Ulises Ruiz y el equipo médico “desaparecido”
Ulises. Otro escándalo.
Foto: Gustavo Graf
Foto: Gustavo Graf
El anterior gobierno de Oaxaca, el de Ulises Ruiz –administración criminalmente violenta e investigada por sus muchos casos de corrupción– no deja de dar sorpresas. El escándalo más reciente: equipo médico con tecnología de punta, destinado a curar ciertos tipos de cáncer y valuado en más de 118 millones de pesos, simplemente no aparece desde 2008. Críticos y opositores de Ruiz Ortiz piden que se castigue al exmandatario por esa desaparición y sugieren que se busque ese costoso equipo en un hospital de la Ciudad de México, propiedad de su familia.
OAXACA, OAX. (Proceso).- Durante el sexenio del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca desapareció equipo médico con tecnología de punta que le costó al erario 118 millones de pesos y debía utilizarse para combatir los cánceres de mama y cérvico-uterino, principales causas de muerte femenina en la entidad.
Según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011, el equipo del Proyecto Integral de Radioterapia con Acelerador Lineal nunca llegó al Almacén Estatal de Bienes de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Oaxaca, aunque la empresa Corphomed S.A. de C.V., asegura haberlo entregado entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2008.
En las primeras investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca y la General de la República (PGR) detectaron que en el proceso de entrega del equipo hay firmas y sellos falsificados.
De acuerdo con el contrato de adquisición de bienes de inversión que le fue adjudicado a Corphomed mediante asignación directa –número AD/OAX/017/07–, el proyecto consistía en construir un “búnker con acelerador lineal” a un costo de 118 millones 860 mil pesos.
La empresa se comprometió a edificar las instalaciones por 16 millones 900 mil pesos y el “búnker” por 33 millones, así como a instalar un sistema de planeación y tratamientos de 1 millón 650 mil pesos, un sistema de fijación de 440 mil pesos, uno de dosimetría de 2 millones 420 mil pesos, un acelerador lineal de 33 millones y un tomógrafo de 7 millones de pesos.
Además, entre otras cosas debía equipar una unidad de medicina nuclear a un costo de 5 millones 500 mil pesos, una unidad de braquiterapia de 8 millones 250 mil pesos y equipo médico, accesorios y mobiliario de oficina por 10 millones.
El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, dice a Proceso que cada año hay en Oaxaca 170 muertes causadas por cáncer cérvico-uterino y alrededor de 30 por cáncer de mama, lo que significa que en los últimos cuatro años fallecieron más de 700 mujeres que pudieron haberse atendido con el acelerador lineal.
El equipo está desaparecido desde 2008, aunque hay “un documento en donde aparentemente entró al almacén de la Secretaría de Salud… pero no aparece por ningún lado”, asegura. Agrega que “ya identificamos, con ayuda de los expertos, que falsificaron la firma de la encargada del activo fijo del almacén y que el sello (de la dependencia) es falso”.
De esa cadena de ilícitos, afirma, ya se dio cuenta a la PGJE, que turnó el caso al Ministerio Público federal y ahora “estamos en la tarea de ver con qué dinero lo pagaron y sobre todo saber en dónde está, porque no es un equipo menor”.
El funcionario aclara que “con la desaparición de ese equipo, no quiere decir que no estemos dando tratamiento de radioterapia; se sigue dando pero con la bomba de cobalto, una tecnología de hace 10 años”. Explica que la tecnología del acelerador lineal ataca con precisión el tumor canceroso sin afectar ningún órgano.
Tenorio Vasconcelos señala además que el gobierno de Ruiz Ortiz dejó inacabados 102 hospitales en la entidad.
Falsificaciones
Documentos en poder de Proceso muestran que el agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría General Zona Norte, Julio Pérez de los Ángeles, solicitó al jefe del Departamento de Inventarios y Servicios Generales de la Secretaría de Salud de Oaxaca –en el oficio 417 fechado el 18 de agosto de 2011– que informara “si el equipo que se describe en las copias de las remisiones de pedido que se anexan fue entregado por Corphomed S.A. de C.V., en la fecha que se indica y recibido por las personas a que hace referencia”.
