AMLO: en julio se sabrá si entre todos logramos hacer un cambio verdadero- Dinero- Justicia distributiva

El pueblo demostrará que es constructor de su destino, dice el candidato de la izquierda

AMLO: en julio se sabrá si entre todos logramos hacer un cambio verdadero

Pide reflexionar sobre el actual sistema de injusticia y corrupción que destruye a México

El abanderado de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de campañaFoto Xinhua

Arturo García Hernández

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 8

 

     Perdonar no es olvidar. Aunque Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya perdonó a Felipe Calderón por el fraude electoral en los comicios federales de 2006, ayer se refirió tácitamente al hecho en la parte final del mensaje que leyó ante los medios de comunicación, en el arranque formal de su segunda campaña presidencial: Volveremos a ganar, dijo.

Ataviado con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul; con un retrato de Benito Juárez cuidándole las espaldas, López Obrador se mostró optimista en su breve mensaje: Creo que el pueblo sabrá estar a la altura de las circunstancias y demostrará que es dueño y constructor de su propio destino; se hará realidad nuestra estrategia, que se resume en una frase: sólo el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación.

Como solía hacer cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, el ahora candidato de la coalición Movimiento Progresista citó a conferencia de prensa a las siete de la mañana. Dice un refrán que al que madruga Dios le ayuda, pero otro dicho popular advierte que para uno que madruga hay uno que no se duerme. Antes, en los primeros minutos de la madrugada ya habían arrancado las campañas de sus contendientes del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, y de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.

El hecho es que había expectación. Desde antes de la hora señalada para la conferencia, el patio de las oficinas de López Obrador en la colonia Roma estaba abarrotado por alrededor de 100 representantes de medios nacionales y extranjeros. Al parecer los organizadores no previeron tan nutrida asistencia, el lugar era insuficiente e inadecuado para tantos periodistas. Esto provocó que las cámaras y los fotógrafos formaran una barrera entre el político tabasqueño y la mayoría de los reporteros.

Mientras tanto, a la entrada de lo que desde ayer es la casa de campaña de López Obrador, se congregaba un ruidoso grupo de brigadistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunos trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y activistas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena): unas cuantas piezas de ese rompecabezas llamado izquierda.

A las 7:05 horas apareció el candidato ante la prensa. Su rostro era serio, casi inexpresivo. Sólo un telépata o un síquico podrían decirnos todo lo que pasa por la mente de este político que está a punto de comenzar la última etapa, tal vez la más ardua, de un largo proceso que lo tiene a él como figura principal pero que incumbe a todo el país.

Tras agradecer la presencia de los medios, hizo hincapié en la trascendencia histórica del momento: Esta campaña será definitiva para el futuro del pueblo y de la nación, en julio se decidirá si continúa más de lo mismo; es decir, si continúa el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios que está destruyendo a México, o si entre todos logramos hacer valer un cambio verdadero que significa honestidad, justicia, seguridad y tranquilidad para todos los mexicanos.

A pregunta expresa, dice que su confianza en el triunfo se debe a que, a diferencia de 2006, ahora tenemos más organización, construida entre todos, desde abajo, está el Movimiento Regeneración Nacional y tenemos comités en casi todos los municipios del país; hay 53 mil comités seccionales, 3 millones 600 mil protagonistas del cambio verdadero y 2 millones 500 mil representantes de nuestro movimiento.

Su encuentro con los medios no duró ni 15 minutos. Después se reunió en privado con algunos de sus colaboradores y a las 8:15 de la mañana abordó el automóvil que lo llevó al aeropuerto, desde donde viajó a Tabasco, para presidir su primer acto masivo de campaña.

Así empezó López Obrador el primero de los 90 días que le restan al proceso electoral.

Dinero

Primer lugar, AMLO; segundo, Peña Nieto; tercero, Josefina

Una mayoría dice que votará por Andrés Manuel

Son menos los que piensan que reconocerán su triunfo

Enrique Galván Ochoa

 

     Si la elección fuera hoy, ¿por quién votarías? El 57 por ciento de nuestros encuestados de esta semana manifestó su predilección por Andrés Manuel López Obrador. Otra pregunta: independientemente de tus preferencias personales, ¿quién crees que ganará? López Obrador obtuvo 38 por ciento de los votos, seguido con 30 por ciento por Peña Nieto. Y en tercer lugar quedó Vázquez Mota con 22 por ciento. Un 10 por ciento todavía no ha tomado una decisión.

Metodología

Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos en forma aleatoria entre los miembros de El Foro México. Contestaron 2 mil 440. Muchos foristas acompañaron su voto con un razonamiento sobre el tema. Sus opiniones sin editar pueden leerse en el foro. Enseguida reproducimos algunos fragmentos.

Opiniones

Si este país no estuviera en manos de criminales, en la amplitud del término, disfrutaríamos de un proceso democrático y ganaría la opción menos corrupta, en este caso López Obrador. Pero hasta Vargas Llosa y el Papa andan metiendo intriga para perpetuar a una derecha incapaz y depredadora. Urge un cambio integral que pase por honestidad, transparencia en el manejo de los recursos. Estamos casi al límite: o hacemos algo o esperemos el desastre demo-económico.

Javier Contreras Díaz/Zacatecas

Nuevamente México se encuentra en su encrucijada histórica. Más de lo mismo. Durante 70 años hizo lo que quiso el partido en el poder y, dice ahora, se recicla con gente joven, pero es sólo la mascarada. Dos gobiernos panistas que ya demostraron que no saben gobernar. Lo suyo es la religión. Demos la oportunidad a nuevas ideas y cambios que tanto necesita el país. Ya llevamos 12 años del nuevo siglo, ya es justo y necesario el cambio. Mi voto a AMLO.

Juan Roberto Juárez Infante/Distrito Federal

Independiente de mis preferencias, como el sexenio pasado, sigo pensando, con todos sus defectos amorosos, que AMLO sería la mejor opción.

Vázquez Mota, sería peor títere que Calderón, no tengo duda; esta mustia de la mueca eterna es una panista más con ansias y hambre de dinero a costa de ¡lo que sea y de quien sea!... Peña Nieto, sólo hay que ver la cola que trae: Televisa, Salinas, Montiel, los Gamboa, Deschamps, etcétera. Para darse cuenta que será lo mismo pero más ignorante y por lo tanto más fácil de manipular.

Francisco Guzmán Gómez/Chicago, Illinois

Ningún candidato representa a los jodidos, por lo tanto no votaré. La mejora política, social y económica para los pobres se tendrá que hacer fuera de las instituciones del Estado mexicano.

Un ejemplo de que va a seguir lo mismo es la imposición de Ebrard que nos hizo el Peje.

Rubén Arciniega Chak/Distrito Federal

AMLO es la mejor opción, sólo él puede hacer algo por México y los mexicanos. ¡AMLO, salva al país, te lo agradeceremos!

