro. Fue una cosa montada sobre las rodillas para tratar de responder a algunas de las demandas del Movimiento por la Paz, para decir ‘esténse en paz’ pensando que con eso resolvían sus demandas”, advierte la economista Clara Jusidman, asesora del movimiento y directora de Incide Social.
A pesar de que Herrerías dice que atenderá también a las víctimas de los servidores públicos, aunque en el decreto de creación no se establece una definición de víctima.
Otro punto que causa desconfianza es que en el decreto se nombra a Gobernación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública como los organismos rectores de la Junta de Gobierno de la nueva instancia, y sus titulares como presidentes rotatorios. Incluye también asientos para las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Cuando se le cuestiona la razón de incluir únicamente a las dependencias que manejan los temas de seguridad y sin experiencia en trabajo con víctimas, Herrerías se encoje de hombros: “No la sé, sinceramente”
Exclusiones
De manera unilateral, el Ejecutivo invitó como consejeros a los ciudadanos Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera, Alejandro Martí y Patricia Caso, los tres primeros empresarios fundadores de organizaciones de víctimas contra el secuestro, y afines a la política de seguridad de Calderón.
Aunque al consejo fue invitado el activista Julián LeBarón, como cuota del movimiento de Sicilia, éste rechazó el ofrecimiento. No se convocó a nadie más.
Consultado al respecto, Sicilia señala: “Fue una respuesta de parte del presidente al primer diálogo con el movimiento, pero fue unilateral, nos enteramos por el periódico. Nunca se consultó a los expertos del movimiento, tiene graves problemas estructurales, no tiene dinero, está tomando prestado de otras dependencias con cosas semejantes. Tampoco tiene el rango de Estado ni el nivel constitucional que debería tener ni está a la altura de la gravedad del problema nacional”.
Durante la inauguración de la dependencia, evento al que no fue invitado Sicilia, sorprendió la postura de Morera, presidenta de Causa en Común, quien planteó: “(Aunque) no tengo duda de que el presidente (Calderón) lo hace lo mejor intencionado, también corre el riesgo de fracasar y quedarse como tantos otros que no nos han generado resultados (…) Sería triste y peor aún, poco ético, que esto se repita con una institución tan importante y sensible como es la procuraduría; para evitarlo, los consejeros tenemos la obligación de ser incómodos, de señalar irregularidades y proponer soluciones”.
Sicilia asegura que tiene confianza en Wallace, Martí y Morera, porque son víctimas, personas honestas y saben del dolor, y de la necesidad de justicia. Dijo: “son mi gente de confianza” que deben luchar para que la nueva instancia no se convierta en un maquillaje del problema.
“Se necesita el cambio de la estrategia de seguridad por una estrategia de seguridad ciudadana y humana que abone a la paz. Si no, lo que van a hacer es acumular más dolor y más víctimas”, advierte el poeta que encabezó el movimiento más importante de víctimas a partir del asesinato de su hijo en marzo pasado.
Tras analizar el decreto, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, asegura que, “con esa medida sacada de la manga”, se corre el riesgo de dividir la procuración de justicia y la atención a víctimas en dos instancias distintas, lo que implicará que las víctimas tengan que recorrer “una ventanilla más”.
Y agrega: “Sólo juntaron las oficinas que ya tienen en una instancia, pero eso no va a resolver o mejorar las condiciones de atención. Y el gran pendiente seguirá siendo: ¿qué vas a hacer con todos los casos que sean de competencia local?”.
Los retos
El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis García, estimó que la nueva procuraduría enfrentará un reto titánico y necesitará un presupuesto millonario si, como indica el Inegi, al año se cometen 22 millones de delitos y los acumulados en el sexenio calderonista son por lo menos 88 millones.
“Su reto es no revictimizar a las víctimas; que sea una instancia eficaz de coordinación de las procuradurías de Justicia del país; que cuando las personas lleguen a solicitar acceso a la justicia y reciban un trato digno basado en estándares internacionales, se les tome la denuncia, se investigue el delito, se les acompañe durante toda la averiguación previa y la consignación de los ofensores ante el juez, hasta que llegue la sentencia que incluya la reparación del daño”, dice.
Aunque la CNDH no fue invitada a diseñar la nueva procuraduría, el visitador anuncia que el organismo se dedicará a observar la operación de Províctimas para que no revictimice a la gente y les brinde el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Por su parte, Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) de Chihuahua, manifiesta: “La procuraduría es una estrategia de simulación para hacer creer que siguen atendiendo a las víctimas. Es una locura, sin pies ni cabeza, que se hace en tiempos electorales, desde un escritorio, por personas que no han trabajado con víctimas, que ni siquiera las consultaron. Es un borrón y cuenta nueva que aniquilará todo lo que ya había”.
Durante el diálogo de Chapultepec, que se desarrollaba el viernes 14, al cierre de esta edición, Calderón aclaró que la nueva procuraduría atenderá a las víctimas de la violencia, sin distingo de los victimarios (e incluso sugirió que se le cambiará el nombre a la dependencia); atenderá a la gente de los estados para verificar que no se le revictimice congelando sus expedientes. Explicó que la dependencia se creó apresuradamente y sin consultar al movimiento porque el tema requería una intervención urgente.
Por lo pronto, las personas que llegan a las instalaciones de la procuraduría, ubicada en la colonia Del Valle, en la capital del país, son atendidas por trabajadores sociales que los entrevistan y, según el caso, los canalizan al piso correspondiente donde se ubican las áreas médicas, jurídicas o psicológicas, y áreas de juego para niños mientras sus padres son atendidos. El piso 7 –en el que se atenderán las quejas por desapariciones– aún está deshabilitado.
En otro nivel se localizan los trabajadores sociales que atienden la línea directa de atención 01-800-VICTIMA (01-800-842-8462), donde comienzan a recibir muchas denuncias por violencia doméstica. Los albañiles entran y salen con materiales del edificio. Todo huele a pintura.
La duda común es cuánto tiempo sobrevivirá Províctimas. La nueva procuradora reconoce que no hay manera de blindarla a los cambios transexenales por lo que señala: “Una ley, aunque la hagamos, es fácil que la tumben. La única forma de convencerlos (de la importancia de la procuraduría) es dando los resultados que la ciudadanía espera”.