En esas copias de remisión aparece el nombre de Margarita Aragón Pérez, su firma y el sello de recibido “en los Servicios de Salud de Oaxaca, Departamento de Inventarios y Servicios Generales”.
Sin embargo, durante su comparecencia ante el MP federal, Aragón Pérez declaró que su firma había sido falsificada al igual que el sello de recibido del Departamento de Inventario y Avalúo. Y sostuvo que el equipo médico “nunca ingresó al activo fijo del almacén”.
Explicó que cuando se recibe equipo médico de importancia el procedimiento es el siguiente: Se presenta el proveedor con el contrato, la remisión y la factura en el área de recepción documental. De ahí se pasa a Control de Calidad, donde se verifica que el equipo cumple con lo establecido en el contrato. Luego el Departamento de Atención Médica indica el nombre del hospital al que se va a enviar el equipo y entonces se elabora el resguardo respectivo.
Aragón asegura que “ese procedimiento no se llevó a cabo, ignorando la suscrita dónde se encuentra dicho equipo médico o por quién fue recibido y quién desde ese momento se encargó del resguardo del equipo”.
Aunque en el contrato se establecen las condiciones y obligaciones de los Servicios de Salud –representados por el doctor Francisco Jiménez Sosa, subsecretario de Planeación– y del proveedor –cuyo representante legal es Óscar Guillermo Caravantes Raymundo–, en un documento por separado Jiménez explica:
“Como sabemos, en este proyecto (de radioterapia con acelerador lineal) se planeó que la construcción se llevaría a cabo en un terreno de la Secretaría de Salud ubicado en el kilómetro 12 de la carretera federal entre San Bartolo Coyotepec y Ocotlán de Morelos; desafortunadamente, por diversas situaciones políticas y sociales relacionadas a los habitantes de dicha región, nos vemos en la necesidad de buscar otra alternativa para la construcción de la clínica sujeta de nuestro proyecto.”
El texto firmado por el subsecretario de Planeación tiene fecha del 29 de septiembre de 2008 y los documentos de remisión del pedido son anteriores, van del 21 de agosto al 11 de septiembre de ese año.
A su vez la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, calificó la desaparición del equipo como un robo y un “acto verdaderamente criminal”.
Luego de pedir que se investigue si el equipo médico se encuentra en el hospital Sedna –propiedad de la familia de Ruiz Ortiz–, consideró que los responsables de este ilícito deben estar en la cárcel, porque no se trata de delitos menores cuando está en riesgo la vida de las mujeres. Propuso plantear otras estrategias legales que pongan como problema central el número de muertes que pudieron haberse evitado si ese aparato se hubiera utilizado en Oaxaca.
“Aquí el problema es que ese equipo era fundamental para salvar vidas; entonces este es un acto criminal, doble o triplemente criminal porque impactó en las mujeres”, asegura a este reportero Anabel López.
Pidió a las autoridades estatales y federales que “no se reduzca el tema a las auditorías, sino a las consecuencias que pudo tener, el impacto que tienen los robos. El desvío de recursos tiene que medirse y sancionarse a raíz del impacto social”.
Y se preguntó: “¿Cuántas muertes pudieron haberse evitado, cuántas mujeres pudieron haberse salvado? Lo que se tiene que poner sobre la mesa ni siquiera es el costo del equipo sino la consecuencia social de esos hechos, porque se violaron los derechos fundamentales, el derecho a la salud de las mujeres, se violó el derecho a la vida”.
Los negocios de Ulises
Por su parte el secretario de Salud reconoce ante este semanario que se necesitan 3 mil 100 millones de pesos para terminar las 102 obras que dejó inconclusas Ruiz Ortiz. Agrega que muchas de ellas están detenidas porque enfrentan litigios con la comunidad pues iniciaron su construcción en terrenos comunales o privados.
