Se prevé un
ajustede más de 27 mil millones de euros
Aprueban amnistía fiscal a presuntos defraudadores de
cuello blanco
Se incrementan gravámenes a empresas, así como las tarifas de luz y gas
Con meses de retraso, el gobierno de Rajoy anuncia presupuestos 2012
Ajustar déficit a exigencias de la UE, meta del Ejecutivo conservador
Aprueba una amnistía fiscal para repatriar fortunas dispersas en paraísos fiscales
Refrenda Rajoy que recortará el gasto y subirá impuestos, la electricidad y el gas
El ministro de Finanzas de España, Cristóbal Montoro (izquierda); la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro español de Industria, José Manuel Soria, ayer en conferencia de prensa en MadridFoto Ap
Armando G. Tejeda
Corresponsal.
Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 31
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 31
Madrid, 30 de marzo. El gobierno del conservador Mariano Rajoy, que asumió el poder en diciembre pasado, anunció con tres meses de retraso los presupuestos previstos para este año, en los que se materializan los anunciados severos recortes en los servicios públicos, en las obras de infraestructura y en el gasto del Estado. Se prevé un
ajustede más de 27 mil millones de euros, al tiempo que se aprobó una subida de impuestos a las empresas, el aumento de las tarifas de la luz y el gas y una amnistía fiscal a presuntos defraudadores de
cuello blancoque tienen diseminadas sus fortunas en paraísos fiscales.
Un día después de la masiva movilización ciudadana contra la reforma laboral y la política económica del gobierno español, el Ejecutivo de Rajoy anunció el proyecto de presupuestos con el que pretende reducir el déficit público de 8.5 a 5.3 por ciento, tal y como le exigen las autoridades monetarias y financieras de la Unión Europea (UE), al ver en España uno de los principales riesgos para el contagio de una nueva crisis en la región.
Rajoy no compareció ante los medios de comunicación para informar de uno de los recortes más severos en la historia reciente del país, a pesar de que durante la campaña electoral que le llevó al poder en noviembre pasado prometió que ni subiría impuestos ni debilitaría los servicios públicos básicos. En nombre de Rajoy habló su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quienes explicaron los principales ajustes como una urgencia para salir de la crisis y recuperar la
confianza de los mercados.
Como era previsible, la mutilación de 27 mil millones de euros en el presupuesto afecta a prácticamente todas las áreas públicas: la educación, la salud, las infraestructuras, la justicia, la cultura y el deporte. Además de que todos los ciudadanos pagarán de alguna manera los efectos de la crisis, con un aumento generalizado de la tarifa de la luz y el gas, y un importante incremento en el impuesto de sociedades. Además de que se mantienen algunas medidas aprobadas por el anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de congelar el sueldo a los funcionarios públicos, únicamente
actualizaránlas pensiones más bajas y sólo prevén mantener las ayudas a las personas sin trabajo, pero con algunas excepciones, al prever una reducción de mil 500 millones de euros en este rubro, y el gasto previsto para las becas. La cooperación al desarrollo también sufrió una importante reducción, de algo más de mil 300 millones de euros, en un área que sobre todo atiende a proyectos humanitarios en los países más pobres del planeta.
Una de las cuestiones que más indignación provocó fue la aprobación de una amnistía fiscal para presuntos defraudadores de
cuello blanco, que según las estimaciones del gobierno tienen algo más de 25 mil 500 millones de euros, invertidos en paraísos fiscales o que se guardan como
dinero negroal interior del país. Este capital sólo pagará 10 por ciento sobre el patrimonio, una cifra sensiblemente inferior a lo que paga cualquier ciudadana, que oscila entre 20 y 45 por ciento de su salario.
Uno de los ministerios que más recortes sufrió fue el de Educación, Cultura y Deporte, en el que se aprobó 21.2 por ciento menos que el año anterior, con lo que el dinero que se invierte en esta sensible área será de algo más de 3 mil millones de euros. Una cifra sensiblemente superior a los recortes que se aprobaron en Defensa, que apenas superaron 8 por ciento, lo que supondrá un presupuesto anual de 6 mil 500 millones de euros. Más del doble de lo que se destinará a Educación, Cultura y Deporte.