Julián Ruiz Contreras/Puebla

El proyecto de desarrollo económico de Andrés Manuel López Obrador es realizable. El gabinete propuesto por Andrés Manuel está conformado por gente pensante, respetable y con pleno conocimiento de la problemática nacional en los temas de mayor importancia para el desarrollo del país. Soy taxista en el estado de México y he platicado con mucha gente de diferente nivel económico y muchos están desilusionados con el PRI y el PAN. Piensan que un cambio es posible y que tal vez voten por Andrés Manuel.

Melchor Martínez Alvarado/Distrito Federal

Hoy es un momento crucial en la historia del México moderno, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad, hoy es la hora del verdadero cambio, de la verdadera transformación social, económica, política, cultural y educativa de nuestro querido México, y sólo se podrá lograr con Andrés Manuel López Obrador y su gran equipo (gabinete) que está conformando. Todos por AMLO, ya no más PRI, ya no más PAN, ya no más PRIAN. ¡Fuera corruptos vendepatrias!

Mauricio Gilberto Arreola Castro/Distrito Federal

Votaré por AMLO, que es un excelente candidato para dirigir este México. Sin atender a las fantasías que nos inducen las comunicadoras con su bombardeo de falsedades. Considerando únicamente lo que vemos y palpamos por nosotros mismos, solamente AMLO cumple ampliamente el refrán aquel de obras son amores y no buenas razones.

José Nettel Díaz/Tampico

No hay de otra. O le damos la oportunidad al proyecto sensato y viable de la izquierda a través de AMLO, o el país termina de hundirse.

Francisco Villafuerte Luna/Moroleón

Es importante que a través de su sección en La Jornada, y su tan esperada intervención en el programa de Carmen Aristegui, nos haga favor de invitar a todos los mexicanos para que analicen bien la intervención de los medios como grupos fácticos que están intentando una vez más hacer creer a los mexicanos, e indecisos, que las encuestas son la píldora de las elecciones. Esta estrategia no sólo la debemos ignorar, sino debemos difundir que es utilizada como herramienta para decir quién es el presidente desde el comienzo de la campaña hasta el día primero de julio por la noche. Y con ello validar el saqueo que se ha venido dando en el país. Por favor.

José Alejandro Cervantes Pérez/Uruapan

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

Justicia distributiva

Bernardo Bátiz V.

 

     Uno de los programas emblemáticos de los gobiernos de la ciudad de México, de hace un poco más de una década a la fecha, es el de la tarjeta mediante la cual los ancianos de la capital, adultos mayores para suavizar el término, pueden (podemos) disponer de la pensión alimentaria que les otorga, por conducto de sus representantes, la sociedad de la que forman parte, a la que sirvieron y siguen sirviendo en la medida de sus fuerzas y de su voluntad.

La tarjeta de la tercera edad, la de López Obrador, como la conoce la gente, copiada o replicada por otros gobiernos y en otras entidades, incluida la federación, fue un paso decisivo cuando apareció como un programa de desarrollo social; fue el tránsito de la justicia conmutativa y restaurativa a la justicia distributiva. Sin mucho alarde, sin presencia espectacular en los medios, los gobiernos progresistas del Distrito Federal la concibieron, la planearon, la echaron a andar y la mantienen y perfeccionan como una fórmula insustituible de equidad y un mecanismo de distribución de la riqueza.
La justicia, junto con el orden y la seguridad, son los fines específicos del estado y del derecho, una carga o responsabilidad del poder público es vigilar que en la sociedad no haya desigualdades extremas e injustas que laceran a las personas y estorban la convivencia. Justicia, se ha dicho hasta el cansancio, es dar a cada quien lo que es suyo, castigo en caso de culpa o responsabilidad y reconocimiento y apoyo cuando se requiere, como es el caso de los adultos mayores.
Por ello es muy satisfactorio que la Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, haya reconocido en el reciente Foro Internacional Sobre Derecho de las Personas Mayores, celebrado aquí, el trabajo que los gobiernos capitalinos han llevado a cabo, actualmente por conducto del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Si algo hiere a las sociedades modernas y es fuente de rencores, odios, envidias, discriminación y semilla de guerras es la desigualdad, en especial la económica y todavía más cuando se tocan extremos de sobrevivencia. Para atenuar este problema, los estados modernos rectores de la economía, echan mano de programas de desarrollo social, que no son sino formas actuales de llevar de la teoría a la práctica deberes de justicia distributiva.

La justicia distributiva parte del principio de que todos en una comunidad deben tener los bienes necesario para su vida plena, tener a su alcance lo que necesitan para su felicidad; el principio teórico es impecable, sin embargo aterrizarlo en la práctica con mecanismos viables y accesibles, no es tan fácil. En la ciudad de México ha sido posible por conducto del instituto mencionado, que se ocupa, además, de la conocida e imitada tarjeta, de otros programas enfocados a favorecer a las personas de mayor edad.

Atención telefónica para casos de urgencia, de soledad o de abandono, servicios de salud cuando se requieren, atención jurídica mediante una fiscalía ad hoc, creada a raíz de un convenio del instituto con la PGJDF, servicios notariales, consultas jurídicas y atención especial en el Registro Civil.

Si consideramos que cada mes se abonan recursos a las tarjetas de 480 mil derechohabientes mayores de 68 años, tenemos que concluir que, independientemente del beneficio personal de cada uno de ellos a sus familias, hay para la economía de la ciudad una inyección de dinero, abajo, a ras de suelo, que sin duda alguna contribuye a que circule la riqueza en beneficio de todos.

Que expertos extranjeros, que la Cepal lo reconozca, debe producir una gran satisfacción en quienes idearon y tienen a su cargo el programa, desde luego al instituto, al actual jefe de Gobierno que lo ha mantenido e impulsado y desde luego, a quien lo puso en México como modelo, entre críticas y acusaciones de populismo, ya olvidadas hoy.

jusbbv@hotmail.com

Apuntes postsoviéticos- Reforma laboral, crisis y huelga general en España-

Apuntes postsoviéticos

Fortuna bajo sospecha

Juan Pablo Duch

 

      El enriquecimiento ilícito, según la legislación vigente en tiempos de la Unión Soviética, podía implicar la pena de muerte para el servidor público que incurriera en ese delito. Ahora la ley rusa prevé que la cárcel sea el castigo y, que se sepa, nunca se ha aplicado contra un alto funcionario, afectando sólo a corruptos de menor rango.

Sucede así, aseguran los críticos del actual sistema de gobierno, debido a que el fenómeno es tan extendido que fincar responsabilidades a un pez gordo podría sacar a la luz toda una red de complicidades en torno al Kremlin y los magnates más poderosos de este país.

Rara vez trascienden documentos de transacciones millonarias en alejados paraísos fiscales, que dejan en entredicho la reputación de un miembro del círculo más cercano de Vladimir Putin, aún primer ministro y ya presidente electo de Rusia.

