Terrorismo estatal e impunidad- El enemigo en casa

El enemigo en casa

John M. Ackerman

Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera guerra contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.
En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La apertura en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los espejitos del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.
Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así justificar su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.
En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de centros de fusión de inteligencia similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).

En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.

Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con informantes de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus contactos.

Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.

No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Twitter: @JohnMAckerman

http://www.johnackerman.blogspot.com

Para Guiness-Magú

Terrorismo estatal e impunidad

Carlos Fazio /II

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.
A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.
Conviene recordar que, más allá de la función de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca quebrar al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como mal necesario y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.