Tres mujeres y un premio
Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee y la activista yemení Tawakkul Karman.
Foto: AP
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Tres mujeres recibieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Quiénes son y qué han hecho para recibir tal distinción?
Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf son africanas, de Liberia. Para entender por qué el Comité del Nobel ha seleccionado a una activista y a la presidenta de ese país hay que recordar, a grandes trazos, algo de la historia reciente.
Liberia tiene gobiernos civiles hasta 1980, cuando un golpe militar acaba con la vida del presidente Tolbert. Por su política proestadunidense, los golpistas son reconocidos por Estados Unidos, y Mama Sirleaf, quien fue ministra de Finanzas en el gobierno de Tolbert, acaba en la cárcel. Cuando se le permite salir al exilio, ella no pierde el tiempo: realiza una maestría en administración pública en Harvard, trabaja como vicepresidenta del Citibank en Nairobi, y es directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Liberia el gobierno aplica una política represiva, y subsiste pese a varios intentos de golpes de Estado. Pero en 1989 el descontento popular por el deterioro de la vida económica y la corrupción generalizada en la administración se une con la guerrilla, y la pugna política se transforma en una guerra civil que las tropas de pacificación de la ONU intentan controlar. El surgimiento del Movimiento Unido de Liberación de Liberia complica más aún la situación. Durante 1993, las tropas de la ONU consiguen controlar gran parte del territorio y forzar a los contendientes a un nuevo pacto de paz. Este acuerdo, que suponía el desarme de todos los ejércitos y la creación de un gobierno de transición, se rompe dos años más tarde por las disputas internas y el surgimiento de dos grupos armados nuevos.
En 1995, tras seis años de guerra civil, los siete grupos armados enfrentados llegan al decimotercer acuerdo de paz y el gobierno resultante se compromete a convocar a elecciones libres en 1996 para así iniciar la reconstrucción de un país arruinado. En 1997 Mama Sirleaf compite por la presidencia, y solamente obtiene el 10% de los votos. Charles Taylor sale elegido democráticamente como presidente, y su partido, el National Patriotic Party, gana la mayoría absoluta del Parlamento. Poco después Mama Sirleaf, quien en un principio apoyó a Taylor, se deslinda de él al ver cómo extiende la guerra a la vecina Sierra Leona y, más tarde, a Costa de Marfil. Taylor gobierna con un régimen de terror de tal magnitud que es buscado como un criminal de guerra por el Tribunal Especial de la ONU en Sierra Leona.
En este contexto de violencia por una guerra civil que lleva más de una docena de años, Leymah Gbowee inicia una acción inédita: convence a las mujeres cristianas y musulmanas que acuden a un mercado a rezar por la paz. Su impulso pacifista crece y va sumando a más mujeres ansiosas de terminar con la violencia. Gbowee organiza un grupo bajo el nombre de “Regresar al diablo al infierno”, y luego forma la Women of Liberia Mass Action for Peace, que presiona a las autoridades y logra que se convoque a elecciones libres y vigiladas en 2005. En esta ocasión Mama Sirleaf compite contra George Weah, la millonaria estrella futbolística. Pero la falta de experiencia política de Weah y sus amistades con los señores de la guerra asustan a buena parte de los votantes, que prefieren apostarle a la tranquila y hábil Sirleaf, cuya experiencia en finanzas otorga confianza a los empresarios.
Consciente del gran apoyo que recibe de las mujeres, la primera presidenta africana declara: “Todas las mujeres están llamadas a disfrutar de esta victoria. Es una puerta abierta para las mujeres de todo el continente, y me siento feliz de ser quien va abriendo esas puertas” (El País, 14 de noviembre de 2005).
Por su parte, Leymah Gbowee “exporta” a otras naciones africanas su modelo de unión entre mujeres de distintos credos y posturas políticas, quienes quedan unidas en una lucha pacifista contra la guerra. Actualmente Gbowee es la directora ejecutiva de la Red Africana por la Paz y la Seguridad para las Mujeres, que tiene su sede en Ghana.