El primer viceprimer ministro de Rusia, Igor Shuvalov, según acaban de publicar Financial Times y The Wall Street Journal, con base en los papeles que les entregó un abogado ruso exiliado que trabajó para él, maneja sus negocios desde un holding offshore, registrado en Bahamas y a través de su esposa Olga.

En resumen: tan sólo en 2004, cuando era asesor económico de Putin, adquirió acciones del consorcio Gazprom por casi 18 millones de dólares –en una operación conjunta con el magnate Suleiman Kerimov–, y unos meses después las vendió por 80 millones de dólares; el negocio perfecto por su inaudito margen de ganancias.

Con el multimillonario Alisher Usmanov, el holding de Shuvalov hizo transacciones que le reportaron casi 120 millones de dólares de beneficios y con el potentado Roman Abramovich un negocio rápido que le dejó ganancias por otros 50 millones de dólares.

Se dice que los documentos llegaron a los influyentes diarios extranjeros como parte de la lucha que se libra en Moscú respecto de posiciones clave en el próximo gobierno de Rusia.

Todo indica que Shuvalov tendrá que dejar su cargo en el gabinete que encabezará el todavía presidente ruso, Dimitri Medvediev, y podría dirigir una nueva corporación para Siberia y el extremo oriente, que se está creando para desarrollar esas regiones.

Con su fortuna bajo sospecha, Shuvalov argumenta que los recursos que ganó como empresario son la base para no depender de ningún grupo de influencia a la hora de tomar decisiones en el gobierno, frase que pasará a la historia como argumento para defender la honestidad de funcionarios cuestionados.

Reforma laboral, crisis y huelga general en España

Marcos Roitman Rosenmann/II

Un trabajador limpia una tienda en Barcelona, un día después del paro general en EspañaFoto Ap

 

      Empresarios, partidos mayoritarios, PP y PSOE con sus aliados nacionalistas, Convergencia y Unión en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco en Euskadi y minorías coyunturales decidieron dar a la patronal todo el poder para someter a la fuerza de trabajo a su campo de condiciones sin ninguna cortapisa legal. El primer punto para lograrlo ha sido ir contra la estabilidad laboral y promover el despido libre a la par que introducir el despido en la administración pública. Como lo señala la actual memoria justificativa y económica de la Reforma del Mercado Laboral: “...la estabilidad –en el empleo– puede tener también un lado negativo cuando, al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a las nuevas necesidades. Este tipo de estabilidad tiene bastante que ver con el coste y margen de decisión empresarial en el despido, que en España es relativamente más caro y limitado que en países de nuestro entorno...”. Por consiguiente, un gobierno responsable debe revertir las resistencias de las clases trabajadoras a un mercado laboral desregulado y convencerlas de los beneficios que conlleva implantar la total flexibilidad en los tipos de contratación y, sobre todo, de las maravillas que se obtienen al abaratar el despido.

La actual reforma laboral tiene en estos antecedentes su articulado. Ajustar para crecer y salir de la crisis es su lema. Bajo el discurso de adecuar las relaciones sociolaborales a las nuevas circunstancias de la recesión abre la puerta a un conjunto de medidas de carácter estructural, cuyo sentido es hacerlas perdurar en el tiempo. La reforma laboral del gobierno de Rajoy es continuidad de la aprobada por el gobierno de Zapatero y el PSOE en 2010. No existe ruptura entre las medidas aplicadas por el Partido Popular, en el gobierno, y las desarrolladas por el PSOE, hoy en la oposición, por mucho que Rubalcaba y sus dirigentes se empeñen en mostrar diferencias. Seguramente si el PSOE hubiese ganado las elecciones generales habría hecho lo mismo. Se trata de una reforma estructural que afecta todos los aspectos del mundo del trabajo. Modifica la ley de contratos, el despido, las condiciones de trabajo, la conciliación laboral, el régimen de la seguridad social y el Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, reforma las leyes de empleo, de formación profesional y consolida el despido objetivo cerrando los flecos de anteriores reformas, ajustes y recortes. El Real Decreto Ley 3/2012 es consistente. No hay vuelta atrás, por mucho que los sindicatos convoquen a la novena huelga general. El partido popular no cambiará ni un punto ni una coma del articulado. La justificación del gobierno para no modificar la redacción pasa por tachar la reforma de necesaria, justa, equilibrada y eficiente. 1. Necesaria, dicen, porque adecua el mercado laboral a las exigencias de la Unión Europea y cumple con los requerimientos de estabilidad presupuestaria para contener el gasto público. Por consiguiente, ambas exigencias, emanadas del Banco Central Europeo, bajo la tutela de Merkel y Sarkozy, son el eje de la actual reforma laboral. Continuidad en el argumento, basta recordar que el PSOE, con apoyo del PP, modificó la Constitución para limitar el gasto público. 2. Justa, pues elimina el proteccionismo, que favorece al trabajador en caso de despido. El empresario ya puede despedir de manera más expedita a través del llamado despido exprés, eludiendo de esta forma los salarios de tramitación, sin coste adicional y más barato. 3. Eficiente, apuntan, al fundarse en criterios de racionalidad económica y ser ajustada a las leyes del mercado, lo cual garantiza salir de la crisis mejorando las condiciones para la contratación y la creación de empleo en el medio y largo plazos. 4. Equilibrada, de acuerdo con los representantes del Partido Popular. La noción de equilibrio consiste en aligerar el peso en uno de los dos platillos de la balanza, el que protege al trabajador, considerando el derecho laboral como obstáculo para el empresario cuando se fijan las condiciones contractuales. Esta percepción acaba con el espíritu del derecho laboral de impedir la arbitrariedad del empresario en caso de despido por causas injustificadas o improcedentes. En este contexto, la reforma desplaza el derecho laboral a un ámbito testimonial, al existir el despido objetivo y procedente.

Asistimos a una realidad dantesca. No queda rastro de las leyes de protección al trabajador. Con el pretexto de crear empleo y cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo se degradan las condiciones salariales y de trabajo, y se desregula el mercado laboral. De esta manera se propone la moderación salarial al tiempo que se facilitan las exenciones fiscales a los empresarios para seguir aumentando su patrimonio. De acuerdo con las nuevas normativas, el empleador ve rebajado el pago de indemnización por despido, desde la entrada en vigor de la reforma en 60 por ciento. La indemnización por despido improcedente consideraba 45 días por año trabajado hasta un total de 42 mensualidades y el objetivo procedente contempla 20 por años trabajados y tiene un límite máximo de 12 mensualidades. Igualmente, en el sector público la administración puede despedir a los funcionarios bajo el pretexto de cese de función. En otras palabras, si un ministerio decide eliminar una prestación, los funcionarios adscritos a tal servicio no serán reubicados, sino serán eliminados de la plantilla. Puede ser el caso en sanidad, educación, etcétera. El resultado: deterioro en la calidad de los servicios públicos y adelgazamiento de la administración, que facilita la privatización y externalización de servicios hasta ahora en manos del Estado.

