Anuncia AMLO «cartilla moral»- Justicia sin impunidad-

Constitución ética o código del bien

Anuncia AMLO cartilla moral

Buscará fomentar los valores

La república amorosa no es indiferente ante el sufrimiento

Emma Laura Manjarrez, José Luis Marín, Laura Esquivel, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Vargas Lozano, Enrique Dussel, Jesús Ramírez Cuevas y Ernesto Lammoglia, durante la presentación de la cartilla moral, documento similar al elaborado por Alfonso Reyes en los años 40Foto María Meléndrez Parada

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 11

      Andrés Manuel López Obrador anunció la elaboración de una cartilla moral, constitución ética o código del bien, similar a la elaborada por Alfonso Reyes en los años 40, para fomentar los valores y fortalecer el espíritu a partir de los resultados obtenidos en el Congreso sobre los Principios Éticos de la República Amorosa, realizado el 16 y 17 de marzo pasados en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aseguró que no puede decirse que uno es de izquierda “y no hacer nada por el que sufre, por el que nos necesita. Nada más estar pensando en ver cómo me acomodo; a lo mejor me toca una plurinominal y todavía, con gran hipocresía y desfachatez, hablar en el discurso que somos de izquierda, cuando el único propósito es que nos vaya bien a nosotros y no pensar en los demás.

Ser de izquierda es ser honesto y pensar y actuar en favor del prójimo, subrayó López Obrador en el Museo de la Ciudad de México, donde sicoanalistas, filósofos, antropólogos, artistas, académicos e intelectuales aseguraron que la propuesta de una república amorosa no son sólo buenos deseos sino una revolución pacífica y ciudadana, un proyecto social que responde a la necesidad de construir democráticamente un futuro mejor.

El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista propuso que se ponga en el centro la necesidad del fortalecimiento de nuestros valores, y para ello planteó una reforma educativa, a fin de establecer una especie de tronco común con valores éticos, cívicos, humanos, y ya posteriormente plantear la educación técnica, científica, la especialización.

Luego, en entrevista, manifestó que la razón de ser de una cartilla moral es porque tenemos que buscar ser mejores humanos, con buenos modales, amar al prójimo, a nuestras familias, a la naturaleza, a la patria, por lo cual reiteró que es un error de la izquierda dejar el tema de la familia a la derecha.

López Obrador aseguró que la cartilla se distribuirá masivamente, casa por casa, aprovechando la red del periódico Regeneración, cuya impresión, dijo, es de 10 millones de ejemplares al mes. Se manifestó por una república amorosa que no sea indiferente al sufrimiento de nuestros semejantes, y donde no se acepten discriminación ni racismo.

Previamente, el filósofo Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador de la Universidad Nacional, dio a conocer una declaración del comité organizador del Congreso sobre los Principios Éticos de la República Amorosa, integrado por él, Alfredo López Austin, Laura Esquivel, Raquel Serur, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique Dussel, Manuel Pérez Rocha, Emma Laura Manjarrez, Julio Glockner, Ernesto Lammoglia, Pedro Mendoza, Pío Bautista Ruiz, Honorio Alcántara, Luisa Cortés, Jesús Ramírez Cuevas y José Luis Marín.

Los asistentes plantearon que una república amorosa es incluyente y solidaria, y también busca que la honestidad y la justicia se conviertan en el fundamento en todos los ámbitos de la vida social mexicana a partir de una concepción laica del Estado mexicano; también aspira al bienestar, a la igualdad de oportunidades y a la dignificación de la vida de todos sus habitantes.

La cultura de paz,columna vertebral

También enarbola –subrayaron los ponentes– una cultura de paz, donde el respeto a los derechos humanos constituye la columna vertebral de la regeneración nacional.

Finalmente, los integrantes del comité organizador apelaron al establecimiento de un modelo humanista, inclusivo y que promueva en las personas una conciencia histórica y crítica, responsable del mundo y del entorno social y natural, donde se desactiven las causas que producen la violencia estructural y la política recupere su sentido ético de servicio a la comunidad y en favor del bien, entre otros aspectos.

