Participación social en México
Autor: Miguel Concha Malo *
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Sección: Opinión
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El 8 de febrero pasado, en el antiguo recinto de Xicoténcatl del Senado de la República, se presentó el libro Cambiar México con participación social, trabajos del foro nacional: participación ciudadana en el proyecto de nación, coeditado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Siglo XXI y la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado. La publicación es uno de los frutos del foro mencionado en el subtítulo, organizado por el Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas (entidad académica perteneciente a la UANL, con el propósito de generar espacios de reflexión en ambientes universitarios y sociales para contribuir a la construcción de alternativas para el proyecto de nación), que tuvo lugar en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana (entre el 1 de septiembre de 2010 y el 15 de junio de 2011). El programa del Foro contempló la realización de conferencias magistrales impartidas por especialistas de reconocida trayectoria, que ahora integran el libro bajo la coordinación de la doctora en economía política Esthela Gutiérrez Garza, directora de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la UANL.
El documento, en el que se recoge la mayor parte de ese trabajo, indica que México transita por una profunda crisis que abarca varios de los ámbitos de la vida colectiva y que existen grandes brechas entre un pequeño grupo de ricos, frente a más del 50 por ciento de la población pobre.
La productividad y competitividad han caído y el medio ambiente y los recursos naturales se agotan por una explotación sin sustentabilidad. Se ha privilegiado el interés privado sobre el colectivo y ha habido un desvanecimiento de la identidad nacional, acentuado también por una política de seguridad que ha dejado a partir de 2007, más de 40 mil muertes (aunque otras estadísticas señalan más de 60 mil). Algunos jóvenes o son cooptados por el crimen organizado o emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, a pesar de que el resultado pueda serles adverso o les ocasione un mayor detrimento.
Económicamente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sustentado en un régimen de política neoliberal, ha contribuido al aumento de las exportaciones. No obstante, el mercado interno no creció, y en lo referente a la parte de la alimentación, dejamos de ser un país que producía para su autoconsumo, para ser uno de dependencia alimentaria.
El monopolio de los medios de comunicación, fincado principalmente en dos empresas (Televisa y TV Azteca), ha hecho prevalecer su poder al grado de favorecer a personajes de la vida pública o candidatos de elección popular con propaganda mediática, capaces también de doblegar la voluntad de representantes populares y altos servidores públicos, en menoscabo de los intereses nacionales.
No obstante, y a pesar de las vicisitudes, la participación social ha sido fundamental para oponerse a los embates, en algunas ocasiones del gobierno y en otras de los poderes fácticos. Así lo recoge la historia de los grandes momentos de transición del país, durante el movimiento de Independencia, la Reforma e incluso, la Revolución Mexicana y en la época actual. Durante la Independencia se peleó por la liberación de los lazos coloniales con España y el inicio del proceso de la construcción nacional. En el movimiento de la Reforma, México se constituyó como un Estado republicano, laico, federal, liberal y democrático y buscó reducir el poder de todas las corporaciones económicas existentes. El movimiento revolucionario de 1910 hubiera sido un fracaso de no ser por la administración del entonces presidente Lázaro Cárdenas, que con una visión estadista optó por una economía de Estado, como contrapeso al capital extranjero.
En los tiempos posrevolucionarios y ante la lucha social, hubo también represión contra los maestros en la década de 1940; los ferrocarrileros en la de 1950; y los médicos en la de 1960; y se dio además la más sangrienta del régimen del entonces partido hegemónico, el asesinato de estudiantes del movimiento de 1968.
La sociedad y su participación han estado presentes en las transiciones del poder, al buscar generarlas o al luchar contra el continuismo. A veces, incluso, con la opción de morir por éstas.
El ensayo “Los actores de la participación ciudadana”,de Alicia Ziccardi, investigadora y doctora en economía del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la participación es un componente esencial de la democracia, como forma de organización social y de gobierno. La participación permite concretar el ejercicio de la ciudadanía en diferentes dimensiones: la ciudadanía civil asociada a derechos propios de la libertad individual, la ciudadanía política que se sustenta bajo principios de la democracia liberal y la ciudadanía social frente a los derechos que el Estado le debería garantizar. Quienes participan son movimientos sociales, organizaciones ecológicas, de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones políticas, jóvenes, profesionistas y organizaciones no gubernamentales, entre otras.