La convocatoria a huelga general ha sido criminalizada por el Partido Popular señalando que es injusta, innecesaria y poco solidaria con los 5 millones de parados; basta afirmar que son los mismos adjetivos utilizados por el PSOE en 2010. (Véase mi artículo en La Jornada La criminalización de la huelga general). El argumento en favor de la reforma consiste en señalar que cuenta con el aval de los mercados, las empresas trasnacionales, la patronal, los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, y la mayoría del Parlamento Europeo. La reforma laboral viene para quedarse, salvo debacle o un estado de insurrección pacífica que paralice el país y les haga sentir miedo, situación deseable pero poco probable. Por el momento el gobierno sólo atina a descalificar a sus convocantes, los sindicatos, tildarlos de anticuados, parásitos de las ayudas estatales y vagos que no dan palo al agua. Los mandamases del Partido Popular y sus socios en los medios de comunicación social utilizan toda la artillería para desacreditarla. La violencia verbal y psicológica se une al desprestigio de dirigentes y líderes sindicales. Por otro lado, la patronal y los empresarios presionan a los trabajadores para que no secunden la convocatoria; son conscientes de que pueden hacerlo sin coste adicional alguno. Hoy cuentan con una ley que les otorga privilegios ad infinitum. Les permite tomar represalias en forma de traslado forzoso o acudir al despido procedente acreditando una disminución de beneficios en el medio plazo. Nada como jugar con las cartas marcadas. Sabedores de su actual protagonismo, deciden lanzar un órdago a la grande y solicitar del gobierno que restringa al máximo el uso del derecho de huelga, decretando servicios mínimos abusivos que hagan ineficaz la convocatoria, cambiando su articulado. Sin duda, lo que se dirime en la convocatoria de huelga general no es sólo el contenido reaccionario de una reforma laboral, sino un sistema social excluyente, generador de mayores desigualdades, paro en el que se entrega todo el poder a los empresarios. El retorno de la esclavitud está a la vuelta de la esquina. Es cosa de esperar.

Goldman Sachs, el negocio de hambrear

Gustavo Duch Guillot*

      Goldman Sachs y sus fondos de inversiones están hasta en la sopa. Literalmente.

Desde hace poco sabemos que sus legiones de ejecutivos goldmanitas controlan a cara descubierta gobiernos, ministerios, bancos centrales y otras instituciones públicas en Europa y Estados Unidos. Pero con antifaz y en la sombra, ¿desde cuándo lo están haciendo?
Los encontramos en su salsa cuando hablamos de petróleo, vivienda o cría de puercos. No sería extraño que estén presentes en negocios tan suculentos como el armamentístico.
En el Estado español, almorzamos con Goldman Sachs. Como ha denunciado el investigador Carles Soler, Goldman & Sachs es propietaria de una de las grandes multinacionales de la restauración colectiva (ISS Facility Services), que en el Estado español sirve 22 millones de comidas anuales.
En restaurantes de escuelas, hospitales o de residencias de la tercera edad, te alimentan para el buen provecho del mismo banco de inversiones responsable del hambre del siglo XXI. Porque Goldman Sachs no ha descuidado para nada el sector agrícola como fuente, no de comida, sino de beneficios económicos.
En 1991, los cerebros de Goldman Sachs repletos de ideas jugosas para las gentes de la bolsa, crearon un instrumento financiero que permite a cualquier pájaro invertir sus riquezas en productos básicos como el trigo, arroz o café. De lo que se come se cría, y criaron toneladas de beneficios.
Tantas apuestas sobre la ruleta de los mercados de los granos básicos son las responsables de la subida de precios de éstos, y por tanto, responsables de que millones de personas no puedan adquirir sus alimentos necesarios.

Desde el año 2000 hasta ahora, sin otras burbujas que inflar, el precio de los alimentos básicos prácticamente se ha triplicado en paralelo al incremento de los activos financieros en estos exquisitos platos financieros.

Para Goldman Sachs, invertir en panes y peces esperando su mágica multiplicación, les representa al año beneficios de 5 mil millones de dólares. Mucho dinero que en pocos años daría para reparar el hambre global, pero claro, ese no es su propósito, ese no es su negocio, es todo lo contrario. Fabrican hambre, son hambreadores.

Un nuevo negocio, también hambreador, ha salido al escenario. Comprar las mejores tierras fértiles para exigirles (hasta su agotamiento) la producción de biomasa –la energía que moverá el mundo y resolverá buena parte de los problemas ecológicos del Planeta. Dicen, pero es pura farsa.

Y, efectivamente, algunos personajes hechos en Goldman Sachs ya están en él. Como Joakim Helenius, y su fondo de inversiones Trigon Agri Fund, que se sepa lleva acumuladas sobre 170 mil hectáreas de tierras cultivables en la región de tierras negras en Rusia y Ucrania. O Neil Crowder que con el fondo Chayton Capital ha arrendado para los próximos 14 años 20 mil hectáreas en Zambia.

Abanderando la lucha contra el hambre, más hambre. Abanderando la lucha contra el cambio climático, más hambre.

* Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas. Autor de Sin lavarse las manos y Alimentos bajo sospecha

LAS MAS.... DE LA PORTADA DEL DIARIO LA JORNADA DEL 31 DE MARZO DE 2012

Se prevé un ajuste de más de 27 mil millones de euros

Severo recorte al gasto en España; elevan impuestos

Aprueban amnistía fiscal a presuntos defraudadores de cuello blanco

Se incrementan gravámenes a empresas, así como las tarifas de luz y gas

Con meses de retraso, el gobierno de Rajoy anuncia presupuestos 2012

Ajustar déficit a exigencias de la UE, meta del Ejecutivo conservador

Aprueba una amnistía fiscal para repatriar fortunas dispersas en paraísos fiscales

Refrenda Rajoy que recortará el gasto y subirá impuestos, la electricidad y el gas

El ministro de Finanzas de España, Cristóbal Montoro (izquierda); la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro español de Industria, José Manuel Soria, ayer en conferencia de prensa en MadridFoto Ap

Armando G. Tejeda

Corresponsal.

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 31

Madrid, 30 de marzo. El gobierno del conservador Mariano Rajoy, que asumió el poder en diciembre pasado, anunció con tres meses de retraso los presupuestos previstos para este año, en los que se materializan los anunciados severos recortes en los servicios públicos, en las obras de infraestructura y en el gasto del Estado. Se prevé un ajuste de más de 27 mil millones de euros, al tiempo que se aprobó una subida de impuestos a las empresas, el aumento de las tarifas de la luz y el gas y una amnistía fiscal a presuntos defraudadores de cuello blanco que tienen diseminadas sus fortunas en paraísos fiscales.

Un día después de la masiva movilización ciudadana contra la reforma laboral y la política económica del gobierno español, el Ejecutivo de Rajoy anunció el proyecto de presupuestos con el que pretende reducir el déficit público de 8.5 a 5.3 por ciento, tal y como le exigen las autoridades monetarias y financieras de la Unión Europea (UE), al ver en España uno de los principales riesgos para el contagio de una nueva crisis en la región.

