Descomposición del ogro filantrópico- Crisis, reforma laboral y huelga general en España- Las noticias tal vez sean buenas en EU pero los problemas persisten

Las noticias tal vez sean buenas en EU pero los problemas persisten

Paul Krugman*

 

       Steve Pearlstein, columnista de The Washington Post, es un buen tipo. Por eso me llena de tanta desesperación un artículo que publicó en Internet recientemente.

“Hay algunos en la izquierda que también se aferran a la visión de que la economía está atorada en una recesión –por miedo a socavar su crítica a la deplorable incapacidad del estímulo fiscal y la urgente necesidad de más–”, escribió Pearlstein el 4 de marzo.
Continuó: La opción que nos presentan entre más estímulo y más recortes presupuestales es falsa. En este punto de la recuperación, la política adecuada es recortar e invertir, y tener paciencia y humildad para permitir que la economía continúe poniéndose en equilibrio.
Lo que dice Pearlstein es que hay muchos indicios de que la economía se está fortaleciendo, lo que es cierto (aunque no todo es rosa). Entonces, afirma, no más estímulos –de hecho, apliquemos más recortes al gasto estatal y local para alinear las cosas con los ingresos de largo plazo. También, que el estímulo estorbaría al ajuste estructural necesario.
Primero que nada, ya hemos estado en esta situación –a principios de 2010. Tal vez ahora sea distinto y Lucy no se vuelva a llevar la pelota de la recuperación– ¿pero, por qué actuar antes de estar seguros?
En segundo lugar, incluso si en esta ocasión la recuperación es sólida, es probable que nuestra economía siga deprimida bastante tiempo. Usemos la calculadora de empleos de la Reserva Federal de Atlanta (frbatlanta.org/chcs/calculator); para alcanzar una tasa de desempleo de 5.5 por ciento dentro de cuatro años –¡cuatro años!–, necesitaríamos 179 mil empleos mensuales. ¿Están seguros que nos irá así de bien?

En tercer lugar, la pregunta retórica de Pearlstein –¿por qué posponer los ajustes fiscales necesarios?– tiene una muy buena respuesta: porque estamos en una trampa de liquidez, y la Reserva Federal no puede compensar la desventaja económica. Son momentos muy malos para la austeridad.

En cuarto lugar, ha habido muchos cálculos sobre el grado en que realmente es un desplome estructural, el resultado de que los trabajadores estén en los sitios o industrias incorrectas. Ninguna apoya la visión de que no sea un factor menor. ¿Por qué juega un papel tan central en el conocimiento popular sobre qué debe hacerse?

Finalmente, simplemente no es cierto que el ajuste estructural, hasta el grado en que efectivamente lo necesitemos, proceda más rápido y más fácilmente cuando la economía está deprimida. Los trabajadores no dejarán sus puestos si no están razonablemente seguros de encontrar otros; las firmas no invertirán ni siquiera en tecnologías útiles a menos que haya una demanda adecuada.

Mantener débil la economía es una forma de posponer los buenos cambios, no de acelerarlos.

Así que esto me parece muy deprimente. Otra vez, ante el menor indicio de buenas noticias, a la gente de siempre, incluso tipos buenos como Pearlstein, le pica por alejarse del empleo.

*Premio Nobel de Economía 2008

© 2012 The New York Times

Crisis, reforma laboral y huelga general en España

Marcos Roitman Rosenmann/I

Llamado en Málaga a huelga general del 29 de este mes contra la política económica de choque del gobierno de Mariano RajoyFoto Reuters

 