La tercera ganadora es árabe. Tawakkul Karman nace en Yemen y es hija de un jefe de los Hermanos Musulmanes, el grupo político que intenta implantar un gobierno basado en los principios del Islam. Su rechazo a usar el nicqab, el velo negro que cubre la cara y el cuerpo de las mujeres, es un gesto de desafío, y ella siempre porta una pañoleta. En 2005 funda Mujeres sin cadenas, una asociación de periodistas a favor de la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la modernización del país. Es la coordinadora del Consejo de Jóvenes de la Revolución Árabe en Yemen, participa en las recientes protestas y es encarcelada. Cuando sale de prisión reanuda su activismo, y está acampando en una tienda de campaña en la Plaza Al Taguir cuando le anuncian que ha ganado el Nobel. Tawakkul Karman es un icono político que muestra que una mujer musulmana puede ser activa y moderna.
Es evidente que sus trayectorias personales y las estrategias de lucha que utilizan son muy distintas, pero las tres comparten una “lucha no violenta por la seguridad y a favor del derecho de las mujeres a participar en la labor de construcción de la paz”. ¡Felicidades!
Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf son africanas, de Liberia. Para entender por qué el Comité del Nobel ha seleccionado a una activista y a la presidenta de ese país hay que recordar, a grandes trazos, algo de la historia reciente.
Liberia tiene gobiernos civiles hasta 1980, cuando un golpe militar acaba con la vida del presidente Tolbert. Por su política proestadunidense, los golpistas son reconocidos por Estados Unidos, y Mama Sirleaf, quien fue ministra de Finanzas en el gobierno de Tolbert, acaba en la cárcel. Cuando se le permite salir al exilio, ella no pierde el tiempo: realiza una maestría en administración pública en Harvard, trabaja como vicepresidenta del Citibank en Nairobi, y es directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Liberia el gobierno aplica una política represiva, y subsiste pese a varios intentos de golpes de Estado. Pero en 1989 el descontento popular por el deterioro de la vida económica y la corrupción generalizada en la administración se une con la guerrilla, y la pugna política se transforma en una guerra civil que las tropas de pacificación de la ONU intentan controlar. El surgimiento del Movimiento Unido de Liberación de Liberia complica más aún la situación. Durante 1993, las tropas de la ONU consiguen controlar gran parte del territorio y forzar a los contendientes a un nuevo pacto de paz. Este acuerdo, que suponía el desarme de todos los ejércitos y la creación de un gobierno de transición, se rompe dos años más tarde por las disputas internas y el surgimiento de dos grupos armados nuevos.
En 1995, tras seis años de guerra civil, los siete grupos armados enfrentados llegan al decimotercer acuerdo de paz y el gobierno resultante se compromete a convocar a elecciones libres en 1996 para así iniciar la reconstrucción de un país arruinado. En 1997 Mama Sirleaf compite por la presidencia, y solamente obtiene el 10% de los votos. Charles Taylor sale elegido democráticamente como presidente, y su partido, el National Patriotic Party, gana la mayoría absoluta del Parlamento. Poco después Mama Sirleaf, quien en un principio apoyó a Taylor, se deslinda de él al ver cómo extiende la guerra a la vecina Sierra Leona y, más tarde, a Costa de Marfil. Taylor gobierna con un régimen de terror de tal magnitud que es buscado como un criminal de guerra por el Tribunal Especial de la ONU en Sierra Leona.
En este contexto de violencia por una guerra civil que lleva más de una docena de años, Leymah Gbowee inicia una acción inédita: convence a las mujeres cristianas y musulmanas que acuden a un mercado a rezar por la paz. Su impulso pacifista crece y va sumando a más mujeres ansiosas de terminar con la violencia. Gbowee organiza un grupo bajo el nombre de “Regresar al diablo al infierno”, y luego forma la Women of Liberia Mass Action for Peace, que presiona a las autoridades y logra que se convoque a elecciones libres y vigiladas en 2005. En esta ocasión Mama Sirleaf compite contra George Weah, la millonaria estrella futbolística. Pero la falta de experiencia política de Weah y sus amistades con los señores de la guerra asustan a buena parte de los votantes, que prefieren apostarle a la tranquila y hábil Sirleaf, cuya experiencia en finanzas otorga confianza a los empresarios.
Consciente del gran apoyo que recibe de las mujeres, la primera presidenta africana declara: “Todas las mujeres están llamadas a disfrutar de esta victoria. Es una puerta abierta para las mujeres de todo el continente, y me siento feliz de ser quien va abriendo esas puertas” (El País, 14 de noviembre de 2005).
Por su parte, Leymah Gbowee “exporta” a otras naciones africanas su modelo de unión entre mujeres de distintos credos y posturas políticas, quienes quedan unidas en una lucha pacifista contra la guerra. Actualmente Gbowee es la directora ejecutiva de la Red Africana por la Paz y la Seguridad para las Mujeres, que tiene su sede en Ghana.