Rajoy no compareció ante los medios de comunicación para informar de uno de los recortes más severos en la historia reciente del país, a pesar de que durante la campaña electoral que le llevó al poder en noviembre pasado prometió que ni subiría impuestos ni debilitaría los servicios públicos básicos. En nombre de Rajoy habló su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quienes explicaron los principales ajustes como una urgencia para salir de la crisis y recuperar la confianza de los mercados.

Como era previsible, la mutilación de 27 mil millones de euros en el presupuesto afecta a prácticamente todas las áreas públicas: la educación, la salud, las infraestructuras, la justicia, la cultura y el deporte. Además de que todos los ciudadanos pagarán de alguna manera los efectos de la crisis, con un aumento generalizado de la tarifa de la luz y el gas, y un importante incremento en el impuesto de sociedades. Además de que se mantienen algunas medidas aprobadas por el anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de congelar el sueldo a los funcionarios públicos, únicamente actualizarán las pensiones más bajas y sólo prevén mantener las ayudas a las personas sin trabajo, pero con algunas excepciones, al prever una reducción de mil 500 millones de euros en este rubro, y el gasto previsto para las becas. La cooperación al desarrollo también sufrió una importante reducción, de algo más de mil 300 millones de euros, en un área que sobre todo atiende a proyectos humanitarios en los países más pobres del planeta.

Una de las cuestiones que más indignación provocó fue la aprobación de una amnistía fiscal para presuntos defraudadores de cuello blanco, que según las estimaciones del gobierno tienen algo más de 25 mil 500 millones de euros, invertidos en paraísos fiscales o que se guardan como dinero negro al interior del país. Este capital sólo pagará 10 por ciento sobre el patrimonio, una cifra sensiblemente inferior a lo que paga cualquier ciudadana, que oscila entre 20 y 45 por ciento de su salario.

Uno de los ministerios que más recortes sufrió fue el de Educación, Cultura y Deporte, en el que se aprobó 21.2 por ciento menos que el año anterior, con lo que el dinero que se invierte en esta sensible área será de algo más de 3 mil millones de euros. Una cifra sensiblemente superior a los recortes que se aprobaron en Defensa, que apenas superaron 8 por ciento, lo que supondrá un presupuesto anual de 6 mil 500 millones de euros. Más del doble de lo que se destinará a Educación, Cultura y Deporte.

Senadores exigen a Valdés no alarmar

La elección no se va a descarrilar: consejeros

Funcionarios del IFE descartan riesgos graves

Hierve Internet de mensajes sobre campañas

AMLO, número uno en la red social Twitter

Están muy focalizadas las zonas que padecen violencia, afirma el secretario ejecutivo

Consejeros del IFE no ven riesgo de que se descarrilen los comicios

Declaraciones de los funcionarios contrastan con la advertencia de Valdés Zurita a PGR y Fepade

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, durante la sesión extraordinaria del 26 de marzo pasadoFoto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 5

Hasta ahora no hay ningún hecho que advierta el riesgo de descarrilamiento de la elección del 1º de julio, aseguraron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Indicaron que, si bien reconocen la situación de riesgo en algunas zonas, actualmente en las más de 60 mil secciones electorales se capacita a ciudadanos.

Riesgos latentes, identificados, graves o irremontables en materia de seguridad el IFE no los tiene [...]. Este diagnóstico no es curarse en salud ni echar la bolita a alguien más; asumimos que hay responsabilidades claras para cada órgano del Estado, y la de procurar condiciones de seguridad no es responsabilidad del IFE, advirtió el consejero Lorenzo Córdova.

Marco Antonio Baños, también consejero, recordó que en el esquema de trabajo del instituto “se acordó que al encontrar una situación que pudiera poner en riesgo el buen desahogo del proceso electoral lo comunicaremos al gobierno federal para que provea los esquemas de seguridad que se requieran.

Lo que estamos viendo ahora es que existen posibilidades técnicas para instalar mesas directivas de casillas; estamos avanzando con las complicaciones normales que tiene un proceso de esta magnitud. El IFE no se lava las manos, pero sí queremos dejar claro que somos una autoridad administrativa y, por tanto, no competente en temas de persecución del delito, dijo.

Las declaraciones de los consejeros contrastan con el mensaje que el jueves emitió el presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien, ante autoridades de procuración de justicia, advirtió que la existencia de zonas de inseguridad y vacíos legales constituyen los dos principales obstáculos del proceso electoral.

Otros miembros del Consejo General del IFE parecieron no hacer eco de las aseveraciones de Valdés. Sin embargo, de acuerdo con los reportes internos del organismo, sigue al alza el número de las secciones de atención especial identificadas con problemas diversos vinculados a la falta de seguridad.

Son casi 10 mil secciones con este punto de atención de un total nacional de 66 mil 740. A la cabeza de esta clasificación se encuentran los estados de México, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, así como el Distrito Federal.

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE aseveró, en tanto, que, de acuerdo con el más reciente reporte que este viernes le hicieron llegar los 32 delegados en el país, la campaña electoral arrancó sin incidentes.

Es un reporte blanco, no tenemos incidentes. Arrancaron bien las campañas en todo el país, salvo pequeños detalles. Si hago un balance, el reporte es muy bueno, dijo.

–¿Qué hará el IFE en los lugares violentos, aquellos en que, como dice el gobierno federal, los delincuentes se están disputando las plazas?

–El problema de inseguridad en el país existe, pero es muy focalizado. No quiero minimizarlo, sería muy irresponsable de mi parte hacer una declaración sin fundamento. Tengo el fundamento que me dan los datos de 40 mil personas que tenemos trabajando en todo el país, por lo que insisto en que los problemas están en zonas muy focalizadas; en sitios en que tenemos protocolos [de operación electoral] muy específicos a fin de no arriesgar absolutamente a nadie.

Por otra parte, el IFE ratificó que las excepciones de los mensajes gubernamentales a transmitirse en periodo de campaña ya están establecidas, por lo que no es posible aceptar el espot relacionado a las extorsiones telefónicas, como solicitó la Secretaría de Gobernación.

Subió 142% en seis años la deuda del sector público federal

En febrero pasado llegó a $4 billones 813 mil millones; en 2006 era de un billón 985 mil millones: Hacienda

El gobierno de Calderón duplicó los pasivos en los mercados interno y del exterior

Alcanza la deuda pública nivel histórico en el presente sexenio

A 4 billones 813 mil 770 millones de pesos llega el saldo en febrero pasado, según Hacienda

Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 30

La deuda contratada por el gobierno federal alcanzó nuevos máximos históricos. El actual gobierno federal elevó los pasivos colocados en el mercado interno y externo en una magnitud que los coloca actualmente en más del doble del registrado al inicio de la administración, de acuerdo con información oficial actualizada este viernes.