      Hace tres años saltaba a la prensa española una noticia, por decir lo menos, poco halagüeña. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, daban por buena la mediación del gobierno con la empresa Nissan para la fabricación, en su planta de Barcelona, de la camioneta pick up. El origen de tal mediación se asentaba en el creciente rumor sobre el cierre de su filial barcelonesa y la apertura, en Marruecos, de otra planta similar, donde la mano de obra era más barata y la legislación laboral mucho más permisible y adecuada a los criterios empresariales de la trasnacional. Entre el miedo y la desesperación, las centrales sindicales decidieron aceptar unas condiciones draconianas, posteriormente ratificadas por 80 por ciento de la plantilla, a pesar de ser lesivas para los intereses de los trabajadores. El acuerdo era sencillo, se daba el visto bueno a una congelación salarial hasta el año 2014, aumentando la productividad en 6 por ciento y elevar el número de horas trabajadas a cambio de mantener el puesto de trabajo. Semanas más tarde, otra noticia vería la luz: Nissan-España desmiente el desmantelamiento de su planta en Barcelona. Los costes de instalación en Marruecos eran poco rentables. Quien divulgó la primera noticia no representaba a la política ni el espíritu de Nissan. En otras palabras, el rumor de cierre fue suficiente para generar un pánico entre los trabajadores y doblegar su voluntad, aceptando la propuesta consensuada entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mayoritarios. Esta estrategia sirvió de ejemplo para el sector automotriz, y Renault, Seat, Opel y Peugeot la usaron. Pero si tuvo éxito, el PSOE, meditó y llegó a otra conclusión. ¿Por qué no realizar un real decreto ley que contemple dichos acuerdos y los legitime institucionalmente en todos los sectores productivos?

Así nació la ley de reforma laboral de 2010, impulsada por Rodríguez Zapatero, dando vía libre al despido procedente y objetivo, abriendo la puerta a una desarticulación de los derechos laborales protectores de la fuerza de trabajo y disminuyendo la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos. Nuevamente los sindicatos se plegaron aceptando los cambios como un mal menor. Su justificación fue del mismo rango que el utilizado en Nissan. Si no firmamos el resultado sería peor. El argumento espurio bendijo la reforma Rodríguez Zapatero, aunque le costó una posterior huelga general, sin mayores repercusiones en lo sustancial. No se modificó el articulado.

En 2012, el Partido Popular (PP) da otra vuelta de tuerca y cierra el círculo de las anteriores reformas laborales. Las seis reformas laborales llevadas a cabo en España (1994, 1997, 2002, 2006, 2010 y 2012) han buscado consolidar el carácter temporal de la contratación, la flexibilización del mercado laboral, la desregulación y el abaratamiento del despido. Según expertos, más de 80 por ciento de los contratos realizados desde 1994 han caído bajo dicha modalidad. Para demostrar la continuidad entre la reforma del PSOE y el PP, basta contrastar el párrafo que permite el despido procedente y objetivo. El real decreto ley de 3/2010 decía: “Se entiende que existen causas económicas –para el despido objetivo– cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o su capacidad de mantener el volumen de empleo”. La actual redacción del real decreto ley 3/2012, amplía las causas del despido objetivo al considerar como existencia de pérdidas actuales o previstas la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso se entenderá que la disminución es persistente si se producen durante tres trimestres consecutivos.

Para entender su dinámica interna hay que recurrir al estilo de desarrollo dependiente y trasnacional al cual se integró España en los años 60. El llamado milagro español fue una quimera. Su expansión se apoyó en el turismo, la banca, las remesas de la emigración habidas durante la dictadura franquista, y la construcción o el ladrillo. Muy a su pesar, España es un país primario-exportador, con escaso desarrollo industrial, poca inversión en I&D y un hipertrofiado sector servicios, el cual concentra 73 por ciento de todo el empleo. Los cambios políticos de los años 70 maquillaron esta realidad, pero fueron incapaces de revertirla. Los gobiernos de UCD, PSOE y PP han agravado esta situación, haciendo oídos sordos a la necesidad de generar inversión pública y políticas sociales inclusivas. La marca España, cacareada por unos y otros, es un espejismo. Es verdad y no se puede negar que a partir de los años 80 del siglo pasado, su economía mostró un elevado crecimiento económico pero no modificó las condiciones estructurales, por el contrario se conformó con modificar su apariencia externa, realizó un foto shop y vendió dicha imagen por el mundo. Igual creaba empleo, en momentos de bonanza, como los destruye, con la misma intensidad, en tiempos de crisis. Esta intensidad en la creación/destrucción de empleo es absolutamente atípica en términos de comparación internacional... si lo comparamos con la evolución del empleo en la Europa de los 15, vemos que de 1994 a 2005 en el conjunto de estos países, el empleo crece 12.5 por ciento, mientras en España lo hace en 42, casi cuatro veces más. Pues bien, la crisis actual es la crisis de ese crecimiento acelerado: una destrucción también acelerada. El resultado no puede ser más desalentador. En la actualidad la tasa de desempleo se sitúa en 22.85 por ciento e incluye a 5.3 millones de personas.