También hay 52 litigios contra constructoras que “no existen hoy, que no hay domicilio, no hay teléfono, incluso tenían domicilio de casas habitación”, situación que ya está en manos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
De momento, dice en entrevista con Proceso, “le apostamos a que los diputados federales –muchos de los cuales pidieron esos hospitales– ahora sean corresponsables de la infraestructura que se construyó; son sus hospitales, que luchen por conseguir un presupuesto para que se concluyan”.
Y es que “por más que estiremos el presupuesto no da para operar una cantidad de unidades así y no vamos a desatender un hospital que ya está funcionando y sacar personal para tener dos a medio funcionar”, puntualiza.
Por su parte el exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, César David Mateos Benítez, presentó ante la PGJE una denuncia penal contra Ulises Ruiz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. De acuerdo con la averiguación previa 145/FPIE/RS/20011, Mateos Benítez afirma que el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de 7 mil millones de pesos.
Dice que durante el sexenio de Ulises Ruiz el estado fue “saqueado como nunca”. Agrega que desde 2007 la PGR sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública contra la administración de Ruiz Ortiz. Son las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el sistema de salud del estado en su totalidad “por posible peculado y administración fraudulenta”.
Denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: posee terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia Del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y el hospital Sedna (con 1 millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
Mateos refiere que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que tiene la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo –donde la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos–, el “tirano” mandó construir en el número 5268 del Periférico Sur, en la delegación Coyoacán, el hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente” equipado con tecnología médica de vanguardia.
Aseguró que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca un presupuesto de 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el hospital Sedna en mil 500 millones.
Por ello pidió a las autoridades federales y estatales que investiguen el Sedna porque, dice, no sería descabellado encontrar ahí el acelerador lineal perdido.
OAXACA, OAX. (Proceso).- Durante el sexenio del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca desapareció equipo médico con tecnología de punta que le costó al erario 118 millones de pesos y debía utilizarse para combatir los cánceres de mama y cérvico-uterino, principales causas de muerte femenina en la entidad.
Según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011, el equipo del Proyecto Integral de Radioterapia con Acelerador Lineal nunca llegó al Almacén Estatal de Bienes de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Oaxaca, aunque la empresa Corphomed S.A. de C.V., asegura haberlo entregado entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2008.
En las primeras investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca y la General de la República (PGR) detectaron que en el proceso de entrega del equipo hay firmas y sellos falsificados.
De acuerdo con el contrato de adquisición de bienes de inversión que le fue adjudicado a Corphomed mediante asignación directa –número AD/OAX/017/07–, el proyecto consistía en construir un “búnker con acelerador lineal” a un costo de 118 millones 860 mil pesos.
La empresa se comprometió a edificar las instalaciones por 16 millones 900 mil pesos y el “búnker” por 33 millones, así como a instalar un sistema de planeación y tratamientos de 1 millón 650 mil pesos, un sistema de fijación de 440 mil pesos, uno de dosimetría de 2 millones 420 mil pesos, un acelerador lineal de 33 millones y un tomógrafo de 7 millones de pesos.
Además, entre otras cosas debía equipar una unidad de medicina nuclear a un costo de 5 millones 500 mil pesos, una unidad de braquiterapia de 8 millones 250 mil pesos y equipo médico, accesorios y mobiliario de oficina por 10 millones.
El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, dice a Proceso que cada año hay en Oaxaca 170 muertes causadas por cáncer cérvico-uterino y alrededor de 30 por cáncer de mama, lo que significa que en los últimos cuatro años fallecieron más de 700 mujeres que pudieron haberse atendido con el acelerador lineal.
El equipo está desaparecido desde 2008, aunque hay “un documento en donde aparentemente entró al almacén de la Secretaría de Salud… pero no aparece por ningún lado”, asegura. Agrega que “ya identificamos, con ayuda de los expertos, que falsificaron la firma de la encargada del activo fijo del almacén y que el sello (de la dependencia) es falso”.
