Jubilación: panorama sombrío- Alimentación: la urgencia de cambiar el rumbo

Jubilación: panorama sombrío

Llevará el actual sistema de pensiones a un país de viejos pobres: expertos

Con el SAR, sólo las Afore ganan; trabajadores en retiro, sin beneficios

No tendrán acceso a la prestación entre 28 y 30 millones de personas

Jubilados del Seguro Social hacen largas filas para cobrar sus pensionesFoto Guillermo Sologuren

Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada
Domingo 23 de octubre de 2011, p. 2

La ausencia de un auténtico y equitativo sistema de pensiones tiene a millones de mexicanos ante una realidad de pobreza vigente o en ciernes.

Quienes adquirieron el derecho a la jubilación ya reciben –o deberán esperar, luego de una vida de trabajo– una exigua pensión que actualmente promedia entre dos y cuatro salarios mínimos.

Al mismo tiempo, un universo calculado entre 28 y 30 millones de trabajadores carecen de expectativas para pensionarse, pues sólo un tercio de los económicamente activos cotiza en alguna institución de seguridad social.

El resto, a falta de tal protección vive ya, o está condenado, a transcurrir su vejez en la pobreza y precisado de emplearse bajo cualquier condición y salario para simplemente sobrevivir.

Tan sombrío panorama no representa la antípoda de aquellos ya retirados o con posibilidades de serlo. Descontando a los altos burócratas (funcionarios) jubilados con elevadas pensiones, a los beneficiarios de las llamadas jubilaciones dinámicas (IMSS, CFE, Pemex) y a quienes forman parte de los llamados sistemas no reformados (estatales y universitarios, por ejemplo) los pensionados la pasan bastante mal.

En junio, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS) reportó que en México las pensiones representan entre 25 y 30 por ciento del último salario previo a la jubilación y ubica al país dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más exiguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, los sistemas públicos de pensiones tienen un déficit de más de 150 por ciento del producto interno bruto, que gravita sobre las finanzas públicas, según un estudio reciente de la firma Lockton, Ernst & Young (EY) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Los especialistas en este intrincado tema divergen en cuanto a qué dar prioridad para evitar se cumpla el augurio de que hacia mediados de siglo México será, si no se actúa ya, un país de viejos pobres.

Las estimaciones demográficas vinculadas al universo laboral coinciden: para 2050 sólo 25 por ciento de los mayores de 60 años recibirá alguna pensión, en una población estimada de 30 millones en el rango de la tercera edad.

Así, mientras EY y el IMEF llaman a replantear el sistema público de pensiones y realizar reformas laborales y fiscales indispensables para las necesidades actuales y futuras, especialistas como Alejandro Villagómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran: el problema es económico más que de regulación.

“Gran parte de quienes no reciben pensión se debe a que están en la informalidad. Se trata del mercado laboral; y es lo mismo frente a la queja de que las pensiones son muy pequeñas: es la economía, los bajos salarios. El dilema se ubica –insiste– en la cobertura”.

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) define que el sentido de un sistema de pensiones no es la adopción de tal o cual herramienta sino proporcionar estabilidad al bienestar de los ciudadanos.

Las reformas legales de 1997 para pasar de un sistema de pensiones de beneficio definido –con prestaciones generosas, una todavía elevada proporción de contribuyentes respecto al número de jubilados e importantes transferencias fiscales hacia las pensiones– a otro de contribución definida –cuentas individuales– si bien han quitado cierta presión a las finanzas públicas, están muy lejos de resolver el sentido de todo sistema de retiro: satisfacer las necesidades de seguridad y protección del ser humano.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue imputado desde su origen y hoy ese rechazo se mantiene bajo una verdad evidente: como está diseñado, sólo las Afore ganan.

Las proyecciones de actuarios como José Luis Salas Lizaur, de la UNAM, lo patentizan con estos resultados:

En los diferentes escenarios de carrera salarial y niveles de sueldo considerados, con un periodo de cotización de 30 años, la pensión del IMSS bajo la ley 1973 resulta ser de 54.3 por ciento del último salario integrado para sueldos iguales a 25 salarios mínimos y de 70.60 por ciento para salarios iguales a dos salarios mínimos.

Añade: En cambio, con la Ley del IMSS de 1997, bajo los mismos escenarios y años de cotización, el nivel de remplazo de las pensiones resulta ser de 11.7 por ciento para salarios iguales a 25 salarios mínimos y de 50 por ciento para salarios iguales a dos salarios mínimos (gracias a la pensión garantizada).

En el otro extremo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) defiende la pertinencia de las cuentas individuales en la urgencia que existía –ya en la década de los 90 del siglo pasado– de hacer transformaciones estructurales ante los cambios demográficos –disminución de número de trabajadores activos financiando las pensiones– y en el aumento de las expectativas de vida.

Esto último lleva a que el pago de pensiones por un mayor número de años y la disminución en el número de trabajadores activos ha hecho financieramente insostenibles los sistemas de reparto en todo el mundo, indica.

Asegura que con las reformas a la Ley del IMSS, se dio viabilidad al sistema de pensiones, pues mientras en 1943 había 26 trabajadores en activo por pensionado, en 2035 esa proporción será de dos a uno.

El problema está sin embargo en el funcionamiento del mercado de las Afore, el cual presenta serias irregularidades y fallas, indica el actuario Alejandro Turner Hurtado, uno de los autores del libro Temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilación en México, editado en marzo pasado por EY y el IMEF.

Su estructura actual llevará, apunta, a que el trabajador no obtenga una pensión óptima, entre otras razones porque existe inelasticidad en la demanda en ese mercado, y a que por lo general no se acierta para elegirlas.