España es país sin revolución industrial. Su estructura productiva esta permeada por trasnacionales que han ido ganando terreno y desarticulando la poca industria nacional. La falta de competitividad la hace más vulnerable a las oscilaciones internacionales. Sin embargo, las clases políticas dirigentes han decidido apostar por el modelo neoliberal como solución a la crisis. La fe ciega en la mano invisible del mercado ha sido el motor de los cambios y de las reformas. Desarticulación del tejido industrial, privatizaciones, desregulación, apertura financiera y flexibilidad laboral. Para ser competitivos, el mensaje lanzado ha consistido en la necesidad de revisar las condiciones de contratación del mercado laboral, considerado rígido y proteccionista. Así, se emprendió un ataque concéntrico a las conquistas democráticas de las clases trabajadoras. Los gobiernos, en complicidad con los empresarios y la patronal, han aprovechado cualquier coyuntura para dar un paso adelante en la total liberalización del mercado de trabajo. Lo dicho ha sido el motivo que explica las ocho huelgas generales habidas desde la muerte del dictador. La dos primeras se realizaron contra el gobierno de Adolfo Suarez, luego le siguieron cuatro contra Felipe González, otra contra Aznar en 2002, la penúltima contra Rodríguez Zapatero en 2010 y la actual, contra el gobierno de Mariano Rajoy, convocada para el 29 de marzo de 2012. Todas han tenido elementos en común, los recortes en las prestaciones sociales, la reducción de los salarios, el abaratamiento del despido, el deterioro de las condiciones de trabajo, los contratos basura, el despido libre o el retraso en la edad de jubilación.

Descomposición del ogro filantrópico

Guillermo Almeyra

 

      La gran ofensiva planetaria dirigida por el capital financiero intenta mantener alta la tasa de ganancia acrecentando la explotación de los trabajadores y el despojo de todas las empresas y bienes nacionales acumulados por las luchas de los pueblos, así como la depredación del ambiente.

Esa ofensiva implica la utilización de los estados de las grandes potencias para servir al capital financiero, salvar los bancos y las grandes empresas y potenciar las concentraciones de éstas mientras se somete a los pequeños estados al papel de vasallos, de protectorados, de semiestados que no pueden controlar ya sus finanzas, sus fuerzas armadas, su política exterior e interior, aunque conserven la apariencia de independencia formal, como lo ilustra el ejemplo de Grecia (pero también el de España, Portugal, Italia e Irlanda).
En el caso de México, que importa de Estados Unidos más de tres cuartas partes de sus alimentos y exporta al norte más de cuatro quintos de sus productos, y cuyo sistema bancario y financiero es casi completamente extranjero, hay una virtual anexión económica y un claro vasallaje. Este se expresa, además, en que nuestro país depende de un comando estratégico estadunidense, ha aceptado la presencia en su territorio de importantes contingentes de la FBI, la DEA, la CIA y de todos los servicios de inteligencia que Washington quiera imponer.
La gran industria mexicana es casi toda extranjera y las principales exportaciones nacionales son millones de trabajadores baratos y el petróleo crudo que Pemex exporta mientras importamos combustibles refinados. Asimismo, la guerra perdida por el debilísimo Estado nacional con la parte cada vez mayor del capital implicado en el narcotráfico y entrelazado con los poderes de ese Estado, muestra claramente que México es lo que era China en los años 20-30 del siglo pasado, o sea, un país semicolonial con un semiestado fragmentado en poderes locales y cuyo gobierno central carece totalmente de consenso y autoridad moral, y es simplemente el más grande de los poderes delincuenciales, pero una presa inerme para cualquier imperialismo.
¿Por qué el sólido Estado mexicano nacido de la revolución y del cardenismo se convirtió en un semiestado mientras países mucho más débiles y con menos recursos, como Bolivia, tratan en cambio de dejar de ser semiestados para reforzar la unidad nacional y el Estado en una nueva revolución de independencia? La revolución mexicana destrozó a la oligarquía azucarera y a los grandes terratenientes, que eran el sector más importante y dinámico del capitalismo de aquella época, y abrió el camino a la ciudadanía, a los oprimidos. Pero esa revolución democrática de masas que, como las contemporáneas revoluciones rusas, china, persa, formaba parte de un levantamiento anticapitalista mundial, no fue dirigida por los obreros y campesinos, sino por sectores de las clases medias, todos los cuales coincidían en la necesidad de construir un Estado capitalista. Apoyados en el consenso que les daba la revolución, construyeron las bases del Orden, o sea, de la potencial contrarrevolución.