Senadores exigen a Valdés no alarmar
Funcionarios del IFE descartan riesgos graves
AMLO, número uno en la red social Twitter
Están
muy focalizadaslas zonas que padecen violencia, afirma el secretario ejecutivo
Consejeros del IFE no ven riesgo de que se descarrilen los comicios
Declaraciones de los funcionarios contrastan con la advertencia de Valdés Zurita a PGR y Fepade
Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, durante la sesión extraordinaria del 26 de marzo pasadoFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 5
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 5
Hasta ahora no hay ningún hecho que advierta el riesgo de
descarrilamientode la elección del 1º de julio, aseguraron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
Indicaron que, si bien reconocen la situación de riesgo en algunas zonas, actualmente en las más de 60 mil secciones electorales se capacita a ciudadanos.
Riesgos latentes, identificados, graves o irremontables en materia de seguridad el IFE no los tiene [...]. Este diagnóstico no es curarse en salud ni echar la bolita a alguien más; asumimos que hay responsabilidades claras para cada órgano del Estado, y la de procurar condiciones de seguridad no es responsabilidad del IFE, advirtió el consejero Lorenzo Córdova.
Marco Antonio Baños, también consejero, recordó que en el esquema de trabajo del instituto “se acordó que al encontrar una situación que pudiera poner en riesgo el buen desahogo del proceso electoral lo comunicaremos al gobierno federal para que provea los esquemas de seguridad que se requieran.
Lo que estamos viendo ahora es que existen posibilidades técnicas para instalar mesas directivas de casillas; estamos avanzando con las complicaciones normales que tiene un proceso de esta magnitud. El IFE no se lava las manos, pero sí queremos dejar claro que somos una autoridad administrativa y, por tanto, no competente en temas de persecución del delito, dijo.
Las declaraciones de los consejeros contrastan con el mensaje que el jueves emitió el presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien, ante autoridades de procuración de justicia, advirtió que la existencia de
zonas de inseguridady
vacíos legalesconstituyen los dos principales obstáculos del proceso electoral.
Otros miembros del Consejo General del IFE parecieron no hacer eco de las aseveraciones de Valdés. Sin embargo, de acuerdo con los reportes internos del organismo, sigue al alza el número de las secciones de atención especial identificadas con problemas diversos vinculados a la falta de seguridad.
Son casi 10 mil secciones con este punto de atención de un total nacional de 66 mil 740. A la cabeza de esta clasificación se encuentran los estados de México, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, así como el Distrito Federal.
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE aseveró, en tanto, que, de acuerdo con el más reciente reporte que este viernes le hicieron llegar los 32 delegados en el país, la campaña electoral arrancó sin incidentes.
Es un reporte blanco, no tenemos incidentes. Arrancaron bien las campañas en todo el país, salvo pequeños detalles. Si hago un balance, el reporte es muy bueno, dijo.
–¿Qué hará el IFE en los lugares violentos, aquellos en que, como dice el gobierno federal, los delincuentes se están disputando las plazas?
–El problema de inseguridad en el país existe, pero es muy focalizado. No quiero minimizarlo, sería muy irresponsable de mi parte hacer una declaración sin fundamento. Tengo el fundamento que me dan los datos de 40 mil personas que tenemos trabajando en todo el país, por lo que insisto en que los problemas están en zonas muy focalizadas; en sitios en que tenemos protocolos [de operación electoral] muy específicos a fin de no arriesgar absolutamente a nadie.
Por otra parte, el IFE ratificó que las excepciones de los mensajes gubernamentales a transmitirse en periodo de campaña ya están establecidas, por lo que no es posible aceptar el espot relacionado a las extorsiones telefónicas, como solicitó la Secretaría de Gobernación.
En febrero pasado llegó a $4 billones 813 mil millones; en 2006 era de un billón 985 mil millones: Hacienda
El gobierno de Calderón duplicó los pasivos en los mercados interno y del exterior
Alcanza la deuda pública nivel histórico en el presente sexenio
A 4 billones 813 mil 770 millones de pesos llega el saldo en febrero pasado, según Hacienda
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 30
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 30
La deuda contratada por el gobierno federal alcanzó nuevos máximos históricos. El actual gobierno federal elevó los pasivos colocados en el mercado interno y externo en una magnitud que los coloca actualmente en más del doble del registrado al inicio de la administración, de acuerdo con información oficial actualizada este viernes.
