El legado de Calderón

Jorge Camil

Las declaraciones de Felipe Calderón a The New York Times (Times), consideradas una violación a las leyes electorales por sus comentarios sobre el PRI, tuvieron otras repercusiones importantes. El entorno en el que los tres corresponsales del Times charlaron largamente en español con el mandatario dejó ver otros temas dignos de análisis. Los periodistas concluyeron que su principal preocupación es proteger legalmente su legado; amarrar, en el escaso tiempo que le queda, la estrategia de su guerra contra el narco. En el crepúsculo de su administración, vieron a un Calderón que pretende despejar dudas de futuros electores, y presionar a los legisladores para que fijen en forma permanente el enfoque de los pasados cinco años.

Quiere, en forma por demás urgente, que el Congreso restructure los cuerpos policiacos, regule el marco jurídico en el que participan las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, robustezca el Código Penal y haga más estrictas las leyes que regulan el lavado de dinero. O sea, incrementar la represión en lo que resta del sexenio, en medio de la que promete ser una violenta campaña presidencial.
Los periodistas, expertos en asuntos de México, aseguran que en este momento crítico, cuando la violencia va en aumento y los aspirantes a la presidencia cabalgan furiosamente para posicionarse, a Calderón le queda muy poco tiempo para probar que su estrategia funciona. Insistió en que el país será eventualmente más seguro, a pesar de los 40 mil muertos que reporta el Times, cifra probablemente sugerida por Calderón, y muy inferior a la de más de 50 mil muertos que manejan diversos medios mexicanos y expertos en seguridad nacional.
Presionado por los entrevistadores para declarar si su enfoque había hecho al país más seguro sólo pudo responder: Lo que sí puedo asegurar es que México será más seguro, y que de no haber actuado el deterioro hubiese sido mayor. ¿Mayor? O sea que ya se hubiera perdido la República. ¿Olvida acaso los operativos militares conjuntos para recuperar Veracruz, Guerrero y La Laguna? ¿La misteriosa base militar estratégica en Zacatecas, y otros estados, que estando ya sujetos a operativos militares especiales se han salido del control del gobierno federal?
El Times sabe de lo que habla cuando asegura que el nuevo Presidente estará sujeto a fuertes presiones de Estados Unidos, que está preocupado por la creciente violencia en la frontera, y por sus cuantiosas inversiones en personal, equipo y tecnología. Olvidaron mencionar a nuestros militares, a quienes Calderón está obligado a rendir buenas cuentas, y sacarlos en paz y a salvo de posibles demandas en tribunales internacionales. ¡He ahí la urgencia por darles el marco legal que piden desde hace meses al Congreso!

¿Será posible que después de haberlo apoyado sin reservas, y de haberlo seguido sin desmayo en esta guerra inconstitucional, Calderón, pragmático como siempre, abandone a las fuerzas armadas a su suerte? Eso pudiese provocar un rompimiento peligroso entre el poder militar, que se ha vuelto cada día más expresivo y exigente (para decirlo de algún modo), y el poder civil, quienquiera que sea el nuevo Presidente. No se puede ocultar que la intervención conjunta de las fuerzas armadas ha antagonizado notablemente al Ejército y la Armada (ver el artículo de Jorge Carrillo Olea en La Jornada del domingo pasado: bit.ly/rly3cw). Ni Calderón ni el Times calificaron la guerra como lo que es: una guerra civil, deplorada el sábado pasado en La Jornada por el sacerdote Flor María Rigoni, director de la Casa del Migrante de Tapachula, Chiapas (bit.ly/prbODd). Una guerra civil que yo también había denunciado como tal desde abril de 2010 en este mismo espacio: bit.ly/nU9aAy.

En aquel artículo calculé que los muertos del sexenio habían sido 5 mil por año. Y que probablemente terminaríamos con más de 30 mil. Me equivoqué: llevamos más de 50 mil en 2011. Recordé que los sociólogos consideran que un conflicto interno se convierte en guerra civil cuando arroja mil muertos al año. Y la nuestra, con cifras mayores, ha alcanzado a todos: soldados, marinos, policías, sicarios: ¡todos mexicanos! Y hasta civiles (según Sedena mil 326 niños y mil 80 mujeres). Niños de prepa, tildados de pandilleros en Juárez y masacrados en Durango; estudiantes de posgrado confundidos con sicarios. Amas de casa. Concluí entonces descorazonado: ¿a quién le importan el PIB y la tasa de cambio? Y concluyo ahora: ¿a quién le importan las elecciones presidenciales?

El Times informa que Calderón tiene la tasa de aprobación más baja de un presidente mexicano en esta etapa del sexenio, y que Ernesto Cordero, el delfín que promete seguir sus políticas, va detrás de todos los candidatos en las encuestas.

La promesa de que México será un país más seguro con el enfoque de Calderón –concluye el diario estadunidense– es difícil de sostener frente a una realidad que anuncia la probable pérdida de la Presidencia, y una creciente presión popular por encontrar un nuevo camino que reduzca la violencia.

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DEA en México: los riesgos de la injerencia

 

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.
Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.