La tercera ganadora es árabe. Tawakkul Karman nace en Yemen y es hija de un jefe de los Hermanos Musulmanes, el grupo político que intenta implantar un gobierno basado en los principios del Islam. Su rechazo a usar el nicqab, el velo negro que cubre la cara y el cuerpo de las mujeres, es un gesto de desafío, y ella siempre porta una pañoleta. En 2005 funda Mujeres sin cadenas, una asociación de periodistas a favor de la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la modernización del país. Es la coordinadora del Consejo de Jóvenes de la Revolución Árabe en Yemen, participa en las recientes protestas y es encarcelada. Cuando sale de prisión reanuda su activismo, y está acampando en una tienda de campaña en la Plaza Al Taguir cuando le anuncian que ha ganado el Nobel. Tawakkul Karman es un icono político que muestra que una mujer musulmana puede ser activa y moderna.
Es evidente que sus trayectorias personales y las estrategias de lucha que utilizan son muy distintas, pero las tres comparten una “lucha no violenta por la seguridad y a favor del derecho de las mujeres a participar en la labor de construcción de la paz”. ¡Felicidades!
Emergencia educativa
Alonso Lujambio, titular de la SEP.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo crea o no el parsimonioso secretario de la SEP, dados sus poco atinados comentarios recientes sobre lo que acontece en su ámbito de trabajo, el hecho es que nos encontramos ante la más grave y profunda crisis que se ha vivido en el sistema educativo nacional, por lo que urge tomar medidas de emergencia por parte de los diputados de la actual legislatura.
El tamaño del problema educativo es enorme y tendrá un impacto social de alcances aún impredecibles, aunque, por lo pronto, se calcula que existen alrededor de 7 millones de jóvenes en las peores condiciones de vida que se han registrado en este sector: sin estudios en curso, sin empleo, subempleados o de plano en la calle, sumándose al crimen organizado o esperando que los acribillen. Del total, unos 2 millones recibieron educación media superior y otros 2 millones educación superior, pero estos últimos, cuando tienen suerte, deambulan de trabajo en trabajo sin que sus empleos tengan relación alguna con lo que estudiaron.
Se estima también que ahora 37% de los desempleados cuentan con un nivel educativo de nivel medio superior y superior. Aunque son muchas las causas de este fenómeno, debe atribuirse sobre todo a la adopción de un modelo de corrupción y mercantilización en el sistema educativo. Mientras la tasa de acceso a la educación media superior y superior se ha mantenido estancada durante más de tres décadas (poco más de 20%), millones de personas no tienen la acreditación del nivel escolar que alcanzaron ni los conocimientos adecuados para hacerlos valer en el mercado laboral.
Las posibilidades de estudiar en los niveles medio superior y superior para los jóvenes del país están directamente relacionadas con su nivel socioeconómico y el de sus familias. Es decir, a menor nivel socioeconómico, menos posibilidades de mantener a los estudiantes en la escuela. La educación que en el pasado ayudó a millones a salir de la pobreza, a emigrar a las ciudades de forma exitosa, se acabó en este país.
Los legisladores tienen que hacer algo al respecto. Ante todo, corregir en forma definitiva el presupuesto destinado a la educación y la ciencia, para volverlo plurianual, como lo demanda la ANUIES, y etiquetarlo como prioritario, por encima del presupuesto dirigido a la seguridad, además de definir ejes claros para su distribución.
La política de Estado correspondiente debe poner el acento en la democratización del acceso a la educación media superior y superior. Por lo menos es preciso ampliarlo para dar cabida en educación media superior, cada año, a alrededor de medio millón de jóvenes egresados de la secundaria, y en educación superior o posgrado a otros 300 mil. La ampliación del acceso debe contar con cuotas definidas no negociables, por parte de las universidades públicas y privadas, para los sectores tradicionalmente excluidos y pobres, sobre todo para los que provienen de la escuela pública y de los sectores indígenas y del campo. Es indispensable que esto se acompañe de recursos para garantizar la permanencia, nivelación, ayuda pedagógica y retención de la gran mayoría de los alumnos.
A la vez, es preciso impulsar las transformaciones en la currícula, en la formación y actualización de los profesores, en el aprovechamiento y mejoramiento de la infraestructura escolar, además de abrir nuevas universidades públicas en todo el país, al menos una más por cada estado, que pueda recibir a unos 50 mil estudiantes en nuevas carreras y áreas de conocimiento.