El saldo de la deuda neta del sector público federal, que incluye los pasivos contratados en el mercado interno entre los intermediarios financieros y los colocados en el exterior en moneda extranjera, llegó en febrero de este año a 4 billones 813 mil 770 millones de pesos. Esa cantidad superó en 142 por ciento a la registrada en diciembre de 2006, cuando se situó en un billón 985 mil 812.1 millones de pesos, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Las deudas interna y externa son equivalentes a 34 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2011, que fue de 14 billones 151 mil 600 millones de pesos.
En particular, el endeudamiento externo del sector público llegó en febrero de este año a 115 mil 870 millones de dólares, cantidad superior en 145.24 por ciento a la registrada al inicio de la actual administración, que fue de 47 mil 247 millones de dólares en diciembre de 2006.
Pasa de 1.4 a 3.2 billones de pesos la deuda pública interna
La deuda interna del sector público creció en febrero pasado a un nuevo máximo de 3 billones 321 mil 607.4 millones de pesos, cantidad superior en 125 por ciento a la registrada al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006, cuando se situó en un billón 471 mil 714 millones de pesos, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los dos primeros meses del año, el gobierno federal, banca de desarrollo y las empresas paraestatales incrementaron el saldo de la deuda contratada en el mercado interno en 63 mil 127.9 millones de pesos.
El endeudamiento del sector público generó, en los dos primeros meses de este año, un costo financiero, representado por el pago de intereses y comisiones a los acreedores, por 26 mil 100 millones de pesos, cantidad superior en 11.5 por ciento en términos reales al primer bimestre de 2011, informó la dependencia.
La mayor carga financiera durante el bimestre fue ocasionada, principalmente, por la depreciación del peso frente al dólar, que elevó el costo en moneda nacional de la deuda que está contratada en divisas extranjeras.
El monto de intereses y comisiones pagadas por los contribuyentes como costo financiero de la deuda del sector público es, en términos comparativos, ligeramente mayor al deficit fiscal reportado para el primer bimestre de este año, que fue de 24 mil 300.9 millones de pesos, de acuerdo con información de la SHCP.
A la par de la deuda contratada en el mercado local, la deuda externa del sector público también fue en aumento en los primeros dos meses del año, mostró la información de la SHCP. En febrero, este pasivo llegó a 115 mil 870 millones de dólares, cantidad superior en 2 mil 238.4 millones de dólares a la registrada al cierre de 2011. Esta variación representó un aumento en el periodo de 1.96 por ciento.
En febrero de este año, el balance público, que es la diferencia entre los ingresos y gastos, mostró un déficit de 24 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, el balance antes del pago de intereses de la deuda fue superavitario en 8 mil millones de pesos. Si se excluye el dinero destinado a la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex), el balance público fue superavitario en 4 mil 300 millones de pesos, informó Hacienda.
Luto en la Academia
Murió Jorge Carpizo, primer ombudsman y polémico procurador
Fue ministro de la SCJN, rector de la UNAM y secretario de Gobernación
Al frente de la CNDH cuestionó al Ejército por el caso de Tlalixcoyan
Jorge Carpizo MacGregor en imagen de archivo de junio de 2011Foto José Antonio López
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 2
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 2
Con una amplísima trayectoria en la academia y en la administración pública federal, que incluyó ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titular de la Procuraduría General de la República y secretario de Gobernación, Jorge Carpizo MacGregor, falleció ayer a los 67 años en esta ciudad.
Fue uno de los constitucionalistas y académicos más reconocidos en México y a escala internacional y también un defensor de los derechos humanos. Su empeño fue determinante para la creación de la figura del ombudsman nacional.
Bajo su impulso se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que fue su primer presidente.
Carpizo MacGregor nació el 2 de abril de 1944 en Campeche. Doctor en derecho por la UNAM, institución a la que siempre estuvo ligado, se desempeñaba como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). Recientemente fue nombrado emérito en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Presidía, además, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Fortaleza y debilidad
En la máxima casa de estudios fue abogado general, coordinador de humanidades, director del IIJ y profesor de la Facultad de Derecho. Fue uno de los académicos más jóvenes en ocupar la rectoría, en la que permaneció del 2 de enero de 1985 al 2 de enero de 1989.
Siempre polémico, durante su rectorado presentó el documento Fortaleza y debilildad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que delineaba varias propuestas que fueron rechazadas por algunos alumnos, lo que originó la creación del Consejo Estudiantil Universitario. Carpizo decidió enviar a un equipo de colaboradores al diálogo con los estudiantes inconformes, gracias a lo cual se concretó la realización del Congreso Universitario en 1990.