3 Comentarios

  1. esther olimpia Nava Fernãndez dice:
    17 de octubre de 2011 a las 13:07
    En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario.
    ¡¡ FELIPE . CALDERÓN . ES . UN . ASESINO . CONFESO !!
    Manifestemos nuestra voluntad de paz este lunes 31 de octubre, con carteles en coche, casas, postes, donde se te ocurra, pero:
    ” Q U E R E M O S . . P A Z ”
    E iniciemos Juicio Internacional contra los asesinos:
    Genaro García Luna
    Felipe Calderón Hinojosa
    Joaquin Guzmán Loera
    http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html
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  2. El Mugroso Sin dice:
    17 de octubre de 2011 a las 12:59
    Aun en sus peores epocas el PRI no jodio a la ciudadania como estos neofitos del PAN.
    Felopio Caderon se aboco a beneficiar a los extranjeros y a joder a la ciudadania.
    Es cierto que Calderas es un loco que ve a los Mexicanos como sus enemigos (por no haberlo electo), y a los gringos como sus patrones a los que les debe la usurpacion. Eso explica TODA LA FALLA DE SU NEFASTO GOBIERNO.
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  3. esther olimpia Nava Fernãndez dice:
    17 de octubre de 2011 a las 12:39
    ¡¡ TODO EN ESTE SEXENIO ES SIMULACIÓN !!
    Si tuviese un poco de decoro Sara Irene Herrerías Guerra dejaría este cargo, a sabiendas que es impuesta por el gobierno en esta simulación y por usurpar a quienes realmente solicitaron esta iniciativa.
    Hasta sospecho que Herrerías tiene como premisa del gobierno, NO establecer contacto, ni asistencia del Movimiento por la paz con justicia y dignidad.
    Si continuará en este cargo, lo tomaría como una burla más del gobierno espurio.
    SIN PIEDAD LA JUSTICIA SE TORNA CRUELDAD.
    Y LA PIEDAD SIN JUSTICIA, ES DEBILIDAD
Publicado por "BONO PETROLERO PARA EL HIJO DEL OBRERO" en 3:56 0 comentarios