A ver si así...-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Justicia sin impunidad

Adolfo Sánchez Rebolledo

 

      No fueron pocas las críticas a las declaraciones del presidente Calderón sobre la interpretación de la ley, vistas como una indebida intervención del Poder Ejecutivo para influir en la decisión que hoy, a la hora que escribo este artículo, habrá de tomar la Suprema Corte en torno al caso Cassez. Calderón exigió que no se aprovechen las rendijas de la ley para dejar escapar a los delincuentes, lo cual no es más que una sibilina referencia al proyecto de resolución del ministro Zaldívar. Ante ello, sin aludir al asunto particular, al día siguiente Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte, respondió en el acto en memoria de Benito Juárez que los jueces están dispuestos a poner por delante el bienestar de todos, a corregir, a costo presente, las desviaciones y los abusos del poder que desborden los marcos constitucionales. Dejo la mejor explicación de los detalles a los especialistas que en estos días nos han ilustrado sobre los caminos ignotos del derecho acerca del significado de la presunción de inocencia y el debido proceso, pero una cosa está clara: la Corte no discute la culpabilidad o inocencia de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, sino las desviaciones y abusos de poder de las autoridades que intervinieron en su detención y posterior procedimiento. De ahí la trascendencia de la sesión que está en curso.

La necesidad de ganar la batalla de la percepción en la guerra contra el crimen organizado en más de una ocasión ha llevado a las autoridades a saltarse la ley para mostrarse como eficaces servidores públicos. No son infrecuentes las presentaciones públicas y las declaraciones a los medios de criminales confesos cuya exhibición altera, por decir lo menos, el debido proceso o la presunción de inocencia. La acción de las fuerzas de seguridad no se traduce, por tanto, en una explícita revaloración de la ley y en cambio fortalece la noción de que en la guerra todo se vale, aunque los resultados contradigan los derechos humanos o el apego a las normas, y en ese sentido contaminen toda la vida nacional. Investigadores como Ana Laura Magaloni han documentado que sólo una mínima parte de los detenidos son consignados, sujetos a proceso y encarcelados, por lo cual se pregunta, con razón, “si los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están? ¿En qué consiste la ‘guerra’ contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?” (Reforma, 2010).

Al Presidente de la República le preocupa la impunidad, es decir, la posibilidad de que Cassez quede libre en virtud de un formalismo jurídico, de una rendija, como la definió. Al respecto, aun aceptando, como hace el editorial de La Jornada del martes, que “la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia… la responsabilidad de ello habría que ubicarla en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real”.

Es la violación de ese formalismo legal lo que enrareció todo el proceso, agravada por un elemento malsano bajo cualquier circunstancia: el recurso al chovinismo como fuente de certeza. El affaire Cassez devino un símbolo muy poco subliminal para intentar recrear los sentimientos bicentenarios del pueblo mexicano en la defensa contra los enemigos externos. Pero la unidad nacional así concebida es una quimera, aunque algo queda. A echarle leña al fuego acudió otro ilustre derechista en defensa de su ciudadana, invocando sin respeto alguno hacia las formalidades republicanas su propio nacionalismo atado a la causa de Cassez. Y lo que vimos en adelante no fue sino la complicación política del primer acto de impunidad. Calderón rechazó las exigencias de Sarkozy sin buscar una salida legal al problema ni tampoco reconocer el daño que ya le había causado al país la exhibición casi universal de la triste situación en la que se halla el estado de derecho en México. La necesidad de autoafirmación presidencial pudo más que las razones de Estado y la francesa (de cuya culpabilidad hay pocas dudas) se quedó a cumplir los 60 años de cárcel que le echaron encima.

El Presidente adoptó para presionar a la Corte el lenguaje de las víctimas y su apasionada defensa. ¿Habrá que recordarle hasta qué punto fue la reacción de las familias de Ciudad Juárez, o la gran movilización encabezada por Javier Sicilia, lo que puso sobre la mesa, frente a la incriminación de los muertos o el silencio de la justicia, el tema de las víctimas, la denuncia de la impunidad que lanza al anonimato eterno a la mayoría de los 50 mil cadáveres regados por el país? La impunidad, señor Presidente, tiene muchos rostros, pero no está en el proyecto del ministro Zaldívar. Veremos.

Los magistrados del suspense-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Nueve (y 11) años miserables

Miguel Marín Bosch

 

     Resulta complicado evaluar lo que ha pasado en este principio de siglo en Afganistán e Irak. Son países con una historia de regímenes autoritarios e intervenciones extranjeras. No existe una varita mágica que pueda transformarlos en democracias de corte occidental.