A ver qué hacen los diputados ante el tamaño de la actual emergencia educativa.
El tamaño del problema educativo es enorme y tendrá un impacto social de alcances aún impredecibles, aunque, por lo pronto, se calcula que existen alrededor de 7 millones de jóvenes en las peores condiciones de vida que se han registrado en este sector: sin estudios en curso, sin empleo, subempleados o de plano en la calle, sumándose al crimen organizado o esperando que los acribillen. Del total, unos 2 millones recibieron educación media superior y otros 2 millones educación superior, pero estos últimos, cuando tienen suerte, deambulan de trabajo en trabajo sin que sus empleos tengan relación alguna con lo que estudiaron.
Se estima también que ahora 37% de los desempleados cuentan con un nivel educativo de nivel medio superior y superior. Aunque son muchas las causas de este fenómeno, debe atribuirse sobre todo a la adopción de un modelo de corrupción y mercantilización en el sistema educativo. Mientras la tasa de acceso a la educación media superior y superior se ha mantenido estancada durante más de tres décadas (poco más de 20%), millones de personas no tienen la acreditación del nivel escolar que alcanzaron ni los conocimientos adecuados para hacerlos valer en el mercado laboral.
Las posibilidades de estudiar en los niveles medio superior y superior para los jóvenes del país están directamente relacionadas con su nivel socioeconómico y el de sus familias. Es decir, a menor nivel socioeconómico, menos posibilidades de mantener a los estudiantes en la escuela. La educación que en el pasado ayudó a millones a salir de la pobreza, a emigrar a las ciudades de forma exitosa, se acabó en este país.
Los legisladores tienen que hacer algo al respecto. Ante todo, corregir en forma definitiva el presupuesto destinado a la educación y la ciencia, para volverlo plurianual, como lo demanda la ANUIES, y etiquetarlo como prioritario, por encima del presupuesto dirigido a la seguridad, además de definir ejes claros para su distribución.
La política de Estado correspondiente debe poner el acento en la democratización del acceso a la educación media superior y superior. Por lo menos es preciso ampliarlo para dar cabida en educación media superior, cada año, a alrededor de medio millón de jóvenes egresados de la secundaria, y en educación superior o posgrado a otros 300 mil. La ampliación del acceso debe contar con cuotas definidas no negociables, por parte de las universidades públicas y privadas, para los sectores tradicionalmente excluidos y pobres, sobre todo para los que provienen de la escuela pública y de los sectores indígenas y del campo. Es indispensable que esto se acompañe de recursos para garantizar la permanencia, nivelación, ayuda pedagógica y retención de la gran mayoría de los alumnos.
A la vez, es preciso impulsar las transformaciones en la currícula, en la formación y actualización de los profesores, en el aprovechamiento y mejoramiento de la infraestructura escolar, además de abrir nuevas universidades públicas en todo el país, al menos una más por cada estado, que pueda recibir a unos 50 mil estudiantes en nuevas carreras y áreas de conocimiento.
A ver qué hacen los diputados ante el tamaño de la actual emergencia educativa.
Calderón, Pemex y Repsol
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace ocho años, Felipe Calderón Hinojosa provocó un quebranto patrimonial a Petróleos Mexicanos e inició una maniobra con los asientos que la paraestatal tiene en Repsol, la empresa petrolera española. Ese movimiento de cartas concluyó el pasado mes de agosto con un costo final para Pemex de 2 mil 600 millones de dólares.
A final de cuentas, 9.9% de acciones que hoy tiene Pemex en Repsol tuvieron, por lo menos, el costo arriba anotado y de paso generaron un fuerte enfrentamiento entre la dirección de Repsol y el socio mayoritario, la también española Sacyr, dedicada al ramo de la construcción de vivienda, entre otros rubros.
La pregunta generada, como sucede con todos los movimientos que realiza el gobierno de Calderón, es quién o quiénes fueron los beneficiados con este manejo “discrecional” de venta, recompra y vuelta a comprar de las acciones de Pemex en Repsol.
¿Quiénes se llevaron los jugosos beneficios de estos movimientos accionarios? Es difícil saberlo, pues las transacciones de venta, recompra y compra se realizaron en ‘paraísos fiscales’ y en donde es imposible tener acceso.