MEXICO 1980: EL NACIMIENTO DE LOS CARTELES


México 1980: el nacimiento de los cárteles

Autor:
Sección: Ensayo
La década de 1980 supone el principio de una serie de inercias políticas, policiales, militares y económicas que estarán presentes tanto en la lucha contra el narcotráfico mexicano como en el discurso político antinarco. Es más, para ser exactos, se podría decir que en esta época se puede empezar a identificar la utilización política del discurso de la lucha contra el narcotráfico como medio de justificación para ejercer un férreo y violento control sobre la población civil.
Y es que esta década está caracterizada por una serie de cambios económicos, políticos y sociales en México que derivaron en una expansión del descontento social a lo largo del país, sobre todo en las zonas más deprimidas, lo cual lleva al desencadenamiento de importantes protestas, huelgas y manifestaciones. Éstas, por su intensidad y continuidad en el tiempo, parecen ser el germen de un levantamiento social al estilo revolucionario que se suponía erradicado en las décadas anteriores. Por ello, la necesidad del control del descontento social se hace evidente desde un primer momento.
El principal problema para las autoridades mexicanas es que la violenta represión de las ideas disidentes –llevada a cabo durante las décadas de 1960 y 1970– fue fuertemente cuestionada a nivel internacional. Por ello, el régimen necesita de una nueva estrategia que permita justificar la violencia y el control social. Paradójicamente, durante la década de 1980 se vive un momento de cierta “apertura” social en el que, a pesar de las dificultades y presiones gubernamentales, surgen algunos medios de comunicación que empiezan a sacar a la luz las miserias del país, convirtiéndose así en vehículos que externalizan el descontento de una parte importante de la población. Todo esto está acompañado por una crisis económica cada vez más aguda, caracterizada por una gran inflación, la devaluación del peso y una crisis alimentaria en determinadas zonas del país que pone de manifiesto que la más exagerada opulencia convive con el hambre y la desnutrición. A la vez, se hace demasiado frecuente la salida a la luz de grandes escándalos de corrupción política, económica y empresarial que evidencian la existencia de poderosas redes clientelares en el centro del sistema mexicano (generalmente documentadas por Proceso y otras revistas de la época).
Un país contra las drogas
En este contexto se hace necesario recordar que ya en la década de 1960, y con continuidad en la de 1970, México alcanzó una serie de acuerdos internacionales en materia antidrogas que le habían permitido ser cada vez más aceptado a nivel mundial, a pesar de su política de persecución de la disidencia, a la vez que construía un discurso contra las drogas muy bien acogido por la comunidad internacional. Así, la retórica antidrogas de la época pivota sobre el ataque al cultivo de estupefacientes como el opio o la mariguana (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas) sin hacer apenas mención a la lucha contra el tráfico por el papel de “trampolín” en el transporte de drogas procedentes de otros países de Latinoamérica: “[…] México es uno de los pocos países que combate con energía y radicalidad el tráfico de drogas, con resultados y pruebas evidentes que benefician no sólo a éste, sino a la comunidad internacional… México no puede aceptar ser inculpado del problema de las drogas que sufren otros Estados y jamás aceptará ser señalado como responsable directo o indirecto de ese problema” (ídem).
Así, a partir de 1976 se iniciaron una serie de acciones gubernamentales para erradicar los cultivos de drogas en suelo mexicano que fueron publicitadas con bombo y platillo como la solución contra el narcotráfico y que tuvieron continuidad hasta bien entrada la década de 1980 (Francisco Ortiz Pinchetti, La Operación Cóndor). Sin embargo, a pesar de la insistencia en la eficacia de los procedimientos de erradicación de los cultivos, los datos de los años subsiguientes sobre el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos acabaron por quitar la razón al gobierno.
Así, las grandes cifras oficiales de destrucción de cientos de hectáreas de plantíos de estupefacientes se veían insignificantes cuando se comparaban con el incremento del tráfico de drogas a través de suelo mexicano (Carlos Loret de Mola, El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico). Más aún, si se tomaba en cuenta el aumento exponencial del consumo de drogas en Estados Unidos en los años posteriores. Y es que con el paso del tiempo esta campaña antinarcóticos conocida como Operación Cóndor evidenció que el narco mexicano, lejos de verse realmente afectado, salió ampliamente fortalecido al hacerse socio de los colombianos y situarse así a la cabeza del narcotráfico hacia Estados Unidos (Guadalupe González y Marta Tienda, México y Estados Unidos en la cadena internacional del narcotráfico). A partir de este momento, la sociedad mexicana empezó a ser consciente de que el problema del narcotráfico, a pesar del rimbombante discurso gubernamental, iba más allá del cultivo de drogas en territorio mexicano. Concretamente la clave de todo se centraba en los incalculables beneficios económicos obtenidos por el narco mexicano gracias al tráfico de drogas hacia Estados Unidos procedentes de países latinoamericanos, como Colombia (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel:historia de la droga). Entonces, por lógica, la lucha contra el narcotráfico debería haberse centrado en atacar el lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. La realidad, sin embargo, fue muy distinta.

