Calderón a La Haya
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros,
quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.
quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.
La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.
La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma:
http://bit.ly/oWhn1y).
La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.
Las noticias que todos los días leemos en los diarios, así como los numerosos informes de la CNDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, demuestran que no nos encontramos ante un simple incremento en la tasa de homicidios dolosos, sino que el pueblo mexicano sufre precisamente un “ataque generalizado y sistemático”. Habría que recordar que todas las víctimas civiles son inocentes, ya que nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia. Asimismo, aunque algunos de los asesinados hubieran tenido antecedentes penales, de ninguna manera merecían ser ultimados, ya que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.
Acreditada la existencia del delito, la pregunta obligada es quiénes serían los responsables. Calderón supone que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especula que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.
El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales. Como ya hemos escrito en estas mismas páginas (www.proceso.com.mx/?p=262673), al justificar la violencia como resultado de un supuesto combate entre cárteles, Calderón promueve activamente una estrategia de “limpieza social”. De manera que el surgimiento de grupos paramilitares como los “matazetas” no es una mera coincidencia, sino el resultado directo de la estrategia actual. Además, la patente inacción e inefectividad de la PGR genera una situación de impunidad generalizada que propicia mayor violencia. Esto desde luego se reproduce en los estados, donde gobernadores como Javier Duarte conducen una estrategia similar.
Los numerosos y sistemáticos ataques directos en contra de la población por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente documentados. WikiLeaks reveló recientemente que en 2007 se creó una unidad especial del Ejército Mexicano bajo el comando directo de Calderón, hecho que, de ser comprobado, elevaría aún más la responsabilidad directa del presidente. Finalmente, sería irresponsable descartar la posibilidad de que Calderón esté aliado con uno u otro cártel de la droga, tal y como han sugerido estudios conducidos por destacados medios de comunicación y expertos internacionales.
Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenes de lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.
Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información “conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.
El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la inminente denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos. l
DEMANDAMOS ANTE LA HAYA:
“QUE MÉXICO ES VICTIMA DE UN GOBIERNO USURPADOR, AUTORITARIO Y ASESINO QUE VIOLA NUESTROS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE FORMA SISTEMATICA”
Para quienes aún no han puesto su firma, la página para hacerlo, es:
http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html
Mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que conformaron esta iniciativa
desde cuando combatir la delincuencia es un delito?
Granados Chapa: el Zarco de nuestro tiempo
Autor: Álvaro Cepeda Neri *
Sección: Defensor del periodista
16 OCTUBRE 2011
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Al recobrar su salud física, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa de nueva cuenta ha regresado a su siempre innovador oficio, principalmente con sus columnas Plaza Pública, que se divulga en casi todos los matutinos de las 31 entidades, con su epicentro en la capital del país en el periódico Reforma. Y La calle, donde vierte sus reflexiones en lo que el subtítulo de la misma precisa: Diario de un espectador, en el tabloide Metro. En su indispensable y casi cuarentona Plaza Pública de domingo a viernes analiza, con su excelente prosa, el pulso de la vida política, social, cultural y económica, con el pulcro acento de la constitucionalidad.
Así ofrece a sus lectores un punto de vista crítico que alecciona e informa a la opinión pública individual y colectiva de la nación. Al volver a su trabajo, publicó: “Agradezco a los lectores y editores su comprensión por mi ausencia, así como sus mensajes de solidaridad”. Y en su otro espacio: “Gracias por recibirnos de nuevo”.