A los campesinos que querían tierras y reforzar las comunidades les dieron derechos agrarios y los canalizaron y controlaron mediante la Confederación Nacional Campesina; a los obreros les negaron el derecho a decidir su destino y la política del país y compensaron esa expropiación con ventajas materiales y leyes favorables mientras los controlaban con el charraje de Morones, de Lombardo Toledano, de Fidel Velázquez y la CTM. El corporativismo de moda en los años 20-30 en la Italia fascista, la URSS stalinista, la Alemania hitlerista, fue el eje de la construcción del Estado moderno en México con Lázaro Cárdenas y sobre todo con sus seguidores. En un sistema de virtual partido único las disidencias importantes (vasconcelismo, henriquismo, neocardenismo) sólo podían surgir del seno del partido-gobierno. Éste contaba con el monopolio político y con un amplio consenso y a veces, por necesidad de imagen, inventaba incluso su oposición (como el PSP), como con López Portillo, quien presentaba su candidatura presidencial sin oposición.

Pero el consenso duró mientras duró el pacto que establecía yo te cedo mis derechos políticos y te dejo gobernar, pero tú mejoras mis condiciones de vida. El consenso de masas que permitió al PRI gobernar sin recurrir al ejército (hacía matanzas limitadas y localizadas), a diferencia de lo que pasó en otros países latinoamericanos donde la lucha de clases era más aguda y el consenso de que gozaban los gobernantes mucho menor, se rompió a partir de la mundialización en los años 80 con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y todos los neoliberales posteriores. Esa ruptura del consenso abrió el camino a la violencia. Allí se rompió también el PRI, con la escisión de Cárdenas y Muñoz Ledo, que intentaron en vano construir el PRD como un neoPRI democrático, nacionalista, deseoso de desarrollar una inexistente burguesía nacional. Entonces se cayeron también las bases del consenso al Estado nacido con el PRM y el PRI. El apoyo de masas a un nacionalismo como el priísta muy vagamente antiimperialista (pues desde Lázaro Cárdenas ningún presidente realmente lo fue) y a un reformismo sin grandes reformas que cerró por otra parte el camino al surgimiento de tendencias socialistas masivas y produjo un fenómeno mexicano –el nacionalismo revolucionario socializante– que se convirtió en una traba histórica para el anticapitalismo organizado.

No hay pues resultado electoral que por sí solo pueda modificar ese derrumbe del pacto social producido por la mundialización, por el debilitamiento de la dominación de las clases gobernantes y por su fragmentación actual. La construcción de otro Estado nacido de la autonomía y la autogestión sólo es posible cambiando radicalmente la relación de fuerzas sociales y con un programa claramente anticapitalista.