La realidad de las políticas contra el narco

A la vez que todo esto ocurría, la violencia política de años anteriores tuvo una continuidad en la décadas de 1970 y 1980: “[…] En el periodo de 1971 a 1986, el investigador Miguel Concha contabilizó 1 mil 351 ejecuciones arbitrarias ocurridas en el país, es decir, un promedio de siete ejecuciones mensuales. Esta cifra había aumentado a 21 muertes por violencia política entre 1989 y 1990. En el periodo de 1988-1994, de acuerdo con la muestra, cada año 47 personas fueron asesinadas y 179 sufrieron diferentes tipos de violencia a causa de las elecciones y la actividad política…” (Mario Rojas Alba, Las manos sucias. Violación de los derechos humanos en México 1988-1995). Concretamente, la organización Americas Human Rights Watch –autora de varios informes sobre la violencia en México– publicó en 1990 el libro Derechos humanos en México, una política de impunidad, en el que se identifica la tendencia a resolver los problemas políticos y policiacos a través del uso del Ejército. En éste se hace especial hincapié en la tolerancia del gobierno ante las violaciones de derechos humanos llevados a cabo por los “servidores públicos” (ídem). Este diagnóstico coincide con algunos de los aspectos señalados en 2007 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas, capítulos II, III, IV y VI).
Al realizar un análisis pormenorizado de una parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y el Ejército desde finales de la década de 1970 hasta la última etapa de 1980 (y con continuidad en décadas posteriores) vemos que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Es decir que periódicamente distintos grupos de policías, así como determinados destacamentos del Ejército, llevaron a cabo asaltos, desapariciones, asesinatos, violaciones, torturas y todo tipo de agresiones contra poblaciones (normalmente indígenas y con gran conflictividad social) supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas.
Lo más llamativo de todo esto es que en casos concretos estos grupos policiales, militares o paramilitares, han sido finalmente identificados, acusados e incluso condenados por este delito. En este sentido, los casos más sorprendentes fueron los de los grupos de policías que trabajaban respectivamente bajo las órdenes de Arturo el Negro Durazo, Francisco Sahagún Baca o Javier Coello Trejo. Lo realmente paradójico es que los tres ocuparon cargos muy importantes en la lucha contra el narco en distintos cuerpos policiales e incluso en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), tristemente conocida por su papel clave en la detención, tortura, desaparición y asesinato de cientos de personas en todo el país.
Precisamente, estos personajes fueron célebres por la represión ejercida bajo su mando contra la población civil. Es más, en 1985 después de un terremoto que provocó el derrumbe de varios edificios, quedaron al descubierto celdas de tortura de la Procuraduría del Distrito Federal, donde eran retenidos y torturados decenas de personas (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel:historia de la droga).