Hasta el momento, Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, quien en 2003 inició con Felipe Calderón las extrañas y controvertidas operaciones, ya que era el entonces secretario de Energía–, no ha dado respuesta a estas preguntas, pero de que alguien salió ganando, y no precisamente Pemex, eso parece ser cierto, por lo menos en lo inmediato.
Entender el caso Repsol-Pemex podría resultar un poco complicado para el lector común, pero es fácil de entender.
La historia es la siguiente. En 1979, Pemex compró 4.5% acciones de Repsol, éstas se mantuvieron inamovibles durante dos décadas, hasta que llegó el panismo al gobierno federal.
Por ejemplo, en agosto de 2003, con Vicente Fox al frente de la Presidencia de la República, se autorizó que Pemex colocara en la Bolsa de Valores de Luxemburgo 5.5% de las acciones que se tenían de Repsol.
Calderón Hinojosa arribó a la Secretaría de Energía en septiembre de 2003 y a él correspondió autorizar, como cabeza de sector de Pemex, toda la operación bursátil que se requería para que nadie supiera quién compraría dichas acciones y quién sería el intermediario que, por lo menos, se llevaría 10% del movimiento bancario.
Y es que Calderón aprobó que se creara en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux SA, que a su vez formó un vehículo financiero llamado RepCon Lux SA, para emitir a través de éste un bono intercambiable por acciones de Repsol por un monto de mil 373 millones de dólares.
Esta venta, sobre la cual nadie supo quiénes fueron los compradores y quiénes los intermediarios financieros, generó a Pemex una pérdida de 655 millones de dólares.
Pero por qué Pemex perdió en lugar de ganar con la venta; en primer lugar, porque la paraestatal estaba en riesgo de perder un asiento en el consejo de administración de Repsol al ya no tener sus acciones, y la otra fue porque vendió justamente en el momento en que las acciones estaban en su precio más bajo.
Así, la acción que alguien compró por 23.4 dólares, a diciembre de 2006, repuntó luego 34.58 dólares, generándole una pérdida a Pemex por 655 millones de pesos.
La venta de acciones de Repsol autorizada en 2003 la pudo recuperar Pemex en 2008, y así fue, de lo contrario la paraestatal mexicana no tendría hoy 9.9% de acciones.
Sin embargo, esa recompra de acciones tuvo un “costo de oportunidad para la paraestatal de 412 millones de dólares. Así, para el 2008, la venta y recompra de acciones de Repsol ya le habían generado a Pemex una pérdida de mil 67 millones de dólares.
En agosto de este 2011, a ocho años de haberse iniciado esta maniobra que respaldó Calderón como secretario de Energía, hoy la avala como presidente de la República, que a final de cuentas se reduce a que Pemex compró 5.1% de acciones a un costo de mil 600 millones de dólares. Y, ante la falta de recursos, tuvo que pedir créditos de 70% y por supuesto con sus respectivos intereses.
Así, al final del día, 9.9% de acciones de Pemex en Repsol le costaron al país 2 mil 667 millones de dólares.
La pregunta sigue siendo quién se beneficia con esta maniobra.
De parte de Pemex, se ha pretendido argumentar que con esto se logró un acuerdo con la accionista mayoritaria, Sacyr, que hasta este domingo tenía 20%, para que votaran juntos y tener en conjunto 29.9% de acciones.
El acuerdo generó un pleito entre Sacyr y Repsol, y el primer caído de ello ha sido Luis de Rivera, a quien sus socios destituyeron como presidente de Sacyr y por lo tanto lo sacaron del asiento que tienen en el consejo de Repsol. De Rivera fue el principal promotor del acuerdo Sacyr-Pemex.
Ahora que ya quedó fuera, seguirá la alianza estratégica de Sacyr-Pemex, y entonces se esclarecerá si habrá valido la pena tanto gasto, o era mejor invertir todos esos recursos en México.
La respuesta a una parte de las interrogantes la tendremos sin duda la próxima semana, fecha en que el Consejo de Administración de Repsol se reúna, pero ya sin Luis de Rivero como aliado estratégico de Pemex.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
A final de cuentas, 9.9% de acciones que hoy tiene Pemex en Repsol tuvieron, por lo menos, el costo arriba anotado y de paso generaron un fuerte enfrentamiento entre la dirección de Repsol y el socio mayoritario, la también española Sacyr, dedicada al ramo de la construcción de vivienda, entre otros rubros.
La pregunta generada, como sucede con todos los movimientos que realiza el gobierno de Calderón, es quién o quiénes fueron los beneficiados con este manejo “discrecional” de venta, recompra y vuelta a comprar de las acciones de Pemex en Repsol.