A pesar de que existe una participación social real, en la actualidad quedan retos que aún deben cubrirse y ser inmediatos; por ejemplo, alentar y garantizar la pluralidad de voces, opiniones e informaciones.
De entre algunos de los motivos que hacen necesaria la participación social, destacamos:
1. El principal problema de México no es económico sino político, lo que hace que haya una burocratización de las instituciones y en algunos casos opacidad y corrupción; y que los proyectos de supuesta modernización terminen por beneficiar sólo a quienes los proponen, lo que genera desigualdad y conflicto social. Para que la democracia no sea una máscara anticipada del autoritarismo, ésta debe ser funcional y tener como origen y destino a la población.
2. Cuando los poderes fácticos influyen de forma determinante en los ámbitos económico, político y social para crear una democracia disfuncional, sólo la participación social puede introducir, desde la legalidad y legitimidad, medidas correctivas.
3. La política neoliberal ha sido un fracaso evidente. Contrario a la defensa de los intereses nacionales, México no ha progresado como sí lo han hecho China, Corea, Japón, India, Brasil y Chile, en los últimos 10 años. Lo cual deja en claro que la política neoliberal en el país ha sido un fracaso, porque si bien el Estado no puede resolver todos los problemas sociales, el mercado tampoco. Hay que dar paso a las propuestas de la sociedad civil.
4. Los mexicanos debemos construir un Estado socialmente responsable y un mercado bien regulado, en el que la ley y su aplicación sean instrumentos que fomenten la eficacia, productividad y equidad; desarrollo sustentable y de la sociedad del conocimiento.
5. El desarrollo sustentable involucra a todos los sectores de la sociedad en un diálogo constructivo, en el que las diferencias características de los distintos grupos sociales puedan plantearse con respeto y apertura para alcanzar consensos. Que forme además parte de nuestra vasta historia cultural y tenga el potencial de conducir la transformación de las estructuras económicas, al robustecer eficazmente las instituciones en un marco de amplia participación ciudadana que fortalezca la capacidad de gobernar. Nada será viable si no se fortalecen las instituciones, el estado de derecho y la paz social.
6. México es un país con una gran riqueza cultural. Medio propicio para la formación de liderazgos verdaderos y organizaciones ciudadanas comprometidas, que desde la política conciban un proyecto nacional que genere de nuevo la esperanza social.
7. La educación sigue siendo la apuesta para que millones de jóvenes se formen y adquieran valores que les permitan participar en el desarrollo humano y la generación de un crecimiento económico sustentable, que se vea reflejado en una calidad de vida.
8. Es fundamental afirmar el compromiso irrestricto con los derechos humanos.
El gobierno de México está dilapidando la oportunidad histórica de contar con una población mayoritariamente joven, en la cima de su edad productiva. No utilizarla con provecho e inteligencia será razón de futuros pauperismos y problemáticas. Por lo que es necesario reinventar un futuro colectivo. No debemos ser testigos vivientes de un país que se nos muere.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
Aurelio Morales Posselt*
Tuvieron que pasar casi dos años para que la autoridad chiapaneca correspondiente reconociera que no tenía delitos que imputar a estos detenidos. Sin embargo, la obstinación por tenerlos encarcelados los ha alejado de sus familias por 21 meses, lo que debilitó las bases de éstas y el tejido social de sus comunidades. Luego de que pasaran un mes bajo arraigo y alrededor de un año y siete meses en el Centro de Readaptación 14 El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, durante febrero pasado se logró la libertad de 10 campesinos que habían sido detenidos en el marco de una protesta social, el 4 de julio de 2010.
Felicitamos a Santos Salas, Priscilio Morales, Tereso Morales, Miguel Roblero, Juan López, Hipólito Ramírez, Marvel Zunun, Pedro Raymundo, Emmanuel Pérez y Eberneo Velázquez, que han tenido el temple y la paciencia para lograr su libertad y soportar casi dos años de injusta prisión. Y requerimos urgentemente al gobierno de Chiapas que revise y rectifique aquellos procesos (de un número considerable), cuya connotación es política o social y no criminal. Entre éstos, el de los campesinos Roberto Ramírez, Darinel Roblero y Salistro Roblero, quienes siguen presos en El Amate, ya que sus casos han llevado otro proceso legal, a pesar de que fueron detenidos bajo los mismos cargos y contexto que los ahora liberados, por lo que estaría fuera de toda lógica una resolución distinta.