El asesinato que lo cambió todo

Tan sorprendente como lo anterior es el conocimiento que Estados Unidos ha tenido sobre la vinculación de los cuerpos policiales mexicanos en el tráfico de drogas y en especial la DFS. Así, ya en 1951 la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) alababa dicho cuerpo de policía, aunque matizaba: “[…] Algunos jefes de este grupo son poco escrupulosos y han abusado del considerable poder que tienen porque toleran, y de hecho controlan, actividades ilegales como el contrabando de narcóticos” (Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México). A pesar de conocer perfectamente todas las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por la policía como por el Ejército Mexicano (Luis de la Barreda Solórzano, La tortura en México.Un análisis jurídico), la CIA no hizo nada para impedir dichas actitudes o intentar corregirlas (Jennifer Harbury, Truth, torture and the american way. The history and consequences of US involvement in torture). Es más, algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo todo tipo de torturas en Latinoamérica e incluso llegaron a utilizar el narcotráfico en determinadas ocasiones (Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies and the CIA in Central America) como medio para conseguir sus objetivos políticos en países que estaban bajo su influencia (Alfred W McCoy, A question of torture).
A pesar de todo lo anterior, a mediados de la década de 1980 se produjo un suceso que provocó una serie de reacciones que cambiarían la lucha contra el narcotráfico y, como consecuencia, derivarían en una nueva etapa para éste. Me refiero concretamente al asesinato en México del agente de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) Enrique Camarera, en 1985. Este crimen sorprendió por completo a Estados Unidos, que pudo comprobar en sus propias carnes el gran poder que había logrado el narco y el altísimo nivel de corrupción existente en México que alcanzaba amplios sectores políticos.
Este acontecimiento derivó en una serie de acusaciones de corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el mexicano y en un serio enfrentamiento diplomático entre ambos países. Como consecuencia, tiempo después y por las presiones de Estados Unidos, se produjeron las detenciones de algunos de los presuntos responsables del asesinato de Camarena: los narcotráficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto.
Sin embargo, debido a que las responsabilidades sobre el crimen comenzaron a apuntar a las más altas esferas políticas, las críticas hacia el gobierno mexicano continuaron y provocaron que se cuestionara la legalidad de las intervenciones de la DEA en México.
Todo ello derivó en la emisión en Estados Unidos de una serie de televisión que destapó el nivel de corrupción política que había logrado el narco mexicano. De este modo, la presión sobre México fue tan grande que no quedó otro remedio que aplicar una nueva estrategia constante en la lucha contra el tráfico de drogas: la persecución de las grandes figuras conocidas del narcotráfico. Y es que a pesar de que todo el mundo sabía de las conexiones del narco con políticos y empresarios mexicanos, el gobierno necesitaba capturar a algunos de éstos para dar ejemplo ante la comunidad internacional que empezaba a cuestionarlo seriamente. Así, a finales de la década de 1980 fue detenido el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Su aprehensión supuso el fin de una etapa del narco en México y el comienzo de otra, que traería desastrosas consecuencias para la verdadera víctima de las políticas antinarco: la sociedad mexicana.
*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España
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Costa Rica: en riesgo, autonomías indígenas


Costa Rica: en riesgo, autonomías indígenas

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Sección: Línea Global


Con la reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, el gobierno de Costa Rica amenazaría los procesos autonómicos de los pueblos indios. En breve, decenas de hectáreas podrían ser despojadas en nombre de la “utilidad” pública y los megaproyectos

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Los pueblos originarios de Costa Rica intuyen la amenaza que, para su desarrollo autónomo, representa la reactivación del estatal Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), impulsado con el proyecto de presupuesto del país para 2012.
La propuesta asigna un monto millonario para el pago de salarios y otros gastos de la institución, fundada en 1973 y cuestionada por sus acciones en detrimento de los supuestos beneficiarios. El CONAI es el instrumento del Ejecutivo para supuestamente defender los derechos de los originarios y al mismo tiempo violarlos, a fin de apadrinar la usurpación y el despojo de sus tierras por el Estado, considera la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. Ésta indica que la existencia del ente y su fortalecimiento financiero es un riesgo para los pueblos autóctonos, porque lejos de cumplir con su responsabilidad procura su desaparición.
Ejemplos sobran de la cuestionable actuación del CONAI, afrontado por los indígenas a través de sus organizaciones familiares, comunitarias, territoriales, regionales y nacionales. En todos estos años, la dependencia ha dado vía a la explotación de los territorios de los indígenas, sus recursos naturales, minerales, acuíferos. Al mismo tiempo, ha favorecido la imposición de megaproyectos y el bloqueo de cualquier inic iativa emanada de las comunidades.
Las denuncias de la Mesa concuerdan con lo expresado por el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, quien visitó Costa Rica en abril pasado. Éste atendió las quejas respecto al Proyecto Hidroeléctrico Diquís –impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad– y llamó la atención al Estado por la situación de los indígenas. El representante de la ONU recordó que la consulta a estas comunidades es obligatoria antes de cualquier intromisión en sus territorios, y enfatizó los problemas acumulados, la recuperación de tierras y la representatividad de los pueblos. Destacó la necesidad de poner fin al trámite del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, presentado hace más de 15 años y sin resultados hasta la fecha.

