México, ineficiente contra la desaparición forzada: CIDH

Afecta a miles de personas y a sus familiares, sin que hasta el momento el gobierno haya aplicado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, expuso el relator Rodrigo Escobar al presentar reporte sobre su visita al país.

Fernando Camacho Servín
Publicado: 30/09/2011 16:07

México, DF. Las desapariciones forzadas son el crimen de lesa humanidad más preocupante para el país en la actualidad, ya que afecta gravemente a miles de personas y a sus familiares, sin que hasta el momento el gobierno haya aplicado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, advirtió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil.

Al presentar las conclusiones de la visita realizada del 26 al 30 de septiembre por especialistas de dicho organismo, el funcionario delineó algunas de las principales inquietudes en materia de garantías individuales, entre ellas el poder de los grupos delincuenciales; las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; la persistencia del arraigo; la militarización de la seguridad pública; las pésimas condiciones del sistema carcelario nacional, y la vulnerabilidad de los migrantes.

“Las desapariciones forzadas son el tema que más preocupa a esta relatoría, porque es el más atroz de los crímenes, pues afecta a la víctima y a su familia, que es sumida en la peor de las angustias”, deploró Escobar, quien urgió al Estado mexicano a aplicar mecanismos de búsqueda efectivos, así como a diseñar alertas y procedimientos para atender estos casos.

Asimismo, llamó a otorgarle apoyo sicológico y económico a los familiares de los desaparecidos, pero sobre todo a capturar y juzgar a los responsables de dicho crimen, para romper con la lógica de impunidad que lo rodea, y a crear una fiscalía especializada sobre el tema.

En el documento donde resume las conclusiones de la visita, la CIDH advirtió que se ha registrado un aumento de las quejas por desaparición forzada –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de 5 mil denuncias–, sin contar todos los casos que nunca son denunciados.

Aunque el organismo interamericano encomió algunos avances importantes, entre ellos la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio; la restricción del fuero militar, y la reforma al amparo, señaló que el país sigue siendo víctima de fenómenos como la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales.

De acuerdo con la información recabada por la CIDH, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan algunos servidores públicos.

Por otra parte, el relator llamó la atención sobre los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos; la militarización de la seguridad pública; la persistencia de la figura del arraigo; la sobrepoblación carcelaria, y las agresiones contra migrantes indocumentados.

En la sesión de preguntas y respuestas, Escobar señaló que el tema de los grupos paramilitares no fue abordado con los representantes del gobierno mexicano, pero consideró que si dichas bandas existen, se trata de una situación muy grave, ya que “so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves de consecuencias imprevisibles”.

Fuente: La Jornada

Gobierno por discurso

Ernesto Villanueva
30 de septiembre de 2011 · Sin comentarios
Análisis

Calderón durante la inauguración de la Semana de la Transparencia.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En días pasados, el 7 de septiembre, a propósito de la Semana de Transparencia que organizó el IFAI, el presidente Felipe Calderón faltó a su investidura presidencial al dejar de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes, poniendo de plano de relieve su desprecio por el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.

Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como hace la mayoría de los políticos, sino que afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva; otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería –ya veremos– para no detener este proceso de información y transparencia”.

Todas estas palabras tienen la fuerza de un buen deseo. Pero carecen de toda validez jurídica por la sencilla razón de que no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, aunque resulta muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.

Segundo. El presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, y en particular el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. Conforme al 89 constitucional, el presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) la expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle una ley expedida por el Congreso de la Unión, sin alterar ni modificar su sentido, y b) la expedición de reglamentos autónomos, que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie la aprobación de una ley en sentido formal.

Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió realizar al menos dos tareas: a) enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal, que dotara de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa; y b) ordenar por escrito, con las formalidades que la ley exige, publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la administración pública federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, y en qué casos sólo se pueden aplicar las causales de reserva de manera limitativa; estableciendo, por supuesto, las sanciones para quienes observen una conducta contraria a la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que se hace.

Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes opositores a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones del país, y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista. Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la ley citada.

Pero ahora, con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre, ¿se imagina usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente con el fin de hacer valer su causa? Evidentemente que esto será inadmisible, pues dicho recurso no tiene ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.

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