Fue también profesor, durante tres años, de la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes, Bélgica.
Al concluir su gestión en la UNAM fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, fundó la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en la que participó hasta el final de su vida. Como presidente de la CNDH emitió una recomendación contra el Ejército Mexicano por el caso de Tlalixcoyan, Veracruz, donde agentes de la policía judicial federal murieron a manos de soldados. Esa fue la primera ocasión que una instancia civil le llamó la atención públicamente a las fuerzas armadas.
Entre 1993 y 1994 estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), y tuvo a su cargo la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y concretó, gracias a los trabajos de la fiscalía –en colaboración con los gobiernos de Guatemala y El Salvador– la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En plena crisis política del gobierno de Salinas de Gortari debido al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Carpizo fue nombrado secretario de Gobernación, el 10 de enero de 1994, pero sólo permaneció 10 meses en el cargo, ya que en noviembre presentó su renuncia
indignado y desilusionado, según expresó en una carta al entonces Ejecutivo federal, por
múltiples actos de algunos sectores de un partido.
La controvertida renuncia no fue aceptada en principio por Salinas de Gortari, pero al final se concretó y provocó confusión en el país y una caída en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.
Carpizo MacGregor también fue embajador de México en Francia, presidente del consejo ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina (Udual), vicepresidente de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, secretario general ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de Ciencias), entre otros cargos.
Una de sus últimas aportaciones fue la coordinación del Congreso Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizado por la UNAM y que se efectuó en junio pasado, donde participaron más de 90 académicos de todo el mundo. De este congreso surgió un documento con más de 30 propuestas en materia de seguridad y justicia, cuya redacción recayó en un comité de investigadores presidido por Carpizo.
El documento se entregó a representantes de todos los niveles de gobierno con la intención de contrarrestar la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta el país. Algunos de los planteamientos son: la salida del Ejército de labores de seguridad, atacar las arcas económicas del crimen organizado combatiendo el lavado de dinero, la capacitación de las corporaciones estatales de seguridad, impulsar más oportunidades para la juventud y mejores sueldos a los uniformados.
Hasta su muerte el investigador emérito estaba al frente de la coordinación de un congreso similar, que la UNAM realizará en fechas próximas, donde se abordará el tema de las drogas en el país. Carpizo pensó en escuchar las voces de académicos y expertos, pero también la de los estudiantes universitarios.
Carpizo fue docente, ponente y congresista en decenas de foros de México, Alemania, Argentina, Bélgica , Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Honduras, Italia, Israel, Portugal, Suecia y Uruguay.
Como investigador logró en 1982 el Premio de Ciencias Sociales de la Academia de la Investigación Científica. El gobierno de Campeche le confirió la medalla Justo Sierra Méndez. Recibió el doctorado honoris causa de varias instituciones de educación superior, nacionales e internacionales; así como la medalla al mérito universitario de la Udual.
Publicó 20 libros sobre temas constitucionales y políticos. Entre sus obras destacan La Constitución mexicana de 1917; El presidencialismo mexicano; Derecho constitucional; Derecho a la información y derechos humanos; El expediente Posadas a través de la lupa jurídica. Averno de impunidades, y Derechos humanos, aborto y eutanasia.
En una entrevista que concedió a La Jornada el pasado marzo, el doctor Carpizo se definió
como defensor de la libertad de expresión, siempre y cuando este derecho no se use para calumniar y mentir.
Este sábado ser realizará un homenaje de cuerpo presente al constitucionalista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reiteró que las playas artificiales instaladas en la ciudad de México son una opción de esparcimiento para las familias que no pueden salir de vacaciones a otros lugares Foto Yazmín Ortega Cortés
Inauguran el programa Vamos a la playa 2012
En la imagen, la alberca de IztapalapaFoto José Antonio López Pantoja
Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 37
Sábado 31 de marzo de 2012, p. 37
El Gobierno del Distrito Federal puso en marcha ayer la sexta edición del programa Vamos a la playa 2012, en el Centro Deportivo Villa Olímpica, que funcionará hasta el 15 de abril en 10 delegaciones. El mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, reiteró que las playas artificiales son para que las familias que no pueden salir de vacaciones cuenten con opciones de esparcimiento.
Queremos que se diviertan, esto está pensado porque nuestra ciudad tiene que ser una comunidad y todas y todos tienen que tener un espacio en su ciudad,
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