Esto último representaría más de 300 por ciento de diferencia en la pensión a recibir.

Y anticipa: con el actual sistema, las tasas de remplazo serán muy pequeñas, la mayor parte de los futuros pensionados bajo el nuevo régimen obtendrá sólo la pensión mínima garantizada y una escandalosa cantidad de trabajadores no tendrá ni siquiera acceso a ésta, debiendo conformarse con el retiro de las aportaciones, lo que provocará que no se cumpla el objetivo básico de un sistema público de pensiones.

Jorge Meléndez Barrón, ex director de Administración y Finanzas de la Afore Siglo XXI, resume: A partir de las reformas, los esquemas son de contribución definida; es decir, se establecen los términos en los cuales deben destinar al sistema el propio trabajador, su patrón y el gobierno federal, pero no hay una garantía de una pensión específica con base en alguna fórmula de la ley.

Y ubica el real sentido a la reforma: en parte, la reducción del costo del esquema de pensiones se obtuvo a costa de una menor tasa de remplazo promedio de las pensiones, es decir, la cuantía de ésta en el esquema reformado es menor que antes del cambio legal como proporción del salario con el que cotizaba el trabajador cuando estaba activo.

Además, y pese a las reformas recientes, las comisiones que cobran las Afore son muy elevadas, sobre todo ante la ausencia real de competitividad.

La Consar asegura que las reformas han dado sustentabilidad fiscal a los sistemas de pensiones, procurando siempre otorgar el mayor beneficio posible al trabajador.

Hoy, 97 por ciento de las cuentas individuales administradas por las Afore (42 millones en total) son de afiliados al IMSS, donde la mayor proporción –35 por ciento– son trabajadores de entre 27 y 36 años.

En contraste, 27 por ciento de quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) –y quienes merced a las reformas a su régimen jubilatorio en 2007 también pasaron al régimen de cuentas individuales– tienen entre 46 y 55 años.

Las Siefore (sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro administrados por una Afore) administran hoy mil 462 millones de pesos a valor de mercado; son el segundo intermediario financiero con 13 por ciento de activos netos del sistema, tienen activos netos que representan 21.46 por ciento del ahorro interno y participan con 28.53 por ciento del total en circulación del mercado de deuda privada.

Según la Consar, el actual sistema ha otorgado rendimientos competitivos de 13.29 por ciento nominal y 6.39 por ciento real en 14 años de existencia.

Pero los expertos insisten: si no se modifican las leyes de seguridad social (incrementando las aportaciones al seguro de vejez y retiro al menos 5 puntos del salario de cotización en el caso del IMSS) y no se desarrollan esquemas complementarios y sustitutivos del ahorro, México tendrá una significativa y creciente población de viejos en pobreza en un futuro cercano, anticipa Salas Lizaur.

Habló el muñeco-Fisgón

Alimentación: la urgencia de cambiar el rumbo

Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados señalaron el riesgo de que el incremento en los precios de los comestibles multiplique el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria. A renglón seguido, los legisladores cuestionaron que el gobierno federal dé preferencia presupuestaria a programas sociales asistencialistas, y advirtieron que el problema del hambre en el país podría solucionarse en 18 años, si anualmente se aumentara 6 por ciento el presupuesto destinado al programa Oportunidades.

Ilustrativo del riesgo apuntado por los legisladores priístas es el incremento en el número de personas en pobreza alimentaria en el país, el cual, según el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, pasó de 23 a 28 millones entre 2008 y 2010. A esto deben agregarse los datos recabados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre los precios de esos productos, los cuales registran alzas de hasta 3 por ciento superiores a los observados en 2008, año en que se dio, cabe recordar, una de las peores crisis de la historia en esa materia. Finalmente, no puede soslayarse que la tendencia alcista en los precios de productos básicos –y el consecuente avance del hambre entre la población– se ve acentuada en México por circunstancias particulares que van desde los fenómenos climatológicos –sequías, heladas, inundaciones– hasta decisiones de política económica, como el encarecimiento de los combustibles.
Con todo, la solución a este problema no pasa exclusivamente por el incremento presupuestario destinado al agro –lo cual es, sin duda, necesario–, sino por la redefinición de la política agrícola vigente en México desde hace más de dos décadas: desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y especialmente a raíz de la entrada en vigor de la cláusula respectiva de ese instrumento –que libera de toda limitación el comercio de granos–, se ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, a la larga, resultan desastrosas para el abasto popular; se ha enfatizado, asimismo, la pertinencia de crear reservas estratégicas de granos para proteger a la población ante los ciclos de encarecimiento y de burbujas especulativas, y se ha subrayado la conveniencia de que el Estado se reintegre a eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular.

Las voces de alerta correspondientes han resultado, a final de cuentas, atinadas, y hoy son evidentes las implicaciones negativas de haber permitido, en aras del libre comercio, el abandono del campo, el desmantelamiento de instituciones de asistencia popular, y la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional, en su momento impulsadas por una presidencia priísta –la de Carlos Salinas de Gortari– y avaladas por legisladores de ese mismo partido.

A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre. En el momento presente, cuando la carestía mundial amenaza con causar mayores estragos en el país, las autoridades deben fijarse como objetivo prioritario la recuperación de las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos con recelo desde la ortodoxia económica de la que abreva el grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en países avanzados como Estados Unidos, Japón y los principales integrantes de la Unión Europea. Al final, la producción alimentaria es un factor de soberanía y seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio, y si las autoridades de esos países y regiones son capaces de entender esa premisa, resulta exasperante que sus contrapartes mexicanas no puedan hacer otro tanto.