El Chapo, manjar político para Obama y Calderón
Las presiones políticas internas que actualmente experimentan los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama condujeron a sus gobiernos al diseño de una estrategia para detener al Chapo Guzmán o pactar con él una captura negociada. De acuerdo con fuentes de inteligencia y un par de acreditados expertos consultados por Proceso, la pronta aprehensión del líder del cártel de Sinaloa se ha convertido en un apetecible manjar político-mediático para los dos mandatarios, en cuyos países habrá procesos electorales el próximo año.
Una serie de hechos, reportes de inteligencia y análisis de expertos coinciden en que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos tienen entre sus planes prioritarios la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, pues los presidentes de ambos países apetecen ese manjar político-mediático que tendría dividendos electorales en el 2012.
La captura del capo, uno de los más poderosos del mundo, se convirtió en un tema de “emergencia electoral” para los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, quien busca la reelección, mientras que aquél desea que su partido mantenga el poder, afirma el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia.
Ambos mandatarios, según Buscaglia, cargan con fuertes sospechas de brindarle protección al Chapo Guzmán y a los “brazos operativos de Sinaloa”.
–¿Por qué existen tantas presiones políticas sobre los dos presidentes respecto de la figura de este narcotraficante? –se le pregunta al también profesor de la Universidad de Stanford.
–Obama enfrenta las presiones de los republicanos. Si bien el problema en Estados Unidos es económico, la figura de El Chapo perturba a Obama porque sobre su gobierno pesan fuertes sospechas de brindarle apoyo. Pesa mucho el caso Rápido y furioso y las armas que llegaron a las manos de Guzmán Loera; también pesa y mucho el cuestionamiento de que en Estados Unidos los capos mexicanos no son molestados. (Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1825 de la revista Proceso, ya en circulción)
Una serie de hechos, reportes de inteligencia y análisis de expertos coinciden en que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos tienen entre sus planes prioritarios la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, pues los presidentes de ambos países apetecen ese manjar político-mediático que tendría dividendos electorales en el 2012.
La captura del capo, uno de los más poderosos del mundo, se convirtió en un tema de “emergencia electoral” para los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, quien busca la reelección, mientras que aquél desea que su partido mantenga el poder, afirma el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia.
Ambos mandatarios, según Buscaglia, cargan con fuertes sospechas de brindarle protección al Chapo Guzmán y a los “brazos operativos de Sinaloa”.
–¿Por qué existen tantas presiones políticas sobre los dos presidentes respecto de la figura de este narcotraficante? –se le pregunta al también profesor de la Universidad de Stanford.
–Obama enfrenta las presiones de los republicanos. Si bien el problema en Estados Unidos es económico, la figura de El Chapo perturba a Obama porque sobre su gobierno pesan fuertes sospechas de brindarle apoyo. Pesa mucho el caso Rápido y furioso y las armas que llegaron a las manos de Guzmán Loera; también pesa y mucho el cuestionamiento de que en Estados Unidos los capos mexicanos no son molestados. (Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1825 de la revista Proceso, ya en circulción)
Operativos conjuntos: invasión federal disfrazada
Pese a la nula o limitada eficacia de operativos conjuntos anteriores, el gobierno de Felipe Calderón anuncia tres más, esta vez en Guerrero, Veracruz y la Comarca Lagunera. Los analistas consultados por Proceso los consideran reactivos y de corto plazo, mientras que para los gobernadores de las entidades involucradas son prácticamente el único recurso a su alcance para contener, así sea momentáneamente, a los cárteles del narcotráfico.
Los tres nuevos operativos implementados por el gobierno de Felipe Calderón en las últimas dos semanas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada –Veracruz Seguro, Guerrero Seguro y Laguna Segura– pusieron en la mesa de debates la efectividad de los siete anteriores.
Para analistas y gobernadores, el resultado es que elevaron el nivel de violencia o, en el mejor de los casos, se recuperó la “tranquilidad” que se tenía antes del despliegue de las fuerzas federales.
En Guerrero se trata del tercer operativo conjunto de estos años: el primero se echó a andar en junio de 2005 como parte de la estrategia México Seguro, del expresidente Vicente Fox; en 2008 hubo un segundo, ordenado ya por Calderón. Pese a ellos, la delincuencia creció a tal grado que ahora el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en entrevista con Proceso, acepta que no tiene otra opción que dejar el mando al gobierno federal mediante Guerrero Seguro.
En cuanto al gobernador veracruzano, Javier Duarte, quien se negó a dar entrevista a este semanario, ha recibido críticas del presidente Calderón por atribuir los muertos de su entidad a los cárteles, y de plano carece de estadísticas sobre la delincuencia en su entidad. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1825 de la revista Proceso, ya en circulación)
Los tres nuevos operativos implementados por el gobierno de Felipe Calderón en las últimas dos semanas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada –Veracruz Seguro, Guerrero Seguro y Laguna Segura– pusieron en la mesa de debates la efectividad de los siete anteriores.
Para analistas y gobernadores, el resultado es que elevaron el nivel de violencia o, en el mejor de los casos, se recuperó la “tranquilidad” que se tenía antes del despliegue de las fuerzas federales.
En Guerrero se trata del tercer operativo conjunto de estos años: el primero se echó a andar en junio de 2005 como parte de la estrategia México Seguro, del expresidente Vicente Fox; en 2008 hubo un segundo, ordenado ya por Calderón. Pese a ellos, la delincuencia creció a tal grado que ahora el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en entrevista con Proceso, acepta que no tiene otra opción que dejar el mando al gobierno federal mediante Guerrero Seguro.
En cuanto al gobernador veracruzano, Javier Duarte, quien se negó a dar entrevista a este semanario, ha recibido críticas del presidente Calderón por atribuir los muertos de su entidad a los cárteles, y de plano carece de estadísticas sobre la delincuencia en su entidad. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1825 de la revista Proceso, ya en circulación)
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