El saldo de la deuda neta del sector público federal, que incluye los pasivos contratados en el mercado interno entre los intermediarios financieros y los colocados en el exterior en moneda extranjera, llegó en febrero de este año a 4 billones 813 mil 770 millones de pesos. Esa cantidad superó en 142 por ciento a la registrada en diciembre de 2006, cuando se situó en un billón 985 mil 812.1 millones de pesos, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las deudas interna y externa son equivalentes a 34 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2011, que fue de 14 billones 151 mil 600 millones de pesos.
En particular, el endeudamiento externo del sector público llegó en febrero de este año a 115 mil 870 millones de dólares, cantidad superior en 145.24 por ciento a la registrada al inicio de la actual administración, que fue de 47 mil 247 millones de dólares en diciembre de 2006.

Pasa de 1.4 a 3.2 billones de pesos la deuda pública interna

La deuda interna del sector público creció en febrero pasado a un nuevo máximo de 3 billones 321 mil 607.4 millones de pesos, cantidad superior en 125 por ciento a la registrada al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006, cuando se situó en un billón 471 mil 714 millones de pesos, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los dos primeros meses del año, el gobierno federal, banca de desarrollo y las empresas paraestatales incrementaron el saldo de la deuda contratada en el mercado interno en 63 mil 127.9 millones de pesos.

El endeudamiento del sector público generó, en los dos primeros meses de este año, un costo financiero, representado por el pago de intereses y comisiones a los acreedores, por 26 mil 100 millones de pesos, cantidad superior en 11.5 por ciento en términos reales al primer bimestre de 2011, informó la dependencia.

La mayor carga financiera durante el bimestre fue ocasionada, principalmente, por la depreciación del peso frente al dólar, que elevó el costo en moneda nacional de la deuda que está contratada en divisas extranjeras.

El monto de intereses y comisiones pagadas por los contribuyentes como costo financiero de la deuda del sector público es, en términos comparativos, ligeramente mayor al deficit fiscal reportado para el primer bimestre de este año, que fue de 24 mil 300.9 millones de pesos, de acuerdo con información de la SHCP.

A la par de la deuda contratada en el mercado local, la deuda externa del sector público también fue en aumento en los primeros dos meses del año, mostró la información de la SHCP. En febrero, este pasivo llegó a 115 mil 870 millones de dólares, cantidad superior en 2 mil 238.4 millones de dólares a la registrada al cierre de 2011. Esta variación representó un aumento en el periodo de 1.96 por ciento.

En febrero de este año, el balance público, que es la diferencia entre los ingresos y gastos, mostró un déficit de 24 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, el balance antes del pago de intereses de la deuda fue superavitario en 8 mil millones de pesos. Si se excluye el dinero destinado a la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex), el balance público fue superavitario en 4 mil 300 millones de pesos, informó Hacienda.

Luto en la Academia

Murió Jorge Carpizo, primer ombudsman y polémico procurador

Fue ministro de la SCJN, rector de la UNAM y secretario de Gobernación

Al frente de la CNDH cuestionó al Ejército por el caso de Tlalixcoyan

Jorge Carpizo MacGregor en imagen de archivo de junio de 2011Foto José Antonio López

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 2

Con una amplísima trayectoria en la academia y en la administración pública federal, que incluyó ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titular de la Procuraduría General de la República y secretario de Gobernación, Jorge Carpizo MacGregor, falleció ayer a los 67 años en esta ciudad.

Fue uno de los constitucionalistas y académicos más reconocidos en México y a escala internacional y también un defensor de los derechos humanos. Su empeño fue determinante para la creación de la figura del ombudsman nacional.

Bajo su impulso se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que fue su primer presidente.

Carpizo MacGregor nació el 2 de abril de 1944 en Campeche. Doctor en derecho por la UNAM, institución a la que siempre estuvo ligado, se desempeñaba como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). Recientemente fue nombrado emérito en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Presidía, además, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Fortaleza y debilidad

En la máxima casa de estudios fue abogado general, coordinador de humanidades, director del IIJ y profesor de la Facultad de Derecho. Fue uno de los académicos más jóvenes en ocupar la rectoría, en la que permaneció del 2 de enero de 1985 al 2 de enero de 1989.

Siempre polémico, durante su rectorado presentó el documento Fortaleza y debilildad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que delineaba varias propuestas que fueron rechazadas por algunos alumnos, lo que originó la creación del Consejo Estudiantil Universitario. Carpizo decidió enviar a un equipo de colaboradores al diálogo con los estudiantes inconformes, gracias a lo cual se concretó la realización del Congreso Universitario en 1990.

Fue también profesor, durante tres años, de la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes, Bélgica.

Al concluir su gestión en la UNAM fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, fundó la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en la que participó hasta el final de su vida. Como presidente de la CNDH emitió una recomendación contra el Ejército Mexicano por el caso de Tlalixcoyan, Veracruz, donde agentes de la policía judicial federal murieron a manos de soldados. Esa fue la primera ocasión que una instancia civil le llamó la atención públicamente a las fuerzas armadas.

Entre 1993 y 1994 estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), y tuvo a su cargo la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y concretó, gracias a los trabajos de la fiscalía –en colaboración con los gobiernos de Guatemala y El Salvador– la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En plena crisis política del gobierno de Salinas de Gortari debido al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Carpizo fue nombrado secretario de Gobernación, el 10 de enero de 1994, pero sólo permaneció 10 meses en el cargo, ya que en noviembre presentó su renuncia indignado y desilusionado, según expresó en una carta al entonces Ejecutivo federal, por múltiples actos de algunos sectores de un partido.

La controvertida renuncia no fue aceptada en principio por Salinas de Gortari, pero al final se concretó y provocó confusión en el país y una caída en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

Carpizo MacGregor también fue embajador de México en Francia, presidente del consejo ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina (Udual), vicepresidente de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, secretario general ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de Ciencias), entre otros cargos.

Una de sus últimas aportaciones fue la coordinación del Congreso Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizado por la UNAM y que se efectuó en junio pasado, donde participaron más de 90 académicos de todo el mundo. De este congreso surgió un documento con más de 30 propuestas en materia de seguridad y justicia, cuya redacción recayó en un comité de investigadores presidido por Carpizo.

El documento se entregó a representantes de todos los niveles de gobierno con la intención de contrarrestar la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta el país. Algunos de los planteamientos son: la salida del Ejército de labores de seguridad, atacar las arcas económicas del crimen organizado combatiendo el lavado de dinero, la capacitación de las corporaciones estatales de seguridad, impulsar más oportunidades para la juventud y mejores sueldos a los uniformados.

Hasta su muerte el investigador emérito estaba al frente de la coordinación de un congreso similar, que la UNAM realizará en fechas próximas, donde se abordará el tema de las drogas en el país. Carpizo pensó en escuchar las voces de académicos y expertos, pero también la de los estudiantes universitarios.

Carpizo fue docente, ponente y congresista en decenas de foros de México, Alemania, Argentina, Bélgica , Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Honduras, Italia, Israel, Portugal, Suecia y Uruguay.