¿Qué hizo que Estados Unidos y sus aliados occidentales invadieran y ocuparan Afganistán en 2001 e Irak en 2003? Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 explican y hasta justifican el primer caso. Así lo consideró el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el segundo caso, sin embargo, se recurrió al uso de la fuerza de manera ilegal y en contra del derecho internacional.
Diez años antes Estados Unidos y sus aliados sacaron a Saddam Hussein de Kuwait en una acción bélica rápida y eficaz que fue autorizada por la ONU. Los aliados incluyeron a no pocos países árabes que sufragaron buena parte del costo de la guerra. El presidente George Bush (padre) fue el artífice de ese éxito militar y político. No obstante, algunos neoconservadores estadunidenses lo criticaron por no haber derrocado al régimen de Hussein y ejercer un control sobre su petróleo.
Alentado por esos mismos neoconservadores (léase Cheney y Rumsfeld), en 2003 el presidente George Bush (hijo) se embarcó en una aventura que apenas acaba de terminar. Justificó su invasión de Irak con pruebas (que resultaron espurias) de que Hussein tenía armas de destrucción en masa (químicas y nucleares). Convenció al primer ministro británico y al presidente del gobierno español de que lo acompañaran en esa invasión. Pero otros países europeos, incluyendo a Alemania y Francia, no se dejaron engañar. Como tampoco lo hicieron los países árabes. Ahora el costo recayó principalmente en Washington.
Antes de llegar a la Casa Blanca, Barack Obama su opuso a la invasión de Irak y prometió retirar las fuerzas estadunidenses en un plazo relativamente corto. Como candidato también dijo que reduciría las tropas en Afganistán. Como presidente tardó en salirse de Irak y en Afganistán se engolosinó con la idea de ir más allá de eliminar a Osama Bin Laden, debilitar a Al Qaeda y machucar a los talibanes, al creer que quizás se pudiera promover una transformación social y crear un futuro más promisorio para sus habitantes, sobre todo las mujeres y niñas.
¿Qué nos lleva a pensar que una invasión puede redundar en beneficio de los invadidos? La resistencia al invasor es una característica humana. Desde luego que en Irak la ocupación trajo el fin del régimen de Hussein, acontecimiento que contó con el aplauso de una mayoría, pero las fuerzas de ocupación muy pronto se granjearon el odio de la población. La mayoría chiíta está en el poder, los sunitas ahora se sienten perseguidos y los kurdos quizás sean los que hayan sacado el mayor provecho.
En Afganistán, la ocupación trajo la dispersión de Al Qaeda y la derrota del régimen de los talibanes. Pero para mantenerse en el poder, el presidente Hamid Karzai ha tenido que envolverse en la bandera, negociar con los talibanes y recurrir a prácticas corruptas. Estados Unidos y sus aliados se han topado con los mismos problemas que antes habían asegurado la derrota y retiro de los británicos y luego de los soviéticos. ¿Por qué no se dieron cuenta las autoridades en Washington de que se estaban embarcando en una misión imposible?

¿Cómo se mide el éxito de una aventura militar? Una vez más los invasores han creado más enemigos que amigos. En Francia y otros países de las fuerzas de ocupación se preguntan por qué los afganos matan a los que los entrenan. No entienden el odio que han generado.

Cuando por fin concluyan las guerras se habrán perdido un cuarto de millón de vidas y creado cerca de 8 millones de refugiados. Estados Unidos habrá gastado unos 3.7 billones de dólares en sus operaciones en Afganistán, Irak y Pakistán. Esta cifra es el resultado de un estudio llevado a cabo por el Instituto Watson de la Universidad Brown y cuatro veces superior a la anunciada por el presidente Obama hace unos meses. Ese análisis concluye que Washington ya ha erogado casi 3 billones e incluye en sus cálculos los gastos médicos de los veteranos durante las próximas décadas.

Los costos de las guerras no terminan con el último disparo. En este caso, Estados Unidos ha pedido prestado casi la totalidad de lo que ha erogado y, por ende, deberá pagar los intereses de esa deuda.

Cuando se repasan las guerras en los cursos de historia se suelen listar las causas de los conflictos. Se pregunta acerca del origen de determinada guerra. Lo que resulta más difícil de saber es cómo terminan las guerras. En el caso de Afganistán e Irak, la respuesta es que acaban mal.

Es cierto que muchas de las empresas privadas que operaron (y siguen operando) en Irak y Afganistán, algunas con vínculos directos con políticos neoconservadores en Estados Unidos, consiguieron contratos lucrativos. Hay también compañías petroleras que han sacado provecho de la guerra en Irak.

Pero en términos generales las aventuras en Afganistán e Irak han sido un fracaso. Hoy dicen las autoridades estadunidenses que ha llegado la hora de salirse de Afganistán, como hace poco fue tiempo de abandonar Irak. En 20 años se dirá que ambas aventuras fueron un error. En 50 años los habitantes de Estados Unidos seguirán teniendo un recordatorio constante de esas guerras: el pago de los gastos incurridos durante las mismas. Quizás ese será el legado permanente de las aventuras iniciadas por el presidente Bush (hijo) hace 11 y nueve años, respectivamente.

Por último, un dato curioso. Desde 2001 la población musulmana estadunidense ha aumentado mucho. Así lo refleja el hecho de que el número de mezquitas ha pasado de mil 209 a 2 mil 106 en la pasada década