¿Quiénes se llevaron los jugosos beneficios de estos movimientos accionarios? Es difícil saberlo, pues las transacciones de venta, recompra y compra se realizaron en ‘paraísos fiscales’ y en donde es imposible tener acceso.
Hasta el momento, Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, quien en 2003 inició con Felipe Calderón las extrañas y controvertidas operaciones, ya que era el entonces secretario de Energía–, no ha dado respuesta a estas preguntas, pero de que alguien salió ganando, y no precisamente Pemex, eso parece ser cierto, por lo menos en lo inmediato.
Entender el caso Repsol-Pemex podría resultar un poco complicado para el lector común, pero es fácil de entender.
La historia es la siguiente. En 1979, Pemex compró 4.5% acciones de Repsol, éstas se mantuvieron inamovibles durante dos décadas, hasta que llegó el panismo al gobierno federal.
Por ejemplo, en agosto de 2003, con Vicente Fox al frente de la Presidencia de la República, se autorizó que Pemex colocara en la Bolsa de Valores de Luxemburgo 5.5% de las acciones que se tenían de Repsol.
Calderón Hinojosa arribó a la Secretaría de Energía en septiembre de 2003 y a él correspondió autorizar, como cabeza de sector de Pemex, toda la operación bursátil que se requería para que nadie supiera quién compraría dichas acciones y quién sería el intermediario que, por lo menos, se llevaría 10% del movimiento bancario.
Y es que Calderón aprobó que se creara en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux SA, que a su vez formó un vehículo financiero llamado RepCon Lux SA, para emitir a través de éste un bono intercambiable por acciones de Repsol por un monto de mil 373 millones de dólares.
Esta venta, sobre la cual nadie supo quiénes fueron los compradores y quiénes los intermediarios financieros, generó a Pemex una pérdida de 655 millones de dólares.
Pero por qué Pemex perdió en lugar de ganar con la venta; en primer lugar, porque la paraestatal estaba en riesgo de perder un asiento en el consejo de administración de Repsol al ya no tener sus acciones, y la otra fue porque vendió justamente en el momento en que las acciones estaban en su precio más bajo.
Así, la acción que alguien compró por 23.4 dólares, a diciembre de 2006, repuntó luego 34.58 dólares, generándole una pérdida a Pemex por 655 millones de pesos.
La venta de acciones de Repsol autorizada en 2003 la pudo recuperar Pemex en 2008, y así fue, de lo contrario la paraestatal mexicana no tendría hoy 9.9% de acciones.
Sin embargo, esa recompra de acciones tuvo un “costo de oportunidad para la paraestatal de 412 millones de dólares. Así, para el 2008, la venta y recompra de acciones de Repsol ya le habían generado a Pemex una pérdida de mil 67 millones de dólares.
En agosto de este 2011, a ocho años de haberse iniciado esta maniobra que respaldó Calderón como secretario de Energía, hoy la avala como presidente de la República, que a final de cuentas se reduce a que Pemex compró 5.1% de acciones a un costo de mil 600 millones de dólares. Y, ante la falta de recursos, tuvo que pedir créditos de 70% y por supuesto con sus respectivos intereses.
Así, al final del día, 9.9% de acciones de Pemex en Repsol le costaron al país 2 mil 667 millones de dólares.
La pregunta sigue siendo quién se beneficia con esta maniobra.
De parte de Pemex, se ha pretendido argumentar que con esto se logró un acuerdo con la accionista mayoritaria, Sacyr, que hasta este domingo tenía 20%, para que votaran juntos y tener en conjunto 29.9% de acciones.
El acuerdo generó un pleito entre Sacyr y Repsol, y el primer caído de ello ha sido Luis de Rivera, a quien sus socios destituyeron como presidente de Sacyr y por lo tanto lo sacaron del asiento que tienen en el consejo de Repsol. De Rivera fue el principal promotor del acuerdo Sacyr-Pemex.
Ahora que ya quedó fuera, seguirá la alianza estratégica de Sacyr-Pemex, y entonces se esclarecerá si habrá valido la pena tanto gasto, o era mejor invertir todos esos recursos en México.
La respuesta a una parte de las interrogantes la tendremos sin duda la próxima semana, fecha en que el Consejo de Administración de Repsol se reúna, pero ya sin Luis de Rivero como aliado estratégico de Pemex.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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