Como investigador logró en 1982 el Premio de Ciencias Sociales de la Academia de la Investigación Científica. El gobierno de Campeche le confirió la medalla Justo Sierra Méndez. Recibió el doctorado honoris causa de varias instituciones de educación superior, nacionales e internacionales; así como la medalla al mérito universitario de la Udual.

Publicó 20 libros sobre temas constitucionales y políticos. Entre sus obras destacan La Constitución mexicana de 1917; El presidencialismo mexicano; Derecho constitucional; Derecho a la información y derechos humanos; El expediente Posadas a través de la lupa jurídica. Averno de impunidades, y Derechos humanos, aborto y eutanasia.

En una entrevista que concedió a La Jornada el pasado marzo, el doctor Carpizo se definió como defensor de la libertad de expresión, siempre y cuando este derecho no se use para calumniar y mentir.

Este sábado ser realizará un homenaje de cuerpo presente al constitucionalista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Reanudan el programa Vamos a la Playa

El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reiteró que las playas artificiales instaladas en la ciudad de México son una opción de esparcimiento para las familias que no pueden salir de vacaciones a otros lugares Foto Yazmín Ortega Cortés

Inauguran el programa Vamos a la playa 2012

En la imagen, la alberca de IztapalapaFoto José Antonio López Pantoja

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 37

El Gobierno del Distrito Federal puso en marcha ayer la sexta edición del programa Vamos a la playa 2012, en el Centro Deportivo Villa Olímpica, que funcionará hasta el 15 de abril en 10 delegaciones. El mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, reiteró que las playas artificiales son para que las familias que no pueden salir de vacaciones cuenten con opciones de esparcimiento. Queremos que se diviertan, esto está pensado porque nuestra ciudad tiene que ser una comunidad y todas y todos tienen que tener un espacio en su ciudad,

Oportunista, la “ley de víctimas” de Calderón

José Gil Olmos

Defensores de los derechos humanos e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lanzan la voz de alerta: la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Delito enviada por Gobernación al Senado es un albazo con el que el gobierno calderonista trata de borrar el trabajo que especialistas, abogados y familiares de las víctimas de la violencia asociada con la guerra al narcotráfico han hecho desde el año pasado. Se trata, aseguran, de una medida electorera que busca evitar que las autoridades y fuerzas de seguridad se hagan responsables de los atropellos que cometen contra la población civil.

Durante los diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en junio y septiembre del año pasado, Felipe Calderón ordenó a su gabinete elaborar una ley para las víctimas de la violencia –no del delito, precisó entonces– como prioridad para atender a miles de afectados.

Medio año después la Secretaría de Gobernación dio un giro a la orden presidencial y unilateralmente, sin tomar en cuenta al Movimiento ni a quienes trabajaban una propuesta desde hacía medio año, anunció que ya tiene lista una iniciativa de Ley General de Atención a Víctimas del Delito que deja fuera las propuestas de especialistas y de las familias de los muertos y desparecidos.

Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró este albazo del gobierno calderonista como “una falta a la verdad, una traición a la palabra”, y advirtió que sería un error presentar una iniciativa de ley con un afán más electorero que de justicia, sin castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades

José Antonio Pérez Bravo, subprocurador jurídico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), confirmó la semana pasada al diario Reforma que ya tenía lista la Ley General de Víctimas del Delito, lo que sorprendió al Movimiento por la Paz y al equipo de juristas que el gobierno federal contrató a mediados del año pasado –por conducto del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)– para trabajar la iniciativa respectiva.

Ninguno de ellos esperaba la noticia del funcionario, quien dijo que dicha propuesta se centraría en las “victimas del delito” y no en las de la delincuencia o de la violencia porque para atender a estas últimas, dijo, ya existe Províctima.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, manifestó que éstas tendrían que ser reguladas en otra vía, por una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución.

Según Pérez Bravo, en la iniciativa se prevé un registro nacional de víctimas del delito y un fondo con partida presupuestal, mientras que la atención legal, emocional y médica se daría independientemente de la sentencia.

“Es impresionante que el gobierno esté más preocupado por tener un registro del robo y pérdida de autos que uno cabal y actualizado de las víctimas de la violencia y del delito, así como de los desaparecidos. Eso nos habla de que a este gobierno no le interesan las víctimas”, sostiene Álvarez Icaza.

Agrega que cree probable que el gobierno de Calderón actúe igual que cuando creó Províctima: sin previo aviso, en medio de las pláticas con el Movimiento por la Paz y mediante un decreto, pese a que no tenía presupuesto, instalaciones ni personal calificado (Proceso 1824).

“Sería un error con sabor a engaño porque hay una confianza depositada y que no está siendo respetada”, advierte en entrevista el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Álvarez Icaza admite que se pueden entender los tiempos y las presiones, “pero lo que queda claro es que hubo un compromiso que no se está cumpliendo y que todas las fuerzas políticas han manifestado su disposición de avanzar en una ley general de víctimas; esperemos que no aprueben la ley como la propone Calderón”.

Menosprecio

Con el tiempo encima –la actual Legislatura terminará sus actividades en breve– la Secretaría de Gobernación tiene lista la propuesta de una iniciativa de reforma constitucional para la creación de una Ley de Atención a Víctimas del Delito que sería presentada al Senado.

De acuerdo con un recuento hecho por la reportera Marcela Turati (Proceso 1826), en el Congreso de la Unión hay seis proyectos de ley de víctimas. Además están la propuesta ciudadana que elaboran la UNAM y el Movimiento por la Paz y la que ya tiene lista el grupo de abogados contratados por el Inacipe.

Julio Hernández Barros y Silvano Cantú, dos abogados que trabajaron una propuesta con otros especialistas del Inacipe, dicen que con su iniciativa el gobierno de Calderón demuestra nuevamente que no respeta su palabra al anunciar la iniciativa de ley de víctimas del delito cuando las conversaciones estaban en curso.

“Creo que la Secretaría de Gobernación no ha comprendido cabalmente el grave problema de las víctimas. Al presidente, en las ocasiones en que he tenido la oportunidad de hablar con él, lo he notado más sensible que la propia Secretaría de Gobernación; se me hace que ésta quiere cubrir al Estado y en este momento no necesita que se cubra sino reconocer estas violaciones a los derechos humanos, actuar en consecuencia y darnos un respiro a los ciudadanos”, dice Hernández Barroso.

Para Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, esta decisión unilateral del gobierno federal, desde la perspectiva de las víctimas y las organizaciones sociales, muestra con claridad que “no les importa proteger a la población de las consecuencias más perniciosas de una política de seguridad fracasada como es la política de la famosa guerra contra la delincuencia organizada”.

Señala que dar a las víctimas una ley que las proteja no es un acto de caridad del Poder Legislativo sino algo que urge, que ya no puede esperar más porque la están demandando los ciudadanos.