Las 10 personas que hoy se presentan libres de cargos se suman a tantos otros injustamente detenidos y sin voz para reclamar justicia. La criminalización de los movimientos populares en ningún caso puede representar una solución, ya que sólo profundiza el daño a las comunidades y establece un círculo vicioso de movilización y represión. El gobierno está para escuchar y atender las demandas del pueblo, no para callarlas a golpes. El compromiso con los derechos humanos debe ser universal –no selectivo– y priorizar a quienes se encuentran entre los grupos más vulnerables.
Desde el momento en que se realizaron las aprehensiones, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado, gracias a espacios en medios comprometidos con la verdad, como el presente, las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales víctimas dichas personas, además de las evidencias de tortura y criminalización de la protesta social en Chiapas. También que se ha promovido la atención de las demandas de distintas comunidades afectadas, por la exclusión y desatención de sus necesidades básicas (vivienda, agua potable y accesos a otros recursos básicos). En este semanario se han presentado dos artículos al respecto: “Chiapas: organizarse es conspirar; manifestarse, motín” (6 de marzo de 2011) y “El tapón del Grijalva” (10 de abril de 2011).
¿Es suficiente una ley de amnistía?
Ante las incesantes denuncias que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hemos hecho al respecto, en la actualidad los legisladores están debatiendo la promulgación de una ley de amnistía, con el fin de otorgar libertad a los presos políticos y de conciencia. Sin embargo, ésta, como hasta ahora se plantea, beneficiaría sólo a presos del orden federal y abre la posibilidad de ser utilizada como una herramienta política, más que de justicia, al brindar beneficios también a aquellos que, como parte del Estado, son responsables de violaciones a derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
Si bien será bienvenido cualquier instrumento que permita restablecer algo de justicia para quienes han sido indebidamente encarcelados, es necesario enfatizar algunos señalamientos, con el fin de evitar que, en lugar de resultar una ley a favor de estos presos, termine por ser –como ha sucedido– una ley hueca, sin motivos reales de justicia y a modo para la manipulación y la toma de foto.
Primero: el término amnistía implica la idea de una tregua y, por ende, de enfrentamiento y misericordia con el enemigo. También implica un cierto reconocimiento por parte del gobierno de un uso abusivo de la autoridad, lo cual no resuelve de fondo el problema (justamente el de la criminalización de la protesta social, al hacer enemigo del Estadoa todo el que no está de acuerdo con éste).
Segundo: un luchador social puede ser acusado de cualquier delito tipificado. No sólo la criminalización de los movimientos sociales, sino las prácticas de culpabilización, ya integradas a las venas del aparato judicial (el presunto culpable o la máxima no escrita de acusar al detenido del mayor número de crímenes posibles) conllevan a la potencialidad de que cualquier caso pueda tratarse desde el ámbito político. ¿Cuál sería el criterio que la comisión de la verdad –que se propone en dicha ley– utilice para identificar a quienes realmente lo son y a quienes no? ¿Será a través de la opinión pública o se liberará, por ejemplo, sólo a aquellos que cuenten con el apoyo o la denuncia de las organizaciones no gubernamentales internacionales? Cabe advertir que esta ley de amnistía, con el fin de promover una imagen de “tolerancia” ante los medios y la opinión internacional, podría dar sólo atención a los casos que el gobierno considerara estratégicos y, como siempre, aquellos con menos recursos para hacerse oír seguirán siendo silenciados.
Los legisladores, al menos los realmente comprometidos, deben de estar conscientes de que el problema no radica sólo en liberar a quien no debe estar preso, sino en la práctica instaurada en el seno de nuestro sistema jurídico. Como se sabe, no funciona con una intención de aplicar la justicia sino de culpabilizar al detenido, al sospechoso y al “enemigo”. Al tomar en cuenta que el Estado suele hacer del luchador social uno de éstos, mientras no haya un cambio de fondo al interior y de la concepción desde el Estado de lo que significa la lucha social, así como del respeto y valor de los derechos sociales, en tanto la lucha de algunos legisladores comprometidos no se extienda a estas profundidades, los resultados siempre serán parciales y en extremo manipulables.
La amnistía puede ser un gran paso, pero se requiere de una restitución profunda. Deben de revisarse las leyes en materia de delincuencia organizada y derogar aberraciones legales como el arraigo. También brindar protección real y reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales y a luchadores sociales, que de acuerdo con las organizaciones de las Naciones Unidas y la de los Estados Americanos, deben considerarse como defensores de derechos humanos.
*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
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