De esa cadena de ilícitos, afirma, ya se dio cuenta a la PGJE, que turnó el caso al Ministerio Público federal y ahora “estamos en la tarea de ver con qué dinero lo pagaron y sobre todo saber en dónde está, porque no es un equipo menor”.
El funcionario aclara que “con la desaparición de ese equipo, no quiere decir que no estemos dando tratamiento de radioterapia; se sigue dando pero con la bomba de cobalto, una tecnología de hace 10 años”. Explica que la tecnología del acelerador lineal ataca con precisión el tumor canceroso sin afectar ningún órgano.
Tenorio Vasconcelos señala además que el gobierno de Ruiz Ortiz dejó inacabados 102 hospitales en la entidad.
Falsificaciones
Documentos en poder de Proceso muestran que el agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría General Zona Norte, Julio Pérez de los Ángeles, solicitó al jefe del Departamento de Inventarios y Servicios Generales de la Secretaría de Salud de Oaxaca –en el oficio 417 fechado el 18 de agosto de 2011– que informara “si el equipo que se describe en las copias de las remisiones de pedido que se anexan fue entregado por Corphomed S.A. de C.V., en la fecha que se indica y recibido por las personas a que hace referencia”.
En esas copias de remisión aparece el nombre de Margarita Aragón Pérez, su firma y el sello de recibido “en los Servicios de Salud de Oaxaca, Departamento de Inventarios y Servicios Generales”.
Sin embargo, durante su comparecencia ante el MP federal, Aragón Pérez declaró que su firma había sido falsificada al igual que el sello de recibido del Departamento de Inventario y Avalúo. Y sostuvo que el equipo médico “nunca ingresó al activo fijo del almacén”.
Explicó que cuando se recibe equipo médico de importancia el procedimiento es el siguiente: Se presenta el proveedor con el contrato, la remisión y la factura en el área de recepción documental. De ahí se pasa a Control de Calidad, donde se verifica que el equipo cumple con lo establecido en el contrato. Luego el Departamento de Atención Médica indica el nombre del hospital al que se va a enviar el equipo y entonces se elabora el resguardo respectivo.
Aragón asegura que “ese procedimiento no se llevó a cabo, ignorando la suscrita dónde se encuentra dicho equipo médico o por quién fue recibido y quién desde ese momento se encargó del resguardo del equipo”.
Aunque en el contrato se establecen las condiciones y obligaciones de los Servicios de Salud –representados por el doctor Francisco Jiménez Sosa, subsecretario de Planeación– y del proveedor –cuyo representante legal es Óscar Guillermo Caravantes Raymundo–, en un documento por separado Jiménez explica:
“Como sabemos, en este proyecto (de radioterapia con acelerador lineal) se planeó que la construcción se llevaría a cabo en un terreno de la Secretaría de Salud ubicado en el kilómetro 12 de la carretera federal entre San Bartolo Coyotepec y Ocotlán de Morelos; desafortunadamente, por diversas situaciones políticas y sociales relacionadas a los habitantes de dicha región, nos vemos en la necesidad de buscar otra alternativa para la construcción de la clínica sujeta de nuestro proyecto.”
El texto firmado por el subsecretario de Planeación tiene fecha del 29 de septiembre de 2008 y los documentos de remisión del pedido son anteriores, van del 21 de agosto al 11 de septiembre de ese año.
A su vez la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, calificó la desaparición del equipo como un robo y un “acto verdaderamente criminal”.
Luego de pedir que se investigue si el equipo médico se encuentra en el hospital Sedna –propiedad de la familia de Ruiz Ortiz–, consideró que los responsables de este ilícito deben estar en la cárcel, porque no se trata de delitos menores cuando está en riesgo la vida de las mujeres. Propuso plantear otras estrategias legales que pongan como problema central el número de muertes que pudieron haberse evitado si ese aparato se hubiera utilizado en Oaxaca.