“Creo que la urgencia de una ley de víctimas es porque no hay una legislación que atienda este problema. Esta ley incluye prácticamente a todas las autoridades para prestar auxilio a las víctimas, desde el director de la escuela rural más apartada hasta el presidente de la República; es una ley que involucra a las autoridades en todos los niveles y da una serie de pasos para que la víctima ya no quede desatendida”, precisa el abogado.

Hernández Barros advierte que el problema de la Ley de Víctimas que presentará el Ejecutivo a la Cámara de Senadores es que tardaría mucho tiempo en ser discutida y aprobada, y se retrasaría su entrada en vigor, mientras que la situación de las víctimas es de emergencia nacional.

“Consideramos que el artículo primero constitucional y el segundo transitorio del mismo facultan perfectamente la creación de una ley de víctimas y un sistema de reparación. Si tomamos en cuenta que la propuesta que estamos presentando regula también los artículos 20 y 17 constitucionales, creo que tenemos un marco suficiente para poner en vigencia una ley general de víctimas con un soporte jurídico también suficiente”, indica.

Según el catedrático de derecho penal del Inacipe, es un error del gobierno no ver a las víctimas de violaciones de derechos humanos en su iniciativa con el argumento de que éstos ya son atendidos en otras leyes.

“Estamos en total desacuerdo porque la realidad es que estas violaciones no necesariamente están vinculadas con la comisión de delitos y son comunes dentro del Estado, como por ejemplo la negligencia en la atención médica o jurídica. Además históricamente en los códigos penales no se habla de las víctimas del abuso del poder o de violaciones a los derechos humanos”.

Cantú reafirma esta crítica y señala que la omisión es gravísima tomando en cuenta el costo humano y social que ha tenido la guerra contra la delincuencia organizada y la acción punitiva que ha desplegado el gobierno federal en los últimos años, con más de 60 mil muertos, 5 mil desaparecidos y el incremento en 550% de las denuncias de tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los dos últimos años.

Asegura que con esta iniciativa de ley lo que se pretende es dividir a este sector creciente de la población que es el de las víctimas con una distinción que es una mera sutileza técnica, entre víctimas del delito y víctimas de violaciones de los derechos humanos, asumiendo el discurso de que solamente los delincuentes están vulnerando el tejido social.

“Esta sutileza es evidentemente falsa y se basa exclusivamente en una distinción procesal en la cual la víctima del delito cuenta con un proceso penal, que tiene una serie de derechos que están consagrados en el artículo 20 de la Constitución. Restringir la problemática y el fenómeno de la victimización de México a la parte de la violencia entre particulares por medio del proceso penal es restringir el conjunto de derechos sustantivos y derechos procesales que toda víctima, indistintamente de quién sea el victimario, tiene en los tratados internacionales y en la Constitución.”

–¿De alguna manera es una forma de encubrimiento?

–Es una forma de garantizar impunidad y desfavorecer el reconocimiento de responsabilidad que tiene el Estado mexicano. Es innegable, porque así lo han documentado los organismos internacionales de protección de derechos humanos de la ONU, la Corte Interamericana, que en México se están violando sistemáticamente los derechos humanos y que hay un patrón en el cual la descomposición del tejido social es galopante y evidente.

Observa que a pesar de que ha habido un movimiento de víctimas que desde el año pasado ha planteado una serie de demandas al Ejecutivo y que el movimiento de derechos humanos en México, desde hace años, propugna por una legislación para la protección de las víctimas, el gobierno federal sigue desatendiendo este imperativo.

–¿Por qué cree que hay prisa del gobierno federal por sacar de esta manera la Ley de Víctimas?

–Hemos advertido un comportamiento del gobierno tendiente al blindaje. Hoy tenemos un cerco de información hacia el exterior. No hay un ejercicio de observación efectiva en materia de derechos humanos. Hay mucha desinformación que emite la Cancillería en el afán de simular cumplir con sus obligaciones internacionales. La actual administración ha desplegado una serie de medidas con las cuales se pretende dar por satisfechas las demandas de la población sin que ello sea una verdad. Se trata de una política de simulacro de cumplimientos internacionales y de obligaciones constitucionales que ha sido la tónica permanente del gobierno federal.

Propuesta ciudadana

Ante la decisión unilateral del gobierno federal de presentar su ley de víctimas, el grupo de expertos del Inacipe y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acordaron reunirse para ensamblar sus propuestas en una sola iniciativa de Ley General de Víctimas –donde incluirán las propuestas de la UNAM– que presentarán en breve al Senado para que sea tomada en cuenta.

Dicha propuesta parte del trabajo realizado por un grupo de abogados del Inacipe, que propone la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública Victimal, dependiente del Poder Judicial, que prevé la figura del “abogado victimal” encargado de defender a las víctimas de manera gratuita, representándolas integralmente en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus derechos.

La propuesta citada también prevé la formación del Consejo Social Victimal, que permitirá la representación y la participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones del Sistema Nacional de Víctimas, realizando labores de vigilancia, supervisión y control.

Se propone la creación del Sistema Nacional de Víctimas, a partir del cual se establecerán, regularán y supervisarán las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y otras políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Se plantea asimismo formar el Registro Nacional de Víctimas y el Nacional de Datos Forenses para que las familias de las víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, atención y reparación integral prevista en la ley, así como de información necesaria para el reconocimiento de sus familiares.

Otra propuesta importante es instaurar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, órgano encargado de solventar todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral de los afectados y sus familias.

Hernández Barros y Cantú –quienes trabajaron esta propuesta junto con Tatiana Rincón, Ana Lorena Delgadillo, Francisco Lefranc y Eloísa Quintero– consideran que hay puntos indispensables que debe contener la ley:

Primero, que se trate de una ley general obligatoria a escalas federal, estatal y municipal; es decir una ley que cubra tanto a víctimas de la delincuencia común como de la delincuencia organizada, a las víctimas del combate a la delincuencia organizada y de las violaciones de los derechos humanos; que incluya los derechos integrales de asistencia permanente, acceso a la justicia, acceso a la verdad, a la memoria y a la reparación integral del daño; en otras palabras, ayuda inmediata y humanitaria de salud, alojamiento, funeraria, transporte, asesoría jurídica y atención especial por su situación de vulnerabilidad a niños, indígenas y mujeres.

También debe contener mecanismos efectivos de reparación del daño, que no sólo se trate de pagar una indemnización sino medidas que restituyan el mal que se causó con el delito. Es decir que abarque la rehabilitación de la víctima y darle garantías de satisfacción y protección para que no se revictimice ni criminalice.

Finalmente, esta propuesta de ley busca garantizar un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y establecer sanciones cuando haya incumplimiento, por acción u omisión, de cualquiera de sus disposiciones

“La legislación que proponemos –sostiene Cantú– es una esperanza para mucha gente, es consistente en lo técnico y viable en lo político, no hay ningún pretexto para que los legisladores no la impulsen como se comprometieron ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.