Desidia inconmensurable

La situación de los pueblos originarios en Costa Rica demuestra la ineficacia de la respuesta gubernamental a los problemas del sector a través del CONAI, mecanismo de dominación colonial en este siglo. Expertos aseguran que la gestión de la entidad desatiende lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –signado por Costa Rica en 1992–, que exige la modernización de los aparatos estatales destinados a atender a los indígenas, conforme el interés de las etnias. De manera contraria al discurso de los responsables de hacer cumplir estos compromisos, múltiples denuncias sobre la pobreza y la discriminación que padecen estas comunidades terminaron archivadas o tratadas de forma superficial por los funcionarios, como “pleitos entre indios”.
El CONAI impone las decisiones gubernamentales y anula los derechos ciudadanos de los indígenas, en general desconocidos por los medios de comunicación y sujetos a un creciente etnocidio. Es tan fuerte la invisibilidad de los pueblos autóctonos ticos, que el visitante nunca percibe su presencia a menos que desatienda los mensajes mediáticos e insista en conocerlos.
Los pueblos bribri, gabecar, maleku, chorotega, huetar, teribe, bruncas y guaymi poseen una historia y un conocimiento milenarios y en sus 24 reservas –cada una con dos y hasta 40 comunidades– se conserva la mayor cantidad de bosques, recursos acuíferos, minerales y biodiversidad. Pese a esto –y que sólo representan el 2 por ciento de los habitantes de Costa Rica– enfrentan una progresiva depauperación: hay pueblos imposibles de recuperar o que tienen su muerte anunciada, mientras otros quizá salven parte de su acervo si se adoptaran medidas urgentes.

Aniquilación sutil

La creación del CONAI alentó la esperanza en ese sentido, pero con los años devino vía expedita para la aniquilación disimulada de sus culturas, a juicio de la Federación para el Desarrollo Cultural y Social de las Etnias Indígenas Costarricenses. Sus directivos mostraron una actitud paternalista –similar a la enarbolada por representantes de la iniciativa privada en la década de 1940–, cuando para impulsar el “progreso” apoyaron acciones filantrópicas favorables a éstos. Resultado de gestiones parecidas surgió el CONAI, integrado por ministerios y entidades autónomas involucradas en el tema indígena, municipalidades de regiones habitadas por éstos y organizaciones civiles. Facilitar el desarrollo de los pueblos originarios, coordinar acciones, asesorar e informar eran las tareas básicas de esa dependencia, mas nunca ejecutó programas o representó a los nativos, opinan historiadores.
La irrupción de la ideología neoliberal arrasó con las buenas intenciones y más que contribuir a mejorar los niveles de vida del sector, la entidad devino en un aparato de manipulación y división de las comunidades. La Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes de 1989 se convirtió en letra muerta. También resulta cuestionable la labor del Registro de Comunidades Indígenas, encargado de otorgar personería jurídica a estos pueblos. El CONAI jamás prestó de forma efectiva el servicio para el que fue creado y mucho menos entregó tierras ni garantizó servicios de salud, educación, vivienda o jubilación, como las urgencias de estas etnias. Incluso, en temas esenciales para el futuro de la nación costarricense, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, la opinión de estos pueblos tampoco fue tomada en cuenta. La coartación de la participación de los nativos en los debates de la parlamentaria Comisión de Asuntos Internacionales acerca de este acuerdo violó los convenios de la OIT y reafirmó la discriminación que sufren los más de 65 mil indígenas existentes en el país.
En medio de los debates alrededor del TLC, a finales de 2006, la propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue desempolvada, pero una vez más quedó pendiente de análisis en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso hasta hoy. De la aprobación de ésta dependerá el futuro del CONAI y otras entidades creadas para contrarrestar la progresiva depauperación de las condiciones de vida de los indígenas y cuya preservación es discutible para muchos con base en la poca eficacia de su gestión.
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México, ineficiente contra la desaparición forzada: CIDH