Por todo el país hay periodistas de gran calidad y calibre, en particular en la prensa escrita. No faltaba más. Los hay en radio y televisión; todos, con diferentes (¡y qué bueno!) pareceres en un pluralismo de ideologías, cultura e ilustración que contribuyen al más amplio abanico de criterios. Tenemos reporteros, ojos y orejas del oficio que, en el ojo del huracán de la criminalidad y los abusos de poder de gobernantes, son figuras clave. Y comentaristas cuyos análisis son necesarios. Con indispensables discrepancias para la convivencia democrática, si es que, como fundamenta el jurista Hans Kelsen en su ensayo Esencia y valor de la democracia: “la democracia es discusión […] En un régimen de libertades constitucionales”, para que prevalezca lo que adjudicamos a Voltaire: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Es la divisa del periodismo republicano cuyo factor común es: “la democracia debe resolver sus problemas con más democracia”.
Un igual entre nosotros los periodistas es Miguel Ángel Granados Chapa, a quien Humberto Musacchio y este columnista hemos postulado como el Francisco Zarco de nuestro tiempo. La biografía de Francisco Zarco es su obra. Y lo mismo en el caso de Granados Chapa, quien se debe al periodismo en toda su naturaleza humana probada con honradez de todo tipo; en el ejercicio por equilibrar sus juicios y en una entrega caballerosa, educada en la ética democrática y republicana que nos heredó Zarco, el periodista de la República restaurada por Juárez.
Su trayectoria en el periodismo mexicano lo ha hecho el más consecuente heredero y continuador de Zarco. Por eso es que nos hace tanta falta. Y sus ausencias, cuando se ha quebrantado su salud, son más notorias ya que su Plaza Pública, es una brújula. En varias ocasiones ha dejado de publicarla, para alegrarnos con su retorno. Y le va como anillo al dedo lo que el filósofo Bertrand Russell confesó: “Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernador mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad”.
Considerarlo el Zarco contemporáneo está fundamentado, ya que Granados Chapa ha mantenido una trayectoria semejante, en el contexto de cada época; y donde Zarco retrató la propia como si viera la nuestra: “[…] Porque sufrimos hoy una espantosa crisis, y atravesamos una época de verdadera transición”.
Plaza Pública ha sido y es, en esa perspectiva histórica, el puntual análisis de lo que Zarco hizo en su tiempo. Ambos, para decirlo con Luis María Anson: “Son el contrapoder del poder político, somos el contrapoder del poder religioso, somos el contrapoder del poder universitario, somos el contrapoder del poder financiero, del poder económico, del poder cultural. Es decir, estamos al servicio de la sociedad para elogiar al poder cuando el poder acierta […] Para criticar al poder cuando el poder se equivoca, y para denunciar al poder cuando el poder abusa”.
En ambos encontramos la misma vocación, por eso su comparación como iguales y, a través de Zarco, el reconocimiento a Granados Chapa, si alguna distinción le faltara. Defensor de las libertades en general, ha sido un periodista atento en particular a las de pensar, escribir y publicar “escritos sobre cualquier materia”. Defensor de los periodistas, sin cortapisas, donde quiera que son objeto de abusos del poder público, privado y de las delincuencias. Y sin discriminación alguna […] Porque estamos persuadidos [de] que todos tienen el mismo derecho que nosotros para expresar sus ideas, por desemejantes que sean de las nuestras”, escribió Zarco.
Por eso lamentamos las ausencias de Granados Chapa. Y celebramos su retorno al ejercicio cotidiano de su Plaza Pública y La Calle, con las que nosotros, sus lectores, obtenemos una guía para reinterpretar la realidad y juzgarla como ciudadanos. Sin la primera estamos sin un asidero, como los mexicanos de entonces tuvieron a Zarco ofreciendo su punto de vista republicano. La divisa de Granados Chapa es la de Zarco: “Tal vez nos equivocamos, pero creemos que en la democracia debe haber una libertad absoluta para escribir y nada hay tan augusto ni tan sagrado que no pueda ponerse a discusión […] Y que los agentes públicos sepan que tienen que responder de su conducta a la nación, desde el agente de policía hasta el general en jefe de un ejército; desde el subalterno de una oficina, hasta los secretarios de Estado y el presidente de la República”.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: Periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el Francisco Zarco de nuestro tiempo: Cepeda Neri]