“Aquí el problema es que ese equipo era fundamental para salvar vidas; entonces este es un acto criminal, doble o triplemente criminal porque impactó en las mujeres”, asegura a este reportero Anabel López.
Pidió a las autoridades estatales y federales que “no se reduzca el tema a las auditorías, sino a las consecuencias que pudo tener, el impacto que tienen los robos. El desvío de recursos tiene que medirse y sancionarse a raíz del impacto social”.
Y se preguntó: “¿Cuántas muertes pudieron haberse evitado, cuántas mujeres pudieron haberse salvado? Lo que se tiene que poner sobre la mesa ni siquiera es el costo del equipo sino la consecuencia social de esos hechos, porque se violaron los derechos fundamentales, el derecho a la salud de las mujeres, se violó el derecho a la vida”.
Los negocios de Ulises
Por su parte el secretario de Salud reconoce ante este semanario que se necesitan 3 mil 100 millones de pesos para terminar las 102 obras que dejó inconclusas Ruiz Ortiz. Agrega que muchas de ellas están detenidas porque enfrentan litigios con la comunidad pues iniciaron su construcción en terrenos comunales o privados.
También hay 52 litigios contra constructoras que “no existen hoy, que no hay domicilio, no hay teléfono, incluso tenían domicilio de casas habitación”, situación que ya está en manos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
De momento, dice en entrevista con Proceso, “le apostamos a que los diputados federales –muchos de los cuales pidieron esos hospitales– ahora sean corresponsables de la infraestructura que se construyó; son sus hospitales, que luchen por conseguir un presupuesto para que se concluyan”.
Y es que “por más que estiremos el presupuesto no da para operar una cantidad de unidades así y no vamos a desatender un hospital que ya está funcionando y sacar personal para tener dos a medio funcionar”, puntualiza.
Por su parte el exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, César David Mateos Benítez, presentó ante la PGJE una denuncia penal contra Ulises Ruiz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. De acuerdo con la averiguación previa 145/FPIE/RS/20011, Mateos Benítez afirma que el daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca asciende a más de 7 mil millones de pesos.
Dice que durante el sexenio de Ulises Ruiz el estado fue “saqueado como nunca”. Agrega que desde 2007 la PGR sigue dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública contra la administración de Ruiz Ortiz. Son las averiguaciones previas 008/UEIDCSPCAJ/2007 y 007/UEIDCSPCAJ/2007 contra el sistema de salud del estado en su totalidad “por posible peculado y administración fraudulenta”.
Denunció que la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas: posee terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas su esposa, María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Vizario.
Entre esas propiedades destacan, en el Distrito Federal, un departamento en el fraccionamiento Fuentes del Pedregal y otro en la colonia Del Valle, así como empresas en las que la esposa de Ruiz Ortiz figura como la principal inversionista: Inmobiliaria Gieshuba, Inmobiliaria Giechachi (con un capital inicial de 10 millones de pesos cada una), Videos Médicos Científicos (iniciada con 2 millones) y el hospital Sedna (con 1 millón de pesos), de acuerdo con la querella presentada ante la PGJE.
Mateos refiere que mientras Oaxaca es la entidad con menor acceso a los servicios de salud y la que tiene la mayor mortalidad femenina y el más alto índice de analfabetismo –donde la mayoría de la población económicamente activa percibe solamente un salario mínimo o menos–, el “tirano” mandó construir en el número 5268 del Periférico Sur, en la delegación Coyoacán, el hospital Sedna, un conjunto arquitectónico “inteligente” equipado con tecnología médica de vanguardia.
Aseguró que mientras el gobierno federal le asignó a Oaxaca un presupuesto de 2 mil millones de pesos en 2009, expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaban el hospital Sedna en mil 500 millones.
Por ello pidió a las autoridades federales y estatales que investiguen el Sedna porque, dice, no sería descabellado encontrar ahí el acelerador lineal perdido.
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