México, ineficiente contra la desaparición forzada: CIDH

Afecta a miles de personas y a sus familiares, sin que hasta el momento el gobierno haya aplicado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, expuso el relator Rodrigo Escobar al presentar reporte sobre su visita al país.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 30/09/2011 16:07
México, DF. Las desapariciones forzadas son el crimen de lesa humanidad más preocupante para el país en la actualidad, ya que afecta gravemente a miles de personas y a sus familiares, sin que hasta el momento el gobierno haya aplicado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, advirtió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil.
Al presentar las conclusiones de la visita realizada del 26 al 30 de septiembre por especialistas de dicho organismo, el funcionario delineó algunas de las principales inquietudes en materia de garantías individuales, entre ellas el poder de los grupos delincuenciales; las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; la persistencia del arraigo; la militarización de la seguridad pública; las pésimas condiciones del sistema carcelario nacional, y la vulnerabilidad de los migrantes.
“Las desapariciones forzadas son el tema que más preocupa a esta relatoría, porque es el más atroz de los crímenes, pues afecta a la víctima y a su familia, que es sumida en la peor de las angustias”, deploró Escobar, quien urgió al Estado mexicano a aplicar mecanismos de búsqueda efectivos, así como a diseñar alertas y procedimientos para atender estos casos.
Asimismo, llamó a otorgarle apoyo sicológico y económico a los familiares de los desaparecidos, pero sobre todo a capturar y juzgar a los responsables de dicho crimen, para romper con la lógica de impunidad que lo rodea, y a crear una fiscalía especializada sobre el tema.
En el documento donde resume las conclusiones de la visita, la CIDH advirtió que se ha registrado un aumento de las quejas por desaparición forzada –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de 5 mil denuncias–, sin contar todos los casos que nunca son denunciados.
Aunque el organismo interamericano encomió algunos avances importantes, entre ellos la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio; la restricción del fuero militar, y la reforma al amparo, señaló que el país sigue siendo víctima de fenómenos como la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales.
De acuerdo con la información recabada por la CIDH, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan algunos servidores públicos.
Por otra parte, el relator llamó la atención sobre los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos; la militarización de la seguridad pública; la persistencia de la figura del arraigo; la sobrepoblación carcelaria, y las agresiones contra migrantes indocumentados.
En la sesión de preguntas y respuestas, Escobar señaló que el tema de los grupos paramilitares no fue abordado con los representantes del gobierno mexicano, pero consideró que si dichas bandas existen, se trata de una situación muy grave, ya que “so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves de consecuencias imprevisibles”.
Fuente: La Jornada

Gobierno por discurso


30 de septiembre de 2011 · Sin comentarios
Análisis
Calderón durante la inauguración de la Semana de la Transparencia. Foto: Benjamin Flores
Calderón durante la inauguración de la Semana de la Transparencia.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En días pasados, el 7 de septiembre, a propósito de la Semana de Transparencia que organizó el IFAI, el presidente Felipe Calderón faltó a su investidura presidencial al dejar de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes, poniendo de plano de relieve su desprecio por el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como hace la mayoría de los políticos, sino que afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva; otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería –ya veremos– para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza de un buen deseo. Pero carecen de toda validez jurídica por la sencilla razón de que no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, aunque resulta muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, y en particular el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. Conforme al 89 constitucional, el presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) la expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle una ley expedida por el Congreso de la Unión, sin alterar ni modificar su sentido, y b) la expedición de reglamentos autónomos, que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie la aprobación de una ley en sentido formal.
Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió realizar al menos dos tareas: a) enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal, que dotara de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa; y b) ordenar por escrito, con las formalidades que la ley exige, publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la administración pública federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, y en qué casos sólo se pueden aplicar las causales de reserva de manera limitativa; estableciendo, por supuesto, las sanciones para quienes observen una conducta contraria a la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que se hace.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes opositores a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones del país, y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista. Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la ley citada.
Pero ahora, con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre, ¿se imagina usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente con el fin de hacer valer su causa? Evidentemente que esto será inadmisible, pues dicho recurso no tiene ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.
evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
ernestovillanueva.blogspot.com
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